SAN LUIS POTOSI, SLP.- Las contradicciones del gobierno de Horacio Sánchez Unzueta, que no acaba de consolidarse, se manifestaron durante los conflictos posteriores a las elecciones municipales del 4 de diciembre y se agudizaron en vísperas de las tomas de posesión de los nuevos alcaldes.
Tomas de alcaldías, plantones y bloqueos carreteros a lo largo del estado, por parte de militantes de las tres fuerzas políticas de la entidad (partidos Revolucionario Institucional –PRI–, Acción Nacional –PAN– y de la Revolución Democrática –PRD–), salieron del control gubernamental.
Pese a que Sánchez Unzueta machacó que se haría respetar la legalidad sin miramientos hacia ningún partido, las acciones sólo se han dirigido a miembros del PRD y a un militante del PAN.
Cuatro perredistas y un panista del municipio de San Martín Chalchicuautla –situado en la región huasteca– tienen autos de formal prisión, y sobre otras 30 personas de la misma localidad pesan órdenes de aprehensión por los delitos de resistencia de particulares y privación de la libertad, luego de que el 11 de diciembre demandaban presenciar el cómputo de votos en la Comisión Municipal Electoral y bloquearon el acceso en el recinto.
Sin embargo, el seguimiento de los procesos judiciales no ha tenido la misma eficacia en las denuncias interpuestas contra priístas. El mismo día 11, militantes del partido oficial tomaron las instalaciones del Comité Municipal Electoral (CME) de la demarcación de Cárdenas, y sólo se giró una orden de aprehensión, que no ha sido cumplida.
Ocurre lo mismo con al menos ocho querellas por delitos electorales que la dirigencia estatal del PAN interpuso contra funcionarios gubernamentales y priístas. Incluso se presentaron acusaciones por parte de presidentes del CME contra priístas y contra el presidente de la Comisión Estatal Electoral, Gonzalo Benavente González, que tampoco han procedido.
En Villa de Reyes –uno de los municipios impugnados hasta la segunda instancia del Tribunal Estatal de lo Contencioso Electoral (TECE), y en donde se reconoció al candidato priísta como triunfador–, el presidente del CME, José Paz Espinoza Hernández, rindió un informe en el cual aseguraba haber sido “presionado mucho” para que su actuación fuera en favor del PRI. El documento enviado al TECE avala las pruebas para anular los comicios, como lo demandó el PAN.
En Rayón, la presidenta del CME, Genoveva Canseco, interpuso una denuncia penal contra Benavente González –quien se ha declarado apartidista– y contra priístas, porque fue amenazada con asesinar a sus hijas si no daba la constancia de mayoría al candidato del PRI.
Sobre el funcionario estatal también recae una acusación por delitos comiciales, presentada por el PRD, por “interferir en el desarrollo del proceso electoral” de Villa de Ramos. Según el oficio 01/122/94, Benavente solicitó al CME rechazar los recursos de inconformidad del Partido de la Revolución Democrática.
El reiterado discurso de la imparcialidad de las instancias electorales chocó con las resoluciones del TECE. El caso más claro fue el de Villa Fernández, donde los recursos de impugnación del PAN para anular los resultados de dos casillas de las ocho instaladas –que revirtieron la tendencia en favor del candidato panista, y con ello los comicios– fueron rechazados y se dio el triunfo al PRI.
De hecho, la mayor parte de los recursos interpuestos por el PAN y el PRD fueron rechazados, pese a las irregularidades electorales exhibidas.
Todo ello agudizó las protestas y los actos de resistencia civil de militantes del PRD y del PAN en al menos 15 alcaldías, y en una por priístas.
Contra lo pregonado por Horacio Sánchez Unzueta de que no negociaría con los partidos de oposición, su secretario general de Gobierno, Jaime Suárez Altamirano, lo ha tenido que hacer al menos en ocho municipios, donde intentó concertar para que los opositores disolvieran las movilizaciones que realizan. No lo ha conseguido.
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