SAN LUIS POTOSI, S.L.P.- La aparente indiferencia del gobernador Horacio Sánchez Unzueta para negociar el fin del bloqueo y la toma de ayuntamientos para pedir la anulación de los comicios municipales, se contrapuso con las medidas tomadas para borrar la imagen de ingobernabilidad en el estado.
Sin participar personalmente, de todo se valió el gobernador para acallar los reclamos: amenazar con la ejecución de órdenes de aprehensión contra manifestantes en 16 de los 19 municipios conflictivos; envío de representantes para cooptar a los dirigentes en las diferentes localidades; compra de espacios en medios informativos para cambiar la imagen de San Luis Potosí, y la distribución –entre reporteros– de supuestos informes de la Dirección de Protección Social y Vialidad para desacreditar las movilizaciones.
A tal grado llegó la actitud de Sánchez Unzueta para tratar los conflictos, que en una conferencia de prensa dijo que éstos “poco o nada tienen que ver con el proceso electoral” del 4 de diciembre pasado.
Redujo las protestas a “inercias” de los partidos políticos que “no respetan la voluntad de los potosinos y tratan, en el juego de pasiones, de conseguir puestos administrativos”, y a “tácticas partidistas” a nivel nacional. Incluso, dijo, la toma de alcaldías el 1º de enero, se originó por contiendas “por relaciones familiares”.
Explicó: “Son grupos antagónicos que poco o nada tienen que ver con los partidos políticos y que han visto, con motivo de las elecciones municipales en San Luis Potosí, la oportunidad de dirimir sus diferencias, que tienen sus orígenes, incluso, en posiciones estrictamente personales o de interés económico… o en los cacicazgos”.
El martes 3, el gobierno del estado contrató tiempo en las aproximadamente 20 radiodifusoras y en las tres televisoras locales para transmitir un mensaje de Sánchez Unzueta, en el que destacó que en San Luis Potosí reinaba la “paz y la tranquilidad”.
Se contrataron también espacios en los siete diarios para un desplegado en el mismo tono, en el que el gobernador manifestó que “aun cuando existen grupos inconformes que no aceptan los resultados electorales, la autoridad salvaguardará su derecho a la libre manifestación en los términos de ley”.
Y reiteró: “Los potosinos no nos merecemos que cada acontecimiento político sirva de pretexto para provocar la confrontación, para dividir a los pueblos y para aplazar por más tiempo la solución de nuestros problemas… Alentar el conflicto solamente nos aleja de la posibilidad de poner remedio a carencias que responsabilizan moralmente a todos por igual”.
Esta actitud de mantener las movilizaciones ajenas a cuestionamientos del proceso electoral, la mantuvo su secretario de Gobierno, Jaime Suárez Altamirano, quien deslegitimó las movilizaciones, porque los candidatos que reclamaban la anulación de comicios se cambiaron del PRI para representar al PAN, haciendo a un lado las denuncias de perredistas y panistas de un supuesto fraude electoral.
Entrevistado en su oficina, Suárez Altamirano reiteró que el gobierno del estado no intervendría en componendas para solucionar los conflictos, aunque una semana antes había reconocido que se enviaron representantes a los “municipios más rijosos” para advertir a los manifestantes de las consecuencias penales que traerían los bloqueos y tomas de alcaldías.
Sin embargo, declaraciones de dirigentes estatales del PRD y el PAN contradijeron al funcionario.
Según el secretario general de Acción Nacional en el estado, Arturo Ramos Millán, a los plantones que ese partido mantenía en trece municipios llegaron, “en representación del gobernador”, el subsecretario general de Gobierno, Martín Celso Zavala; el secretario de Educación, Fernando Silva Nieto; y la diputada federal Yolanda Eugenia González, quienes “ofrecieron puestos administrativos en los ayuntamientos a cambio de desactivar las protestas”.
Por su parte, Carlos Covarrubias, secretario de acción electoral del PRD en el estado, dijo que el oficial mayor del gobierno potosino, Daniel Hernández Delgadillo “trató de chantajear” a los perredistas que protestan en Axtla, Tanlajás y San Martín Chalchicuautla. “Los compañeros fueron advertidos de que ya tenían órdenes de aprehensión en su contra y que si levantaban las movilizaciones, no se ejecutarían”.
A Tampamolón, donde se realizan bloqueos carreteros, llegó el senador priísta Manuel Medellín Milán. “Desde que se presentó, manifestó que venía de parte de Sánchez Unzueta. Hizo proposiciones directas para dividir el movimiento, y utilizó las instalaciones de la unión ganadera regional para realizar reuniones casi a diario”, añadió Covarrubias, quien también es consejero estatal del PRD.
Para desprestigiar las movilizaciones, la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Protección Civil y Vialidad, distribuyó entre los periodistas reportes de sus agentes.
El primero es una relación de los municipios conflictivos, clasificados en grados de peligrosidad y el partido que encabezaba las movilizaciones (PAN, 13; PRD, cuatro; PRI, dos, y PT y PDM, uno por partido); da nombres de los supuestos líderes y el número de personas que participan en cada bloqueo, plantón, toma o resguardo.
Según el informe, los actos de resistencia civil panistas eran los que mayor concurrencia tenían, con 279 personas, y los que no significaban problemas eran los priístas con 22 inconformes.
El otro documento que se publicó fue una ficha detallada de las actividades políticas de Daniel González Galván, quien mantenía una huelga de hambre desde el día 3.
Su protesta la realizó con el cuello encadenado a una manija de las puertas del Palacio de Gobierno. Demandaba la anulación de los comicios en San Vicente Tancuayalab, donde empataron los candidatos del PRI y el PAN, por lo que se nombró un concejo municipal.
La tarjeta informativa de la Dirección de Protección Social y Vialidad ofreció los datos personales de González Galván, que militaba en el PRD y luego en el PAN, y enunciaba los actos políticos en los que había participado desde 1990. Entre los datos generales se añadió: “adicto a la mariguana”.
 |
 |
 |
 |
 |
