CARACAS.- El 4 de febrero de 1992 hubo un intento de golpe militar contra el gobierno encabezado por Carlos Andrés Pérez. Lo protagonizaron jóvenes oficiales del ejército venezolano, agrupados en el Movimiento Revolucionario Bolivariano, MRB-200, encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Abortado el intento, Chávez declaró: “Lo hicimos para frenar la corrupción que corroe a este país”.
La corrupción, tema nada nuevo en Venezuela, cobró nueva vigencia. Y arreciaron las denuncias de una ciudadanía acosada por la crisis y hastiada de la impunidad.
Fue una de esas denuncias la que encendió la chispa que desató el incendio: fue contra Carlos Andrés Pérez quien, a consecuencia de ella, fue destituido de la Presidencia de la República, y hoy es un ciudadano sometido a juicio por peculado y malversación de fondos públicos. Caso muy parecido al de Fernando Collor de Mello, destituido como Presidente del Brasil, sometido a juicio, aunque fue absuelto en días pasados.
Prisionero en su domicilio, en atención a su fuero como exmandatario y a que su edad sobrepasa los 70 años, Pérez insiste en su inocencia, alega ser víctima de una conjura siniestra de enemigos políticos y confía en que el tiempo le dará la razón.
EL PUNTO DE PARTIDA
En octubre de 1992, el periodista José Vicente Rangel recibió información –entregada por un “espontáneo”– acerca de lo que calificó “una extraña operación” realizada por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 1989, es decir, apenas unos días después de que Carlos Andrés Pérez asumió la Presidencia de Venezuela por segunda vez.
Rangel, abogado, dos veces Premio Nacional de Periodismo, diputado por 25 años y tres veces candidato a la Presidencia de la República, decidió investigar a fondo dicha información. Descubrió que la “extraña operación” consistió en transferir fondos de una partida secreta del ministerio de Relaciones Interiores a la Secretaría de la Presidencia, con el pretexto de que esta última presentaba un déficit de recursos destinados a la seguridad interior.
Recurriendo a fuentes de información en el Banco Central y en el ministerio de Hacienda, Rangel fue consiguiendo nuevos indicios: el dinero retirado de la partida secreta de Relaciones Interiores –250 millones de bolívares– fue inmediatamente invertido en dólares, pero no en el mercado libre, donde la paridad era de 40 bolívares por cada dólar, sino al cambio preferencial de 14.50 bolívares por dólar.
Esa operación dejó una ganancia de 17.2 millones de dólares.
El 8 de noviembre de 1992, en el programa semanal de televisión que conduce, José Vicente Rangel hizo pública la denuncia. Y la repitió en su columna del diario El Universal, de Caracas.
Tres días después estalló el escándalo.
La Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados citó a Rangel a una comparecencia, para que entregara detalles de lo investigado. Rangel proporcionó datos mucho más precisos, porque a partir de su denuncia recibió nuevos informes de otros “espontáneos”.
Así, se supo que parte de los fondos retirados del ministerio de Relaciones Interiores fue destinado a operaciones encubiertas en Centroamérica –concretamente en El Salvador– y otra parte fue donada a la presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. La pregunta era si estas “inversiones” tenían alguna relación con la seguridad interior de Venezuela.
EN TIERRA FERTIL
La denuncia conmocionó al país. Había, sin embargo, un gran escepticismo acerca de sus consecuencias. Más bien se pensaba que no ocurriría nada al respecto.
El entonces Fiscal General de la República, Ramón Escovar Salom –hoy ministro del Interior– enterado de la denuncia de José Vicente Rangel, decidió ir hasta el fondo del asunto: Había que investigar, enjuiciar a Pérez si era necesario y, si se demostraba su responsabilidad, destituirlo de su cargo.
Quienes conocen a Escovar Salom y su trayectoria, afirman que en su decisión hubo dos factores: su enorme profesionalismo y probidad… y su enconado rencor contra Pérez, pues en 1977, cuando era ministro de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de Carlos Andrés, fue cesado sin aviso y sin explicaciones. Peor aún: se le notificó su despido cuando sobrevolaba Europa, en una gira de trabajo. Escovar Salom nunca olvidó. Ni perdonó.
Lo concreto es que a partir de la denuncia de Rangel, el fiscal solicitó informes a la presidencia del Banco Central, a la Contraloría General de la República y a la Subcontraloría de la Cámara de Diputados. Esos informes fueron tomados en cuenta en la investigación efectuada por el Ministerio Público.
Con todos los datos disponibles a la vista, Escovar Salom presentó los cargos de peculado y malversación de fondos públicos contra de Carlos Andrés ante la Corte Suprema de Justicia, la que concluyó que había méritos suficientes para iniciar un “antejuicio de mérito” al entonces Presidente de la República, y dictaminó que fuera suspendido en sus funciones.
ESE ANTIGUO MAL…
La corrupción en Venezuela se entronizó hace 36 años, opinan los expertos, y hacen coincidir su inicio con el golpe cívico-militar que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958. A partir de entonces, afirman, “Venezuela ha sido saqueada por la clase política de ambos partidos –Acción Democrática (AD) y el COPEI–, los empresarios y la cúpula militar”.
La nacionalización del petróleo –en el primer gobierno de Pérez, militante de AD, entre 1973 y 1978– y la coyuntura del mercado internacional, pusieron en manos del Estado una fabulosa fortuna. La guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes, provocó el aumento del precio internacional del petróleo, lo que significó para Venezuela aumentar sus ingresos petroleros de 3,720 millones de dólares a 9,770.
Carlos Andrés Pérez hablaba de “administrar la riqueza con criterio de escasez”. Fue, empero, en ese gobierno cuando Venezuela contrajo una fabulosa deuda externa. Al terciarse la banda presidencial, su sucesor, Luis Herrera Campins, del COPEI, dijo en el Congreso Nacional y ante Pérez: “Recibo un país hipotecado”.
Al término del gobierno de Herrera Campins, en 1993, el descontento era generalizado: 50,000 millones de dólares habían salido del país para engrosar cuentas bancarias en Europa y Estados Unidos, en respuesta a la nueva la política cambiaria al cabo de 30 años de estabilidad. El “voto de castigo” eligió a Jaime Lusinchi, de Acción Democrática, con la consigna: “Esto no lo aguanta nadie”.
Tal consigna se volvió en contra de Lusinchi. Se le acusó de haber sobrepasado los límites conocidos en materia de corrupción. Al entregar el poder a Pérez, reelegido para gobernar entre 1989 y 1994, Lusinchi dijo con todas las letras: “La botija está vacía”.
El 2 de febrero de 1989, Pérez inició su segundo gobierno, rodeado de centenares de invitados, en un ambiente de fiesta que la población llamó “la coronación”. El 27 del mismo mes estalló el “caracazo”, la mayor explosión social recordada durante la democracia.
No hubo un liderazgo político en ese estallido: el hambre, el hastío y la desesperanza fueron el motor de los saqueos. Pérez respondió lanzando al ejército a las calles. Aún hoy se desconoce el número exacto de muertos que dejó ese episodio.
Contra todo eso dijeron alzarse los militares bolivarianos en 1992. Pero Carlos Andrés Pérez parecía invulnerable… hasta la denuncia de Rangel y Escovar Salom.
Durante el juicio, Pérez afirmó haber utilizado los fondos públicos faltantes para consolidar la democracia de El Salvador y para fortalecer el gobierno democrático de Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua. Y agregó que defender la democracia en el área es definitivamente un asunto de seguridad interior de Venezuela.
En mayo pasado, la justicia venezolana decidió que Carlos Andrés Pérez debía ser sometido a juicio penal. El Congreso Nacional aprobó entonces su destitución definitiva como Presidente de la República.
Abandonado hasta por sus propios camaradas: el partido Acción Democrática –que él ayudo a fundar siendo secretario de Rómulo Betancourt– lo expulsó de sus filas, Pérez decidió enfrentar la situación con la vocación protagónica que le es característica. Y pese a tener la opción del arresto domiciliario, se presentó ante el Supremo Tribunal de la República para entregarse, exigiendo, además, que se le pusiera en prisión como a cualquier otro ciudadano.
Lo cierto es que no fue un preso común: el penal de “El Junquito” vio alterada su diaria rutina con una avalancha de reporteros, fotógrafos y visitantes que buscaban un contacto con el recluso 368, es decir, Carlos Andrés Pérez. Más que un preso, parecía un candidato en plena campaña. Arengas y discursos salieron de su celda y fueron profusamente publicados por la prensa local y extranjera.
Posteriormente Pérez optó por cumplir la detención en su domicilio.
Por ahora es un ciudadano cuyos derechos políticos están suspendidos, y sometido a juicio, el cual se encuentra en la etapa de presentación de pruebas. Si fuera absuelto, Carlos Andrés lograría el último sueño que le queda: un retiro decoroso. Si es considerado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta ocho años de cárcel.
Si esto último ocurre, cobrarán fuerza la palabras que pronunció en mayo pasado, al enterarse de su destitución: “Hubiera preferido otra muerte”.
