El gobierno tardó casi 20 horas en convencer a los representantes de los sectores de la producción, principalmente a los líderes obreros, para que firmaran el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, y de esa manera presentar ante el exterior la imagen de que la situación estaba controlada.
Al contrario de lo que había sucedido en la firma de los pactos económicos anteriores, ahora los dirigentes obreros se atrevieron a cuestionar algunos aspectos, principalmente el control salarial. Sin embargo, finalmente tuvieron que aceptar las propuestas básicas del programa elaborado por el gobierno.
Durante esas 20 horas los representantes de los obreros asumieron en verdad su papel de dirigentes, movidos por su inconformidad por sentirse engañados desde septiembre pasado, cuando se les dijo, según Fidel Velázquez, dirigente de la CTM, que la economía iba por buen camino.
La repentina y efímera rebelión, que tomó por sorpresa al secretario del Trabajo, Santiago Oñate, hizo que se tuvieran que elaborar, durante casi todo el lunes 2 y varias horas del martes 3, tres textos diferentes del acuerdo; además, el último sufrió varias modificaciones.
Los cambios que se pueden observar de un documento a otro del que empezó llamándose “Acuerdo de Unidad para Enfrentar la Emergencia Económica” y que terminó como “Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica”, así como las diferentes versiones de lo sucedido contadas por algunos dirigentes obreros que prefieren el anonimato, permiten reconstruir la jornada que se convirtió en el centro de atención del país y provocó que se pospusiera el mensaje del presidente Ernesto Zedillo, hasta el mediodía del martes 3.
Desde el viernes 30 de diciembre los secretarios generales de las doce centrales obreras más importantes del país fueron citados a las nueve de la mañana del lunes 2, en la oficina del secretario del Trabajo, ubicada en el Ajusco, para reunirse con el gabinete económico. Llegaron encabezados por Fidel Velázquez, en su calidad de presidente del Congreso del Trabajo.
En la más pequeña sala de juntas de la Secretaría del Trabajo, los dirigentes se reunieron con los secretarios de Hacienda, de Comercio, de Agricultura, de Educación, el procurador del Consumidor y el gobernador del Banco de México, todos ellos encabezados por Oñate, quien llevó la conducción de las pláticas y expuso las razones por las que se tenía que firmar el acuerdo de unidad.
Oñate argumentó que “para hacer frente a esta situación de crisis, el gobierno tuvo inicialmente la intención de realizar durante 1995 una corrección paulatina de este problema, ajustando de manera gradual el déficit en cuenta corriente y restituyendo la confianza, para dar mayor permanencia a los flujos de capital del exterior. Esta estrategia no pudo sostenerse. Lamentablemente, en virtud del tamaño del desequilibrio acumulado y de acontecimientos políticos que precipitaron la salida de capitales, al margen de acción para desactivar lenta y progresivamente el problema, se agotó”.
Carlos Jiménez Macías, dirigente de la burocracia nacional, pidió más explicaciones, porque “nuevamente nos piden avalar un programa de gobierno, pero antes queremos saber realmente qué pasó. Durante meses se nos dijo que estábamos muy bien, que sólo faltaba dar el salto y, de repente, todo se cayó”.
El líder de los mineros, Napoleón Gómez Sada, habló de la falta de credibilidad del movimiento obrero, de cómo explicar a los trabajadores algo que siempre se les decía, pero que no era cierto. Esa posición fue secundada por el secretario general de la CROM, Cuauhtémoc Paleta, y por la secretaria general del sindicato de los maestros, Elba Esther Gordillo. Coincidieron en señalar que ya no podían pedir más sacrificios a los trabajadores, a los que tampoco se les podía decir que todo lo hecho con anterioridad no había servido de nada, que se habían firmado pactos a ciegas.
En el mismo tono hablaron, entre otros, Javier Pineda, de la CTM, y Humberto Elizondo, dirigente de los actores.
De manera mesurada, tratando de ser claro, el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, intervino para convencer a los representantes obreros:
“Desde principios de 1994, se inició un ascenso pronunciado de las tasas de interés en los Estados Unidos, que dio lugar a considerables dificultades financieras, especialmente para los llamados fondos de inversión de ese país. Estos se vieron presionados a vender porciones considerables de sus carteras de valores de países en desarrollo. Esto generó dificultades para la obtención de financiamiento por parte de estos países. En esta situación surgió el temor entre numerosos inversionistas de que el flujo de capital a México disminuyera.”
Después de las explicaciones a los dirigentes obreros, Santiago Oñate les entregó el “proyecto de texto para el Acuerdo de Unidad para Enfrentar la Emergencia Económica”.
En privado, los doce dirigentes obreros llegaron a la conclusión de que el documento tenía que ser analizado en el pleno del CT, pues se necesitaba que participaran en la discusión la mayoría de los representantes de las organizaciones sindicales. Por ejemplo, sólo había en la reunión dos representantes de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebes), y en total son seis.
Decidieron que la reunión del CT se llevara a cabo el martes 3, por la tarde; para ganar tiempo, una comisión se encargaría de elaborar la respuesta al gobierno, que no sería un documento alterno, sino más bien las propuestas del movimiento obrero.
Los dirigentes estaban conscientes de que la negociación de ese nuevo pacto no se parecía a las anteriores y mucho menos a las que se realizaron cuando Arsenio Farell Cubillas era el titular del Trabajo. En ese entonces, no se aceptaban rechazos, inconformidades y mucho menos reflexiones. Se aceptaba o se aceptaba.
Llegó el momento de comunicar su decisión a Oñate. “Eso yo no se lo voy a decir al secretario. Designen a alguien que lo haga”, dijo Fidel Velázquez, pese a que en su calidad de presidente del CT le correspondía la tarea. Zorro en las maniobras, logró que el elegido fuera Rafael Riva Palacio, dirigente de los trabajadores del Infonavit, quien además aspira a ser presidente de la central obrera.
Cuando Santiago Oñate y Guillermo Ortiz escucharon la noticia, se mostraron sorprendidos. No lo creían. Y expusieron con más fuerza sus argumentos para impedir que los líderes obreros se retiraran.
El secretario de Hacienda fue el más vehemente al explicar que ya se había decidido que ese mismo lunes se daría a conocer el acuerdo; que las bolsas de Nueva York y Londres habían descansado, y que lo más conveniente era que el martes 3, cuando iniciaran sus actividades, ya tuvieran buenas noticias de México. En suma, explicó, se tenían que mandar mensajes positivos al exterior para que se recobrara la credibilidad. De no haber acuerdo, el país caería en un caos financiero.
Oñate y Ortiz otra vez dejaron solos a los dirigentes. Nuevamente, en privado, discutieron si se iban o discutían el documento. Finalmente, aceptaron sesionar ahí mismo, por lo que se trasladaron a una sala más amplia. El receso fue aprovechado por Fidel Velázquez, quien al morder una pera dura se lastimó una muela, para irse de la reunión. En su retirada se topó con los reporteros a quienes les informó que no había acuerdos.
La salida de Velázquez impulsó la rebeldía de los representantes obreros. Los más activos eran Elba Esther Gordillo, Francisco Hernández Juárez, dirigente de los telefonistas; Carlos Smith, de los pilotos; Pedro Castillo, secretario general del SME. Se opusieron a la imposición de topes salariales; señalaron que los empresarios no ofrecían nada; rechazaron la privatización del IMSS; se enojaron porque se consideraba a los obreros corresponsables de la crisis, se incrementaban los impuestos y se subían los precios.
Santiago Oñate entraba y salía de la sala. Cerca, en otro salón, los representantes de los empresarios también discutían.
Los dirigentes obreros le dijeron al secretario del Trabajo que era el gobierno el que tenía que asumir la responsabilidad de la crisis. En principio, les respondió que era algo factible y que sí se podía aceptar. Alrededor de 20 modificaciones fueron planteadas por el CT.
Mientras eso ocurría, en la residencia de Los Pinos, la prensa esperaba el mensaje del presidente Zedillo y algunos medios de información aseguraban que ya había acuerdo. Para desmentirlo, el CT emitió un boletín, en el que aclaró que la negociación continuaba.
En realidad, apenas empezaba. Alejandro Audri y Francisco Javier López González, representantes del sindicato del Seguro Social, pidieron que en el documento se incluyera expresamente un punto en el que se estableciera que el Seguro Social no será privatizado.
Pedro Castillo, del Sindicato Mexicano de Electricistas, pidió que desapareciera el inciso B de los acuerdos, que señalaba que “los sectores obrero y empresarial promoverán en las negociaciones contractuales, un aumento adicional de 4% a la base salarial acordado en la concertación del Pacto del 24 de septiembre de 1994”. “¿Cómo se nos pide, dijo el dirigente electricista, que aceptemos el 4% si se habla de que llegaremos a una inflación del 15%?”
Poco después volvió Oñate con la segunda versión del acuerdo, en la que se habían suprimido los puntos no aceptados por los dirigentes obreros, menos lo que tenía que ver con el tope salarial y con la privatización.
Oñate explicó que no hay intención de privatizar el IMSS. Sólo es un rumor, insistió. “No es rumor, puesto que en septiembre, el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, nos había comentado esa decisión”, replicaron los dirigentes sindicales del Seguro Social. “Hoy el gobierno no tiene esa postura”, dijo Oñate.
La discusión se alargó. Oñate argumentó que si los salarios se fijaban libremente, se entraría en una carrera entre precios y salarios; que se eliminaría lo del 4% y que, en cuanto a la privatización del Seguro Social, lo más que se podía hacer era declararlo patrimonio de los trabajadores.
Después los líderes sindicales pidieron que se estableciera que no habría modificaciones sobre los incentivos y bonos de productividad. Los funcionarios salían, consultaban con los patrones y regresaban. La posición era la misma, no modificar nada de lo relacionado con salarios y precios.
Las horas ya habían transcurrido. En la madrugada del marte 3, y ante la insistencia de que no podían dejar libre la fijación de los salarios, algunos líderes empezaron a modificar su postura. El cansancio, el tedio, las presiones de las autoridades laborales empezaron a surtir efecto.
Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando se propuso someter a votación la aprobación del acuerdo, Elba Esther Gordillo y Francisco Hernández Juárez aclararon que si estaban ahí era para ayudar al presidente Zedillo, por lo que se tenía que aclarar en qué medida el gobierno iba a respaldar a los dirigentes para que sus representados no los rebasaran.
Finalmente, Juan Manuel Calleja, representante de la CTM, aseguró que la mayoría ya estaba de acuerdo. Y todos aceptaron que se firmara el acuerdo.
Oñate les entregó la última versión del documento. En el apartado sobre precios y salarios, las modificaciones fueron más bien de matices. Efectivamente, en el inciso B en vez de hablar del 4%, dice: “Los sectores obrero empresarial procurarán que, en adición a la base salarial pactada el 24 de septiembre, se determinen bonos e incentivos de productividad en las negociaciones contractuales conforme indicadores específicos, libremente negociados y acordados entre las partes en cada industria y centro de trabajo”.
En relación con la privatización del Seguro Social se establece: “El régimen de la seguridad social se conservará como patrimonio de los trabajadores de México. Se fortalecerán las operaciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot)”.
Minutos antes de que se firmara el “Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica”, el dirigente del SME, Pedro Castillo, decidió abandonar la sala y no suscribirlo, porque para hacerlo debería tener el respaldo de su asamblea. Esta se realizó el jueves 5 y, después de cinco horas de discusiones, los electricistas rechazaron el plan de emergencia.
En la asamblea, Castillo explicó que durante las negociaciones se buscó que se diera libertad a cada sindicato para decidir con la empresa los aumentos en revisiones de salario y contrato.
“Si al final no se respetó nuestra propuesta, quiero decirles que el SME tuvo el respaldo del Congreso del Trabajo y que se defendió esa posición frente a los seis secretarios de Estado. Si después los dirigentes aceptaron la firma, es por la dinámica que tienen otras organizaciones.”
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