El equilibrio fiscal y la salud de las cuentas publicas, otros dos “mitos geniales” de Pedro Aspe

Desde 1990, surgió entre Pedro Aspe, secretario de Hacienda, y Ernesto Zedillo, secretario de Programación y Presupuesto (SPP), un alegato sobre la pertinencia de incluir la “intermediación financiera” en las cuentas fiscales.
Dicha intermediación es definida como el financiamiento otorgado por la banca de desarrollo al sector privado. Hacienda opinaba que, debido al saneamiento regulatorio y operativo de la banca de desarrollo, ya no era necesario incluir, en las cuentas públicas, los recursos que canaliza al sector privado.
La SPP opinaba lo contrario, a partir del argumento de que dicho financiamiento ejercía presión sobre el gasto agregado de la economía y que, además, buena parte del crédito implicaba un riesgo fiscal en caso de quebrantos.
Hacienda “ganó” la discusión en el gabinete económico, entre otras razones porque, según ella, eliminar la intermediación permitiría alcanzar (pero sólo en sus cuentas, o sea, en sus papeles) el “equilibrio presupuestal”.
El tiempo dio la razón a la SPP. El explosivo crecimiento de la intermediación financiera explica, en buena medida, el deterioro de la cuenta corriente. Hacienda hizo creer que dicho déficit tenía su origen exclusivamente en el gasto privado, ya que, en sus papeles, el sector público se había convertido en ahorrador neto. Pero eso era sólo en el papel. Y fue cuando se inició otro mito genial.
En 1993 el reacomodo de los portafolios de los inversionistas ayudó a México, así como a otros mercados llamados emergentes, entre ellos el argentino, a captar capital externo en montos importantes.
Estas entradas validaron, en apariencia, el argumento de la Secretaría de Hacienda: las finanzas públicas estaban “equilibradas” en el papel, y el déficit en cuenta corriente tenía “su propio financiamiento”.
El problema es que las entradas de capital en 1992 y 1993 sólo reflejaron un cambio de portafolio, principalmente de los inversionistas institucionales. Esto lo sabía la Secretaría de Hacienda, pero decidió arriesgarse con el mismo esquema un año más.
En 1994, los conflictos políticos propiciaron un cambio gradual, pero –claro– en el flujo de capital. Hacienda siempre atribuyó la disminución de las entradas de capital, especialmente a partir del segundo semestre, a problemas de coyuntura política, y defendió su programa que, según ella, exigía cumplir su compromiso “verbal” con los inversionistas financieros del exterior de no alterar la política cambiaria.
El estado de la cuenta corriente no se explicaba sólo por las entradas de capital, las cuales, de hecho, habían validado temporalmente un déficit encubierto de las finanzas públicas.
Fue hasta principios de diciembre pasado cuando, por razones fundamentalmente políticas, se desató un retiro de capitales mayor y quedó al descubierto que el déficit en cuenta corriente no tenía un origen exclusivo en el gasto privado: había también una presión fiscal importante.
Antes, a mediados de noviembre, el equipo de Zedillo propuso a Salinas un reconocimiento de la situación, incluyendo un ajuste en el tipo de cambio.
Pero Aspe se opuso a la recomendación y dijo que no había que hacer ningún ajuste, ya que 1994 cerraría con “equilibrio fiscal”. Era otro mito genial.
El paquete económico para 1995, dejado por Aspe, maquilló el cierre de 1994 y el marco macroeconómico base. A pesar de que el nuevo equipo de la Secretaría de Hacienda percibió el problema, no supo o no tuvo tiempo de llegar al fondo del desajuste:
Un cierre fiscal de 1994 que sobrestimó ingresos, presiones de gasto que se heredarían a 1995, un déficit severo de intermediación financiera y un debilitamiento del sector financiero.
Además, Aspe dejó abierto otro flanco potencialmente desastroso. El desfalco potencial de los Tesobonos tiene su origen en que se están utilizando para respaldar compromisos de gasto de largo plazo.
En caso de que la crisis se agudice, los Tesobonos podrían verse cuestionados severamente por los inversionistas como un instrumento efectivo de cobertura cambiaria.
En el nuevo gobierno, los funcionarios responsables –con Serra Puche a la cabeza–, que fueron igualmente colaboradores del régimen de Salinas, se mostraron incapaces de afrontar con eficacia las deficiencias heredadas. Había mentiras contables y financieras por todas partes.