A la sorpresa ha seguido la consternación. Los especialistas empiezan a aventurar escenarios ominosos. Va quedando claro que no se trata sólo de una fuerte devaluación y del fin de la estabilidad cambiaria; el error es de tal magnitud, que hizo añicos la credibilidad financiera del país, con gravísimas consecuencias de corto y de largo plazos: se ahuyenta la inversión extranjera, se dispara la inflación, se agrava la carga del servicio de la deuda y se frena la recuperación; la viabilidad del Tratado de Libre Comercio queda en entredicho y aún se cierne la amenaza de un aislamiento del país en la economía internacional. Con ello se derrumban las expectativas de superar nuestros problemas internos de creciente pobreza, desempleo y polarización económica. Algunos analistas hablan ya del desplome del modelo modernizador y de un sacudimiento que cimbra hasta sus raíces nuestro sistema político.
Más allá de los análisis de los errores económicos y de sus consecuencias, es importante preguntarnos sobre las condiciones que han hecho posible que se llegue a cometer esos errores. Son sin duda lamentables la vanidad de un gobernante o la torpeza de otro, pero importa aclararnos a nosotros mismos cómo es posible que una y otra conduzcan a situaciones que devastan un país de 90 millones de personas.
La reflexión conduce al tema del autoritarismo presidencial, pero particularmente a la relación que, en nuestro sistema de gobierno, ha ido estableciendo el poder con la verdad. El caso presente ejemplifica una trágica perversión en esa relación: hubo prepotencia, desprecio a la crítica y obcecación vanidosa.
Sería fácil documentar las advertencias que hicieron oportunamente muchos académicos, empresarios o políticos de la oposición, señalando los riesgos de una apertura comercial tan agresiva y generalizada, de un déficit creciente en la balanza de pagos y de la volatilidad de los capitales extranjeros; técnicos autorizados señalaban que era insostenible la paridad cambiaria. Tanto estas críticas como algunas otras sobre los efectos sociales del modelo adoptado fueron ignoradas; el gobierno, obnubilado por los elogios del pequeño círculo de beneficiados y engolosinado por su imagen internacional (¿no nombró el Time a Salinas, hace dos años, “hombre del año de América Latina” y “revolucionario real que está cambiando la historia de México”?), prefirió ignorar las críticas y empecinarse en sus propias apreciaciones.
Aduciré aquí una cita personal en que anuncié lo que acaba de suceder; la aduzco por ser la que tengo a mano, pero hubo otras advertencias más autorizadas y fundamentadas. Hace dos años escribí (Proceso 834, 26 de octubre de 1992): “entre tanto, comienza a dibujarse un posible escenario de bumerang sexenal por una nueva apuesta fallida. Si con Echeverría Alvarez apostamos al tercermundismo; con el siguiente, a los precios del petróleo; con el siguiente, a las recetas fondomonetaristas, y ahora estamos apostando a la inversión extranjera, hay signos inquietantes de que también esta vez (por la desaceleración o por Clinton o por las veleidades del capital internacional) perderemos la apuesta. Ante la euforia de los empresarios que creen estar salvando el país porque lo confunden con sus fortunas personales y la autocomplacencia de los tecnócratas que no conocen sino la pequeña franja del México bonito y moderno, hay que recordar que el fin de la economía es el hombre –los 85 millones, y no sólo los afortunados– y que esto no es declaración retórica sino verdad operativa y norma de política.”
El presente desastre nos fuerza a preguntarnos cuál es la función que cumple la crítica independiente en nuestro sistema político, si logra hacer contrapeso a las tendencias autoritarias y si, en alguna medida, contribuye a evitar errores y mejorar las decisiones de gobierno.
La respuesta requiere matices, desde luego, pero tenemos que confesar que las formas y los ritos del poder en el México actual transforman necesariamente la mentalidad de muchos de nuestros gobernantes, sobre todo los de más elevada jerarquía; el halago desmedido desequilibra su psicología; la abundancia impresionante de recursos técnicos de que disponen les infunde falsas seguridades; así, la prepotencia se vuelve requisito y símbolo de una autoridad efectiva. En una cultura política de estas características, la crítica externa, aun la que se reconoce como bienintencionada, tiene pocas posibilidades de ser tomada en cuenta; el sistema puede tolerar que exista, pero la ignora o descalifica.
Por perversidad de nuestra psicología, la complacencia en el autoengaño va de la mano con la necesidad de engañar a otros. El complejo de infalibilidad tiende a impedir que se difundan las críticas adversas para nulificar sus efectos; autoengaño y engaño son dos componentes hermanados de los regímenes autoritarios.
En nuestro sistema político, particularmente en el sexenio que acaba de terminar, son advertibles excesos ya intolerables en la manipulación de la opinión pública. Sea en el caso presente de la devaluación, sea en el de Chiapas o en el más escandaloso de las recientes campañas electorales, se registra un verdadero avasallamiento de los medios electrónicos por parte de la Presidencia. La política salinista de comunicación social amplió enormemente el uso del monopolio televisivo para imponer a las grandes masas juicios, sentimientos y apreciaciones que le resultaban favorables. No es esperable que el nuevo gobierno, que es consciente del papel decisivo de la televisión en su triunfo comicial, modifique su control sobre ella; de poco sirve que nos prometa una reforma electoral “definitiva” mientras no dé pasos para separarse de Televisa, separación que sería tan importante o más que la de desvincularse del partido oficial.
Si alguna lección debiera dejarnos el rotundo descalabro del salinismo, es que no resulta posible la modernización económica sin una profunda reforma política: no es el gobierno prepotente el eficaz sino el que logra ganarse, por su veracidad y apertura a la crítica, la credibilidad y la confianza.
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