Cuando el presidente Mao sentenciaba que había que “poner la política al puesto de mando”, lo hacía en un doble sentido. En primer término, su dictamen era de orden normativo: así debían actuar los comunistas chinos. Pero, en segundo lugar, se trataba de una tesis analítica: así era en la realidad, donde la política mandaba. Si la economía se venga, la política ordena. Esta es una primera lección que conviene sacar de la nueva maxidevaluación de la moneda mexicana que ha azotado el país, y de la consiguiente crisis política y económica que lo ha sacudido.
La política mandó en 1994 de tres maneras: una, al imponer un velo de silencio sustantivo a la campaña electoral; dos, al ser la verdadera explicación de por qué no se devaluó antes, y, tres, al llevar un equipo al gobierno que se resiste a reconocer que gobernar suele ser optar. La campaña, primero.
La opinión pública mexicana sin duda se sorprendió tanto como los inversionistas extranjeros ante el carácter intempestivo y la magnitud de la devaluación. Una de las razones de esta nueva sorpresa yace, sin embargo, en un hecho atribuible en parte a esa misma opinión pública, y en parte a los candidatos que contendieron por la Presidencia de la República durante los primeros ocho meses del año. No se trataron los temas nacionales de fondo, al concentrarse todo el esfuerzo y la atención en el procedimiento electoral. Salvo algunas acusaciones (justificadas) lanzadas por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al gobierno en el sentido de que el peso se encontraba ya sobrevaluado, no hubo discusión alguna sobre el tipo de cambio entre los aspirantes. Tampoco sus partidos, la prensa ni los comentaristas insistieron mucho en el tema, aunque era el problema económico central que una infinidad de analistas foráneos habían discernido en la economía mexicana. Ni la inminencia ni las dimensiones ni los posibles efectos de una devaluación mayor fueron expuestos ante el electorado. Huelga decir que dicho silencio también impidió una conciencia plena por parte de los mexicanos sobre los llamados trade-off: devaluar o persistir en el estancamiento; devaluar a tiempo o quedarse sin reservas; devaluar poco y pronto, o tarde y mucho. De ahí que cuando se precipitó una medida necesaria, inevitable, y a la vez deseable, cundió un desconcierto generalizado. Una gran discusión nacional sobre la paridad no hubiera evitado una devaluación; incluso quizá la hubiera acelerado. Pero hubiera contenido el descontento y la sensación de engaño.
En segundo término, hay que subrayar el carácter político y las razones de la debacle actual. Veo tres explicaciones políticas de la crisis por la cual hoy atraviesa el país. La primera, tal vez de importancia menor respecto a las otras dos, es de índole externa. Después de las dificultades y los compromisos asumidos por los presidentes Salinas y Clinton ante el Congreso estadunidense para lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio, simplemente estaba descartada una devaluación en los meses subsiguientes. Una medida de esta naturaleza hubiera confirmado las peores sospechas y las insinuaciones más maliciosas de los adversarios del tratado: México devaluaría poco después de la firma. Quienes tratamos de convencer a los congresistas norteamericanos de que en efecto habría una devaluación, pero no para “robar empleos de Estados Unidos”, sino porque un ajuste era imperativo e impostergable, no fuimos escuchados. Salinas tenía las manos atadas, por lo menos hasta mediados de año: devaluar era traicionar los compromisos contraídos.
Segundo factor político: la reconquista de las clases medias mexicanas por el PRI y el sistema después de 1988 se debió en buena medida a la estabilización de precios y cambiaria. La liberalización comercial y la apreciación real del peso pusieron a disposición de millones de consumidores mexicanos bienes importados a precios accesibles. Gracias en parte a ello, el Revolucionario Institucional, sin más fraude que el de 1988, recuperó, entre otras plazas fuertes de la oposición, el Distrito Federal y el Estado de México: la cuarta parte del país. Devaluar era volver a perder a esos segmentos cruciales del electorado. Antes de las votaciones de agosto de 1994, sencillamente era inconcebible. Se seguía cerrando la ventana de oportunidad para evitar un desmoronamiento completo interior.
Tercer y último elemento de explicación: la dinámica presidencial mexicana y la ansiedad de cada mandatario del país para no devaluar. “Presidente que devalúa, presidente devaluado”, dijo López Portillo en 1982, y tenía razón. Mientras pudiera evitarlo, jamás iba a devaluar la moneda Carlos Salinas: de ello dependía su papel en la historia, su elección a la dirección de la Organización Mundial de Comercio, la posibilidad para él de caminar por las calles de México sin ser insultado. A Luis Echeverría Alvarez y a José López Portillo no les alcanzó el dinero y el tiempo o, bien, se sacrificaron por el bien del sistema: a cada quien su juicio. Miguel de la Madrid Hurtado devaluó tantas veces que ya al final una más no importaba tanto; Carlos Salinas pudo transferir el problema –éste y muchos más– a su sucesor.
Finalmente, la política ha dejado su huella al abrirle paso a un equipo generacional y gubernamental que hasta hace muy pocos días estaba convencido de que, como dijo alguna vez Albert O. Hirschman, all good things go together (todo lo bueno va junto). Se podía crecer, controlar la inflación, financiar el déficit de cuenta corriente y abatir la inflación simultáneamente: nada se contraponía a nada. Por tanto, escoger era innecesario: no existía razón alguna para optar entre objetivos incompatibles entre sí, para priorizar unos y sacrificar otros. Si a ello se suma una inexperiencia perceptible y una renuencia sensible a escuchar voces disonantes, el resultado puede resultar catastrófico. Lo fue, a menos de un mes de la toma de posesión y de la aparición de los primeros signos inquietantes. No serán los últimos.
Ernesto Zedillo Ponce de León ha tenido la honestidad de reconocer un error que muchísimos mexicanos y extranjeros ya habían advertido: un déficit en cuenta corriente crónico de 6% del producto interno bruto es insostenible. Por desgracia, una confesión no hace un arrepentido: ahora hay que examinar por qué surgió ese déficit y qué tan contingente resulta en relación con el modelo económico en su conjunto. Un sistema político abierto no puede eliminar el déficit, ni financiarlo: desde 1981 nadie en México ha podido conjugar crecimiento y cuentas externas estables. Pero ese sistema puede permitir que la política actúe a favor del país y no en su contra: que sumando sirva, en lugar de perjudicar. La solución de este problema económico es política, aunque suene premoderno decirlo.
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