Aldo Díaz Lacayo, embajador de Nicaragua en México después del triunfo en su país de la lucha armada que encabezó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, envió a Proceso sus reflexiones sobre el conflicto en Chiapas y la actitud del gobierno mexicano ante el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en lo que considera “la primera rebelión popular armada” en América Latina y el Caribe tras el fin de la guerra fría.
El conflicto de Chiapas goza de las ventajas que le da el singular hecho de ser la primera rebelión popular armada de América Latina y el Caribe postguerra fría; ventajas nada despreciables, por cierto: por primera vez en 50 años, un conflicto de esta naturaleza se reconoce honrada y plenamente por sus propias causas, sin enmarcarlo en la confrontación de intereses geopolíticos de potencias extranjeras, y más concretamente de sus áreas de influencia, en este caso de Estados Unidos; tratándolo en consecuencia como un problema nacional, de raíces históricas, y con reivindicaciones y demandas legítimas que deben ser satisfechas –tan perentoriamente como sea posible– al margen de las ideologías que animan a sus actores.
Los rezagos históricos de Chiapas, en efecto, son reconocidos por todos; en primer lugar, por el propio establecimiento político mexicano, incluido el gobierno, que con sentido autocrítico los asume como un error de la dirigencia de la Revolución Mexicana, obligada entonces por las circunstancias a pactar con la tradicional oligarquía estatal en perjuicio de los sujetos históricos de la Revolución: las etnias, los campesinos y, en general, las clases desposeídas; una posición que cobra relevancia si se toman en cuenta los desmesurados esfuerzos de las derechas –mexicanas y latinoamericanas– por involucrar a Cuba, al movimiento revolucionario guatemalteco, y desde luego al Frente Sandinista, como proveedores de armas sofisticadas o como instigadores del conflicto, por decir lo menos.
Las ventajas para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han sido aprovechadas con creces tanto por su dirigencia como por los otros sectores identificados con las demandas populares del estado de Chiapas, que incluyen a la jerarquía católica en la más pura tradición de Fray Bartolomé de las Casas, su obispo primigenio. La primera y más importante de todas estas ventajas ha sido la conciencia –más o menos plena– de todos los actores acerca de las raíces nacionales del conflicto y acerca de la imposibilidad de manejarlo en el marco de la fenecida confrontación Este-Oeste, así como de encasillarlo en alguna de las categorías de sus remanentes ideológicos.
Esta conciencia se ha traducido en una ventaja extraordinaria en el campo de la comunicación social: ideológicamente desinhibidos, los medios masivos nacionales han informado con profusión acerca del fenómeno y de su desarrollo; no es exagerado afirmar que el conflicto de Chiapas no ha perdido el primer plano desde su inicio. Es cierto, en una proporción considerable, que el morbo ha sido una motivación importante en términos de información: desde la supuesta confrontación ideológica del obispo Samuel Ruiz García con la Conferencia Episcopal Mexicana, con el nuncio papal, y hasta con Juan Pablo II, incluso el prefabricado simbolismo sexual del subcomandante Marcos, pasando por la afectada expiación por desviación ideológica de algunos intelectuales y políticos de izquierda, han estado presentes –abiertamente o entre líneas– en todos los medios de información; a veces para subrayar la noticia y otras simplemente para justificarla.
Pero más que los medios nacionales, ha sido la prensa internacional la que ha dado magnitud universal al conflicto de Chiapas, no por compromisos con la verdad y la justicia en libertad ni por simpatías con el EZLN y con los sectores que lo apoyan, ni mucho menos con las etnias locales, los campesinos y las clases desposeídas del estado, sino por una actitud –consciente o no– francamente antimexicana o, más concretamente, antisistema mexicano: para subrayar la supuesta falta de democracia en México, para enrostrar a este país las profundas contradicciones de que adolece frente a sus pretensiones de ingresar en el primer mundo, para demostrar a este primer mundo sus cálculos equivocados respecto a México y para cobrar a México su histórica solidaridad con todos los movimientos nacionalistas y antiimperialistas de América Latina y el Caribe; es decir, para cobrarle y resquebrajar aún más su propia independencia, para atajarlo en su nuevo impulso –acertado o no– hacia el desarrollo.
Precisamente la inserción de México en la globalización de la economía mundial (su membresía en el TLC y su participación en la OCDE) es otra ventaja para la dirigencia del conflicto chiapaneco: ni a Estados Unidos y Canadá ni a ninguno de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos conviene una guerra en México, aunque sea localizada; ciertamente, no les conviene en términos económicos, pero mucho menos en términos políticos, pues revelaría la tremenda incapacidad de sus servicios de inteligencia –o de sus dirigencias, si hubiesen recibido la información correcta y oportuna–, y reforzaría más aún las posiciones de las fuerzas políticas de cada uno de estos países que se han opuesto con vehemencia al ingreso de México en estas organizaciones.
El conflicto de Chiapas, entonces, con toda su legitimidad histórica, con toda la solidaridad que despierta entre las fuerzas progresistas latinoamericanas y del mundo, con todo el justo compromiso contraído en su favor por el establecimiento político mexicano, incluidas las fuerzas de centro-derecha, está más que sobredimensionado; y en este sobredimensionamiento también está involucrado el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, que no pudo manejarlo con la misma eficiencia que manejó la lucha en el frente de la inserción de México en la globalización de la economía mundial. Aún es temprano para calificar el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León con relación a Chiapas, pero sin duda puede afirmarse que sus primeros pasos van en la dirección correcta.
Sin subestimarlo ni quitarle un ápice de su legitimidad, sin regatearle solidaridad, o mejor aún por solidaridad activa y efectiva –por una pronta solución real y definitiva–, es obligado luchar por reposicionar el conflicto chiapaneco, ubicándolo en sus fronteras naturales y dándole su dimensión real; reconociendo, para empezar, que en Chiapas se rompió el consenso estatal, que ahí ya no existe más el contrato social original, y que esta realidad sólo debe incidir en la federación en la proporción que le corresponde. Evidentemente, hay elementos del conflicto chiapaneco que son comunes a varios estados –sobre todo en los del sureste–, pero no son iguales, es decir, no son generalizables; si lo fueran, todo México estaría en crisis profunda, y no sólo el estado de Chiapas.
Obviamente, el redimensionamiento del conflicto chiapaneco es urgente; de lo contrario, la dinámica de la coyuntura y su magnificación a través de los medios de comunicación –a muy corto plazo– terminarán por dar normalidad a la sobredimensión actual: un problema gravísimo, porque dará al conflicto categoría psicológica, convirtiéndolo en el factor principal de motivación política a nivel nacional, es decir, potenciando las condiciones objetivas locales, del estado de Chiapas, con las condiciones subjetivas nacionales, de la federación: la relación estado-federación, entonces, representa la clave del redimensionamiento del conflicto chiapaneco.
Dándole una especial relevancia simbólica, el presidente Zedillo Ponce de León orientó la solución en esta dirección en Magdalena de Kino, ciudad natal de Luis Donaldo Colosio Murrieta, donde inició sus giras de trabajo; ahí, en efecto, en la reunión que sostuvo con los alcaldes del estado de Sonora, el presidente formuló su nueva política federal, una política que reivindica la autonomía de los estados relativizando al mismo tiempo el poder de la federación. Es urgente someter a prueba esta política en el estado de Chiapas, reconociendo a los chiapanecos el derecho y la responsabilidad correlativa de resolver su propio conflicto, con el compromiso solemne de que la federación respaldará esa solución, tanto en el ámbito político como en el financiero, que sin duda será cuantioso.
Con una velocidad mucho más que proporcional, en la medida que se difiere la solución política negociada, se acerca la guerra, y ninguno de los dos escenarios bélicos extremos es una solución revolucionaria: una rápida derrota del EZLN, como lo desea la extrema derecha, supone un elevadísimo costo humano y en destrucciones materiales, y probablemente liquidaría el proyecto liberal-socialista que con relativo éxito ha logrado desarrollar la Revolución Mexicana; en cambio, un rápido empate de ambas fuerzas, como lo espera la extrema izquierda, estimularía la violencia armada en los estados vecinos, y una nueva escalada de la confrontación militar en Guatemala, en un momento universal que no se vislumbra –ni remotamente– un triunfo revolucionario.
Hoy por hoy, entonces, la fuerzas progresistas de todas las latitudes sólo pueden apostar a una solución integral y pacífica del conflicto de Chiapas. No se trata, pues, solamente de compartir solidaridad revolucionaria con el movimiento zapatista de Chiapas y el gobierno mexicano, que tanto se la ha ganado a lo largo de este siglo, sino de actuar objetivamente: las emociones son malas consejeras, más aún cuando existe una virtual guerra de por medio.
