MONTERREY, NL- En México existen 120 centros de espionaje telefónico, instalados en las principales ciudades del país, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), en complicidad con Teléfonos de México y Telégrafos Nacionales.
Lo mismo en las zonas fronterizas que en el centro del país, decenas de operadores –”gamas”, así llamados entre ellos, y “tecolotes” o “gaviotas” en el argot policiaco– se encargan de estar al tanto de las voces que van y vienen por las líneas telefónicas.
Según una investigación realizada por los reporteros, entre otras ciudades escogidas para instalar centros de espionaje telefónico se encuentran: Tijuana, Mexicali, La Paz, Culiacán, Matamoros, Miguel Alemán, Reynosa, Ciudad Victoria, Guadalajara, Nogales, Hermosillo, Ciudad Obregón, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Uruapan, Querétaro, Veracruz, Acapulco, Oaxaca, Villahermosa, Mérida, Cancún, Campeche, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y el Distrito Federal.
Esta práctica era realizada, hasta fines de los años 70, por la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, ambas de la Secretaría de Gobernación, y el Servicio de Inteligencia Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la CIA; en la actualidad la llevan a cabo, además de la PGR, los Servicios de Inteligencia de Gobernación y de la Sedena, e incluso la DEA.
El centro de espionaje ubicado en esta ciudad “alambrea” unos 290 teléfonos, incluidos los del Palacio de Gobierno del estado, alcaldías, partidos de oposición, periódicos, organizaciones estudiantiles, sindicatos, empresas, defensorías de derechos humanos, aeropuertos, líneas de aviación, cuerpos policiacos y domicilios particulares. La extensa red de espionaje llega también a los aparatos telefónicos de algunos agentes y comandantes de la Policía Judicial Federal que, a juicio de sus jefes, son considerados como “chivatones”.
Al frente de la llamada “Operación Tecolote”, a nivel nacional, está el ingeniero Pedro Peregrino de la Fuente, director de Telecomunicaciones de la PGR, con oficina central en el hangar de esa dependencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Desde ahí, Peregrino supervisa, controla, sugiere, explica, manda y recibe órdenes. Contrata el arrendamiento de las oficinas que convierte en centros de espionaje. Selecciona al personal de Telégrafos de México que luego comisiona como “tecolotes” en todo el país. Concerta con los jefes de seguridad de Teléfonos de México, en las distintas plazas, para que, con absoluta discreción, instalen las redes de “alambreo”. Adquiere el equipo de monitoreo y grabado, que incluye sistemas receptores de Ultra Alta Frecuencia (UHF, por sus siglas en inglés), para interceptar llamadas de telefonía celular. Y es el enlace principal entre la PGR y los altos mandos del gobierno.
No hay motivo para que el espionaje se interrumpa: los operadores están atentos día y noche, todos los días del año, pues nunca se sabe el día ni la hora en que el espiado dirá lo que al “tecolote” le interesa.
Un escrito con fecha 4 de agosto de 1992, firmado por Teodoro Rodríguez Villatoro, quien comanda el centro de Monterrey, dirigido al señor Víctor E. Canavati Fraige, representante de la empresa Manchester, en cuyo edificio está la “cueva”, dice textualmente:
“En el despacho 301 de este edificio se laboran las veinticuatro horas, incluyendo sábados y domingos. Anteriormente se le solicitó verbalmente a la señorita Yolanda una llave de la entrada principal porque este edificio se encuentra cerrado los domingos, no teniendo respuesta.
“El domingo 2 del presente mes uno de mis empleados al tratar de brincar la maya (sic) ciclónica para poder entrar, fue interceptado por una patrulla de Protección Ciudadana y lo privó de su libertad por espacio de una hora y media, interrogándolo.
“Por lo que solicito a usted una llave para poder entrar y así evitar incidentes de esta índole.”
Dos son los motivos fundamentales por los que en esta ciudad se montó la que es considerada como uno de los centros de mayor cobertura en el país: las operaciones del Cártel del Golfo, que encabeza Juan García Abrego, y el crecimiento del PAN, que ahora gobierna las ciudades más grandes del estado.
Documentos en poder de Proceso revelan que, desde 1988, fue instalada la “cueva” de Monterrey, diseñada para espiar cualquier aparato telefónico, casi en pleno centro de la ciudad, en el edificio Manchester, ubicado en la avenida Dr. Ignacio Morones Prieto, poniente, número 2110. (Desde 1988 a la fecha, han sido procuradores generales de la República, Sergio García Ramírez, Enrique Alvarez del Castillo, Ignacio Morales Lechuga, Jorge Carpizo, Diego Valadés, Humberto Benítez Treviño y Antonio Lozano Gracia).
En el mismo edificio se encuentran también las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación, entre otras. Cuenta con dos estacionamientos, uno para uso general y otro exclusivo para los ejecutivos de la empresa Manchester, vigilado día y noche.
Las troncales de Teléfonos de México llegan directamente al despacho 301. Con discreción, como si fuera una caja más, en uno de los registros de telefonía, en la parte posterior del edificio, por la calle 16 de Septiembre, está la red conectada al sistema central de intercepción. En la azotea hay antenas que reciben o mandan las señales de alta frecuencia.
Entre las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Migración, que dan a la calle, está la entrada principal del edificio. Adentro, una placa de bronce en honor de don Espiridión Canavati y de doña Emilia Fraige de Canavati, fundadores de la empresa Manchester. La puerta del despacho 301, con mirilla al frente y rejilla abajo –única con estas características–, no cuenta con ningún logotipo de la Manchester ni de la PGR.
Una copia del contrato de arrendamiento entre Manchester y la PGR, que data de 1988, obra en poder de este semanario. El 20 de abril de 1991, el entonces procurador general de la República, Enrique Alvarez del Castillo, negó en esta misma ciudad “que en México haya intervención telefónica”.
Alvarez del Castillo había asistido al simposio “Nuevos Horizontes Jurídicos”, organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al término de su intervención, fue cuestionado a raíz de la denuncia que hicieron, primero, Jorge Madrazo Cuéllar, entonces visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, actual presidente de la misma, y luego el doctor Jorge Carpizo, entonces presidente de la CNDH, pues en su oficina fue encontrado un sistema de espionaje telefónico.
En respuesta a Carpizo, Alvarez del Castillo declaró que se investigaría la denuncia de la CNDH. Y frente a la demanda del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que compareciera en la Cámara de Senadores, dijo que no tenía por qué hacerlo, dado que dicha Cámara “no me ha invitado y tampoco me lo ha ordenado mi jefe”.
Y aún regañó a los reporteros:
“No hagan borlote de esto. Primero investiguen y luego hablen…”
Un día antes, el 19 de abril, Carpizo estuvo en la PGR, para reiterar su petición sobre el esclarecimiento de los hechos y el ejercicio de la acción penal en contra de quienes resultaran responsables.
Sin embargo, una vez elevado al rango de procurador general de la República, Jorge Carpizo no sólo hizo caso omiso de sus propias denuncias, sino que incluso cobijó el espionaje telefónico.
EL “TECOLOTE” HABLA
El área del despacho 301 es de 44.40 metros cuadrados. Ahí entran únicamente los “tecolotes”; la puerta permanece siempre cerrada. Cuando los reporteros tocaron, apenas se asomó uno de ellos. En el piso, al lado de la puerta, se pudo observar un conmutador digital conectado a unos cables. El recibidor del despacho, alfombrado, consta de dos pequeñas mesas con dos máquinas de escribir mecánicas, y un sofá. Al lado, una cocineta. Al fondo, en una habitación contigua, la terminal de una computadora.
–¿A quién buscan?
–A Teodoro Rodríguez Villatoro, encargado de esta oficina.
“Soy yo”, dijo un hombre de baja estatura, moreno, con bigote, pantalón de mezclilla y camisa café oscuro, que llegaba por el pasillo.
–¿Quiénes son ustedes?
–Venimos de la Ciudad de México, sabemos que aquí hay una estación de monitoreo telefónico.
–Sobre eso no les puedo decir nada porque no estoy autorizado para hablar. Esto es un asunto muy delicado, que compete exclusivamente al ingeniero Peregrino.
–¿Podría usted comunicarnos con él?
–Préstenme sus identificaciones, ahora mismo le hablo.
Después de cinco minutos regresó, para disculparse.
–No puedo hablar, faltaría a mi deber.
–¿El equipo que hay aquí fue instalado por la DEA y la PGR?
–La DEA no. El equipo llegó directamente de la Ciudad de México. Ya les dije que todo está en manos del ingeniero Peregrino. Véanlo en sus oficinas.
–¿En el hangar de la PGR del aeropuerto de la Ciudad de México?
–Sí, allí mismo.
–Ustedes son personal de Telégrafos Nacionales, ¿verdad?
–Sí, somos de Telégrafos.
–¿Cuántos elementos trabajan aquí?
–Somos como 50, ja, ja, ja… no, no es cierto, somos como 12.
EL CONTRATO
El 26 de mayo de 1988 fue suscrito el contrato de arrendamiento celebrado por el señor Luis E. Canavati Fraige, como representante de la Fábrica de Camisas Manchester, S.A. de C.V., denominados “arrendadores”, y por otra parte, la Procuraduría General de la República, representada por el ingeniero Pedro Peregrino de la Fuente, como “inquilino”.
Doce cláusulas establecen los derechos y obligaciones de ambas partes; se señala que el área de 44.40 metros cuadrados del despacho 301, “el cual reúne todas las condiciones de higiene y salubridad correspondientes, dándose el inquilino por recibido de ellos en perfectas condiciones y a su entera satisfacción”.
Se fijó entonces como renta mensual la cantidad de 260,870 viejos pesos, con la observancia de aumento cada tres meses, de acuerdo con el incremento de los salarios mínimos en la zona de Monterrey.
“Queda obligado el inquilino –estipula la cláusula séptima–, en forma expresa, a usar el local que se le proporciona en arrendamiento única y exclusivamente para oficinas. El inquilino no podrá asignar el local arrendado a ningún otro objeto distinto. Queda entendido de que el inquilino por ningún concepto podrá subarrendar parcial o totalmente y asimismo le queda prohibido traspasar o hacer cesión gratuita u onerosa de este contrato ya que se ha celebrado en consideración personal a él mismo.”
Además, el “inquilino” por ningún motivo podrá hacer uso de la azotea del local, puesto que el arrendador se reserva el derecho de usar la misma en la forma que estime conveniente.
Dos oficios dirigidos a la Procuraduría General de la República, con papel membretado de la empresa Manchester, de fechas 3 de enero y 6 de agosto de 1992, firmadas por Víctor E. Canavati y el contador público Juan Hernández C., dan cuenta de las nuevas mensualidades del pago del arrendamiento, de acuerdo con la cláusula segunda del contrato.
De 260,870 viejos pesos subía la renta a 774,731 y, posteriormente, a 821,029 viejos pesos. Para julio de 1994, según la factura 046001, la renta era de 1,141 nuevos pesos. Y hasta diciembre de 1994, según la factura 062277, fue de 1,172 nuevos pesos. Las relaciones de los estados de cuenta indican que el pago de la renta se hizo en efectivo y sin ningún saldo de adeudo desde la firma del contrato.
Del legajo de facturas y recibos por concepto de pago de renta, está la correspondiente al último mes del año pasado. En la parte superior del papel membretado se consignan las direcciones de las oficinas generales y de las salas de exposición y ventas de la Fábrica de Camisas Manchester, tanto en la ciudad de Monterrey como en Guadalajara y la Zona Rosa de la Ciudad de México. En el ángulo superior izquierdo, el nombre y la dirección del “inquilino”: “Procuraduría General de la República, Ave. Dr. I. M. Prieto No. 2110, Desp. 301, tercer piso”. En la descripción, la fecha y el área del local rentado, según el contrato vigente. Al calce, la cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la Fábrica de Camisas Manchester, S.A. de C.V: FCM-801113-1C2.
EL “ALAMBREO”
La intervención de las líneas telefónicas se puede hacer de la forma más sencilla: conectando una grabadora a la caja secundaria, a la que llegan directamente las líneas del teléfono que se espía. Actualmente existen formas más modernas, con el apoyo de un conmutador electrónico-multiplexor, que permite intervenir automáticamente cualquier línea telefónica.
El enlace de intercepción se produce al conectar el conmutador en forma paralela a la línea que se busca intervenir, como quien conecta una extensión telefónica adicional. Al conmutador llegan los cables de todos los teléfonos que se espían; este aparato, a su vez, está conectado a una serie de grabadoras activadas automáticamente, pero pueden ser desconectadas manualmente por el operador de guardia, que por medio de unos audífonos escucha si una de las dos voces al teléfono interesa o no.
Las líneas “colgadas” están conectadas con la red general de telefonía citadina a través de la Central Telefónica Local de cada ciudad (CTL) que, asimismo, se enlaza con todas las cajas secundarias que existen en cada sector. De esta manera, personal especializado en “alambreo”, a recomendación de los espías, puede hacer cambios de línea para ir –si el conmutador está saturado– desconectando a los que ya no interesa espiar o conectando nuevos “abonados”. Una vez ya grabados los mensajes, son transcritos a máquina o en computadora y se anexan a los casetes para ser enviados directamente al ingeniero Pedro Peregrino.
Las llamadas de los teléfonos celulares también son interceptadas. Esto es más sencillo, pero representa una mayor dificultad para quienes espían porque los “scaners” –receptores de monitoreo inalámbrico que operan en UHF– no son selectivos; es decir, interceptan la llamada que entra con mayor potencia y en un rango de frecuencia abierto. Así, entran muchas llamadas que no interesan. Para operar el “scaner” sólo se requiere una antena aérea y una fuente de alimentación.
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El espionaje telefónico es una práctica que fue denunciada en múltiples ocasiones, involucrando al gobierno mexicano y Teléfonos de México, cuando esta empresa era estatal. Hoy continúa, con la diferencia de que Telmex es una empresa privada cuyo director, Carlos Slim, fue uno de los principales beneficiarios de la política neoliberal económica de la administración salinista y considerado como uno de los 24 mexicanos más ricos, según la revista Forbes.
Con motivo del movimiento estudiantil de 1968, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue creado el Servicio de Inteligencia Militar como una de las formas más agresivas de espionaje político.
A mediados de 1977, Heberto Castillo relató que “un día, ya como procurador de la República, me llamó Pedro Ojeda Paullada. Me dijo: necesito platicarle algo, pero tengo que hacerlo personalmente… porque su teléfono, ingeniero, está intervenido”.
Aunque eran ya muchas las denuncias de políticos, grupos empresariales y sindicatos en contra del espionaje telefónico, fue hasta noviembre de 1979 cuando la Cámara de Diputados creó una Comisión Investigadora para este caso. Sin embargo, tras de cuatro meses de investigación, los diputados comisionados llegaron a la conclusión de la que partieron: no sabían nada, porque desconocían en dónde y cómo se operaba.
Dos años después, el líder de los trabajadores telefonistas, Francisco Hernández Juárez, denunció la creación de un grupo denominado “Servicios Especiales”, en Teléfonos de México, dedicado a desempeñar trabajos de espionaje, vigilancia constante y agitación dentro del sindicato, entre otras actividades.
Si anteriormente uno de los organismos encargados del espionaje telefónico con fines políticos era la CIA, con otros nacionales, ahora lo es también la DEA, así como el Centro de Planeación Contra las Drogas, (Cendro) de la PGR, para el caso del narcotráfico. Un ejemplo de este rastreo, es el caso TD-87-0007 de la DEA, en el que aparecen las fichas de varios miembros del Cártel del Golfo (Proceso 930).
Uno de los últimos casos de espionaje telefónico, que tuvo repercusiones a nivel nacional, fue el llamado “Moreliagate”, ocurrido a mediados de 1991. En esa ocasión, cuando sesionaba la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) en el salón de banquetes del hotel Posada de la Soledad de la capital moreliana, fue “alambreada” con micrófonos ocultos.
En ese entonces, el actual titular de la PGR, Fernando Antonio Lozano Gracia, era diputado federal de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión por el PAN, y se sumó al coro de protesta de sus compañeros de partido.
Hace tres meses, después del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el líder nacional del PAN, Carlos Castillo Peraza, contó que el político priísta le había advertido que su teléfono estaba intervenido.
