Lejos están los escenarios optimistas del 1 de diciembre; en sólo tres semanas el nuevo gobierno ha debido enfrentarse a dos problemas mayúsculos: la beligerancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la devaluación del peso; ambos han modificado sustancialmente sus perspectivas. Ya casi nadie recuerda el “voto por la paz”, menos aún los decálogos de las promesas de campaña; la realidad ha mostrado que el bienestar de las familias, la disminución de la pobreza y la reactivación de la economía no pueden ser producto de la sola voluntad de los gobernantes.
Los hechos de estas últimas semanas parecen recordarnos una vieja verdad: los límites inherentes a todo poder político. Más pronto de lo que esperaban, los nuevos gobernantes están comprobando que la acumulación de poder no produce en razón directa una mayor facilidad para gobernar; más bien genera contradicciones que limitan o cancelan las posibilidades de acción.
Lo patentiza particularmente el problema de la mediación con los rebeldes en Chiapas, problema de urgencia inaplazable. Encontrar la mediación adecuada, aceptable para ambas partes y capaz de formular ofrecimientos válidos que conduzcan a la paz, no depende de que el gobierno tenga más o menos poder sino de que disponga de los recursos pertinentes. Pero es el propio sistema político el que, por virtud de sus dinámicas connaturales, ha ido eliminando los recursos de mediación que ahora necesitaría. Los ha eliminado por tres vías: la cooptación, la hostilización o el desgaste.
Respecto a la cooptación, vale pensar que personalidades que contaban con un gran capital de mediación que sería muy útil en la coyuntura presente –académicos destacados y conocedores de la realidad campesina e indígena como Arturo Warman o chiapanecos ilustres como Andrés Fábregas o Eraclio Zepeda– han perdido ese capital al incorporarse a puestos públicos o al manifestar puntos de vista inaceptables para los alzados en armas; al cooptarlos, el sistema político los ha nulificado como recursos de mediación.
La eliminación de otros recursos mediadores por la vía de la hostilización o la marginación es patente en el caso de la CONAI y del importantísimo sector de las ONG que, guste o no, representan a franjas considerables de la sociedad civil. Muchas instancias gubernamentales, particularmente durante la campaña electoral, asumieron actitudes hostiles hacia estos organismos; les molesta su independencia y la imposibilidad de someterlos a los controles tradicionales. En el caso de la CONAI se la ha acusado de parcialidad, de confundir lo religioso con lo político y de protagonismos personalistas, olvidando que ninguna otra instancia puede equiparársele en capacidad de intervención. Otro caso de una potencial mediación excluida por el propio sistema es el del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, aceptable al lado de la CONAI por el EZLN. El propio poder político se ha privado así de recursos que hoy podrían serle invaluables.
También por la vía del desgaste se han cercenado posibilidades: ¿qué han dejado las innumerables comisiones que fueron y vinieron sin producir resultados perceptibles, a lo largo del año? Las medidas dilatorias del salinismo usaron y desgastaron nombres, procedimientos y recursos políticos que lastran ahora las posibilidades de una mediación exitosa.
Todo esto muestra que entre poder y gobierno media una gran distancia y que el ejercicio acertado del primero depende de que sepa recurrir a factores que escapan a su control. La indispensable mediación entre el gobierno federal y el EZLN –primer paso para un diálogo que conduzca a la paz– tiene que construirse con elementos que el solo poder no puede aportar; por esto la Comisión para el Diálogo y la Mediación compuesta por legisladores de los diversos partidos está destinada a fracasar antes de empezar; por su diseño y modo de nacimiento carece de imparcialidad, de credibilidad para la otra parte y de la experiencia local que el caso exige. Los especialistas juzgarán si el aceptar el gobierno que la CONAI “colabore” con esa Comisión es suficiente; por lo pronto, no lo parece.
Reconocer los límites del poder y abrirse a instancias externas que actúan conforme a sus valores y emplean sus propios lenguajes no es fácil para un gobierno que concentra un inmenso poder y que está acostumbrado a manejarse exclusivamente por sus referentes; requiere aceptar que necesita de otros, que la sociedad civil existe y dispone de calidades y recursos que él no tiene y, en suma, que no puede gobernar sin ella.
En esta perspectiva de una política verdaderamente incluyente y de un poder que reconoce su propia vulnerabilidad, es donde el ayuno de don Samuel adquiere su significado. Es un gesto político, desde luego, pero cuya eficacia proviene de la calidad moral y del liderazgo de quien lo lleva a cabo. El ayuno del obispo es una decisión de conciencia que reasume una tradición bíblica cargada de significados y rebasa su eficacia meramente política. El lo plantea “como” penitencia y purificación, como protesta al hambre obligada de nuestros hermanos… como reclamo de justicia y encaminamiento hacia una sociedad fraterna… como signo de que la paz no podrá alcanzarse jamás por caminos de violencia sino por aquella donación de sí que construye la justicia y hace históricas las exigencias de fraternidad.” Y son éstos –por extraño que parezca a los politólogos– los valores indispensables a una efectiva mediación entre las partes en conflicto, valores que evidentemente escapan al ámbito del poder y se proyectan hacia el centro moral de las personas de ambos lados, donde se edifica la convivencia justa y responsable, y donde tendrá que fincarse toda paz que perdure.
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