SAN FRANCISCO, CA.- Durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, cuyo gobierno implementó los programas de ajuste económico impuestos por el Banco Mundial, la riqueza de un solo hombre, Carlos Slim, superó el total de los ingresos anuales de los 17 millones de habitantes más pobres de México.
Pero el Banco Mundial insiste en que el propósito de las políticas de ajuste estructural es “restaurar el crecimiento económico sostenido y establecer el progreso permanente en la lucha contra la pobreza”.
Sin embargo, según el estudio La polarización de la sociedad mexicana: Una perspectiva desde abajo de las políticas de ajuste económico del Banco Mundial, elaborado por el mexicano Carlos Heredia, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y uno de los más firmes opositores al TLC, en la práctica, la economía se mantuvo en crecimiento cero durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el primero en “ajustarse” a los programas del BM, y 2.2, apenas por encima de la tasa de crecimiento de la población, durante el sexenio de Salinas. (El miércoles 4, la Secretaría de Hacienda anticipó tasas de crecimiento entre 1.5 y 2% para 1995, muy por debajo del 4% previsto originalmente).
El estudio, de 36 páginas, fue dado a conocer el 28 de diciembre último; Heredia es actualmente director de programas internacionales de la organización no gubernamental “Equipo Pueblo”, y realizó la investigación en nombre del “Grupo de Trabajo de ONG sobre el Banco Mundial”, formado por 26 asociaciones.
Se establece en el estudio que las políticas de ajuste han encarecido la canasta básica en 61% por encima del salario mínimo, reducido los créditos agrícolas para pequeños productores en más de 30%, provocado el enorme déficit en la balanza comercial, y triplicado el número de niños muertos debido al hambre y la desnutrición.
En contraste, la privatización y la desregulación comercial, que fueron recibidas con calurosos aplausos en los Estados Unidos, han concentrado la riqueza: Entre 1984 y 1992, el 20% de los mexicanos más ricos incrementaron su porción del ingreso nacional del 48.4 al 54.2%. Mientras que en el mismo período, los más pobres redujeron su participación del 5 al 4.3%.
El informe también analiza en detalle el impacto de las medidas de ajuste estructural sobre pequeños productores agrícolas en el estado de Chihuahua y la población pobre urbana.
Irene Virillo vive en la comunidad de San Miguel Teotongo, en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal. Dice a la investigadora Clara Brugada: “Antes comíamos carne tres veces por semana. Ahora damos gracias a Dios si la comemos una vez por semana, los domingos o los sábados… A veces tenemos que ir a la carnicería para buscar allí en lo que tiraron a la basura”.
Escribe Heredia: “En México, fue la declaración de moratoria temporal a su deuda externa, en agosto de 1982, lo que introdujo la nueva era de política económica al país. El gobierno descartó el modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, en vigor desde los años 40.
“Desesperado por obtener dólares tras la irrupción de su crisis económica, México firmó un acuerdo con el FMI que le daba acceso a moneda extranjera, a cambio de implementar un programa de estricta disciplina fiscal y ajuste económico.”
Desde 1982, el gobierno de De la Madrid, de manera tibia, y Salinas de Gortari con pleno entusiasmo, implementaron todas las políticas de ajuste del Banco Mundial y del FMI. Ellas son:
Reducción del gasto público; eliminación de subsidios; reformas a las leyes sobre impuestos; restricción de créditos; privatización de casi todas las empresas públicas; liberalización comercial; devaluación; salarios “competitivos”; retiro de barreras a la inversión extranjera.
Heredia analiza el grado en que los programas de ajuste lograron sus objetivos:
Reducción del gasto público: Los dos gobiernos neoliberales cumplieron, pues el gasto destinado a servicios de salud bajó del 4.7 al 2.7% del Producto Interno Bruto. Salinas de Gortari, mediante el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), invirtió en ese sector, pero su presupuesto en 1991 estaba a niveles inferiores a los de 1980. En educación, el gasto se redujo en 21%, al grado de que México gasta aproximadamente 45 dólares por estudiante por año escolar. Los maestros ganaban, en 1982, 3.5 veces el salario mínimo; en 1990, apenas 1.5 veces.
Privatización: El número de empresas gubernamentales se redujo de 1,155 a menos de 150, y siguen bajando. Con la venta de esas empresas, el gobierno obtuvo 26,000 millones de dólares, gran parte de los cuales invirtió en Pronasol, pero esas ventas también provocaron una mayor concentración de la riqueza en manos privadas.
Liberalización comercial: El Banco Mundial le proporcionó a México dos préstamos por 500 millones de dólares cada uno, en 1985 y 1987, para apoyar la reducción de barreras arancelarias al comercio. Apenas cinco años después del último préstamo, México registraba un enorme déficit comercial de 23,000 millones de dólares en 1993. Seis meses después de que México firmó el Tratado de Libre Comercio, las tasas de desempleo aumentaron en fábricas pequeñas y medianas. En los primeros meses de 1994, las importaciones de México crecieron en 26% en comparación con el período de 1993. Las exportaciones aumentaron en 17.3%.
Créditos: Los créditos favorecen a los productores con potencial de exportación, lo que significa que los pequeños y medianos productores –que emplean al 80% de la fuerza laboral en el campo– han sido seriamente dañados.
COSTO SOCIAL
El costo social lo están pagando los que menos tienen para comprar, argumenta Heredia, quien cita un estudio de Pronasol de 1992, al decir que en 1990 “la mitad de los mexicanos (42 millones) vivían en condiciones de pobreza, y 18 millones sufrían condiciones de pobreza extrema”.
El análisis también ilustra varias formas en que los préstamos de ajuste estructural han afectado el sector agrícola, cuyo futuro, argumenta Heredia, “está al centro del debate en torno al desarrollo” económico de México.
A partir de los cambios al artículo 27 de la Constitución, cuya fuerza conductora, según el economista José Luis Calva, fue “el deseo de hacer accesible el ejido a los intereses comerciales como parte de la modernización del campo mexicano”, y se ha concentrado la propiedad agrícola en pocas manos. Ya tres enormes agroempresas, Del Monte, Herdez y Anderson-Clayton, han comenzado a comprar tierras ejidales.
Los programas de ajuste del Banco Mundial, escribe Heredia, “han estimulado la producción a gran escala de cosechas para la exportación. Han reducido el apoyo a la producción de alimentos básicos. Han incrementado el costo de insumos agrícolas al mismo tiempo en que han abaratado el precio de los granos básicos. Han promovido una tendencia hacia la ganadería en la parte norte de México. Y han estimulado la migración a las ciudades de México y de los Estados Unidos”.
Los préstamos del Banco Mundial han representado para los campesinos reducción de créditos, eliminación de subsidios sobre los insumos, reducción en los precios de garantía, liberalización comercial.
En términos reales, esto ha desembocado en un cambio en el perfil demográfico del campo y en una reducida productividad y producción. El estudio muestra el ejemplo de lo sucedido en Chihuahua.
Explica Heredia:
“La industria maquiladora se inició antes de la crisis (de 1982), pero las políticas de ajuste le dieron gran impulso, que, agregado a la eliminación de estímulos económicos, subsidios e inversión gubernamental, provocaron la bancarrota o la clausura de empresas agrícolas, la concentración de la tierra y producción agrícola en pocas manos, y una disminución de la población rural. El efecto `tirón’ de las maquilas, agregado al `empujón’ creado por la caída en las ganancias del campo, han cambiado el perfil demográfico del estado de Chihuahua y han contribuido a la urbanización rápida del país.”
El Banco Mundial reconoce que se han dado “reformas dramáticas” en el sector rural de México, pero insiste en que se necesita hacer aún más. Cita la liberalización de los precios del frijol y del maíz. Dice Heredia: “De esta manera se anticipa que habrá una mayor presión sobre el gobierno para eliminar totalmente los precios de garantía, con lo que la situación de los productores se deteriorará aún más en los años venideros”.
Los programas de ajuste también han afectado la vida de los pobres de las ciudades; el informe cita el ejemplo de las pobladoras de San Miguel Teotongo.
“Se estima –escribe Heredia–, que los pobres de las urbes son los más afectados por el proceso de ajustes. Constituyen el grupo que más depende de empleo asalariado, subsidios al consumidor y servicios públicos, y todos éstos se han reducido bajo los ajustes.
“En general, encontramos que las familias en San Miguel trabajan más y durante más horas a cambio de menos dinero que hace doce años.”
La pérdida del poder adquisitivo de los salarios ha obligado a un mayor número de miembros de la familia a trabajar para poder sobrevivir. En 1981, trabajaban 1.17 miembros de la familia en San Miguel, cantidad que subió a 1.7 miembros en 1993. Indica el informe que no obstante, “el salario familiar no llena las necesidades básicas. Con frecuencia, toda la familia participa en llevar ingreso al hogar, de cualquier manera posible: Los niños venden chicles, dulces o periódicos, limpian parabrisas”.
“Tengo un hijo de 10 años –dice Gloria Bautista–, y recoge basura para sacarse unos centavitos. A veces sólo trae 5 ó 7 pesos, pero con eso le compramos sus cosas para la escuela.”
En 1988, el Banco Mundial definió como meta principal proporcionar un préstamo al sector agrícola de México, para el retiro de los subsidios globales, que cubrían tortillas, derivados de la harina, frijoles, aceite, arroz, sorgo, soya y azúcar. Entre 1986 y 1990, se retiraron todos los subsidios globales, dejando solamente los subsidios en tortillas y leche. Sin embargo, de acuerdo con el informe, son tan difíciles de obtener, que solamente el 44% de las familias necesitadas tiene acceso al subsidio a la leche.
Asimismo, el acceso a la educación y a los servicios de salud se ha reducido drásticamente; en el primer caso por hacerse prohibitivos los gastos en educación, y, en el segundo, por reducirse la atención médica.
En sus conclusiones, Heredia argumenta que “el gobierno de México y los bancos internacionales han apoyado una política económica que busca más subsidiar a los bancos comerciales que satisfacer las necesidades de la gente.
“Uno de los componentes básicos que hace falta en los programas de ajuste son políticas encaminadas a generar ingresos para los pobres. México es uno de muchos casos alrededor del mundo en que el ajuste y los programas de mercado libre no solamente han fracasado; si acaso intentaron aliviar la pobreza, lo que hicieron fue polarizar al país aún más, económica y políticamente. Los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional siguen diciendo que el ataque a la pobreza del programa de ajuste simplemente requiere de más tiempo para que funcione. Pero, después de una década de ajustes en México, sigue sin haber una luz al final del túnel. Tiene que llegar el momento en que las instituciones reconozcan que su estrategia debe ser modificada.”
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Hay 75 países que, en distinto grado, obedecen las estrictas directrices del Banco Mundial. Proceso obtuvo el informe del 27 de mayo de 1994, en el que se detallan de las condiciones impuestas por el BM a Nicaragua para proporcionarle dos préstamos, uno por 42.5 millones de dólares y otro por 5.36 millones. En su carátula, el informe advierte: “Este documento tiene distribución restringida”.
Las condiciones del Banco Mundial impuestas a Nicaragua, reflejan varias medidas claves promovidas durante la administración de Carlos Salinas en México:
Reducción del gasto público, programa de privatización, promoción del sector privado en la industria de las telecomunicaciones, incremento del sector privado en la industria bancaria, cambios favorables al sector privado en la política fiscal y de gravámenes, promoción de exportaciones y retiro de protecciones contra importaciones. Y, finalmente, pide “flexibilidad” del sector obrero.
