La soga de la relación con el sector externo ha tomado nuevamente por el cuello a la política mexicana, induciendo una devaluación de su moneda, que flota libremente en el mercado y que según los expertos terminará siendo del orden de 25%. Es una vulnerabilidad persistente que periódicamente arrasa expectativas y desbarata estrategias de política económica. Antes, hace 20 años, las devaluaciones vinieron por razones de proteccionismo, déficit gubernamental y sobreendeudamiento externo. Hoy, por exigencias de una estrategia económica distinta y aun contraria: apertura comercial, estabilidad de precios y disciplina de las finanzas públicas.
El villano común ha sido el déficit comercial y financiero con el exterior, que se disparó en ambos casos y encontró al gobierno atado de manos para corregir a tiempo las rigideces de su estrategia. En 1981 y 1982, el gobierno de José López Portillo persistió en su decisión de sostener el valor del peso y la lógica expansionista del gasto público y el crecimiento económico. A lo largo de 1994, el gobierno de Carlos Salinas persistió en su política de apertura comercial y estabilidad de precios, manteniendo en particular un precio estable y previsible para el dólar como señal de estabilidad y solidez en los otros órdenes de la economía.
En ambos casos, a los responsables de la política económica les pareció manejable el mismo fenómeno: un déficit comercial galopante que se pensó compensar, en los años ochenta, con los ingresos petroleros y, en los noventa, con el ingreso de capitales foráneos. Poco ayuda, en verdad, a la comprensión y la corrección de este problema, atribuirlo a la incertidumbre sembrada por los nuevos amagos guerreros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tal como se hizo en el primer comunicado oficial anunciando la ampliación de la banda de flotación del peso en 53 centavos (equivalente a 15% de devaluación de la moneda).
Aunque es un factor que atemoriza a los inversionistas, la incertidumbre chiapaneca no es la causa del déficit de 30,000 millones de dólares que México alcanzará este año en su relación con el exterior. Ese déficit, no compensado por el ingreso equivalente de capitales externos o el aumento proporcional de exportaciones, es la consecuencia de una política económica sostenida que debe ser explicada y corregida en sus rigideces, para que pueda también ser valorada en sus logros.
El fondo estructural de la devaluación es el mismo hoy que en 1982 –la baja competitividad internacional de la economía mexicana y su bajo nivel de ahorro–, pero las condiciones generales de la economía son muy distintas, empezando por el equilibrio de las finanzas públicas y terminando por los niveles efectivos de inflación y precios reales. La devaluación de diciembre tendrá impactos severos en los precios, las tasas de interés, la deuda pública y privada, y en el propio presupuesto gubernamental. Pero aun en sus momentos de pánico crónico –que habían llevado el precio del dólar a 5.50 nuevos pesos el jueves 22 de diciembre, día en que escribo este artículo–, sus magnitudes tienen poco que ver con las de las devaluaciones de 1982 –de 22 pesos por dólar en febrero a 150 por dólar en diciembre.
Desde el punto de vista político, sin embargo, las condiciones son equivalentes. El público ahorrador ha sido nuevamente defraudado por la política económica, y la credibilidad gubernamental en la materia queda, en adelante, en entredicho. Los fantasmas de la desconfianza, bien sembrados en el pasado, vuelven por sus fueros, y el nuevo gobierno cosecha una fruta amarga que no sembró, pero de la que no puede no hacerse corresponsable. En materia de credibilidad, lo urgente es una revisión amplia, puntual y de cara al público de los factores reales de la devaluación de diciembre y de los elementos de la política económica que la incubaron en el tiempo y que deben corregirse para evitar efectos similares en el futuro.
Insistir ante un público irritado, que sin deberla ni temerla ha perdido parte de sus ahorros, en que el responsable directo de su pérdida es el EZLN, es encaminar al público y al gobierno hacia una definición tajante, una definición de fuerza en Chiapas. Esa es una posibilidad real que acaso la intransigencia y el delirio militar de Marcos harán inevitable, si persiste en desatar la guerra y no queda otro camino que la fuerza para restablecer la ley y el orden en ese estado. Pero no parece prudente añadir a la irritación que el empantanamiento de Chiapas produce de por sí, la del público sacudido por la devaluación, porque la causa real de esta última no habrá de encontrarse en Chiapas ni, por tanto, muchísimo menos su solución. No es la mejor idea, para un gobierno que empieza, combatir viejos con nuevos fantasmas. Más apropiado parece simplemente prender la luz.
 |
 |
 |
 |
 |
