En medio de la turbulencia financiera, con el descrédito nacional e internacional encima, y a punto de perder el control de la economía, el presidente Ernesto Zedillo se decidió por fin a encarar la crisis posdevaluatoria: reconoció fallas en su estrategia económica, aceptó que su equipo económico se equivocó, pero, sobre todo, responsabilizó al gobierno de Carlos Salinas de Gortari de gran parte de la crisis que hoy tiene conmocionado el país y que augura, en palabras del propio mandatario, más sacrificios para la población, menos oportunidades de empleo, peores niveles de bienestar.
El sueño, pues, se acabó. De manera dramática, el país dejó la antesala del primer mundo, que tanto festejó el gobierno anterior.
Al enmendarse la plana, el jueves 29, el presidente Zedillo lanzó un abierto yo acuso a su antecesor, que –dijo– le dejó una economía “muy vulnerable. El tamaño del déficit de la cuenta corriente y la volatilidad de los flujos de capital con que se financió hicieron muy vulnerable nuestra economía”.
La inestabilidad de los mercados financieros, la huida de capitales, la desconfianza y el descrédito nacional e internacional hacia su gestión, que se agudizaron los días siguientes al anuncio de la ampliación de la banda de flotación del tipo de cambio y a la posterior salida del Banco de México del mercado de cambios, hicieron que el presidente adelantara el mensaje que tenía programado para este lunes 2 de enero.
La noche del miércoles 28 hubo una reunión urgente, en Los Pinos, del gabinete económico. El acuerdo fue unánime: las cosas no podían esperar más y había que dar la cara a la nación, y al mundo. Periodistas nacionales y extranjeros fueron convocados a la residencia oficial la tarde del jueves 29. El presidente Zedillo reconoció la gravedad de la crisis, anunció un Programa de Emergencia Económica, acusó al gobierno anterior y tuvo que guillotinar políticamente a su amigo del alma, Jaime Serra Puche –fueron condiscípulos en la Universidad de Yale–, que no duró ni un mes como secretario de Hacienda y Crédito Público.
Con ello reconoció de manera implícita que se equivocó. Serra Puche falló en la instrumentación de una medida –la ampliación de la banda– que al gobierno le pareció técnicamente correcta. En la nueva realidad, no encajaba el efímero secretario de Hacienda, quien se convirtió en factor de inestabilidad, desconfianza y descrédito. “Para concertar, integrar y poner en ejecución el Programa de Emergencia Económica con la eficacia y credibilidad que reclaman las circunstancias, he decidido aceptar la renuncia del doctor Jaime Serra Puche como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien será sustituido por el doctor Guillermo Ortiz Martínez”, dijo Zedillo.
El presidente, empero, enfocó sus baterías contra el gobierno anterior, que no quiso atender una serie de desequilibrios acumulados, que cometió excesos, postergó soluciones y le legó una economía sujeta con alfileres.
La acusación fue directa, aunque jamás dijo nombres: “el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos llegó a ser tan grande durante los últimos años, que dadas las circunstancias internas y externas, era insostenible. Es preciso reconocer que hubo una subestimación del problema, y esta subestimación fue sumamente grave”, dijo.
El presidente mismo detalló la magnitud del déficit; es decir, del saldo negativo entre las importaciones y las exportaciones de mercancías y servicios, que fue de casi 25,000 millones de dólares en 1992, de 23,000 millones en 1993 y de casi 28,000 en 1994.
Este último año, informó, el déficit significó un 8% del producto interno bruto, mientras que –comparó con el último año de los tres sexenios anteriores– en 1976 fue de 4% del PIB; en 1982, de 3%, y en 1988, de poco menos de 1%.
“Demasiado grande”, dijo, el déficit que le dejó Salinas. Tanto, que el Banco de México, con reservas que fueron menguando a lo largo del año –como efecto de la fuga de capitales, la demanda explosiva de dólares y la creciente reticencia de capitales externos a venir al país, derivada sobre todo de factores políticos–, ya no pudo financiarlo más y tuvo que salir del mercado cambiario para que el precio del dólar se “ajustara libremente”.
Explicó y criticó Zedillo: “normalmente el saldo negativo en la cuenta corriente se compensa con entradas de capital hacia nuestro país; hubo entradas de capital privado para inversiones directas, pero principalmente flujos de capital invertidos en instrumentos financieros líquidos de corto plazo”. Se refería a los capitales que se dirigían sobre todo a la bolsa de valores y que podían salir con la misma facilidad con que ingresaban. “El que hayan venido capitales a México –prosiguió– y que eso nos haya ayudado a pagar por las importaciones de materias primas y de bienes de capital, no es en sí mismo malo; lo malo fue el exceso”.
En efecto, una y otra vez, Pedro Aspe Armella y Carlos Salinas hacían cuentas alegres y minimizaban la magnitud del déficit en la cuenta corriente. “¿Por qué tenemos déficit?”, se preguntó Salinas en una entrevista que le hizo, en noviembre, Grupo Editorial Expansión, y en la cual se respondió: “porque éste proviene de las entradas masivas de capital, y nosotros queremos que siga entrando capital foráneo en México, y mientras se den estas entradas masivas de capital, vamos a seguir teniendo déficit comercial. Pero eso nos está permitiendo, con las entradas de capital, crear una infraestructura productiva mejor, ser más eficientes”.
Y ejemplificó optimista: “Japón tuvo déficit comercial durante 50 años, y hoy es el exportador principal en el mundo”.
Pero los flujos de capital externo nunca estuvieron garantizados, se fueron cayendo durante el año, y Salinas no actuó. Así lo dijo Zedillo: “para compensar las menores entradas de nuevo capital y los retiros de capitales, durante 1994 el Banco de México utilizó montos importantes de las reservas internacionales. Esto se hizo con mayor intensidad cuando, frente a sucesos que han conmocionado el país, los inversionistas decidieron retirar sumas importantes de sus inversiones. Así ocurrió al estallar el conflicto en Chiapas, y ante la inquietud política que prevaleció a fines de febrero y principios de marzo; así ocurrió también ante los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, y así volvió a ocurrir con los acontecimientos más recientes en el estado de Chiapas”.
Pero Salinas no hizo caso del “tamaño del desequilibrio acumulado”, aun cuando desde el propio gobierno se le recomendaba atenderlo. Casos concretos, el de Guillermo Ortiz Martínez, entonces subsecretario de Hacienda, y el de funcionarios del Banco de México, que sugirieron al presidente, en agosto y luego en octubre –después del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu–, que modificara la política cambiaria para no vaciar las reservas.
En su discurso, Zedillo puso en duda la imagen de economistas brillantes y artífices del “nuevo milagro mexicano” que con tanto empeño se labraron Pedro Aspe Armella y Carlos Salinas de Gortari.
Inclusive Aspe Armella era equiparado con Antonio Ortiz Mena, quien obtuvo –después de dejar la Secretaría de Hacienda al término de dos períodos presidenciales– un reconocimiento internacional: lo nombraron presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Salinas, por su parte, recorre el mundo en plena campaña por presidir la Organización Mundial de Comercio.
Triunfalista, el 29 de mayo de 1993 Salinas visitó su alma mater, Harvard, donde se reunió con su antiguo maestro, John Kenneth Galbraith, Premio Nobel de Economía. Según uno de sus apologistas, Joaquín López Dóriga –Crónicas del poder, página 262–, en esa ocasión el maestro dijo de su discípulo:
“Espero que cuando Carlos Salinas acabe de enseñar, de dar clases a los mexicanos, vuelva aquí, a Harvard, a seguir dando clases… (Salinas) es uno de mis estudiantes más adelantados… me parece que bajo el presidente Salinas México ha encontrado una situación estable, de trayectoria estable, inteligente.”
En esa ocasión, Salinas también visitó el Instituto Tecnológico de Massachussets, alma mater de Pedro Aspe Armella, y el World Affairs Council, donde Lincoln Anderson, economista responsable del fondo de pensiones más grande del mundo, el Fidelity, elogió al entonces secretario de Hacienda de México.
De esos elogios reniegan ahora Anderson y otros manejadores de “fondos” invertidos en México: la devaluación del peso les hizo perder, según analistas estadunidenses, cerca de 10,000 millones de dólares.
A un mes de que Salinas y Aspe Armella dejaron el gobierno, Zedillo se empeña, directa e indirectamente, en demostrar que las capacidades y habilidades financieras de ambos no correspondían a la imagen que se les había fabricado.
CAMPAÑA ORQUESTADA
En efecto, además del distanciamiento explícito de Zedillo de las políticas seguidas y defendidas por Aspe Armella y Salinas, y de las acusaciones implícitas en su discurso del jueves 29, surgió en la prensa nacional una campaña para responsabilizar al gobierno anterior de la crisis económica que hoy se vive en el país. A los analistas independientes, convencidos de que Salinas no está exento de culpas, se sumaron articulistas –muchos de ellos, embozados gubernamentales– que arremetieron contra el expresidente. No hubo en la semana día en que no apareciera un escrito con esa intención.
Uno de ellos, pergeñado en la Secretaría de Hacienda –de acuerdo con fuentes de Proceso–, apareció el martes 27 en Excélsior, firmado con el pseudónimo de Héctor Camacho. En él, el autor dice que la administración anterior no dio “una solución de fondo” a los factores políticos de carácter coyuntural –en referencia a Chiapas y a los asesinatos políticos–, y califica de irresponsable el manejo económico de los dos últimos años: el mantener de manera rígida el tipo de cambio “generó la pérdida de competitividad de la economía mexicana, una reducción en el ahorro privado y una desacumulación de reservas internacionales”.
Además, revela que el déficit en la cuenta corriente se debió a “una falta de disciplina de la política fiscal”, por una exorbitante inyección de recursos de la banca de desarrollo y por la sobrevaluación “premeditada” de la moneda nacional. A ello se sumó “una incorrecta interpretación de los aumentos registrados por las tasas de interés en Estados Unidos, los cuales redujeron la disponibilidad de capitales externos para nuestro país.
“Cerrar los ojos ante esta problemática –insistió Héctor Camacho– sólo consiguió exacerbar los desequilibrios y vulnerar la economía mexicana que, como fue evidente durante los últimos meses, se vio afectada por diversos acontecimientos políticos que, además, se mantuvieron sin solución.”
Hubo también quienes señalaron la existencia de un “componente escondido del déficit público”, producto de la intermediación financiera –el financiamiento de los bancos gubernamentales al sector privado, que alcanzó la suma de 15,000 millones de dólares–, que las autoridades no incluían en las cuentas fiscales. El tan pregonado “equilibrio presupuestal”, según los especialistas, era una mentira.
Contra lo dicho por Salinas y Aspe Armella, analistas consideran que sí existía un importantísimo déficit del sector público que estaba siendo financiado por la banca de desarrollo (Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, sobre todo). Algunos llegaron a afirmar que este asunto debería examinarse a la luz de la ley de responsabilidades para funcionarios del sector público.
El boquete –disfrazado, maquillado– de 15,000 millones de dólares es una de las herencias más pesadas que deja Salinas –junto con la del conflicto en Chiapas– y que plantea, al nuevo gobierno, problemas serios para financiar los pagos al exterior.
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Frente al problema heredado, Zedillo, aunque reconoce fallas a la hora de enfrentarlo, pretende eximirse de culpas. Dice que su gobierno se propuso reducir paulatinamente esta vulnerabilidad “ajustando de manera gradual el déficit en la cuenta corriente y restituyendo la confianza para dar mayor permanencia a los flujos de capital del exterior”.
Pero: “esta estrategia no pudo sostenerse, lamentablemente, en virtud del tamaño del desequilibrio acumulado y de acontecimientos políticos que precipitaron la salida de capitales. El margen de acción para desactivar lenta y progresivamente el problema se agotó”.
En la lógica de su discurso, siempre, el gran culpable de la crisis es el gobierno anterior. Sin embargo, Zedillo y Serra Puche fueron parte de ese gobierno. Jaime Serra participaba en las reuniones de gabinete económico, y tema recurrente en ellas eran las continuas presiones al peso. En su trato frecuente con exportadores, el entonces secretario de Comercio supo de la exigencia de modificar la política cambiaria. Nada dijo. Con su nuevo cargo, en la actual administración, sostuvo siempre que no había necesidad de modificar el tipo de cambio. Así lo indicó a la prensa extranjera y mexicana y ante legisladores nacionales.
Zedillo, por su parte, si bien dejó el área económica desde principios de 1992, al pasar a la Secretaría de Educación, estuvo de acuerdo, al menos públicamente, con las políticas seguidas por las autoridades económicas. Inclusive, cuando era candidato del PRI a la Presidencia y luego presidente electo nunca hizo referencia a lo que ahora reconoce como abultado déficit en la cuenta corriente. Más aún, al dar a conocer el programa económico para este año señaló que mantendría la política cambiaria del gobierno anterior.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato contrincante suyo por el Partido de la Revolución Democrática, desde hace meses pareció en todo caso estar mejor informado. Hacia finales de octubre, en el curso de una reunión con estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara, el candidato perredista hizo esta declaración:
“La economía va de nuevo en picada, y ya llegó este año a un crecimiento negativo por habitante con un déficit acumulado en la cuenta corriente de la balanza de pagos de más de 60,000 millones de dólares… Este clima está llevando las finanzas del país hacia una devaluación de la moneda, medida que este gobierno está provocando, lo cual significaría un golpe difícil de asimilar para la población en general, y en particular para los asalariados… Mostraría, además, lo inútil del sacrificio impuesto por el gobierno durante más de diez años, al secar consciente y sistemáticamente las bases de la empresa productiva”.
En cambio, el presidente Zedillo actúa como si hubiera descubierto los “desequilibrios acumulados” apenas la semana antepasada, cuando se anunció la ampliación de la banda de flotación del tipo de cambio.
Menos aún reconoció, en su mensaje del jueves 29, los errores al instrumentar esa medida, que llevó, a los dos días, a la devaluación traumática: no supieron difundir con claridad, sorprendieron al país y a la comunidad financiera internacional cuando habían prometido otra cosa, y les faltó rapidez y oportunidad para enfrentar los primeros efectos de la medida del martes 20 –la ampliación de la banda– y luego, lo peor, tanto Serra como el presidente escondieron la cara. Después de su visita a Nueva York, el jueves 22, Serra no se apareció públicamente, y Zedillo no tocó el tema hasta ocho días después.
El aprendizaje fue tardío. Hasta el miércoles 28 y jueves 29 los hombres del dinero mexicanos y la comunidad financiera internacional, respectivamente, fueron informados –la última, por vía de las embajadas– de la nueva política económica que seguirá el gobierno de Zedillo, que será en el marco de experiencias ya padecidas.
En efecto, el gobierno de Zedillo deberá sujetarse a condiciones del Fondo Monetario Internacional –una misión del organismo ya está aquí desde el jueves– para poder hacer uso del fondo de apoyo financiero que se constituirá con recursos tanto de gobiernos de los principales países socios comerciales como de la banca privada internacional y de los organismos financieros multilaterales.
COMO HACE DIEZ AÑOS
El propio presidente dio a conocer, el jueves 29, la integración de ese fondo, como parte de los instrumentos con que podrán cumplirse los objetivos del Programa de Emergencia Económica, con el cual se pretende salir de la crisis: reducir el déficit en la cuenta corriente, crear condiciones para la pronta recuperación económica y evitar que los efectos de la devaluación deriven en una espiral inflacionaria sin control.
Los otros elementos de la estrategia anunciada son el virtual regreso a las políticas de hace unos diez años, cuando el entonces presidente Miguel de la Madrid anunciaba un drástico ajuste al gasto público, que implicó, entre otras cosas, un severo recorte en las estructuras gubernamentales y, en consecuencia, el despido de miles y miles de burócratas y trabajadores de empresas paraestatales.
En su turno, Ernesto Zedillo, apenas al mes de iniciado su gobierno –y luego de insistentes promesas en contrario–, aplicará “un ajuste fiscal que complemente el efecto de la devaluación sobre la reducción del déficit en cuenta corriente”.
Es decir, él mismo dijo, el ajuste fiscal “comprenderá una necesaria reducción en el gasto público respecto de lo programado hasta ahora para 1995”.
Parte de la estrategia será –anunció– un acuerdo entre los sectores productivos que con todo realismo económico “impida caer en una carrera entre devaluación e inflación”, y la aplicación de una serie de medidas privatizadoras –que no detalló– “para profundizar en el cambio estructural”.
Para el país, para el grueso de la población, el discurso: “el programa (de Emergencia Económica) tiene el propósito, sobre todo, de convertir lo que hoy es una situación crítica en una oportunidad de crecimiento sano y firme”.
Pero en lo inmediato: un alza brutal de las tasas de interés –el Banco de México emitió Cetes a 31%, casi al doble de como estaban la semana previa a la devaluación–, que desatará presiones inflacionarias, inhibirá la inversión productiva, postergará proyectos, estancará la economía, reducirá las oportunidades de empleo, cancelará expectativas y dañará aún más, reconoció Zedillo, los niveles de vida de la población.
“Efectos transitorios”, alentó el presidente.
