Señor director:
Existen elementos suficientes para concluir que las autoridades judiciales, las reformas del sistema de justicia y los programas y proyectos de profesionalización de los cuerpos policiacos no son para combatir a la delincuencia organizada sino a la verdadera oposición política de México, como lo están haciendo contra los luchadores sociales de la COCIP-CND.
La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, Organismo no Gubernamental (ANDH-ONG), fue comisionada para denunciar públicamente que, en este marco, varios dirigentes de organizaciones integrantes de la COCIP, la mayoría de los cuales han participado en las actividades de la Convención Nacional Democrática (CND), han sido objeto de persecución política y acoso policiaco por numerosos agentes vestidos de civil que tripulan automóviles sin placas y portan modernos aparatos de comunicación, así como cámaras fotográficas. Algunos de ellos han hecho amenazas graves a los dirigentes, directas y por teléfono.
Estas intimidaciones se han efectuado sobre todo a raíz de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) mandó a la Secretaría de Educación Pública un oficio fechado el 29 de septiembre de 1994, solicitándole, con carácter urgente, proporcionar información sobre una lista de personas, “para una investigación confidencial”. De este modo, sin que existan delitos reales, sin acusaciones directas ni cubrir los procedimientos formales, de esa lista de personas se solicitó información referente al historial académico, la dirección, el nombre de los padres, estado civil, número telefónico, etcétera. Entre las personas enlistadas se hallaban los compañeros y compañeras siguientes:
Lilia Vázquez García, profesora y secretaria general de la Sección 9 Democrática del SNTE-CNTE; Daniel Sandoval Arévalo, profesor y exsecretario general de la misma sección magisterial, y Magali Gallardo Martínez, coordinadora del Frente Nacional Democrático Popular (PNDP). Igualmente, se piden datos de Eli Homero Aguilar Ramírez, José Jiménez Magaña, Alejandro López Villanueva, Adolfo López Villanueva y Enrique Reynoso Esparza, dirigentes del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), quienes en su contra tienen arbitrarias órdenes de aprehensión.
Además, sin estar en esta lista, sufren la misma forma de represión política indígenas integrantes de la Organización de Acción Campesina Independiente 13 de Octubre (OACI-13).
Todos tienen el único “delito” de ser luchadores sociales honestos y dignos, que han actuado siempre dentro de la legalidad.
Exigimos a las nuevas autoridades de la Secretaría de Gobernación, de la PGJDF y de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública que cesen inmediata e incondicionalmente la “investigación” secreta, la vigilancia arbitraria, las amenazas, el hostigamiento y la intimidación contra estas personas, y las responsabilizamos de su integridad física y la de sus familiares.
Con la represión política, el gobierno mexicano intenta detener la lucha histórica de liberación de nuestro pueblo, pero no lo logrará. (Carta resumida.)
Atentamente
Por la COCIP: doctor Armando Quiroz Alejandre
Presidente de la ANDH-ONG.
