La debacle

El ajuste económico llegó y, con él, la hora de realizar otros ajustes que permitan al país reencontrar la senda de la estabilidad y la paz. El costo de posponer las decisiones, de cerrar los oídos a las críticas que advertían sobre lo insostenible de la paridad, termina, en trágica reiteración, en pánico financiero y riesgo de entrar al ciclo perverso devaluación-inflación-devaluación.
Lo que se creyó reforma estructural, cambio definitivo en las condiciones de funcionamiento de la economía mexicana, ha devenido en nuevo programa de emergencia que parece una calca del adoptado en 1987. Haber dejado que el peso se hunda hasta el nivel que la fiebre de los mercados determine, fue decisión inevitable y tardía; haberla demorado costó al país una pérdida neta de reservas internacionales que algunos analistas estiman en alrededor de 10,000 millones de dólares. Otra vez el saqueo, otra vez el sentimiento de que fuimos engañados.
El estrangulamiento del sector externo vuelve a ser el factor condicionante de la debacle; el ajuste estructural de la última década, la apertura acelerada e indiscriminada al exterior, la carencia de instrumentos de política económica adecuados a las nuevas circunstancias, terminaron provocando un crecimiento exponencial del déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos, hasta alcanzar niveles simplemente imposibles de financiar.
Lo grave, por lo que realmente debe hacerse una dura crítica a las autoridades económicas, es que ese factor no apareció de la noche a la mañana; muchos fueron los signos del deterioro, muchas las voces que alertaron sobre la catástrofe económica que se avecinaba; el gobierno anterior, del que formaron parte la mayoría de los actuales integrantes del gabinete económico, prefirió mantener las apariencias, prolongar artificialmente un Pacto carente de viabilidad, siguió apostando todo al logro de la meta en materia de precios y convirtió la paridad cambiaria en ancla de la ficticia estabilidad.
En un mercado abierto no es el gobierno quien decide devaluar, es el comportamiento de los agentes económicos lo que determina el nivel de la paridad cambiaria; lo que al gobierno corresponde es determinar las reglas de operación en el mercado con el fin de reducir al máximo posible los elementos distorsionantes. Pretender dirigir al mercado, cuando en éste han surgido las condiciones reales que hacen necesario un ajuste cambiario, siempre ha terminado en rotundo fracaso.
El Pacto, en los términos y compromisos establecidos en 1987 y refrendados en los años posteriores, ha llegado a su fin. Su base esencial, la confianza en la conducta del gobierno, se evaporó. Se requiere un nuevo compromiso, un nuevo acuerdo sobre bases distintas. Lo primero es restablecer la confianza y la certidumbre; contra ello atentan programas con plazo fijo, fincados en el uso de instrumentos de probada ineficacia, en los cuales se introducen además elementos que poca relación guardan con la situación de emergencia que se enfrenta.
De las medidas anunciadas el miércoles por la noche, la única que guarda relación con el problema inmediato que enfrentamos es el congelamiento de los precios de bienes y servicios durante sesenta días, y es la que, como lo enseñan las experiencias anteriores, seguramente fracasará. No existe posibilidad alguna de hacerla cumplir; desde las primeras horas del lunes 19 de diciembre se inició el conocido reetiquetamiento de las mercancías en tiendas y supermercados, en particular de los productos importados o de aquellos con alto componente de insumos provenientes del exterior.
Congelar los precios por decreto es seguir la política del avestruz, dejar que sea la arbitrariedad, la ley del más fuerte o el más rápido, la que imponga el tipo y ritmo del inevitable ajuste de precios. Una economía abierta no puede ser tratada en momentos críticos recurriendo a esquemas propios de economías cerradas. Un nuevo acuerdo debería postular como objetivo inmediato un ajuste regulado de los precios de los bienes y servicios a los que la macrodevaluación más ha impactado.
El mercado habrá de procesar en el más corto plazo –pues esa es su lógica ineludible– un ajuste en la estructura de precios. Si el precio del dólar fue ancla para la estabilidad, es imposible no admitir que su nuevo precio habrá de tener un efecto de arrastre que llevará la inflación muy por arriba de cualesquiera de las previsiones anteriores a la devaluación. Se requerirá también de un acuerdo en materia de salarios y prestaciones, así como en materia de precios de los productos agrícolas, que al mismo tiempo evite que, como es costumbre en estos casos, el costo del ajuste se traslade a los trabajadores y sea compatible con metas precisas en materia de crecimiento económico y generación de empleos.
Requerimos conocer cuanto antes los efectos que sobre el programa anual de ingresos y gastos del gobierno, así como en sus previsiones macroeconómicas, tendrá la devaluación. Por lo menos el gobierno debería decirnos cuál es la nueva tasa de crecimiento del producto interno bruto prevista para 1995, la meta en materia de inflación, la evolución proyectada de los mercados financieros, tasas de interés, entradas de capital, efectos sobre balanza de pagos, en particular en la balanza comercial. En suma, se requiere de nuevos criterios generales de política económica para 1995; los presentados el 15 de diciembre por Jaime Serra están en el bote de la basura.
Si las señales siguen siendo equívocas; si el titubeo, las contradicciones, las iniciativas precipitadas, siguen predominando en la conducta del gobierno, la situación habrá de empeorar. El riesgo mayor está en regresar al estancamiento con inflación, a la prolongación de macroajustes que hacen imposible cualquier objetivo social. La devaluación debería permitir una rápida expansión de las exportaciones mexicanas, así como una reconversión de la estructura y monto de las importaciones; se necesitarán también agresivas políticas para atraer inversiones extranjeras directas y dar estabilidad a las realizadas en bolsa.
Pero sobre todo el gobierno requiere tomar la iniciativa para recuperar la confianza y proteger lo fundamental: la estabilidad y el crecimiento. Un ciclo ha concluido. Pese a la gravedad del problema, nuestra economía cuenta hoy con mejores bases para salir de esta nueva crisis. Quizá habría que empezar por reconocer el agotamiento del modelo de política económica seguido durante más de una década; el ajuste estructural no puede ser eterno; los instrumentos que ayer fueron eficaces hoy no tienen viabilidad.
Un nuevo compromiso económico es imprescindible. La crisis financiera no debe alimentar la inestabilidad política. Es preciso actuar en todos los frentes, abrir cuanto antes el diálogo con los partidos para la nueva reforma electoral, fortalecer las iniciativas de paz en Chiapas, definir el canal para el diálogo con el EZLN y fijar plazos para su realización. Quien vuelva a jugar con el agudizamiento de los problemas como mecanismo para obtener ganancias políticas, estará jugando con fuego. No son la ingobernabilidad y el caos el ambiente propicio para emprender las transformaciones democráticas y los cambios económicos que México requiere con urgencia.