VILLAHERMOSA, TAB.- Con una sugerencia a Porfirio Muñoz Ledo, el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, pretendió desactivar el probable estallido en Tabasco.
“Si desbloquean las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y dejan tomar posesión a Roberto Madrazo Pintado, los 63 detenidos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) serán puestos en libertad”, ofreció Moctezuma, según el excandidato a la gubernatura Andrés Manuel López Obrador.
Pero desde el penal de Villahermosa, donde permanecen desde el 13 de diciembre los 63 perredistas procesados por la Procuraduría General de la República (PGR) acusados de los delitos de sabotaje y asociación delictuosa –”los primeros presos políticos de la justicia panista”–, éstos responden, categóricos:
“Si nuestra libertad hay que sacrificarla para que otros tengan democracia y justicia, estamos dispuestos a eso y a todo. Seguiremos presos; afuera tampoco tenemos libertad.”
Con la misma determinación, luego de más de dos semanas de mantener prácticamente paralizados la mitad de los 400 pozos en producción, hombres y mujeres perredistas reafirman:
“Que vengan a detenernos. Aquí los esperamos. Les van a faltar cárceles para meternos a todos.”
A medida que se aproxima el 31 de diciembre, día en que Madrazo Pintado tomará posesión como gobernador, con la asistencia del presidente Ernesto Zedillo, crece la tensión política en el estado.
Tras la negativa del PRD para conseguir la libertad de los 63 perredistas –a quienes ya se les dictó auto de formal prisión– a cambio de detener las movilizaciones, en la ciudad de México las conversaciones para encontrar una salida al conflicto estaban suspendidas. En Tabasco ni siquiera se concibe iniciar un diálogo.
Mientras, centenares de policías preventivos, antimotines y judiciales de Tabasco mantienen en “estado policiaco” a esta capital, con permanentes patrullajes y un férreo resguardo del Palacio de Gobierno, la quinta Grijalva –residencia del gobernador– y el teatro Esperanza Iris, habilitado como reciento oficial del cambio de poderes.
MULTITUD DE JUDICIALES FEDERALES
Desde la semana pasada llegaron a territorio tabasqueño 400 elementos de la Policía Judicial Federal, al mando de diez agentes del Ministerio Público Federal, provenientes de Veracruz, Chiapas y Campeche.
Fueron instalados retenes de policías judiciales federales en La Venta, Playas Catazajá y Santa Cruz, poblados limítrofes con Chiapas y Veracruz, en previsión de actos violentos y para “impedir que Tabasco se contamine” del conflicto chiapaneco. Según informes obtenidos de agentes del Ministerio Público Federal, en los tres retenes participarán 20 grupos de la Policía Judicial Federal con 20 elementos cada uno.
Sin embargo, habitantes de comunidades que colindan con Chiapas confirmaron la incursión, el lunes 19, de columnas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en territorio tabasqueño.
En medio del conflicto poselectoral como consecuencia de los comicios del 20 de noviembre, el Partido de la Revolución Democrática informó que pondrá en marcha la tercera etapa de la protesta, con la concentración en la capital de 20,000 seguidores a partir del 29 de diciembre. La quinta y última será la toma de palacios municipales para impedir que gobierne Madrazo.
En un intento por contrarrestar esta movilización, el Partido Revolucionario Institucional anunció que llevará a 30,000 personas el día de la toma de posesión de Madrazo Pintado. El líder estatal priísta, Nicolás Haddad, descartó choques con los perredistas.
En este contexto, el gobernador electo se mantuvo oculto desde el domingo 4 de diciembre, cuando recibió de las autoridades del Consejo Estatal Electoral la constancia de mayoría.
No fue sino hasta el miércoles 21 cuando reapareció ante los tabasqueños, en el programa de Televisión Azteca Hablemos Claro, de Lolita de la Vega, esposa del senador priísta Nezahualcóyotl de la Vega, líder de los trabajadores de la radiodifusión.
Durante 90 minutos del programa, en vivo desde la capital tabasqueña, la conductora no escatimó elogios al mandatario electo, criticó la movilización perredista –una “situación por demás fuera de derecho y que los tabasqueños repudian”– y se supo que no pasó “al aire” ninguna de las preguntas incómodas que hizo el público.
Y mientras que Madrazo aseguró que los perredistas mantienen tomadas “sólo algunas” de las instalaciones de Pemex, en una actitud “fuera de la legalidad” y que “no corresponde a la nueva etapa que vive el país”, el perredismo reforzó los bloqueos de las mismas. El senador perredista Audárico Hernández Jerónimo dijo que son unos 200 pozos petroleros en producción los que se hallan prácticamente paralizados.
“SOMOS PRESOS POLITICOS”
En los primeros días de las movilizaciones, iniciadas el 8 de diciembre, los perredistas bloquearon los accesos al puerto petrolero de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, así como la unidad petroquímica La Venta, en Huimanguillo, y el complejo petroquímico Ciudad Pemex.
Siguieron con la toma de 40 pozos en producción, diez en exploración y las baterías de separación Luna y Pijije, en el municipio de Centla. Se reforzó el bloqueo a los campos petroleros Zen y Muzgo 101 –con 40 pozos– en la zona indígena de Nacajuca, donde campesinos afectados exigen indemnización a Pemex desde hace año y medio.
La reacción del gobierno fue presentar denuncias contra los inconformes.
Agentes judiciales y preventivos arrestaron, el 13 y el 14 de diciembre, a perredistas de Comalcalco y Centla, que inmediatamente fueron recluidos en el centro de readaptación social Villahermosa.
Las acusaciones: “sabotaje, oposición a que se ejecute una obra o trabajo público, contra el consumo de la riqueza nacional y asociación delictuosa”. En cuestión de horas, el juez tercero de distrito les dictó a 33 el auto de formal prisión; el miércoles 21, les notificó la decisión a los otros 30.
En su condición de “presos políticos”, como se consideran, varios de los perredistas encarcelados se muestran tranquilos.
“Todos tenemos la moral alta; ninguno se ha achicopalado, porque todos queremos que siga la lucha hasta sus últimas consecuencias”, dice Enrique Fernández Valdés, dirigente perredista en el municipio de Comalcalco, detenido la noche del 13 de diciembre.
Detrás de la rejilla que separa a los reos en la sala de visitas del penal, Fernández Valdés rechaza una negociación que, a cambio de su libertad y la de sus otros compañeros, terminaría con las movilizaciones.
“No podemos parar un movimiento democrático por unos cuantos. Nosotros estamos dispuestos a seguir aquí encerrados. Estamos peleando por tener libertad, que tampoco tenemos afuera”, dice.
Esta es la opinión de todos los perredistas, completa Carlos Chiñas, dirigente en Centla, detenido por agentes judiciales en la capital del estado.
“Estamos dispuestos a todo por esta justa causa. Sabemos que estamos luchando contra un gobierno represor. No tenemos de qué arrepentirnos, porque no hemos cometido ningún delito; lo que hemos hecho es resistencia civil.”
–¿Están dispuestos incluso a que se les sentencie por los delitos de que se les acusa?
–Estamos dispuestos a todo. Estamos conscientes de que somos presos políticos por la represión de un gobierno que quiere imponer a alguien que no tiene el consenso popular.
“Incluso, si a alguno de nosotros le dan su boleta de libertad, se va a quedar solidariamente hasta que salgamos todos.”
Los dos dirigentes hablan mientras a varios de sus compañeros se les dicta el auto de formal prisión.
COMO EN EL EXODO BIBLICO
Tres de ellos miran, imperturbables, a los reporteros. “Aquí nos quedamos, aunque sea una injusticia”, dice uno de ellos. “La movilización allá afuera tiene que seguir”, dice otro.
Fernández Valdés informa que, luego de dos semanas de reclusión, no se ha presentado ningún incidente con otros reos. Cuenta que los 63 permanecen en el área de nuevo ingreso, pero dice que en unos días los trasladarán con otros procesados.
Durante el día platican entre ellos y tratan de mantenerse informados de lo que pasa en el exterior. Por la noche, antes de dormir, leen la Biblia.
“Somos cristianos todos. En la noche meditamos, leemos la Biblia. Comparamos nuestra causa con el éxodo de Israel, lo que sufrió ese pueblo y lo que tenemos que sufrir nosotros.
“Todas las luchas merecen un sacrificio. Y si nuestra libertad hay que sacrificarla para que otros tengan la democracia y la justicia, estamos dispuestos a ello”, asegura.
Chiñas opina que los 63 perredistas procesados son “los primeros presos políticos de la justicia panista”, en alusión al procurador general de la República, Antonio Lozano. Las irregularidades en la integración de las averiguaciones previas, explica, confirman “el maridaje que existe” entre el gobierno y el Partido Acción Nacional, del que procede Lozano.
“El fue de los que defendían la resistencia cívica. Y ahora, con el maridaje que hay, está reprimiendo”, acusa Hernández Valdés.
Los perredistas que mantienen bloqueadas las instalaciones petroleras no están dispuestos a ceder en su movimiento, que busca como “único objetivo” evitar que Roberto Madrazo asuma la gubernatura de Tabasco.
En la entrada principal del complejo petroquímico de Ciudad Pemex, en el municipio de Huimanguillo, unos 40 perredista cuecen carne en una tina metálica.
Ahí, hombres y mujeres han permanecido, desde el 8 de diciembre, bajo un toldo de plástico, impidiendo que entren los trabajadores de la petroquímica, salvo las personas que viven en el área de las instalaciones.
“Aquí no entra nadie”, advierte uno de ellos. “¡No nos vamos hasta que se vaya Madrazo!”, grita otro.
Cuentan que, a veces, varias veces al día, llegan agentes judiciales y soldados hasta los nueve campamentos que impiden el acceso al complejo, “para provocarnos.
“Si nos quieren detener, aquí los esperamos. No más nos llevan y vienen más compañeros. A ver si les alcanzan las cárceles para meternos a todos”, retan.
DENUNCIA DEL PRD CONTRA LA PGR
Como en Ciudad Pemex –donde se encuentra un aeropuerto resguardado por decenas de soldados del ejército mexicano–, en las instalaciones ubicadas en el municipio de Nacajuca los indígenas y campesinos mantienen una actitud firme.
También dicen que por las noches patrullan las instalaciones vehículos de la Policía Judicial del estado y elementos del ejército. Los bloqueos han sido reforzados para impedir desalojos violentos.
Sin embargo, después de las detenciones del 13 y del 14 de diciembre, no ha habido otras.
Mientras, Petróleos Mexicanos ha guardado silencio sobre las pérdidas que han generado los bloqueos a sus instalaciones:
Sólo el complejo petroquímico de Ciudad Pemex, prácticamente paralizado, produce cada 24 horas 375 toneladas de azufre y 14,000 barriles diarios de gasolina, y procesa 451 millones de pies cúbicos de gas amargo marino y 148 millones de pies cúbicos de gas dulce.
En cambio, Pemex prefirió presentar denuncias contra los bloqueadores, las que, a juicio del asesor jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Samuel del Villar, violentaron la ley.
La semana pasada, el también representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral presentó una denuncia por abuso de autoridad, falsedad, simulación y delitos contra la administración de justicia contra funcionarios de la PGR y el encargado del despacho del juzgado tercero de distrito.
En la denuncia de hechos, Del Villar y Rafael López Cruz, representante del PRD ante el Consejo Estatal Electoral, aseguran que los funcionarios de la PGR incurrieron en irregularidades “probablemente constitutivas” de los delitos señalados en la ejecución de la causa penal 141/994.
Los acusados son el subdelegado de Averiguaciones Previas de la PGR en Tabasco, David Rosas Rebolledo; los agentes del Ministerio Público Federal, Francisco Javier Mascorro García, Carmelo Reyes Gallardo, Víctor Medina Hernández y Felipe Alducín Saavedra; los agentes federales Octavio Mejía Guízar, Roberto García Sandoval y Joel Vázquez Martínez; los peritos Sergio Gómez García y José Alfredo Alatorre Sandoval, y el encargado del despacho del tercer juzgado de distrito, Constantino Baeza León.
Los abogados del PRD demandan al procurador Lozano Gracia ordenar las diligencias para la indagatoria de la denuncia y, en caso de presumirse responsabilidad, actuar penalmente. Y en el caso de los perredistas, le exigen el sobreseimiento de la causa penal y su libertad absoluta.
Según Del Villar, “estos hechos son el acto inaugural de Lozano Gracia. Está en tiempo para resarcir su error o convertirse en un torturador, en un nuevo Coello Trejo”.
