Señor director:
El objeto de la presente es denunciar la corrupción que existe en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D.F., ubicada en Doctor Río de la Loza número 68.
Nosotros somos tres trabajadores que fuimos despedidos injustamente de nuestro empleo por conducto del señor Maximino Cortés Flores, propietario del restaurante Sevilla, negándose a liquidarnos y por tal motivo iniciamos una demanda laboral. Nuestros expedientes están radicados en la Junta número uno BIS, que preside María Teresita Oñate.
El 3 de agosto de 1994, fecha de audiencia del expediente 727/94, se nos informó que no se había notificado a la parte demandada porque no existía el domicilio. El 4 de agosto María Teresita Oñate, después de leer nuestro escrito de inconformidad, nos dijo: Su escrito lo echamos abajo.
Al ver que no podríamos llevar nuestros asuntos en esa Junta, acudimos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, con el procurador José Vergara. El a su vez nos regresó con la procuradora Noemí Prudon, adscrita a esa junta, la cual, después de hablar con la presidenta Oñate, salió y nos indicó que no podía llevar nuestros casos porque nos quejábamos de sus compañeras; una vez más regresamos con el procurador José Vergara y contándole lo sucedido nos dijo que no sabía qué hacer pues la otra procuradora se encontraba enferma, pero que nos recomendaba a un coyote de los que abundan en la Junta, que se llama José Antonio Romero y tiene su oficina en Hamburgo número 108 tercer piso colonia Juárez; nos entrevistamos con este señor quien nos pidió para gastos y cuatro cartas poder, a lo que accedimos.
Como ya habían pasado dos meses y no había respuesta favorable, me dirigí a la junta número uno BIS, recibiéndome la presidenta e indicándome que dentro de dos días teníamos audiencia. Nos comunicamos con José Antonio Romero, quien nos indicó que no iba a asistir a la audiencia y que si éramos muy salsas que sacáramos nuestros asuntos adelante.
Después de tres audiencias, el representante del demandado accedió a entregar 4,000 nuevos pesos. La conciliadora puso el 12 de octubre como fecha de la siguiente audiencia, en la que se entregaría esa cantidad; yo le dije que pusiera otra fecha, ya que ese día no laboraban; después de mucho insistir la puso el 13 de octubre. Cuando acudimos ese día, la conciliadora contestó que la audiencia ya no era con ella y que si queríamos cobrar que buscara al demandado para cobrarle.
El 19 de octubre de 1994, solicité el embargo al demandado; se aprobó nuestra petición y nos citaron para el 17 de noviembre, recomendándonos que lleváramos nuestro abogado, porque solos no podíamos asistir. Lo hicimos, pagamos nuestro abogado para asistir al embargo, pero la actuaria nos volvió a citar para el 24 de noviembre; para ese día a la misma hora teníamos audiencia por el expediente 727/94. Le pedimos a la presidenta María Teresita Oñate que no nos desamparara, pues ese día a la misma hora teníamos la ejecución por el expediente 809/94 y audiencia por el expediente 727/94, que por favor ella conciliara; accedió y nos encargó con la procuradora Lourdes Díaz.
Sin embargo, la actuaria Rocío al llegar negocio del demandado, me indicó que no podía embargar porque el negocio había cambiado de dueño; yo le dije que el dueño era la persona con la que había estado hablando a solas; me indicó que ella no conocía al dueño, que no insistiera.
Regresé a la junta local para saber qué había pasado con el expediente 727/94, indicándome mis compañeros que no se había presentado la parte demandada ni su representante ni la procuradora, ni la presidenta, y que la copia de lo actuado se negaban a entregarla.
En nuestra desesperación acudimos a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, donde fuimos atendidos por el procurador Arturo Pueblita y el subprocurador Margarito Hernández, que de verdad son dos finas y amables personas, pero después de conocer nuestro problema se preocuparon y lamentaron no podernos ayudar y nos regresaron con José Vergara por ser de su competencia. O sea, que estamos como al principio.
Atentamente
Domingo López Flores
Virginia Martínez Cruz
Isidro Morales Vázquez.
