CHIHUAHUA, CHIH.- A 29 años del ataque al Cuartel de Madera y a dos décadas de la movilización de la Liga 23 de Septiembre, nuevamente se habla sobre la existencia de grupos armados en la entidad, reconocimientos y desmentidos de autoridades civiles y militares y acciones que son atribuidas lo mismo a presuntos guerrilleros que a gavillas de narcotraficantes.
A raíz del levantamiento armado en Chiapas, en enero pasado, funcionarios de la Dirección de Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación pusieron sobre aviso a funcionarios estatales de Gobernación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la posibilidad de actividades en la entidad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del Partido Revolucionario Obrero, Campesino-Unión del Pueblo y, eventualmente, del peruano Sendero Luminoso y la española ETA, según dijeron dos funcionarios del gobierno de Francisco Barrio.
El 4 de abril pasado, el subcomandante Marcos agradeció públicamente, en uno de sus comunicados, la intervención de doña Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del grupo Eureka –madres de presos, detenidos y desaparecidos políticos–, por su intervención para la liberación de cuatro presuntos integrantes del EZLN detenidos en Chihuahua, por su supuesta participación en un asalto.
“Ahora, por fin un breve espacio entre vigilantes aviones, minado de puentes y preparativos bélicos defensivos para empezar esta carta pospuesta injustamente, desde la liberación de cuatro de nuestros combatientes en Chihuahua, gracias a la tierna necedad de todas” (las llamadas doñas), escribió Marcos.
Hasta entonces, el hecho había pasado casi inadvertido y a los detenidos se les había responsabilizado de un asalto a una concesionaria de la cerveza Carta Blanca, en esta ciudad. El hecho ilícito había quedado como un acto de delincuentes comunes, asentado en el expediente 22/94 en el juzgado primero de Distrito de esta ciudad.
El hecho ocurrió el 31 de diciembre de 1993. Cuatro hombres fuertemente armados entraron, mediante engaños, en las oficinas de la concesionaria. Los asaltantes, según la denuncia formulada por los afectados, dijeron que con su acción cooperaban “con el movimiento guerrillero de Sendero Luminoso”.
El 7 de enero, agentes de la Policía Federal de Caminos detuvieron a cuatro personas que ocupaban un automóvil Volkswagen sedán –placas de circulación DTL9387– estacionado, a la altura del kilómetro 180, en la orilla de la carretera Jiménez-Gómez Palacios. Fueron señalados como los presuntos responsables del asalto a la Carta Blanca. Los detenidos denunciaron haber sido torturados por los elementos de la PFC, antes de ser recluidos en la cárcel municipal de Hidalgo del Parral. En su detención, los policías les recogieron dos escopetas –12 y 9mm.– y dos pistolas –.45 y .22–, algunas de ellas uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas.
Los detenidos fueron el chihuahuense Juan Cárdenas Mena y los chiapanecos Roberto Hernández Pérez, Rogelio Gómez Chávez y Elías Ruiz Alvarez. El 17 de febrero intervino el grupo Eureka y aseveró que los detenidos eran militantes del EZLN.
El subcomandante Marcos pidió a Rosario Ibarra su intervención para conseguir la liberación de los detenidos, y le dio una contraseña para presentarse con ellos. Con la ayuda de varios grupos sociales y el diputado perredista Luis Aguilar Salazar lograron la liberación bajo fianza de los cuatro detenidos, quienes, –se dijo–, se fueron a la ciudad México.
Unos días después, agentes de la dirección de Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación se entrevistaron con algunos de esos dirigentes sociales para saber el paradero de los cuatro zapatistas, “porque algunos de ellos tenían rangos importantes en el EZLN”, relató Martha de los Ríos, vocera de Eureka en Chihuahua.
En entrevista con Proceso, antes de su liberación, los zapatistas dijeron que su labor era de concientización entre grupos y movimientos sociales. “Somos difusores orales del pensamiento del EZLN, y lo hacemos de manera muy tranquila y callada en todo el norte del país; divulgar las condiciones generales en el país y tratar de que haya una toma de conciencia de ello y una participación en la lucha social por cualquier vía”, dijo Juan Cárdenas Mena.
A su vez, Roberto Hernández Pérez comentó: “si la gente no quiere tomar las armas, nosotros los conminamos a que subrayen su participación social”. Dijo que Chihuahua era el primer estado en el que trabajaba su grupo.
OTROS HECHOS E INDICIOS
La presencia de integrantes del EZLN no es el único indicio de la posible existencia de grupos armados en la entidad. Vecinos de los municipios de Guadalupe y Calvo y Parral, principalmente, han denunciado la presencia de “guerrilleros” y, por otro lado, en Ciudad Juárez y Nuevas Casas Grandes se ha hablado de “zapatistas haciendo labor” política. Uno de los lugares más mencionado es Baborígame, municipio de Guadalupe y Calvo, en plena Sierra Tarahumara.
Funcionarios públicos, como el procurador Francisco Molina, han informado sobre la existencia de “gavilleros” a los que se relaciona con el narcotráfico. El procurador Molina ha identificado a 15 bandas.
El 7 de enero pasado, el gobernador Francisco Barrio dio a conocer que se había iniciado un operativo para investigar si en Chihuahua había signos de una sublevación armada, sin haberse encontrado nada. Su coordinador de Fortalecimiento Municipal, Manuel Carrasco, dijo que se investigaba a los grupos “susceptibles” de participar en levantamientos armados, entre ellos, maestros, personas ligadas a la Iglesia católica, miembros de partidos políticos y organizaciones de la izquierda y narcotraficantes.
Desde entonces, en forma insistente, el mandatario estatal, el procurador Molina y el comandante de la quinta Zona Militar, general Luis Montiel López, han sostenido que no hay un sólo signo de organización guerrillera en la entidad. El procurador Molina sostuvo que “en la sierra no es factible la presencia de la guerrilla, porque ante esa posibilidad, no habría muchos blancos de ataque que eventualmente buscarían”.
Sin embargo, hay otros testimonios y hechos sobre grupos armados.
Esther Chaparro, una comerciante de Baborígame informó que en el mes de octubre fue “contactada” por una persona que la invitó “a formar parte de un grupo guerrillero que actúa en Chihuahua”. Ella rechazó la proposición.
El sacerdote Francisco Chávez, párroco de Baborígame, sostiene que en su relación con los indígenas de la zona no ha escuchado nada al respecto, pero acepta que en la zona hay mucha gente armada, que actúan gavillas y narcotraficantes en buena parte de la zona serrana y dice desconocer que haya una organización con motivaciones políticas.
El párroco Chávez dice haber escuchado en Guachochi versiones en el sentido de que en las barrancas conocidas como Wetachi –entre Baborígame y Guachochi, a cinco horas a pie– fue detectado “un grupo de hombres bien armados que no eran ni militares, ni narcotraficantes ni gavilleros”, comentó.
Más recientemente, el sábado 3 de diciembre, Eulalio Gutiérrez y un menor de la comunidad La Soledad del ejido de Baborígame, vieron por una vereda cercana a cinco hombres fuertemente armados, informó Pablo Carrillo, presidente del comisariado ejidal, municipio de Guadalupe y Calvo y en Parral.
Insistió en que estos “desconocidos” armados, “no se manejaban como soldados, porque eran muy pocos y andaban por las veredas; ni como gavilla, ni como narcotraficantes”. El mismo grupo fue visto el mismo día en el Rincón de Baborígame.
Además, a la par del surgimiento armado de Chiapas, en las principales ciudades de Chihuahua, la capital, Parral y Ciudad Juárez se repitieron las llamadas anónimas advirtiendo sobre la explosión de artefactos. Sólo en Ciudad Juárez en una semana hubo más de 20 llamadas que provocaron la evacuación de bancos, edificios públicos y privados, escuelas y guarderías. La Dirección de Seguridad Pública Municipal creó un cuerpo antiterrorista, que fue capacitado por Armando Castañeda, un jubilado de la Policía de Nueva York, especialista en localización y desactivación de artefactos explosivos.
El padre Camilo Daniel, de la parroquia de Colonia Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc, considera que en Chihuahua se vive una “situación de preguerrilla”.
“Ahí están –dice– los innumerables conflictos agrarios y forestales que indistintamente se resuelven a favor de los caciques. También ahí están los abusos contra indígenas de parte de los narcos, de militares y las gavillas, todos ellos que han fomentado la cultura de las armas y el terror.”
Y advierte que no debe olvidarse el “ciclo histórico”: “Me refiero a la reconversión de la gavilla, que después lucha con sus armas por motivaciones sociales o políticas, como sucedió con Pancho Villa”.
En el mes de abril pasado, tres hombres armados procedentes de Torreón, Coahuila, contactaron en Hidalgo del Parral a algunos misioneros maristas que trabajan en la región serrana, con el fin de reclutarlos para una organización armada.
Dos de los jóvenes misioneros, que condicionaron la información a la reserva de sus nombres, aseguraron que les hablaron como si ya los conocieran, les ofrecieron armas y organización para integrarse a un grupo guerrillero y les pidieron que buscaran varias cuevas y refugios en las zonas más abruptas de la sierra para sus movilizaciones clandestinas.
Uno de los entrevistados en el municipio de Guadalupe y Calvo, sostuvo que “la gente de Torreón que nos contactó, tenían especial interés en poder entrar a la Sierra Tarahumara sin hacer mucho ruido, utilizando la estructura y la organización que tenemos los misioneros y religiosos en la zona, sobre todo porque la gente de las comunidades ya nos tiene confianza, y eso les hubiera facilitado mucho a ellos su labor, pero nosotros nos inclinamos sólo por la lucha social, no por la armada”.
