TEPIC, NAY.- Desde hace 15 meses, acusan los partidos de oposición, el desgobierno impera en Nayarit, lo que ha provocado una profunda crisis económica, social y política y, sobre todo, de inseguridad y corrupción.
Desde que asumió el poder Rigoberto Ochoa Zaragoza, el 19 de septiembre de 1993, en medio de grandes manifestaciones de protesta por el fraude electoral, se han incrementado alarmantemente los asaltos a mano armada, los homicidios –más de uno diario– y los secuestros.
MAL PRINCIPIO
Impuesto por la fuerza cetemista como candidato –años atrás había heredado la secretaría general estatal de su “padrino” Emilio M. González–, Rigoberto Ochoa fue impugnado por amplios sectores del mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI). Primero, su campaña fue desangelada, pero llegó a las elecciones de julio del año pasado y logró superar, según los partidos de oposición mediante el fraude, al entonces perredista –ahora es del Partido del Trabajo– Juan Ramón López Tirado.
Integró su gabinete con incondicionales, entre los cuales se halla su compadre, el procurador Sigfrido Miramontes.
Como coordinador de la mayoría priísta del Congreso del Estado, designó al dueño del monopolio del autotransporte y correligionario cetemista, Félix Torres Haro, líder de Acaspen (Alianza de Camioneros Autotransportistas de Servicio Público del Estado de Nayarit).
Con su poder político y económico, Torres Haro impide que se ponga en práctica en Nayarit la liberación del autotransporte, aseguran Venustiano Ochoa e Irene Guerrero, integrantes de Pro Derechos Humanos, AC (Prodhac), organismo independiente que preside el obispo Alfonso Humberto Robles Cota.
Integrantes, además, de la Unión de Transportistas de la Reserva Territorial, Venustiano Ochoa e Irene Guerrero denuncian que Torres Haro los reprime e impide que operen 16 permisos de camiones urbanos que consiguieron a través del Programa Nacional de Solidaridad.
En el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rigoberto Ochoa impuso a su amigo Fidel Montoya de la Torre, pero hace algunos meses lo sustituyó, mediante varias maniobras –afirma la periodista María Esther González–, por su amiga Elvia Aldara Zápari Esparza.
En la Secretaría de Finanzas designó a Gilberto Martínez López, quien fue inhabilitado por la Contraloría General de la Federación por un desvío de dinero cometido en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social de Nayarit, del que fue subdirector administrativo.
En la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, nombró a Ney M. González Sánchez, hijo del exgobernador y exsenador Emilio M. González.
Como secretario general de Gobierno mantiene al empresario Antonio Echavarría, propietario del poderoso Grupo Alica, que se dedica al embotellado de bebidas de cola y a la distribución de autos. Considerado honesto, este hombre no tiene, sin embargo, poder. Lo que debe hacer él lo realiza el propio gobernador, o bien se lo delega a su compadre, el procurador Sigfrido Miramontes de la Torre.
Al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado algunos diarios locales lo han ligado con el bajo mundo de las drogas. “Sigfrido es una persona muy descalificada que ha cometido un sinnúmero de atropellos”, afirma Hugo Rodríguez Jiménez, director del diario Realidades.
Para redondear su equipo de trabajo, el gobernador tiene en la Comisión Estatal de Derechos Humanos a Amado López Romero, exagente del Ministerio Público Federal en Tepic y dado de baja por la Procuraduría General de la República (PGR) hace tres años.
“Ante esta situación, el ciudadano nayarita que ve amenazados sus derechos humanos no tiene a dónde ni a quién acudir”, expresa Rodríguez Jiménez.
SECUESTROS Y NARCOTRAFICO
Los secuestros, o simples amenazas de secuestro a través de anónimos –a cuyos autores la policía llama “anonimistas”–, son ahora una gran fuente de ingresos para quienes los realizan, y el dinero que se mueve por este concepto podría competir con otras actividades lícitas, como el turismo o, tal vez, con la misma producción de tabaco de Nayarit, que hasta hace poco era una de las más importantes del país.
“Con este gobierno hemos retrocedido 25 años o más, y el número de secuestros, en lugar de decrecer, va en aumento porque las personas que están al frente de la Procuraduría de Justicia son gente descalificada. Ese es el caso de Miramontes de la Torre, quien fue cesado en Baja California por estar conectado con la mafia de Tijuana”, afirma Rodríguez Jiménez.
Realidades documentó el 7 de noviembre pasado que en el caso de la avioneta Cessna bimotor tipo 421 que transportaba “un gran cargamento de droga” y se estrelló el 24 de octubre en el municipio de Amatlán de Cañas, “están implicados el titular de la Procuraduría de Justicia del Estado, Sigfrido de la Torre Miramontes, y el coordinador del grupo especial con sede en el municipio de Ixtlán del Río, Humberto Hernández Parra”, comandante, además, de la Policía Federal de Caminos.
Tras expresar que Hernández Parra es “curiosamente pariente político del procurador”, afirma que la PGR envió el expediente 99/994 al juzgado segundo de distrito, en el cual constan las declaraciones de tres pasajeros de la avioneta –Héctor José Llanos Kock, Valentín Rivera Ochoa y Luciano Ortiz Alpista–, quienes “señalan a Sigfrido de la Torre Miramontes y a Humberto Hernández Parra como involucrados en el caso”.
María Esther González, editora de ese matutino, asegura que la impunidad ha sido la constante en este gobierno, por lo que han aumentado los delitos de toda índole, en especial los asaltos a mano armada en carreteras; los secuestros, que suman 72 en el período de Ochoa Zaragoza –según su contabilidad–, más 350 asesinatos, de los cuales alrededor de 12 han sido ajusticiamientos con la marca característica de los narcotraficantes.
En esta serie de hechos, “particularmente secuestros y asaltos a mano armada y `anonimistas’, está metida la misma Policía Judicial”, lo que es reconocido por el director de esa policía, quien informó que varios agentes que renunciaron en octubre, ahora están en la cárcel porque se dedicaban a ese tipo de ilícitos, “lo que significa que desde que eran judiciales se dedicaban a esto. Pero si sólo los despiden y no los castigan, entonces esto va a continuar”, dice el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Ceferino Robles.
El diputado perredista Rodrigo González señala que bajo estas condiciones no puede haber inversiones, pues los que quieren hacer algo se van a otros estados, porque aquí no hay la mínima seguridad. En ello coincide con el sacerdote Antonio Cortés, de Prodhac, quien afirma que por tantos secuestros y asaltos en todas partes y a toda hora, la producción en el campo ha decaído; sólo en la producción tabacalera se quedaron sin trabajo 3,000 personas, porque en lugar de cultivarse 26,000 hectáreas se sembraron ahora menos de 20,000.
REPRESION GENERALIZADA
El 19 de septiembre de 1993, Ochoa Zaragoza tomó posesión como gobernador, en el Teatro del Pueblo, ante el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Poco después marchó hacia el Palacio de Gobierno en medio de policías antimotines y algunos miles de priístas. Ingresó por la puerta principal, pero apenas duró dentro unos minutos y tuvo que salir por la puerta trasera luego de que alrededor de 10,000 perredistas se apoderaron de la Plaza de la Mexicanidad y rodearon el Palacio.
Muchos días duró sin poder entrar a su despacho. Se lo impedían los del Partido de la Revolución Democrática. Cuando por fin lo hizo, un mes después, mediante macanazos, gases lacrimógenos y armas de fuego en mano, cientos de policías dispersaron a los manifestantes y los persiguieron durante dos días, el 17 y el 18 de octubre, y violentamente ingresaron al templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia “2 de Agosto”, donde se refugiaban algunos perseguidos. Ahí fueron aprehendidos el dirigente perredista José Guadalupe Acosta Naranjo, el investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit Salvador Zepeda y el párroco Efraín Martínez.
La protesta de Prodhac, que preside el obispo Alfonso Humberto Robles Cota, fue inmediata. El presbiterio local, en ausencia del obispo, condenó el abuso de la fuerza para disolver manifestaciones públicas y la profanación del templo.
A principios de marzo de este año, en Nuevo Vallarta, unos 430 campesinos de ocho ejidos cuyas tierras fueron expropiadas hace 23 años para crear el Fideicomiso Bahía de Banderas, que mantenían un plantón en demanda de los beneficios prometidos por el presidente Luis Echeverría y por los sucesivos gobiernos nayaritas, fueron violentamente desalojados por judiciales y antimotines enviados por Ochoa Zaragoza.
Entre los golpeados se encontraba Prócoro Hernández, director del diario Tribuna de la Bahía, de Puerto Vallarta, quien había ido a hacer un reportaje. La dirigente de los inconformes, Lydia Villanueva, acusó al gobernador y a los dueños de la compañía Costa Banderas, SA de CV, Jorge y Guillermo Vázquez Aldana, Enrique Aldrete Cuesta y Fernando Senderos, del Grupo Desc, entre otros (Proceso 903 y 906).
En agosto pasado, alrededor de 150 familias del poblado Corral del Risco, en Punta Mita, municipio de Bahía de Banderas, fueron violentamente desalojadas por policías antimotines. Varias personas resultaron golpeadas y siete pescadores detenidos y enviados a la Penitenciaría del Estado, en esta capital, entre ellos Baudelio Pérez, Ramón Cibrián, Felipe Narváez, José Santos Reyes y Baltazar Solís.
Ellos y sus familias se negaban a salir de ese rancho que fundaron hace cerca de medio siglo en el extremo de Punta Mita, un envidiable lugar donde ahora la empresa mencionada pretende construir uno de los más ambiciosos proyectos turísticos del país.
Por esa misma fecha fue enviado al mismo centro de readaptación social Víctor Pérez Ruiz, por encabezar uno de los movimientos reivindicatorios de los campesinos desalojados de Bahía de Banderas y haberle echado en cara al gobernador sus errores.
El 2 de diciembre, unos 30 judiciales estatales golpearon y capturaron a siete campesinos que, con 47 familias, mantenían un plantón, desde enero pasado, en el Ejido Higuera Blanca, del poblado de Punta Mita, en demanda de la indemnización por la expropiación de sus predios, en los cuales construirá Costa Banderas, según denunció su dirigente, Carlos Rivera Vielmas.
Hay además orden de aprehensión contra otras 20 personas, entre ellas Patricia Domínguez, presidenta de la Federación de Servicios Turísticos en Nayarit, Coral del Risco, FCL, quien en febrero pasado denunció las arbitrariedades de las autoridades estatales y federales que provocaron el hundimiento del barco turístico “Río Cuale”, para advertirle que no anduviera defendiendo más a los pobladores de Corral del Risco (Proceso 903).
El 28 de noviembre, el diputado y dirigente del Partido Frente Revolucionario de Acción Patriótica, con registro estatal, José Luis Sánchez González, fue desaforado por la mayoría priísta del Congreso del estado bajo los cargos de despojo y daño en propiedad ajena, por haber apoyado hace meses la invasión de un predio semiurbano de diez hectáreas.
Antes del desafuero, Sánchez González solicitó licencia y huyó de la entidad. En declaraciones a Proceso, afirmó que todo se debe a una venganza personal del gobernador Ochoa Zaragoza por enfrentarse a él.
Una semana después, el martes 6 de noviembre, cuando unos 200 militantes frapistas realizaban un mitin frente al Palacio de Gobierno, una decena de judiciales intentó detener a algunos de los manifestantes, que corrieron hacia el Congreso del estado, a una cuadra de ahí, donde se refugiaron. Hasta ahí llegaron más de 30 agentes y en el interior del inmueble capturaron al diputado suplente de Sánchez, Jesús Flores Martínez, y a otras personas.
El acontecimiento provocó la protesta de la mayor parte de los diputados, incluido el propio líder priísta, Félix Torres, quien protestó primero por el allanamiento del Poder Legislativo, aunque después se contradijo.
En tanto, el diputado panista, Lorenzo del Toro, quien recibió un empujón por parte de los judiciales, demandó la destitución, o al menos la renuncia o licencia del procurador Sigfrido de la Torre, por violar el recinto legislativo.
TAMBIEN CONTRA LA PRENSA
En una larga carta dirigida en octubre pasado al presidente de la República, Armando Altamirano Zendejas, reportero y columnista de Realidades, denunció una serie de intimidaciones que han sufrido tanto él como el director del matutino, Hugo Rodríguez Jiménez, y su hermano Guillermo Rodríguez, director de El Sol de Tepic. Señala que desde abril a la fecha, el delegado de la PGR, Sergio Rochín Trujillo, admitió cuatro denuncias presentadas en su contra por el procurador Sigfrido de la Torre.
“Las cosas no han parado ahí. Me bloquean incluso comercialmente y amenazan a los pocos anunciantes que tenemos. Yo he tenido constantes amagos de muerte, lo mismo que Guillermo, provenientes directamente del gobernador Ochoa Zaragoza, quien acaba de declarar: `voy a tener el gusto de ver morir a mi enemigo’.
“La última amenaza fue apenas el martes 6 de noviembre, cuando le dijo a Javier Rojo Fregoso, de El Sol de Tepic: `tu pinche patrón todavía me sigue atacando, igual que el de Realidades. Diles a esos hijos de la chingada que en muy corto tiempo van a ver lo que les va a pasar… Estos cabrones necesitan un escarmiento’.”
El padre Antonio Cortés recuerda que desde el arranque de esta administración, los derechos humanos en Nayarit se han violado constantemente. “Esa ha sido la tónica, y al menos hay cuatro asesinatos cometidos por la Policía Judicial, mientras el procurador sólo dice que corren a los que cometen esos delitos, pero no los castigan”.
El diputado Rodrigo González declara: “aquí en Nayarit hay una serie de inhibidores de la inversión, pero el principal es la inseguridad, sobre todo porque hay agentes policiacos involucrados en cuestiones de secuestro, de asaltos, narcotráfico y persecución de dirigentes políticos o sociales, y posiblemente hasta en asesinatos, lo que nos indica que hay una descomposición en la procuración de la justicia”.
