Cada que hay cambio de jefe del Poder Ejecutivo se dan modificaciones drásticas a la administración pública a marchas forzadas en el mes de diciembre. Cada seis años los proyectos de ley, de cambios a la Constitución, se envían a las cámaras, ya sea la de Diputados o la de Senadores, para que se aprueben de inmediato, sobre las rodillas, aprovechando la mayoría que tiene el partido de Estado.
No hay manera alguna de estudiarlas con el cuidado y el detenimiento que merecen ni, por tanto, discutirlas a fondo. Los legisladores del partido de Estado las reciben y sin el menor rubor las aprueban sobre las rodillas, mostrando a propios y extraños su dependencia del Poder Ejecutivo.
Hay ocasiones en que las iniciativas de ley se mandan a las comisiones respectivas para que sean estudiadas en ellas, aunque de manera precipitada, porque no se cuenta sino con unos días para hacerlo, pero al menos hay en esas comisiones la oportunidad de debatir en corto los pros y contras de las propuestas.
En otras ocasiones, como ha ocurrido con la iniciativa de reforma a la administración pública y a la llamada miscelánea fiscal, ni siquiera se dio tiempo a que se enviaran a las comisiones respectivas sino que se aprobaron de inmediato, el mismo día que fueron presentadas, no importando que únicamente recibieran el voto favorable de los senadores del Partido Revolucionario Institucional.
Ernesto Zedillo ofreció que no enviaría iniciativa de ley que no tuviera un plazo inferior a los 30 días para ser conocida. Y su reforma a la estructura del Poder Judicial y su reforma administrativa se envió violando este ofrecimiento.
Desde la tribuna del Senado pregunté cuál razón había para aprobar con tanta precipitación reformas tan fundamentales a la vida de la nación, habiendo posibilidades de que éstas se dejaran a la reflexión y al análisis de los legisladores y de la opinión pública unas semanas más, para que fueran enriquecidas con las opiniones de mexicanos ilustres conocedores de los temas y que ya se habían expresado manifestando su inconformidad con algunos de los cambios propuestos, como Emilio Krieger e Ignacio Burgoa. Nada se respondió. Ni una sola razón se esgrimió. Todo estaba suficientemente discutido y estudiado, se nos dijo.
Referente al Poder Judicial, recordamos senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la añeja demanda de que el procurador general de la República y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia sean independientes del presidente de la República, porque una de las razones básicas por las cuales no se confía en la justicia mexicana es que está comprometida con el Poder Ejecutivo. Sólo en los tiempos de la colonia española, del imperio iturbidista y después de 1928, se ha hecho que el Poder Judicial dependa del Ejecutivo a raíz de que es nombrado por éste. En todos los tiempos se buscó que los jueces y el procurador fueran electos por el pueblo, mediante votación indirecta o por el Congreso de la Unión.
Tal establecieron, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán en 1814 y la constitución que dio origen a la república federal de 1824. La Constitución de 1917 establecía en su artículo 96 que los ministros deberían ser nombrados por mayoría de las dos terceras partes de la totalidad de los legisladores de las dos cámaras. La Constitución de 1856 establecía en su artículo 96: “cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado…”. A partir de 1928 se hizo depender al Poder Judicial del Poder Ejecutivo y ahora, con la nueva reforma, se confirma esa dependencia.
Preguntamos desde la tribuna a los senadores priístas y panistas cuáles eran las razones que había para mantener atada la justicia a la voluntad presidencial y por qué no se aprovechaba esta ocasión en que se planteaba la tan esperada reforma judicial para romper definitivamente esas ataduras. Nada dijeron los senadores de uno y otro partido. Todos se empeñaron en elogiar el cambio calificándolo del más trascendente de los últimos 40 años.
La reforma jurídica se aprobó con el rechazo de los senadores del PRD. No se consideró necesario dar más tiempo para su estudio. Se argumentó que dicha reforma llevaba años siendo discutida, confundiendo dolosamente el hecho de que desde hace decenios se cuestionara el sistema de impartición de justicia mexicano por su corrupción generalizada, la desconfianza que hacia él tiene el pueblo y porque, como señalamos en la tribuna, el ciudadano común y corriente no tiene acceso a la justicia no sólo cuando es acusado y encarcelado sino cuando es víctima de algún delincuente y se le ocurre levantar un acta denunciando los hechos.
En el Distrito Federal, dijimos, sólo en los últimos tres meses hay 15,000 órdenes de aprehensión sin ejecutar, esto es, hay impunidad obvia para cometer toda clase de delitos por la incapacidad o complicidad de las autoridades judiciales. En las cárceles hay presos por delitos comunes que carecen de abogado defensor y se sabe que hay un abogado defensor de oficio para cada 300 detenidos.
La inseguridad de los ciudadanos crece día con día. Sobre la posibilidad de que los ciudadanos puedan recibir justicia pronta y expedita, tan remota actualmente, la iniciativa de reforma aprobada, señalamos, no contiene absolutamente nada. Ese problema, se nos dijo, será motivo de las leyes reglamentarias que tendrán que aprobarse posteriormente.
El desorden administrativo que ha producido tanto daño al país, que entre otras cosas ha deteriorado gravemente el ambiente, porque se ha dado luz verde a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para producir energía sea hidroeléctrica, nucleoeléctrica, carboeléctrica o gasoeléctrica, sin que haya quien pueda detenerlos cuando para construir sus plantas destruyen ecosistemas o los lastiman seriamente; ese desorden que ha producido el caos en las obras públicas pues los particulares construyen carreteras, aeropuertos, puertos, presas, e intervienen en la educación pública, en la impartición de servicios, en la salud, en la banca, la vigilancia policiaca, las más de las veces sin la supervisión gubernamental. Ese desorden se ha pretendido corregir mediante una redistribución de funciones entre las secretarías de Estado sin que se permita que los afectados, obreros, campesinos, empleados, agricultores, ganaderos, profesionales, industriales, comerciantes, amas de casa, y demás integrantes de la sociedad puedan opinar por qué la reforma se manda al Congreso en diciembre para que se apruebe, a rajatabla, sobre las rodillas, en diciembre también. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué no dar tiempo a que la comunidad reflexione, opine, proponga?
Es evidente que se presenta, una vez más, la prepotencia del Poder Ejecutivo.
Y mientras esto ocurre en el Congreso, como regalo de Navidad llega la devaluación del peso, 15% por ahora, y en Chiapas la amenaza de la guerra crece.
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