VILLAHERMOSA, TAB.- Roberto Madrazo Pintado se encontrará a partir del 31 de diciembre no sólo con un perredismo que tratará de impedirle que ejerza como gobernador sino que tendrá que asumir la deuda pública de 300 millones de nuevos pesos, el desempleo de la mitad de la población, los crecientes secuestros por la incontrolable inseguridad pública, el colapso de los sectores productivos y, sobre todo, la galopante corrupción gubernamental y privada.
En suma, un Tabasco gravemente fracturado política, económica y socialmente, resultado de los gobiernos de Salvador Neme Castillo y Manuel Gurría Ordóñez, que –afirma la oposición– prohijaron corruptelas y motivaron el repudio de los sectores más desprotegidos de la población.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) capitalizó electoralmente esta situación, al triplicar su votación respecto a 1988 y convertirse en un adversario capaz de disputarle el poder estatal al Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluso por la vía de la movilización.
Pese a que Madrazo Pintado trata de desvincularse de los gobiernos que le heredan un estado caótico, como líder estatal del PRI fue quien promovió a Neme Castillo a la gubernatura y, pasado el tiempo, maquinó la caída de éste para entronar a su pariente Manuel Gurría Ordóñez.
La oposición perredista acusa a Madrazo de tratar, con esto, de cumplir “un sexenio de nueve años”, durante el cual pretende consolidar los intereses económicos de quienes promovieron sin titubeos su llegada al Palacio de Gobierno, entre ellos los exgobernadores Mario Trujillo y Leandro Rovirosa, así como el prófugo banquero Carlos Cabal Peniche.
Atado a los tres grupos oligárquicos del estado, Madrazo tendrá que asumir una deuda pública acumulada de 300 millones de nuevos pesos, cifra que Gurría Ordóñez difundió apenas el 11 de diciembre durante su tercer y último informe de gobierno, y que equivale a más de 11% de los 2,666 millones de nuevos pesos del presupuesto del estado para 1995.
Esa deuda habría podido ser disminuida –estima el perredista Andrés Manuel López Obrador– si el gobierno de Gurría no se hubiera empeñado en “maiciar” (corromper) a dueños de periódicos y reporteros locales y nacionales con aproximadamente 100 millones de nuevos pesos anuales.
La evidente corrupción periodística en el estado no es, sin embargo, la única causa de que esa deuda no disminuyera, ni tampoco es responsabilidad toda del gobierno saliente. Gurría dijo en noviembre de 1992 que tomaba la administración interinamente con un déficit de 511 millones de nuevos pesos y una deuda de 300 millones.
En vez de sanear las finanzas o aplicar el gasto a las apremiantes necesidades sociales, Gurría toleró que en su primer año de gobierno la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, a cargo entonces de su ahijado Alberto Javier Quero, gastara al menos 64,447 millones 972,000 viejos pesos. Es decir, ejerció 4.08% del presupuesto estatal (Proceso 941).
Además de la delicada situación financiera, Madrazo tendrá que buscar una solución al desplome de las actividades productivas que, desde mediados de los años setenta, comenzaron a sufrir el abandono oficial para privilegiar la industria petrolera.
Tabasco cuenta, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con un millón y medio de habitantes. La mitad de la población económicamente activa, 400,000, está desempleada como consecuencia del desplome de la producción agrícola, la mayor riqueza después de los recursos petroleros.
En el desempleo abierto o subempleo se encuentran 25,000 cacaoteros, 20,000 copreros, 15,000 jornaleros plataneros, 5,000 productores de azúcar, 3,000 citricultores, 2,000 pimienteros y unos 1,000 pescadores, según el investigador y catedrático de la Universidad Juárez de Tabasco, Baldemar Hernández.
A ellos se suman los 10,000 empleados despedidos en el sexenio en la Comisión del Grijalva, que cerró sus puertas luego de 40 años de creada para aprovechar las aguas del estado en sistemas de riego, energía e ingeniería sanitaria.
Las filas del desempleo fueron engrosadas con el despido masivo de 10,000 trabajadores durante la reestructuración de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de 5,000 burócratas mediante el programa de “retiro voluntario”. Todo esto estimuló el comercio informal.
Según el censo del INEGI, en 1990 había en la entidad 2,156 microindustrias y 2,273 establecimientos informales. Las primeras generaron 8,000 empleos y los otros 12,000, de acuerdo con el investigador.
Actualmente, dice, sin control de las autoridades fiscales ni sanitarias, más de 2,000 personas venden en la vía pública todo tipo de productos.
La falta de empleo por el desplome de las actividades productivas agrícolas y los recortes de personal en Pemex y otros organismos del gobierno se reflejan, además, en los índices de delincuencia, que han experimentado en el último año un aumento de 40%.
Durante 1944 fueron secuestradas 11 personas de gran poder económico. Seis de estos casos ocurrieron durante noviembre y diciembre. Lorenzo Contreras Rodríguez, Idelfonso Falcón Gil, Luis Pérez Torres, Alfonso Bertolini Escudero, Domingo Ramón Jaab y Diego Rosique Palavicini fueron algunos de los secuestradores.
Sólo en el lapso de abril a noviembre, la Procuraduría de Justicia estatal reconoce que se iniciaron 33,559 averiguaciones previas por la comisión de secuestro, asalto y robo de automóviles.
Por otra parte, Madrazo Pintado se enfrenta desde antes de asumir el poder a las acusaciones de corrupción contra funcionarios del gobierno asociados con inversionistas privados.
La diputación perredista en la pasada legislatura local ventiló en marzo del año pasado el tráfico de influencias del gobernador Manuel Gurría Ordóñez en la edificación de obras en beneficio de su familia.
Un ejemplo de ello, dijo el entonces coordinador de los diputados perredistas, Alberto Pérez Mendoza, fue la construcción a un costo de 23,000 millones de nuevos pesos de la carretera Macayo-Paredón, en el municipio de Huimanguillo, que pasaba “casualmente” a las puertas del rancho que Gurría tiene en esa localidad.
El legislador aseguró que el accionista mayoritario de la compañía constructora Sanher, Manuel Santandreu Hernández, es primo de Soledad Hernández de Gurría, esposa del gobernador. En el concurso para edificar la obra, la empresa quedó en cuarto lugar, pero al final le encargaron los trabajos.
Santandreu Hernández está casado con Laura Ventre de Sastré, sobrina de la esposa de Gurría Ordóñez, quien es a la vez prima hermana de Celia Sastré de Neme, esposa del despuesto gobernador Salvador Neme Castillo.
Otro ejemplo de la vinculación de intereses entre gobernantes e inversionistas privados de compañías contratistas, que realizan obras para el estado, es el Consorcio de Constructores de Tabasco.
El presidente del consejo de administración es Manuel Felipe Ordóñez Galán, primo del gobernador saliente Gurría Ordóñez y del gobernador electo Roberto Madrazo.
El director del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tabasco, Enrique Flores Sánchez, forma parte del consorcio con su compañía, y su hermano Rodolfo es presidente del consejo de administración de la empresa Concreto Modular Prefabricado, del mismo grupo.
El cúmulo de problemas que encarará Madrazo Pintado, a partir del 31 de este mes, es amplio. El PRD, su principal rival, quizá es el mayor.
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