GUANAJUATO, GTO.- Los intentos del gobernador Carlos Medina Plascencia de salir limpio del pasado proceso electoral –sin turbulencias en la jornada del 4 de diciembre y con leves inconformidades durante la calificación de los resultados– se frustraron con los conflictos en los cambios de alcaldías en siete municipios, además del incendio de la presidencia municipal de Salamanca.
De poco valió la pretensión de comprometer –antes, durante y después de los comicios– a los dirigentes estatales del PRI, Armando Sandoval Pierres; PAN, Juan Manuel Oliva Ramírez, y del PRD, Enrique Rico Arzate, a que no convocaran a movilizaciones para protestar por los resultados electorales.
Desde la víspera de los cambios de poderes, el panorama cambió con el incendio de la alcaldía de Salamanca, que en 1991 fue ganada por el panista Juan Manuel González García y que en estas elecciones la recuperó el PRI, con el exdirigente municipal y exdiputado local, Agustín Marmolejo Valle.
El 1º de enero surgieron protestas y fueron tomadas cinco alcaldías: Romita y Valle de Santiago, por perredistas; Doctor Mora, por panistas; Uriangato, por una organización ciudadana, y Xichú, por priístas. Al día siguiente ocurrió lo mismo en Ocampo por militantes del PRD y el miércoles 4 fue bloqueada Purísima de Bustos, por inconformidad contra los nuevos alcaldes priístas.
En Salamanca, miembros del PRD y del PAN, así como de la organización ciudadana Familias Salamantinas Contra la Imposición (Fasci) se movilizaron desde que se dieron a conocer los primeros conteos de las elecciones, que daban ventaja al priísta Marmolejo Valle, a quien lo acusaron de compravotos y acarreo de votantes, además de censurarlo como “indeseable por su actitud prepotente”. El día del cómputo final, Marmolejo Valle fue –ebrio– a la casa de su contrincante panista a insultarlo.
Marmolejo Valle, a través de su síndico municipal, interpuso una demanda por el incendio de la presidencia municipal y pidió al procurador general de Justicia del estado un perito, lo que –según el nuevo alcalde– le fue negado.
Además, se deslindó de toda responsabilidad sobre las agresiones de policías municipales contra manifestantes, que desde el 23 de diciembre estaban en plantón frente a la presidencia municipal. La agresión policiaca fue lo que originó la trifulca y el incendio de la alcaldía. El PRD sostiene que fue Marmolejo quien ordenó el ataque.
Incluso, el PRD habló de una supuesta complicidad entre el expresidente municipal panista con los manifestantes, dado que todo se produjo una vez que éste salió del palacio, y que al parecer se quemaron documentos que lo incriminarían en desvíos de fondos.
El impugnado alcalde salmantino acusó a su vez de los hechos violentos al secretario general de Gobierno, Arturo Camarena García, por no haber enviado protección suficiente a esa ciudad para la toma de posesión, como él se lo pidió. Igual acusación hizo el coordinador regional del CEN del PRI, José Ortiz Arana –hermano del líder del Senado y exdirigente nacional del PRI, Fernando–, quien afirmó que en Guanajuato “hay un vacío de poder, hubo ausencia de trabajo político para que la toma de posesión de los presidentes municipales, como es el caso de Romita, como lo fue Salamanca en su momento, se diera con base al respeto del Estado de derecho”.
Ante las incriminaciones, Camarena García respondió: “No fue el PRI el que hizo el llamado, sino J. Inés Rico (diputado local), quien no me puede ordenar porque pertenece a otro poder… (pero) en ningún momento se iba a usar la fuerza pública porque el plantón en Salamanca se mantenía en forma pacífica… En los videos que nos proporcionaron, se ve a la secretaria del ayuntamiento (saliente) ordenando a los policías que detengan la represión, pero no la obedecieron… Toda la documentación de la Tesorería está en poder del Congreso, desconozco la razón de por qué se quiere implicar de esta situación a la anterior administración”.
Para Camarena García, el caso de Salamanca es una excepción en el estado: “Mientras no se sepa qué tipo de intereses se crearon en Salamanca y con qué grupos como para que se produjeran esos hechos tan lamentables”.
La situación se complicó con los secuestros de los presidentes municipales priístas de Romita, Jesús Rocha, y de Xichú, Amado Ramírez, por perredistas. A ambos se les obligó a pedir licencia, pero el primero se retractó después de obtener el apoyo irrestricto de su dirigencia estatal, lo que no ocurrió con el segundo, quien amenazó con tornar el municipio en un “Chiapas chiquito”, si no se le da el mismo trato.
En Doctor Mora, los reclamos de los ciudadanos en la toma de posesión fueron continuación de los expresados en la calificación del Colegio Electoral. El motivo: el nuevo presidente municipal, Jesús Jaramillo, tiene antecedentes penales.
El caso de Romita reveló negociaciones en trastienda entre el PRD y el PRI: Rico Arzate dijo que había un “acuerdo” entre las fracciones parlamentarias de ambos partidos, y presuntamente avalado por la Secretaría de Gobernación, de que se decretara la formación de un concejo municipal, pero el sector “duro o los hoolligans” priístas no lo acató.
Incluso, el secretario general de Gobierno dijo estar enterado que esa concertación se llevó también entre los diputados federales del PRI y PRD, José de Jesús Padilla y Carlos Navarrete.
Ante los conflictos, el gobernador Medina Plascencia se definió: Dejar en manos de los partidos políticos la solución de los problemas y mantener en suspenso el deslinde de responsabilidades en el caso de Salamanca, hasta que no termine la investigación judicial.
La situación dio lugar al resurgimiento de las críticas del PRI al gobierno panista de Medina Plascencia y, en especial, a Camarena García, encargado de organizar el proceso electoral, a quien los priístas denunciaron ante el Ministerio Público, por una presunta obstaculización de su representante en la Comisión Estatal Electoral.
Sobre los conflictos en el estado, Camarena García desestimó que se hayan producido porque las bases hayan rebasado a los partidos políticos, dado que ya había acuerdos de las cúpulas para evitar movilizaciones: “En los partidos hay grupos que sobrepasan a veces los alcances, tanto nacionales como estatales, son circunstancias que se dieron en casos concretos, porque si las dirigencias hubieran sido rebasadas, los problemas estarían en todos los municipios”.
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