Un rancho comprado por una empresa del entonces presidente de la República en 1976, con objeto de convertirlo en el plantel Cuernavaca del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (Ceestem), es ahora residencia del matrimonio Echeverría-Zuno, que lo usó de punto de apoyo –la palanca fue el propio Ceestem– para comprar otros 13 predios adyacentes con una superficie de 96,000 metros cuadrados y para apoderarse de unas 13 hectáreas propiedad de la nación.
Fue en esta superficie donde el Ceestem propició un desarrollo inmobiliario que ofrece más de 200 residencias de lujo y construye un centro comercial que abastecerá a la cuarta parte de Cuernavaca y le brindará servicios financieros, culturales, recreativos, de medicina especializada y de hotelería.
La empresa Investigaciones Agroindustriales, Sociedad Anónima, creada por Luis Echeverría cinco meses antes de abandonar la Presidencia de la República –constituida el 9 de junio de 1976, por escritura pública número 69276, y con el permiso 14081 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)–, compró a la señora Soledad Orozco, viuda del expresidente Manuel Avila Camacho, el rancho La Soledad.
Entre los objetivos de la empresa, registrados igualmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, estaban la instalación y operación de viveros y laboratorios de investigación genética y de desarrollo pecuario, así como “la divulgación a personas físicas e instituciones públicas o privadas” de “todas las experiencias que se obtengan durante el desarrollo de las actividades sociales”.
Pero además de prever actividades como la investigación en “apicultura, avicultura, cunicultura, porcicultura, piscicultura, floricultura y horticultura”, el permiso de la SRE facultaba a la empresa para “la adquisición de bienes muebles e inmuebles previos los permisos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que sean requeridos por la ley”.
Dedicado en parte hasta la fecha como vivero de plantas de ornato por doña María Esther Zuno de Echeverría, y rebautizado como Los Laureles, el rancho La Soledad fue el principio de una serie de complejas, pero exitosas maniobras legales e ilegales que lo hicieron crecer.
Investigaciones Agroindustriales cambió dos veces de razón social –primero se convirtió en Morelos Inmobiliaria, Sociedad Anónima, y luego añadió la especificación de Capital Variable– hasta que una notaría pública sumó a los linderos de La Soledad dos terrenos federales donde Morelos Inmobiliaria, asociada con otras firmas constructoras y con particulares, empezó a erigir el complejo comercial Paseo del Río –el cual estará terminado en 1995– y el fraccionamiento residencial Bosques de la Cañada, que, a partir del año pasado, se publicita del modo siguiente:
En el conjunto habitacional, que dispone de dos canchas de futbol, instalaciones de juegos infantiles, una pista para paseo en motocicleta y un arroyo natural “en buen estado”, usted “puede invitar a sus familiares y amigos a convivir en un pic-nic, jugar futbol y andar en bicicleta, respetando la privacidad de sus vecinos y además disfrutando de uno de los mejores climas del mundo: La Eterna Primavera”.
La tercera sección, que es la última etapa en construcción de Bosques de la Cañada, área conectada a la Sierra del Ajusco, ofrece cada residencia a 725,000 nuevos pesos, a cambio “de 385 metros cuadrados de terreno, 180 de construcción, con tres recámaras, tres baños, dos garajes, alberca, jardín y cuarto de servicio”.
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Aunque las ventas empezaron a finales de 1993, debe reconocerse que, en el desarrollo y nuevo orden económico de esta parte del noreste de Cuernavaca, Kurt Waldheim, José López Portillo y Antonio Riva Palacio tuvieron algo que ver. El primero, porque en junio de 1975 colocó la primera piedra del Ceestem y en septiembre de 1976 apadrinó su parto; el segundo, porque durante todo su sexenio subsidió ese proyecto del expresidente con una cifra que llegó a 200 millones de pesos anuales sustraídos del erario, y el tercero, porque lo autorizó para apropiarse y fraccionar terrenos federales.
La historia es la siguiente:
Una vez que, el 12 de diciembre de 1974, la Organización de las Naciones Unidas había aprobado la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados promovida por el presidente, el secretario general de la agrupación mundial, Kurt Waldheim, colocó en la calle Porfirio Díaz número 50 de San Jerónimo Lídice, ciudad de México, la primera piedra del Ceestem. Era junio de 1975.
Un mes después, en agosto, el presidente Echeverría compró apresuradamente, por medio de presiones, una finca en Chiapas. Y un año más tarde, la empresa Investigaciones Agroindustriales, dirigida por el viverista japonés Mario Zyunzo Oguri Ito, adquirió en 16 millones de pesos a la viuda del expresidente Avila Camacho los 35,078 metros cuadrados de La Soledad, de acuerdo con la escritura número 25517 del Registro Público de la Propiedad.
Versiones ampliamente difundidas en los círculos políticos de Morelos sostienen que, desde 1958, tres años después del fallecimiento de Avila Camacho, su heredera dejó de pagar los impuestos catastrales y servicios públicos. Así, acumuló una gran deuda que obligó a la viuda a vender la propiedad, aunque el libro 140, volumen II, serie A, fojas 41, número 31 del Registro Público, asegura que la compraventa se realizó “sin presión de ninguna índole”.
Mario Oguri, hijo del reconocido viverista internacional a quien Echeverría nombró director de Investigaciones Agroindustriales –ya fallecido–, manifestó a Proceso que la designación de Echeverría tuvo su origen en las relaciones que el especialista japonés mantenía con investigadores internacionales, que podrían prestar servicios importantes al plantel Cuernavaca del Ceestem, que durante dos años (1976-78) efectivamente llegó a operar como un plantel del Ceestem, pero con pequeños proyectos de mejoramiento de fertilizantes y semillas, cultivo de peces y floricultura.
Oguri comentó que fue Echeverría mismo quien dio el dinero para la compra del rancho y quien también aportó los 50 millones de viejos pesos con que se formalizó la apertura de acciones de Investigaciones Agroindustriales. “Yo mismo ayudé a cargar el dinero”, aseguró.
De inmediato, Echeverría centró su atención en dos terrenos federales contiguos: una cañada de aproximadamente 50 hectáreas conectada con la Sierra del Ajusco y una zona de alrededor de tres hectáreas ribereñas del antiguo río Atzingo.
Mario Oguri reveló que, apoyados en los objetivos de Investigaciones Agroindustriales y el proyecto del Ceestem, intentaron conseguir ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) el usufructo de los terrenos federales, donde Echeverría pretendía establecer un presunto campo de actividades agroindustriales con “tecnología de punta.
“En el lugar se había planeado instalar –precisa Oguri– cultivos de invernadero cuya producción estuviera orientada a influir en los precios internacionales. Incluso ya se había contactado a más de 200 investigadores de diferentes partes del mundo, porque la cosa iba en grande.”
La SARH rechazó la solicitud para que Investigaciones Agroindustriales hiciera uso de los terrenos federales en las actividades del Ceestem, cuyo proyecto –añade Oguri– incluía “la construcción de otros planteles en las ciudades de Matehuala y Cozumel, donde se instalarían tanques de producción piscícola. Ya hasta un estudio técnico se tenía para llevarlo a cabo”.
A su juicio, la idea de Echeverría no era mala: “perseguía un fin social, pero desafortunadamente le faltó tiempo. Si él hubiera tenido dos años más de poder, eso ahorita sería uno de los centros de investigación agrícola más importantes a nivel mundial”.
El padre de Oguri murió de enfisema pulmonar, se perdieron los contactos que tenía, e Investigaciones Agroindustriales pasó “a manos del cuerpo administrativo”.
Las cosas, dice, cambiaron desde entonces. Tanto, que en 1979, la empresa modificó su razón social por la de Morelos Inmobiliaria, Sociedad Anónima, que, de acuerdo con la escritura 30072, tenía ya muy distintos objetivos: “la compraventa, (el) fraccionamiento, (la) subdivisión, lotificación, urbanización, (el) régimen de propiedad en condominio y (la) construcción, administración de todo tipo de inmuebles”.
El 2 de marzo de 1983 –nueve meses antes que Echeverría anunciara la desaparición del Ceestem–, la empresa solicitó un nuevo cambio de razón social. Ahora se llamaría Morelos Inmobiliaria, SA de CV, conforme a la escritura número 2996, otorgada por el notario público número 2 de Cuernavaca, Hugo Salgado Castañeda.
Según el libro XXX, volumen II, número 65 del Registro Público, la modificación se hizo previo permiso de la SRE número 0001367, expediente 557699, y como nuevo administrador de la empresa se nombró a José Luis Pontones Llarena, quien junto con el notario Salgado Castañeda se encargó de los trámites para la legalización, lotificación y venta de la zona federal, donde hoy se sitúa Bosques de la Cañada. Ahora, el mismo notario es socio y participa en las actividades comerciales del fraccionamiento.
Es precisamente en ese año, 1983, cuando, según el representante del grupo ecologista Taller Espacio Verde, Armando Mojica Toledo, la empresa de Echeverría “cerró arbitrariamente el acceso a los terrenos de la cañada”, con apoyo de los cuerpos policiacos del gobierno estatal.
Dice que, mientras éstos se dedicaban incluso a la custodia del terreno, llegó la maquinaria y se inició la tala de árboles y el nivelamiento de los cerros. También se modificó el curso natural del agua. Los trabajos, precisa, iniciados a finales del sexenio del gobernador Lauro Ortega, concluyeron durante la administración de Antonio Riva Palacio, “sin los permisos correspondientes y con la complacencia del gobierno local”.
Popularmente conocida como Los Pinos o La Presa, la cañada era la principal área verde con que contaban las familias locales para convivir y hacer deporte, en medio de pozas de agua cristalina que descendía del Ajusco. Era tan apreciada la zona por la población, que los integrantes de Taller Espacio Verde intentaron convencer a Echeverría en 1990 de que la donara como área de recreación. “Se lo planteamos –dice Mojica– durante una entrevista que se acordó a través de su hijo Pablo Echeverría Zuno, quien en aquel entonces formaba parte de nuestra agrupación”.
Un tanto confundido por la solicitud, “Echeverría nos pidió tiempo para pensarlo, y al final nos obsequió un ejemplar del libro Salvemos la Tierra, traducido al francés, que había adquirido durante un reciente viaje a Francia”.
Y, precisamente, uno de los receptores de tan notable regalo, el mismo Armando Mojica Toledo, sería después regidor de Ecología en Cuernavaca durante el trienio de 1991 a mayo de 1994. Mojica informa ahora que, en 1991, el ayuntamiento sancionó en diversas ocasiones a las empresas constructoras Makimor y Desarrollo Absa por haber iniciado la obra sin la licencia de construcción correspondiente ni el estudio de impacto ambiental en la misma cañada.
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos se había percatado de la tendencia al crecimiento subrepticio de La Soledad, y así lo dio a conocer en un oficio que está en poder de Proceso, fechado el 20 de abril de 1988, y firmado por el delegado de la SARH, Sergio H. Verduzco Peñuelas, con el número 719.04.02.01/468. Allí, la dependencia advierte a Inmobiliaria Morelos:
“Asunto: que se respete terreno de zona federal.
“Personal de esta delegación estatal a mi cargo observó que esa inmobiliaria se encuentra lotificando terrenos de su propiedad que colindan con terreno de zona federal de la margen izquierda de la barranca Tetela, determinada propiedad nacional con la declaratoria número 178 de fecha 28 de mayo de 1924, en el tramo localizado a la altura de la calle Manuel Avila Camacho de la colonia Tlaltenango, perteneciente al municipio de Cuernavaca, Morelos.
“En virtud de que la zona federal de referencia se encuentra debidamente demarcada con postes de concreto, se deberá abstener de invadir el límite de referencia a efecto de no hacerse acreedor a sanciones que marca al respecto la ley federal vigente, respetando las mojoneras que marcan el límite del área federal.
“Sin otro particular, reitero la seguridad de mi atenta consideración.”
Dieciocho meses después de esta advertencia, el gobierno de Antonio Riva Palacio López otorgó a Inmobiliaria Morelos un permiso para fraccionar e iniciar la venta: oficio D-301-89 de la Dirección de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, emitido el 19 de diciembre de 1989 y firmado por el gobernador; el secretario de Desarrollo Urbano, Elías Gómez Azcárate Ramírez, y el director de Fraccionamientos, Luis Paniagua Chávez.
Una porción de 3,657 metros cuadrados fue vendida en 1990 a César Turati Figueroa –consta en escritura pública 38758 del 11 de abril de 1990–, amigo de la familia del expresidente, quien con otros cinco socios construyó lo que hoy lleva el nombre de Plaza Laurel. El precio de compraventa fue de 350 millones de nuevos pesos, según recibo 38,453,813,836 de la Dirección General de Catastro en el estado.
Igual que el notario Hugo Salgado Castañeda, varios particulares tienen intereses en este desarrollo inmobiliario de primer mundo. Tal es el caso de Rafael Harari, responsable de la venta de la segunda sección de las residencias de Bosques de la Cañada, quien, durante un recorrido por el área, confió al corresponsal –que pasó como ecologista– que Echeverría le había vendido 50,000 metros cuadrados a 90 dólares cada uno.
En esta sección, concluida a mediados de 1992, se edificaron 100 casas, cuyos valores oscilaron entre 300,000 y 600,000 nuevos pesos. La venta de la tercera sección corre a cuenta de la inmobiliaria Cortés Palos.
Según todos los indicios, Morelos Inmobiliaria, asociada igualmente a Cuernavaca Primavera, cuya propiedad también se atribuye al expresidente y está encargada del centro comercial Paseo del Río en un área de 26,195 metros cuadrados de la ribera del río Atzingo, no tendrá trabas en sus planes: la delegación de la SARH es ocupada ahora por Alvaro Echeverría Zuno, hijo mayor del expresidente, quien, en 1983, siendo jefe del área rural del Ceestem, hizo declaraciones contra el gobierno de Miguel de la Madrid y frustró la posibilidad de que se repusiera el retirado presupuesto oficial para el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.
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No fueron insignificantes las irregularidades cometidas a partir de Investigaciones Agroindustriales y el rancho La Soledad en Morelos:
–Los libros del Registro Público de la Propiedad y los expedientes de la Dirección Estatal de Catastro no explican cómo se realizó la transferencia de La Soledad o Los Laureles en favor de doña Esther (pues desde julio de 1989 es a ella a quien pertenece, según la cuenta 1100-06-018-001), quien también aparece como propietaria de cuando menos otros 13 predios en la misma zona con una extensión superior a 96,000 metros cuadrados y valor catastral de 220,000 nuevos pesos.
–No aparece en libros la forma en que Investigaciones Agroindustriales, convertida luego en Morelos Inmobiliaria, Sociedad Anónima (1979, escritura pública 30072), y después en Morelos Inmobiliaria, SA de CV (1983, escritura pública 2996, permiso de la SRE 0001367, expediente 557699), se adjudicó las aproximadamente diez hectáreas federales dedicadas hoy al fraccionamiento de Bosques de la Cañada y el predio adyacente a la Barranca Tetela, donde se erige el imponente centro comercial, justo enfrente de la casa del matrimonio Echeverría-Zuno.
Pero tampoco fueron las únicas irregularidades cometidas en el país a partir del proyecto del Ceestem.
Oficialmente, no hubo presiones para que el presidente Echeverría comprara en Chiapas, en 1975, la finca denominada La Argentina –hoy en terreno zapatista de la Selva Lacandona–, pero según el antiguo dueño del predio, Miguel Angel Bodegas Muñoz, el entonces gobernador Manuel Velasco Suárez “me indicó que había solicitudes de dotación agraria sobre la finca, y me dijo que él no me podría garantizar que la propiedad no fuera expropiada. Ante eso…”:
El Registro Público de la Propiedad de Tapachula (página 214 del volumen primero, año 1975, número 505) asentó: “Predio rústico denominado La Argentina, municipio de Tuxtla Chico, vendido al señor licenciado Luis Echeverría Alvarez” (Proceso 292).
Por esos días, la prensa local proclamaba que La Argentina sería utilizada para instalaciones y laboratorios de la Universidad del Tercer Mundo que, con el tiempo, podría ayudar a salir de su postración a los pueblos oprimidos.
Dados estos fines altruistas, también podía disculparse el hecho de que el notario Jesús Marcelín Solís hubiera inscrito la escritura en el Registro Público de la Propiedad dos meses antes de que, en el mirador del histórico Cañón del Sumidero, Echeverría finiquitara el trámite. A Bodegas le pagaron 800,000 pesos y, magnánimos, le ofrecieron dejarlo levantar su última cosecha de café, “pero luego comenzaron los problemas con el administrador de entonces, el señor Carriles. Y dejé el asunto por la paz”, se quejó el antiguo dueño.
En muchas de las propiedades adquiridas por el Ceestem había quejas de abandono y explotación laboral.
En Nayarit, donde el Ceestem instaló un centro de investigación piscícola, los trabajadores se hallaban en condiciones precarias y afirmaban que durante tres años de operación no habían hecho prácticamente nada, en particular porque no recibían información.
En la finca chiapaneca La Argentina, los peones denunciaban que no recibían salario mínimo ni el pago por séptimo día, y que se les obligaba a trabajar turnos de 12 horas sin compensación por tiempo extra.
En Tabasco, con los ranchos Los Pinos y Las Lilas, ocurría algo parecido. Pero aparte de que los trabajadores no recibían el salario mínimo local ni tenían derecho a Seguro Social ni, mucho menos, a aguinaldo, se habían producido irregularidades un poco más elaboradas.
El rancho Las Lilas, con una extensión de 101 hectáreas y un valor superior a 20 millones de pesos, había llegado a ser propiedad del “Banco de Crédito Rural del Golfo, cuyo director, el ingeniero Roberto Muñoz”, decía “desconocer cómo pasó a ser propiedad del Ceestem”. (Proceso 374.)
E inclusive la responsable del Departamento Jurídico del Banco de Crédito Rural del Golfo, antes Banco Agropecuario del Sureste, afirmaba que nunca supo que se hubiera tramitado legalmente el traspaso, aunque, señalaba, en el Ceestem hubo muchos comisionados del banco, que, por cierto, pagaba el impuesto predial.
