Carlos Rojas lo leyó en abril del año pasado. Era un estudio sobre tres años del Programa de Solidaridad en Chiapas y particularmente en los ocho municipios del estallido zapatista, que parecía elaborado por los opositores de siempre, aquellos que se pasaron seis años denunciando el carácter manipulador del engendro consentido del salinismo reciente:
–Se destinaron más recursos a cárceles que a obras de drenaje o alcantarillado.
–Ese tipo de inversiones “se aleja de las necesidades más inmediatas y urgentes de las comunidades y grupos más pobres de la entidad”.
–La presencia de Solidaridad en el combate a la pobreza extrema fue por demás exigua.
–Solidaridad se aleja de sus propósitos esenciales de combate a la pobreza extrema…
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Confirmado en diciembre por Ernesto Zedillo como secretario de Desarrollo Social, Rojas conoció la evaluación que hizo su propio Consejo Consultivo, encabezado por el economista Rolando Cordera:
–Los balances oficiales del Pronasol daban por “beneficiados” a los habitantes de ciertas comunidades, en cantidades infladas, superiores inclusive a los habitantes de todo un municipio.
–El cacareado hospital del Seguro Social en Guadalupe Tepeyac “aún exhibe serias carencias para el inicio de sus operaciones”.
–La atención a los más necesitados corrió a cargo “de las iglesias, asociaciones civiles y organizaciones sociales con fuerte presencia a nivel local que, sin apoyos institucionales, organizaron los servicios a través de cientos de promotores de salud, educación y capacitación laboral. De ahí su indudable protagonismo en la región del conflicto armado”.
–Y pese a que Chiapas ostenta el mayor número de “comités de Solidaridad” por estado de la República (casi 9,000), éstos resultaron de pacotilla y sin arraigo.
–Cuando se desató la crítica en contra del Pronasol, ninguno de esos comités dio la cara para defender lo indefendible y la defensa de Solidaridad corrió “por cuenta exclusiva de sus operadores, el Presidente de la República y los funcionarios federales responsables”.
A la crítica interna del Pronasol, Carlos Rojas reaccionó de manera por demás enérgica, decisiva: ordenó sepultar el estudio y se aseguró de que nadie más supiera de su contenido.
El Pronasol en Chiapas, y sobre todo Solidaridad en Altamirano, Comitán, Chanal, Huixtán, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc y San Cristóbal de las Casas –el área del levantamiento indígena–, había sido un desastre:
–La estructura de dominación local primero bloqueó y luego secuestró la acción institucional de Solidaridad, “volcándola a través del contratismo en favor de las ambiciones e intereses particulares de los grupos dominantes”.
–Las acciones del Pronasol “no impactaron de manera favorable y permanente los niveles de vida de la población más pobre”.
–La distribución de las realizaciones de Solidaridad “tiende a acentuar las desigualdades sociales y regionales, al tiempo que quebranta las aspiraciones de la mayoría empobrecida, por un futuro mejor”.
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En el Consejo Consultivo del Pronasol figuraban, entre otros, la actual secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias, y el ahora director de Nafinsa, Gilberto Borja.
El trabajo fue dirigido por María Eugenia Moreno Esquivel, y en el equipo participaron: Leonardo Lomelí, María Dolores Ramírez, Carlos Santos, Roberto Fernández Sepúlveda, Leticia Argüelles, Carmen Fabregat, el delegado de la Sedesol en Chiapas, Alejandro Villar Borja, y Arturo Whaley.
En la presentación del estudio, Rolando Cordera explicó, entre otras, las siguientes razones para la realización del análisis que se concluyó el 8 de abril de 1994, mismas que fueron echadas a la basura por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Francisco Rojas:
“A raíz del conflicto chiapaneco, el Programa Nacional de Solidaridad ha sido objeto de críticas y ataques del más diverso origen, cuando no se le ha utilizado como prueba palpable del fracaso de las reformas emprendidas por el gobierno del presidente Salinas, a grado tal que en no pocas ocasiones se le ha colocado en el listado de la multicausalidad que rodea a la insurrección.
“Dimensionar el impacto del Programa y evaluar sus realizaciones, a partir de los rezagos y del universo de miseria que concentra aquella entidad, se han convertido en tan sólo unos meses en exigencia social y tarea gubernamental por demás necesaria y urgente.
“Solidaridad, en tanto eje de la política social de esta administración, ha tenido por objetivo dar un combate frontal a la pobreza extrema, atendiendo en principio las necesidades más ingentes de amplios grupos de la población”.
Para realizar el estudio, la base de datos del Pronasol fue apenas una de las fuentes en que se apoyaron los analistas, de ahí que el resultado, hacia el interior de la Sedesol, resultara una vergüenza.
CIFRAS DE LA MICROMISERIA
La siguiente es una condensación del informe que el dos veces titular de la Secretaría de Desarrollo Social ha mantenido en secreto:
El 1992, los recursos del Pronasol que se ejercieron en todo Chiapas fueron equivalentes a cuarenta nuevos centavos diarios por habitante. Sin embargo, en virtud de que el Programa se enfoca al ataque de la miseria, el promedio por pobre, de acuerdo con el estudio, resultó de 75 nuevos centavos al día.
Entre 1989 y 1992, los ocho municipios de la zona zapatista, que congregan al 14% de la población chiapaneca, absorbieron el 14% del total de los recursos destinados a la entidad. De este porcentaje, la mayor parte del dinero y obras fue para Ocosingo (42%).
“En los municipios más pobres de la entidad, que son justamente algunos de los involucrados en el conflicto armado, la presencia de Solidaridad en el combate a la pobreza extrema fue por demás exigua y sus realizaciones beneficiaron por lo general a las cabeceras municipales, o bien a localidades secundarias de cierta importancia en el ámbito municipal, pero casi ninguna recayó en las subregiones donde se asientan los más pobres, como en Las Cañadas, epicentro del estallido social”.
La desproporción en la aplicación de recursos para las necesidades más elementales de los indígenas de la región y las que pretenden su desarrollo económico la ilustran los municipios de Chanal y Altamirano donde, “a pesar de la pobreza de sus habitantes y de los altos grados de desnutrición infantil que exhiben, sólo recibieron en el rubro alimentario el 2.3 y el 2.8%” de lo que aplicó el Pronasol.
En general, los municipios más favorecidos en casi todos los renglones fueron Ocosingo, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez. Entre los cuatro concentraron el 86% de los recursos para bienestar social. Los cuatro, sin embargo, eran los que menores deficiencias presentaban, en comparación con los otros cuatro de la zona del conflicto armado.
“Los recursos destinados a los cuatro municipios con mayores rezagos, problemas más graves de autoconsumo y menores niveles de ingreso, tienen participaciones en la inversión estatal por demás raquíticas y menos que las proporcionales a sus respectivas poblaciones. Esto es especialmente alarmante en los municipios de Chanal y Huixtán, a todas luces los más atrasados de la región, que recibieron tan sólo el 0.2 y el 0.3% de la inversión estatal para el apoyo a la producción.”
CONCENTRACION DE TIERRAS
En su panorámica del estado de Chiapas, dice el estudio que, si bien “la mayoría de los jefes de familia tiene acceso a la tierra, aquí como en otras regiones los conflictos se articulan en torno a la concentración de las propiedades”.
Para ilustrar el problema –dicen los consejeros de Francisco Rojas– “tan sólo en el caso de la producción del café, existen indicadores contundentes de la concentración de la producción: poco más de cien productores, que representan el 0.16% del total estatal, concentran el 12% de las tierras productoras de café, que son además las de mayor rendimiento y vocación para el cultivo”.
La concentración de tierras, en muchos casos, “subsiste disfrazada bajo la forma de propiedades fraccionadas entre parientes y prestanombres”.
En lo que toca a la asignación de dinero de Solidaridad a cárceles, el estudio asienta:
“Si bien es importante asignar recursos a la construcción y dignificación de Centros de Readaptación Social y reclusorios, como parte incluso de la protección a los derechos humanos de la población recluida, resulta sin embargo un exceso y contraproducente al propio programa que estos sean construidos con recursos de Solidaridad”
LOS COMITES, UNA VACILADA
El estudio indica que hacia abril del año pasado había en todo el país 150,000 Comités del Pronasol.
“A través de la organización de miles de comunidades y colonias populares en todos los estados de la República, Solidaridad mostraba que ya tenía raíces propias.
“Chiapas es la entidad federativa que cuenta con el mayor número de Comités de Solidaridad. Hasta octubre de 1993 contaba con 8,824.
“Sin embargo, de acuerdo a informes de la propia Sedesol, la cifra de Comités de Solidaridad corresponde en lo fundamental a un listado de organizaciones sociales campesinas, indígenas, urbanas, de artesanos y pequeños productores ya existentes que reciben fondos del Programa y que, para efectos de registro, se les aplicó el nombre genérico de comités.”
O sea: los comités eran membretes. Su carácter –acorde con el salinismo– era inmediatista y pragmático, tanto que los analistas escribieron esta reflexión:
“No dejan tras de sí los activos que Solidaridad ha planteado dentro de sus estrategias. En esta medida, una proporción también significativa de comités han sido tan efímeros como el tiempo que va de la asignación de recursos a la terminación de la obra”.
CONTRATISMO, EN LUGAR DE DESARROLLO SOCIAL
Para los caciques y grupos dominantes en Chiapas, los mejores beneficios del Pronasol:
“Las carreteras y caminos rurales, que absorbieron el 41% de la inversión total de Solidaridad en el estado (66.8% de los mismos en la zona zapatista) tampoco contaron con ningún comité.
“La absoluta mayoría de estas realizaciones corrió a cargo de grandes empresas constructoras. Tan sólo para la construcción de carreteras y caminos rurales en el ejercicio presupuestal de 1993, se habían realizado contratos muy significativos con grandes empresas constructoras cuya cobertura es regional y nacional, y cuentan con el equipo y personal por demás especializados, pero no involucran en absoluto la participación social comunitaria.”
Las empresas favorecidas fueron: Pyasa del Sureste, MH Constructores, Autopistas Concesionadas de Chiapas, Construcción e Infraestructura Mexicana, Constructora JV y la Asociación y Constructores de México.
En cuanto a los comités municipales que se crearon, “responden más a los arreglos económicos interpersonales de la élite política local, o bien a los intereses y presiones de los caciques y grupos dominantes, que a cualquier estrategia de mejoramiento educativo o cívico de la comunidad. Se trata, en este caso, del minicontratismo a nivel local”.
La autocrítica del Pronasol resultó la crítica de la oposición y agrupaciones sociales, a lo largo del sexenio, al carácter electorero de Solidaridad
“Numerosas declaraciones y denuncias a la prensa local y nacional indican que la afluencia de recursos profundizó los rasgos prepolíticos de esta relación; la asignación de recursos a las comunidades estuvo condicionada, en no pocas ocasiones, a la sumisión electoral o política de los beneficiarios.
“La insurrección chiapaneca y sus secuelas pusieron de manifiesto, entre otros, la tajante separación y enfrentamiento prevalecientes entre los poderes locales y las comunidades, lo cual ilustra con bastante nitidez la escasa modernización de esta relación.
“La estrategia modernizadora de la organización solidaria en la entidad no sólo no funcionó sino que los comités, a pesar de sus dimensiones, exhiben una capacidad organizativa y asociativa mínimas, y cuyos fines resultan ajenos a la promoción del bienestar y al abatimiento de la miseria.
“El contratismo, el condicionamiento de la entrega de recursos a las comunidades a cambio de votaciones arrolladoras en favor de los candidatos oficiales, explica en parte la revuelta municipal que durante el mes de febrero (1994) azotó a la entidad, pero también explica el desapego y la desconfianza de muchas comunidades hacia el Pronasol.
“El conflicto puso de manifiesto el peso real que tienen los más de 9,000 comités de Solidaridad. Como si nunca hubieran existido.”
REPUDIO POPULAR
El diagnóstico del Pronasol en Chiapas, hacia el final de sus poco más de cien cuartillas, derivó en una especie de autopsia:
“Los poderes locales promovieron la emergencia de estructuras paralelas sin arraigo social, en campos irrelevantes del desarrollo y sin relación alguna con la organización comunitaria, lo que dividió a las comunidades, provocó un desapego social con respecto a Solidaridad y profundizó el rencor de los chiapanecos con respecto a lo que ellos llaman las autoridades impuestas o compradas a través del Pronasol.”
Una investigación de campo en los ocho municipios clave reportó, a nivel masivo, “actitudes de enojo, irritación y rechazo del Programa, y en particular de sus métodos de operación”.
Y el remate no deja a salvo nada del Pronasol:
“Dada la extrema precariedad en la que viven miles de chiapanecos, las acciones de Solidaridad les representa una carga monetaria más a su ya de por sí deteriorada economía, cuando no una imposición gubernamental que no sólo no los beneficia, sino los empobrece.
“Participar en las obras de Solidaridad implica para muchos de ellos:
“a) Trabajar casi siempre de gratis en obras que poco o nada les conciernen, sobre todo en las obras edilicias y de las realizaciones suntuarias.
“b) Sacrificar muchos días de jornal de uno o varios miembros de la familia y ver reducidas sus bases de sustento.
“c) Contraer deudas estratosféricas por la introducción de mejoras y servicios en la comunidad, sobre todo para aquellos que perciben entre dos y cinco nuevos pesos diarios.
“d) Permanecer en la desesperanza, en la medida en que sólo algunas acciones de Solidaridad en materia de bienestar les atenúa sus condiciones de miseria, les devuelve la esperanza de un futuro mejor ni les confiere valor y dignidad a su vida presente”.
En suma, la inversión total ejercida a través del Pronasol “no puede arrojar un balance quinquenal exitoso. El reducido monto de los recursos destinados al apoyo a la producción pone de relieve la ausencia de una estrategia coherente y sostenida de generación de empleos y mejoramiento sustantivo de las condiciones de vida de la mayoría. El programa se mueve más en el plano del asistencialismo que en el de una auténtica política social.”
Tal fue el balance interno de Solidaridad en Chiapas. A nivel nacional, sin embargo, tanto su ejecutor, Francisco Rojas, como su progenitor, Carlos Salinas de Gortari, celebraron ruidosamente, en Chalco, estado de México, los primeros seis años de la criatura que el nuevo presidente, Ernesto Zedillo, adoptó.
