TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.- Enviado a Chiapas para resolver “en definitiva” el problema agrario y los conflictos que ha provocado, el secretario de la Reforma Agraria, Miguel Limón Rojas, es criticado tanto por los ganaderos y pequeños propietarios, como por los campesinos más pobres.
Al rechazar la existencia de latifundios en la entidad, los primeros lo acusan de “doloso”, “espectacular”, “mentiroso” y “amarillista”; le exigen desalojar a los campesinos zapatistas que tienen invadidos 565 predios; y le piden cumplir con el pago de indemnizaciones por las propiedades que, aseguran, ya no podrán recuperar.
A su vez, los dirigentes del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), afirman que el exdirector del Instituto Nacional Indigenista (INI) y exsubsecretario de Gobernación, “sólo ha venido a confundir, enfrentar, poner trampas y lucir su demagogia”.
Lo más lamentable, advierten, es que “a más de un año de guerra, el gobierno no entiende que en la lucha por la tierra a los zapatistas no nos van a ganar”.
Critican a Limón Rojas porque no ha tomado en cuenta al “gobierno de transición en rebeldía” y que únicamente llegó a “tomarse la foto” con el gobernador Robledo.
Limón Rojas avaló el 29 de diciembre la puesta en marcha del Pacto Agrario del gobernador Eduardo Robledo Rincón. En el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, escuchó el reclamo de Alberto Marín Toache, dirigente de la Unión Regional Ganadera Norte de Chiapas, en el sentido de que “se siga difundiendo la noticia de que en el estado tenemos latifundios y acumulamiento de tierra al margen de la ley”.
El líder aseguró que los productores agropecuarios entienden que la problemática del campo no se resuelve repartiendo tierra todos los días, sino con el planteamiento de nuevas formas de producir, y pidió que les den oportunidad de defensa a los pequeños propietarios.
Eduardo Velasco, de la Unión Campesina Democrática (UCD) contradijo al ganadero y pidió revisar “los grandes latifundios que están en manos, incluso, de extranjeros. Esos latifundios deben revisarse. Se dice que el 80% de Chiapas es terreno social, pero de eso que tienen los campesinos, sólo 10% es agrario y lo demás pedregoso. Por eso es necesario que los latifundios se repartan. Ese es nuestro anhelo”.
Arturo Luna y Abelardo Palma, líderes y voceros del CEOIC, formado por casi 280 organizaciones campesinas e indígenas de Chiapas, explican:
“Si Limón Rojas vino a aplicar el nuevo artículo 27 constitucional y a hacer valer la ley, de seguro que no va a encontrar latifundios y, como en los peores tiempos, tendrá que llenar las cárceles de la entidad con quienes desde hace un año, motivados por el EZLN, han recuperado 145,000 hectáreas que los caciques nos quitaron con anterioridad.
“El funcionario llegó a repartir 31,139 hectáreas cuando nuestra demanda es por 200,000, y lo grave es que, bajo el imperio de la ley como decía el exgobernador y exsubsecretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, pretende mandar a prisión a quienes fuimos despojados desde hace más de 500 años.”
Según un estudio del CEOIC, el expresidente Luis Echeverría y los exgobernadores Absalón Castellanos Domínguez y Patrocinio González Garrido son latifundistas.
Al primero se le atribuye el predio La Argentina, con 560 hectáreas, adquirido por el Centro de Estudios del Tercer Mundo, que fundó al dejar el poder. A la familia de Castellanos Domínguez se le atribuyen 2,837 hectáreas en las fincas San Joaquín, El Momón, El Yasquero, La Esperanza, Guadalupe y Wayam Usej. Y sobre Patrocinio dicen que tiene la finca La Providencia, con más de 2,000 hectáreas.
A ellos se agregan los nombres de quince alemanes y mexicanos que, en total, poseen 35 latifundios con más de 60,000 hectáreas.
Explican los dirigentes que la primer propuesta que tendría que venir de la SRA sería el reconocimiento de todos los predios que se han recuperado desde el inicio del conflicto armado. “Sin esto, es difícil hablar de que se está resolviendo el problema agrario de la entidad”. Además, tendrían que realizarse modificaciones al artículo 27 constitucional.
“En Chiapas, la auténtica pequeña propiedad no puede determinarse por los criterios del 27 y de la Ley de Reforma Agraria modificados por Carlos Salinas de Gortari, porque existen situaciones como la de los ganaderos, que de acuerdo con esa legislación, tienen derecho a siete hectáreas por cabeza de ganado lo que, multiplicado por 500 animales, da 3,500 hectáreas y eso está cabrón.”
Arturo Luna se refiere al caso de la finca Zacualpa, municipio de Solosuchiapa, tomado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y campesinos (CIOAC). Dice que habló con el dueño, quien le manifestó: “Nosotros tenemos ahí 1,200 hectáreas, pero de acuerdo con la ley, yo tengo derecho a eso y más”.
Genaro Domínguez, líder de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI), agrega por separado un tercer punto: “Es necesario realizar un censo agrario, con participación de las organizaciones campesinas, para hacer las denuncias de dónde, cómo y cuándo se crearon los latifundios”.
Otro problema –según el CEOIC– es que hay pequeñas propiedades de 80 hectáreas o de 100. Y así dicen los títulos de propiedad: “Pero se miden y resultan que son 200. O sea, que este amigo no sólo está acaparando decenas de hectáreas, sino que además está evadiendo todo lo que se refiere al pago de impuestos durante décadas, práctica muy frecuente debido a que los de Reforma Agraria se prestaron en tiempos pasados a legalizar, a cambio de dinero”.
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El otro punto de vista es el de los ganaderos de la entidad, quienes acusan a los zapatistas de haber invadido más de 165,000 hectáreas y aseguran que el EZLN está integrado por guatemaltecos. Aseguran que miles de simpatizantes del EZLN, que se han dedicado desde hace un año a invadir tierras, tienen demandas por despojo, daños en propiedad ajena, asociación delictuosa, abigeato, secuestro y otros, sin que el nuevo gobernador, Eduardo Robledo Rincón, haga justicia.
La doctora Irma Bonilla Sequeira –cuyo padre fue secuestrado por indígenas– denuncia que los campesinos zapatistas se han posesionado de tierras que tienen legítimos propietarios y que se han dedicado a promover la violencia.
De acuerdo con sus informes, respaldados por 72,000 pequeños propietarios, los indígenas “han saqueado, quemado pastizales y ganado vivo, talado árboles que tenían muchísimos años, demolido nuestras casas y corrales, utilizando la madera y láminas para hacer las suyas”.
En su opinión, los invasores organizados en el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), son “verdaderos depredadores ecológicos”.
Acusa: “El ganado de nuestra zona ha sido cambiado por armas, con gente que sigue entrando de una manera ilegal por la frontera con Guatemala”.
Agrega: “Ya los pequeños propietarios estamos en muy mala situación económica, lo hemos perdido todo: nuestra maquinaria de trabajo, tractores, machetes, azadones, monturas, todo se lo han apropiado ellos, los invasores.
“Desde el 1 de enero de 1994 no hemos vuelto a laborar. La gran mayoría tenemos créditos pendientes con los bancos y aunque la cosecha se pierda nosotros siempre pagamos. Los pequeños propietarios somos gente honesta y de trabajo. No queremos la violencia. Prueba de ello es que hemos soportado esto de una manera estoica.
“Es una gran mentira que tengamos guardias blancas. No tenemos la capacidad económica para hacerlo y si así fuera no estaríamos invadidos por estas organizaciones campesinas, manipuladas por líderes con importantes intereses personales y económicos ya que cobran cuotas a cada uno de sus miembros, ofreciéndoles a cambio tierras y con la posibilidad de que ellos también se queden con algunas propiedades.”
La realidad, dice, es que en el estado de Chiapas la situación es insostenible, ya que no existe el Estado de derecho, ni garantías individuales –”continúan hacia nosotros las amenazas de secuestro para obligarnos a entregar la documentación y así tramitar ellos la supuesta venta al gobierno”–, las autoridades estatales no han dado hasta ahora ninguna solución.
