RIO DE JANEIRO.- En el país del futbol, un resultado 5-3 significa que el partido fue disputado, posiblemente con momentos de tensión, y que el ganador tiene todos los motivos para celebrar.
En la noche del lunes 12 de diciembre, hubo mucha celebración, con derecho a beber champaña de las mejores cosechas, quemar fuegos artificiales, y hasta para soltar algunas lágrimas de pura emoción, en una amplia casa situada al borde del Lago Sur, en Brasilia: Por cinco votos contra tres, el expresidente Fernando Collor de Mello había logrado derrotar, de manera implacable, a la opinión pública brasileña y a la misma memoria del país.
La derrota y el triunfo se produjeron en el Superior Tribunal Federal, órgano máximo de la justicia en Brasil, cuyos fallos son inapelables. Y así, los jueces decidieron que el expresidente, alejado de su puesto por acusaciones de corrupción e irresponsabilidad, era técnicamente inocente. Collor tuvo todos los motivos para conmemorar. El país, para lamentar.
En un principio, la culpa –al menos, técnicamente– corrresponde al fiscal general de la República, Arístides Junqueira. El fallo de los jueces que declararon a Collor de Mello inocente de las acusaciones de corrupción pasiva, repitieron, en monótona coincidencia, que la acusación carecía de pruebas. El empresario y abogado Paulo César Farías, mentor intelectual del plan que llevó a Collor a la Presidencia y su principal administrador, fue también declarado inocente. “PC” Farías se encuentra detenido desde hace más de un año, y responde a otros juicios (en uno de ellos fue considerado culpable de “falsedad ideológica” y de haber abierto cuentas bancarias ilegales, a nombre de personas ficticias, para mejor administrar el dinero de la corrupción). Condena: siete años en régimen semiabierto, es decir, pasará los días en la calle pero dormirá en la cárcel.
Hubo cosas curiosas en los fallos de los ocho jueces. Todos sabían que las acusaciones eran procedentes. El director de la Mercedes Benz de Brasil, Luis Adolar Scheurer, admitió públicamente que entregó a un enviado de Farías un millón 100,000 dólares. Sabía que Farías actuaba por órdenes de Collor. La fiscalía, sin embargo, no pudo ofrecer pruebas de eso, y tampoco pudo indicar cómo la Mercedes fue beneficiada en el gobierno de Collor. Bastaba con comprobar las gigantescas compras de autobuses que hizo el gobierno tan pronto Collor de Mello asumió la Presidencia.
Hay otros ejemplos, que involucran a la trasnacional Rhodia, a la tarjeta de crédito Mastercard, pasando por el monopolio del cemento, grupo Votorantim, presidido por José Erminio de Moraes, quien igualmente admitió haber “donado” más de un millón de dólares para la campaña electoral de Collor. También están los gigantes de la construcción, que en total admitieron haber donado más de diez millones de dólares a la campaña, para luego obtener jugosos contratos gubernamentales. Pero esos contratos tuvieron que pagar comisiones a “PC” Farías, es decir, al mismo Collor. Todo mundo sabe lo anterior, es cosa pública, pero la fiscalía general no logró aportar una solitaria prueba.
Como era de esperarse, la noticia de que Collor de Mello estaba libre de las principales acusaciones en su contra provocó airadas reacciones. Para empezar, dio lugar a un enconado debate entre los principales juristas brasileños. Los medios políticos se agitaron y la opinión pública una vez más declaró su frustración.
Uno de los principales “zorros” del Derecho, el jurista Saulo Ramos, afirmó en la misma noche en que se conoció el fallo del Superior Tribunal Federal, que la fiscalía había cometido una “equivocación primaria” al acusar a Collor de Mello de “corrupción pasiva”.
Según Ramos, el fiscal general debería haber acusado a Farías de “crimen contra la administración pública”:
–El sacó dinero a todo mundo en nombre del Presidente de la República, que fue cómplice por omisión o por acción directa.
Otro abogado de enorme prestigio, Miguel Reale Junior, afirmó que Arístides Junqueira, el fiscal derrotado, debería haber acusado a Collor de Mello de “omisión en la función pública de la mayor magistratura de la Nación”.
Mientras tanto, la opinión pública oscilaba entre la sorpresa, la decepción y la perplejidad. Uno de los jueces que absolvió a Collor de Mello, Sidney Sanches, es el mismo que presidió las reuniones del Congreso Nacional, que en diciembre de 1992 concluyeron con la destitución de Collor. En su voto de ahora, Sidney Sanches declaró no haber encontrado pruebas para condenar a Collor.
Hay, en todo caso, aspectos técnicos que deben de ser tomados en cuenta. Para empezar, el proceso que se llevó a cabo en el Congreso Nacional en 1992 era para decidir si el entonces presidente había o no cometido “crimen de responsabilidad”. Hay un artículo en la Constitución Federal que da al Congreso (Senado y Cámara de Diputados) poderes para juzgar al Presidente. En la noche del 30 de diciembre de ese año, se confirmó el veredicto inicial pronunciado dos meses antes. Collor fue declarado inelegible por ocho años y alejado del máximo cargo de la política nacional. Para llegar a esa decisión, el Senado se basó en los resultados obtenidos por una Comisión Parlamentaria de Investigaciones, que concluyó que Collor había infringido la ley “al proceder de modo incompatible con la dignidad, el honor y el decoro del cargo que ejerce”. Las mismas conclusiones levantaban la sospecha de un sinfín de delitos comunes, corrupción y chantaje, por ejemplo.
Condenado por el Congreso, Collor tuvo que enfrentarse a la justicia común. Y ahí, la cosa cambió y lo declararon inocente.
Quienes defienden la actitud del Superior Tribunal Federal argumentan lo siguiente: hubo fallas evidentes en la acusación. Además, la instancia máxima de la Justicia debe actuar de manera independiente, sin dejarse presionar por la opinión pública o por cualquier otra fuente. Los jueces no tomaron en cuenta, por ejemplo, grabaciones de llamadas telefónicas que indicaban claramente el sistema de corrupción, porque habían sido realizadas sin la necesaria autorización judicial. Lo mismo ocurrió en relación con los disquetes de computadora requisados en las oficinas de Farías, los cuales contenían toda la estructura –realmente aterradora– de un esquema cuyo propósito era mantenerse en el poder durante 20 años: fueron requisados sin mandato judicial.
El escándalo provocado por jueces que se ampararon en tecnicismos de la ley para absolver a una persona que es culpable a todas luces, sirvió, al menos, para poner en evidencia la necesidad de un nuevo debate en Brasil. ¿Qué vale más: la ley fría y lejana, o la moral? Se trata, advierten los más serenos, de un arma de doble filo. Sin embargo, varios dirigentes del Partido de los Trabajadores –el mismo PT de Lula, que fue la oposición más radical e intransigente a Collor y pieza fundamental en el proceso de acusaciones en el Congreso– defienden ahora al Superior Tribunal Federal. Los jueces, aseguran, tienen que cumplir la ley de manera imparcial, pues es una de las garantías básicas de la democracia en Brasil.
El asunto, en todo caso, no es así de fácil. Si hay jueces –al menos cinco, en el STF– que admiten que se apegan a los rigores técnicos del Derecho Penal, y si eso puede ser considerado un escudo protector para la democracia en Brasil, las leyes están alejadas de conceptos básicos de la moral. Al permitir que fallas evidentes en la acusación presentada por el fiscal máximo de la Nación absolvieran a un culpable, el tribunal pudo haber cometido un acto estrictamente legal, pero también absolutamente injusto. El espacio entre justicia y ley, y entre ley y moral, es más amplio que nunca en Brasil. La defensa del presidente Collor de Mello se burló de todos, al afirmar que el dinero encontrado en “cuentas fantasmas” eran sobrantes de la campaña electoral. Bien: en 1989, año de la campaña, la moneda circulante en Brasil se llamaba cruzados nuevos, sin embargo, la contabilidad requisada mostró que hubo una infinidad de depósitos bancarios realizados en 1990 y 1991… en cruzeiros. Nada más elemental, nada más obvio: era dinero de mordidas, dinero de corrupción, dinero ilegal ¿Sería necesario que la acusación presentara pruebas de eso? Desde luego. ¿Sería indispensable? Eso es lo que se preguntan los brasileños.
El país vive, desde el día en que Collor de Mello fue expulsado del trono máximo, con la perspectiva de terminar con la impunidad, de recuperar la dignidad negada o robada. La corrupción no es una invención de Collor de Mello y Farías no es el más perverso de los corruptores. Tan sólo hay que recordar los tiempos de los militares. El mismo gobierno de José Sarney, primer presidente civil desde el golpe de 1964, significó un período (1985-1990) de amplia y generosa corrupción. En ese gobierno se adoptó una frase atribuida a San Francisco de Asís –”cuando se da, se recibe”– para justificar el escandaloso intercambio de favores para la obtención de beneficios personales.
El caso Collor de Mello abrió nuevas perspectivas precisamente por haber sido llevado a las últimas consecuencias. Por primera vez en la historia, el Congreso llevó a cabo un proceso de desafuero y aprobó la destitución de un Presidente. Fue el segundo presidente de América sometido a un proceso similar (el primero fue Richard Nixon) y el primero de una infinita lista de corruptos políticos latinoamericanos en ser condenado públicamente, con todo y pruebas.
Esperar que Collor de Mello fuese a la cárcel era, desde luego, pecar por ingenuo. Al fin y al cabo, Farías está detenido por corrupto (el STF lo declaró inocente de ese delito) y se transformó en símbolo del final de una cierta impunidad. Una cierta, pero no la verdadera y total impunidad. ¿Dónde están los corruptores, los industriales y banqueros, los generales de la construcción, los mariscales de las trasnacionales? Si es delito exigir comisiones, también lo es pagarlas a cambio de beneficios que significan pérdidas para la Nación.
No hubo pruebas, para los jueces, pero para el país lo que más hubo fueron pruebas. Collor de Mello es de familia con recursos, por supuesto, pero no es lo suficientemente rico como para gastar un millón de dólares nada más que para reformar los jardines de su casa. Hay comprobantes de gastos por esa cantidad de dinero. El dinero vino de cuentas a nombre de personas inexistentes, las “cuentas fantasmas”. Esas cuentas eran abastecidas por “Farías, que utilizaba el dinero de las mordidas”. Dudar de eso es como considerar la posibilidad de que una mujer esté “ligeramente embarazada”, y aún después del parto, pedir pruebas de que alguna vez estuvo embarazada.
Amarga, terrible, dolorosa ironía final: Cuando el primer juez declaró a Collor de Mello inocente por falta de pruebas, en la tarde del viernes 9 de diciembre, en Río de Janeiro era enterrado Antonio Carlos Jobim, al maestro de la música brasileña de este siglo.
En Brasilia salía a la luz lo peor de Brasil. En Río, se enterraba lo mejor del alma de este país.
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