VERACRUZ, VER.- A través de la Secretaría de Gobierno, la Policía Judicial del Estado y la Dirección de Seguridad Pública, Patricio Chirinos, gobernador de Veracruz, implementó los actos de represión en contra de centenares de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que desde antes de finalizar 1994 tomaron palacios municipales, bloquearon carreteras y emprendieron caminatas en más de 20 municipios para impedir la toma de posesión de los que ellos llaman “alcaldes ilegítimos” y en repudio por el fraude electoral en los comicios del 13 de noviembre pasado.
Convulsionados ya por el agudo desempleo, la corrupción en los ayuntamientos, la carencia de obra pública, los problemas políticos estatales se agravaron la mañana del 31 de diciembre, cuando en el municipio de San Andrés Tuxtla la policía desalojó a balazos, golpes y con gas lacrimógeno a unos 500 perredistas que impedían la toma de posesión del alcalde Enrique Huber Fonseca, cuya elección impugnaron “por fraudulenta”.
Desde 1991, en la región de Los Tuxtlas, priístas y perredistas veracruzanos mantienen una enconada lucha política.
A esa, la movilización de perredistas –iniciada el 17 de diciembre–, se habían sumado otras en diez municipios más: Catemaco, Agua Dulce, Chinameca, Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Paso del Macho, Soteapan, Teocelo, Colipa, donde los palacios municipales también fueron desalojados violentamente.
Pero la violencia mayor ocurrió en San Andrés Tuxtla, el municipio bastión del PRD en el estado, donde tiene 7,000 afiliados, el más alto número de militantes en el país concentrados en una demarcación, con resultado de un muerto y 122 heridos, golpeados y “gaseados”, durante la intervención policiaca.
El 31 de diciembre, los perredistas, venidos de varias comunidades tuxtlecas, se concentraron frente al Palacio Municipal. Aunque la Procuraduría de Justicia del estado, con base en declaraciones de testigos, afirma que “todos los perredistas portaban palos, machetes y armas”, el PRD rechaza la aseveración y afirma que sus militantes fueron convocados para la protesta en forma pacífica.
El dirigente estatal del PRD, Armando Aguirre Hervis, afirma que fue el secretario general de Gobierno, Miguel Angel Yunes, quien ordenó el desalojo violento, dándole la orden al coordinador de Seguridad Pública, José Antonio Vázquez González, a quien la dirigencia estatal perredista identifica como “auxiliar de Yunes y Amadeo Flores Espinoza, líder del PRI, ambos integrantes del mismo grupo político que formó el exgobernador Rafael Hernández Ochoa”.
Desde el día de los hechos, la dirigencia estatal del PRD recogió testimonios, denuncias de los heridos y golpeados; obtuvo fotografías y un video del enfrentamiento, filmado por el corresponsal del grupo radiofónico FM, Leonardo Morales Campechano, para integrar un expediente con el que exigieron, el martes 3, la remoción y juicio político de Chirinos, Yunes Linares y el director de Seguridad Pública, Juan Herrera Marín.
Del expediente y de las imágenes que se observan en el video, cuya copia obtuvo el reportero, se desprende que Vázquez González, que encabezó un grupo de 300 policías armados, inició los disparos contra los manifestantes; ordenó el lanzamiento de gas lacrimógeno, y, metralleta en mano, amenazó de muerte al dirigente perredista de Catemaco, Tomas Fray Jáuregui –preso desde el martes 3 en el penal “Ignacio Allende”–, a quien culpan de portar arma y de iniciar el tiroteo contra los policías.
En una calle paralela al palacio municipal de San Andrés Tuxtla, donde se concentró un grupo de perredistas, la violencia fue más intensa: ahí los disparos de pistolas 9 milímetros y de los cuernos de chivo mataron a Marcelino Seba Catemaxca, agente municipal de la congregación de Buenos Aires de Chalpam.
El número de heridos, golpeados y gaseados fue de 122. En los hechos resultó golpeado y fue detenido el reportero británico Trevor Henning, quien estaba de vacaciones, pero tomó fotografías. Fue liberado al día siguiente y el jueves 5 anunció, en la ciudad de Veracruz, que presentaría una demanda ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El líder estatal del PRD y otros dirigentes, como el exdiputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, identifican a Vázquez González –actualmente coordinador de la Policía Intermunicipal con sede en la ciudad de Veracruz– no sólo como jefe del operativo, sino como un policía siempre presente en actos gubernamentales de represión, pese a múltiples denuncias contra él que nunca han fructificado.
Con José Domingo Martínez Riveroll –asesor del director de Seguridad Pública, Juan Herrera Marín–, Vázquez González fue denunciado por el Centro Defensor de los Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Madre Oriental ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI), tras el desalojo violento que ambos dirigieron el pasado 8 de septiembre en el predio El Encinal, en Ixhuatlán de Madero. Se les acusa de haber torturado, asesinado y mutilado a los hermanos Atanacio y Rolando Hernández Hernández, de 28 y 17 años de edad, cuyos cuerpos fueron hallados una semana después.
El martes 3, la Procuraduría General de Justicia del estado responsabilizó al dirigente del PRD en Catemaco, Tomás Fray Jaúregui, de iniciar los disparos en el palacio municipal de San Andrés Tuxtla. Expuso que Fray Jáuregui tiene en su contra dos órdenes de aprehensión por hechos anteriores. Aseguró que “la prueba del rodizonato de sodio que le fue practicada a Fray Jáuregui resultó positiva, con lo que se confirma que el día de los hechos realizó disparos de arma de fuego”.
Entrevistado la mañana del jueves 5, al momento de rendir su declaración preparatoria ante el Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia, Fray Jáuregui negó las afirmaciones de la Procuraduría de Justicia y acusó:
“Yo soy un preso político. Estoy aquí injustamente. Desde que me detuvieron he sido torturado en todo el cuerpo (mostró los golpes en la espalda, abdomen y pecho) y fui obligado por la policía a realizar tres disparos al aire para que me resultara positiva la prueba de rodizonato de sodio.”
Dijo también que fue detenido y su domicilio cateado sin las órdenes correspondientes, además que su esposa embarazada fue golpeada y amenazada. De ello responsabilizó a Vázquez González.
La Procuraduría informó también que fueron detenidos los policías José Luis Málaga Cagal, Andrés de Dios Mixteca, Juan Ortega Quino, Mario Temich Temich y Alfredo Ixtepan Morales por su presunta responsabilidad en los disturbios.
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Desde las elecciones municipales de 1991, en la región de los Tuxtlas, que comprende los municipios de Angel R. Cabada, San Andrés y Catemaco, priístas y perredistas están enfrascados en una lucha política. En 1991, el PRD derrocó a tres presidentes municipales salidos del PRI. Desde entonces impera la ingobernabilidad. Y es que el PRD creció en pocos años en la región tuxtleca al grado de tener 7,000 afiliados, de un total de 40,000 en todo el estado.
Los problemas poselectorales en San Andrés brotaron días después de las elecciones federales del 21 de agosto, cuando “por fraudulenta” fue anulada la elección de diputado federal. La elección extraordinaria habrá de realizarse el 30 de abril próximo.
Las protestas perredistas arreciaron luego de las elecciones municipales del 13 de noviembre, cuando el PRI sufrió la derrota más dura de su historia: perdió más de 50 municipios, entre ellos el puerto de Veracruz, que ganó el PAN. El PRD obtuvo 23 triunfos.
Por los vicios electorales, el PRD interpuso ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) 160 recursos de inconformidad, los cuales fueron rechazados “por extemporáneos”. Ya sin recurso legal a qué apelar, el PRD optó por la resistencia civil: convocó a toda su militancia estatal a emprender movilizaciones. La respuesta gubernamental fueron desalojos y persecuciones, secuestros y detención de dirigentes y candidatos perredistas en diversos municipios.
Hasta el jueves 5, la tensión prevalecía en más de diez municipios, de los cuales sólo dos –Yanga y Carrillo Puerto– permanecían tomados. En el resto, los perredistas mantenían plantones, en medio de los cercos policiacos.
