El Congreso de la Unión formó una Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación que coadyuvara en todo lo que estuviera a su alcance para lograr la paz en Chiapas. El pleno de la Cámara de Diputados nombró a Jaime Martínez Veloz (PRI), Rodolfo Elizondo (PAN), Juan N. Guerra (PRD) y Marcos Cruz (PT); el pleno de la Cámara de Senadores, a Pablo Salazar Mendiguchía (PRI), Luis H. Alvarez (PAN) y a quien estas líneas escribe para integrar la comisión, dándonos el mandato que incluye dos funciones centrales:
Primero. Dentro del límite de nuestras facultades legales y constitucionales, proponer, sugerir y, en su caso, impulsar todas las fórmulas e iniciativas que sean necesarias para mantener la tregua, restablecer el diálogo y alcanzar la paz en Chiapas, y
Segundo. Con carácter especial y transitorio, actuar como instancia de conciliación para lograr entre las partes un acuerdo honorable que ponga fin al conflicto en esa entidad.
Como antes de que se integrara esta comisión para el diálogo y la conciliación el jefe del Poder Ejecutivo federal había propuesto que los legisladores formaran una comisión mediadora, las organizaciones no gubernamentales que han luchado por la paz en Chiapas, algunos miembros de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), algunos compañeros del PRD y la dirección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) recibieron nuestra designación por el Congreso con desconfianza, considerando que o era un grupo formado para servir a los intereses del Poder Ejecutivo o que se trataba de una comisión que pretendería realizar labores de intermediación para reemplazar o disminuir la acción de la Conai.
Los sectores gubernamentales partidarios de aplicar la represión para dizque resolver los problemas políticos y sociales que vive la nación, así como los grupos económicos que se sienten perjudicados en sus intereses al abrirse perspectivas democráticas en el país y al cancelarse privilegios de terratenientes en Chiapas y en el resto de la nación, también miran con gran desconfianza un esfuerzo del Poder Legislativo por participar en la búsqueda de soluciones pacíficas de largo alcance para la situación crítica que vive Chiapas. Por ello los medios electrónicos de difusión televisivos y radiofónicos, al servicio de esos intereses económicos, desde su nacimiento se empeñaron en difundir esa imagen de la comisión legislativa, de dependencia del Ejecutivo, para descalificarla ante los ojos de los militantes del PRD en Chiapas y de los zapatistas. La provocación de los poderosos se suma a la incomprensión de quienes apoyan con sinceridad la causa zapatista y descalifican sin mayores consideraciones a quienes no se ponen incondicionalmente del lado del EZLN y del gobierno paralelo que encabeza Amado Avendaño Figueroa.
Por más que tratamos de hacer ver que la comisión legislativa era por completo independiente del Poder Ejecutivo y que nada tenía que ver con la comisión inicialmente propuesta por Zedillo, la inercia presidencialista, esa añeja tradición que hace pensar a priístas y a toda clase de opositores que el presidente es el hacedor de todas las cosas que ocurren en el país, propició que diversos analistas y comentaristas honrados reforzaran con sus escritos la idea de que los legisladores no actuaríamos de buena fe para buscar la solución del conflicto sino que trataríamos de servir al Ejecutivo para manipular y perjudicar los intereses de las comunidades étnicas que luchan por sus derechos en Chiapas y toda la república.
Incluso personalidades democráticas de incuestionable vocación revolucionaria escribieron editoriales condenando la comisión legislativa, tildándola de sumisa al Poder Ejecutivo por el solo hecho de que una comisión de semejante integración había sido propuesta por Zedillo. Se manejaron sofismas como ése que afirma que Zedillo violó la Constitución al proponer la comisión porque él no debe tener injerencia alguna en el Poder Legislativo, que debe ser independiente del Ejecutivo. Como los legisladores del PRI, se dice, obedecen al presidente, si se forma la comisión es que se acataron sus órdenes y al acatarse esas órdenes, se viola la independencia del Poder Legislativo. De ese tenor bárbaro fueron los argumentos empleados por algunos distinguidos juristas en varios editoriales. Si los legisladores del PRI obedecen al presidente, y los perredistas y panistas son legisladores, los perredistas y panistas obedecen al presidente. De nada les sirvió a estos analistas y algunos militantes de la izquierda conocer los antecedentes de quienes integramos esta comisión para ponderar sus juicios. No tomaron en cuenta que desde hace decenios hemos estado en la oposición no porque no nos haga caso el gobierno sino porque hemos rechazado posiciones en el gobierno. Y no de un presidente sino de varios. De todas maneras fuimos considerados sumisos.
Por ello vale precisar aquí que quienes militamos en el PRD y aceptamos participar en la comisión legislativa lo hicimos bajo la condición de que ella tuviera independencia absoluta del presidente de la República y, además, que se cumplieran dos requisitos previos: primero, que el Poder Ejecutivo reconociera oficialmente como mediadora del conflicto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno a la Conai; segundo, que el Ejecutivo nombrara un representante con plenos poderes para tratar con el EZLN. Para garantizar que se cumplieran estas condiciones, nuestra primera misión fue entrevistarnos con el presidente de la República y pedirle se cumplieran estas dos condiciones. Cabe decir que los siete miembros de la Comisión Legislativa fuimos recibidos por el doctor Zedillo con un proyecto de comunicado conjunto donde se daba a conocer que se reconocía como mediadora a la Conai y se nombraba a la Secretaría de Gobernación como representante del gobierno para discutir con el grupo armado insurgente, razón por la cual no hubo necesidad de plantear ninguna condición al Ejecutivo.
Advertimos en la entrevista que era imprescindible que cesaran los movimientos del ejército mexicano en la zona de conflicto, a lo cual se nos respondió que había acuerdo siempre y cuando el cese de estos desplazamientos y el repliegue necesario fueran mutuos.
El siguiente paso que dimos fue entrevistarnos con los miembros de la Comisión Nacional de Intermediación, a cuyo presidente, obispo Samuel Ruiz García, en ayuno permanente, solicitamos audiencia. Concedida ésta, nos trasladamos a San Cristóbal de las Casas y sostuvimos una reunión muy fructífera con don Samuel Ruiz García, doña Concepción Nava y el escritor Juan Bañuelos, entre otros miembros de la Conai. Expresamos ahí que somos una instancia de diálogo y conciliación que de ninguna manera pretendemos competir con otros esfuerzos de mediación, en especial con los de la Conai, y que somos conscientes de que nuestro papel principal estará en la parte sustantiva del proceso de diálogo y negociación de la paz, en los aspectos legislativos y de instancia de llamamiento a las partes a conciliar sus diferencias. Expresamos de manera franca y abierta que compartimos con ellos la preocupación por las aproximaciones entre el ejército mexicano y el EZLN, que tensan peligrosamente el ambiente indispensable para el diálogo, por lo cual haríamos mediante la prensa, al salir del encuentro, un llamado a las partes a que cesen los avances y se agilicen los procedimientos para la paz, como lo desea la sociedad mexicana.
Un par de horas después de haberse leído nuestro comunicado ante la prensa en San Cristóbal de las Casas, supimos del comunicado del EZLN donde reconoce a la Secretaría de Gobernación como representante del Poder Ejecutivo federal y precisa que toda comunicación del gobierno federal hacia el Ejército Zapatista “deberá dirigirse a través de” éste, y en donde el subcomandante Marcos “saluda la decisión gubernamental de reconocer a la Conai como vía de mediación entre las partes en conflicto”.
Al mismo tiempo, supimos a través de la televisión que el presidente Ernesto Zedillo ordenaba el repliegue del ejército mexicano de los poblados de San Quintín y Monte Líbano, atendiendo, se decía, “los signos alentadores” derivados del comunicado emitido por el EZLN que menciono antes.
Nuestro trabajo en la Comisión Legisladora para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas pretende servir, ser de alguna utilidad, a las partes para lograr que se establezca un diálogo lo más directo posible, con el afán de que se resuelvan de raíz los conflictos que han dado origen al levantamiento de las etnias que habitan Chiapas y que han sufrido tanta opresión durante siglos.
Hemos acordado no hacer declaraciones personales a la prensa y entregar boletines elaborados colectivamente cada vez que haya algo que anunciar o comunicar. Se ha designado a un vocero que será rotado de tiempo en tiempo y que en una primera etapa es el senador Luis H. Alvarez. En la comisión no actuamos como miembros de un partido sino como representantes del Congreso preocupados por que se restablezca la paz en Chiapas para que México no se vea envuelto en una guerra fratricida.
Todos compartimos las demandas sociales planteadas por el EZLN. No he oído a nadie en la comisión que esté contra ellas. Todos estamos por la paz, pero por una paz justa, digna.
Deseamos fervientemente que este año nuevo abra perspectivas de progreso, justicia, equidad y dignidad al pueblo todo de Chiapas. Es lo que queremos, es lo que deseamos y por eso trabajamos por la paz.
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