Las tribulaciones de varios perredistas en medianas esferas gubernamentales, así como los dilemas que pronto enfrentará el PAN en la Procuraduría y los que ya aquejan al nuevo gobierno en su intento por darle fondo al diálogo y a la civilidad, sugieren varias reflexiones. Entre ellas, quisiera destacar las que se refieren a los problemas propios de períodos, gobiernos y tentativas de transición.
Como alguien que nunca fue miembro del PRD –ni de sus bases ni de su dirección– no tengo empacho en afirmar que el partido cardenista debiera participar en el gobierno, entre otras partes, en aquellas que el presidente Ernesto Zedillo ha ofrecido, ofrecido realmente: No me refiero a los incomprables delirios de grandeza de unos y de otros. Como principio general, creo que no hay transición democrática sin coalición institucional; que ésta, puede o no ser gubernamental, según los casos y las coyunturas, y que hoy en México debe serlo. Los diputados, senadores, asambleístas y dirigentes del PRD podrían contribuir de manera significativa a la democratización del país desde dentro, para luego contender por el poder desde fuera.
Pero hubiera sido un error ingresar al gobierno –incluso a sus peldaños inferiores– al estilo de Acción Nacional: dizque a título individual, sin acuerdo programático y en una posición aislada, desproporcionalmente subalterna y altamente vulnerable. Según Porfirio Muñoz Ledo, el nuevo equipo de gobierno nunca formuló una propuesta cabal y directa de participación; igual, de acuerdo con el presidente del PRD, él y su partido la hubieran rechazado. Quizás mejor debieron haber entablado un proceso de negociación con las nuevas autoridades para formar al gobierno de transición que Ernesto Zedillo parece querer en Chiapas y en el DF con el PRD, y a nivel nacional con el PAN, a condición de que no se le ponga Jorge al niño.
Si la falta de iniciativa y unidad impidieron al PRD sacar verdadero provecho de una coyuntura sucesoria mucho más compleja y delicada de lo que muchos piensan, la timidez y carencia de grandes vuelos conceptuales imposibilitaron al PAN hacer lo propio. El blanquiazul aceptó correr todos los riesgos, y pagar mucho de los costos, de develar en sociedad su entendimiento anteriormente privado con el PRI, sin lograr muchas de las condiciones, factibles y deseables para el PAN y para el país, que Zedillo hubiera podido otorgar. Casi repitiendo su desliz de 1989, cuando la fracción parlamentaria panista entregó su voto a favor de una reforma electoral insignificante a cambio de poco o de nada que no hubiera obtenido de cualquier forma, ahora el PAN volvió a exigirle muy poco a quien estaba dispuesto a otorgar mucho.
El PAN tenía la opción de presentar dos exigencias: un acuerdo de programa, explícito y preciso, por una parte; y una proporción muy superior –cercana a la cuarta parte– de los 20 y pico de puestos que comprende el gabinete real. Haber aceptado uno –y sólo uno– equivale a pagar todos los costos de la cohabitación con el PRI en el gobierno, y disfrutar de muy magros beneficios: pocos cuadros aprovecharán un aprendizaje de gobierno; habrá escasas posibilidades de vigilar en los hechos la puesta en práctica de un hipotético programa común; el poder real compartido con Acción Nacional, sin ser despreciable, es mucho menor al que hubiera podido ser.
Pero sobre todo, el PAN desperdició una gran oportunidad de imponerle al gobierno un proyecto propio, por lo menos en parte. No que el programa del PAN sea de mi agrado, ni que las diferencias que lo separen del esquema de gobierno de Ernesto Zedillo sean abismales. Pero el proyecto panista rebasa el ámbito de la procuración de justicia: abarca la descentralización, la lucha contra la corrupción, la democracia y una serie de reformas sociales y culturales. No se puede descartar la posibilidad de que el PAN haya llegado a un acuerdo sobre este tipo de temas –y muchos más– con Zedillo; pero sólo es juzgable un partido político por sus actos y compromisos públicos. Los otros, por definición, no se conocen más que por chismes, deducciones o filtraciones. Hizo bien Acción Nacional en aceptar lo que le ofrecieron; debió haber conseguido más.
El gobierno, por su parte, haría bien en no confundir su discurso y sus maniobras con la realidad, a menos de que, como en los viejos tiempos de la gloria de José Córdoba, la realidad consista, justamente, en las maniobras. El presidente Zedillo y Esteban Moctezuma sacaron la conclusión evidente de la derrota de Cuauhtémoc Cárdenas el 21 de agosto: ya no ejerce ese mismo poder que antes dentro su partido; ya no inspira el mismo temor de antes, ya que su capacidad de disuasión sobre los “radicales libres” se ha visto seriamente mermada. Pocos le temen ya a Cárdenas, porque poco puede hacerles a quienes se aparten de su camino.
He ahí la explicación del tan llevado y traído diálogo de las autoridades con el PRD. En realidad, el acercamiento se ha producido con un sector muy preciso y limitado del partido oposicionista: con la facción blanda de la fracción parlamentaria, es decir precisamente con aquellos más susceptibles de resistir política y materialmente las furias redentoras del excandidato perredista. Lo mismo ocurre con los senadores y asambleístas del PRD: dialogarán hasta la eternidad con el gobierno, sin cohibirse por consideraciones electorales o principistas. Importa hoy menos que Cuauhtémoc no participe en el diálogo. Sigue siendo un primus inter pares, pero ya no es el tlatoani.
Donde el gobierno correría el riesgo de equivocarse es en magnificar la representatividad de los legisladores perredistas. Con cuatro o cinco excepciones, son todos plurinominales y el que conquistó los votos que los llevaron a San Lázaro se llama Cárdenas. Las listas de representación proporcional del PRD fueron hechas al vapor y en el mayor desorden, y sus integrantes reflejan las correlaciones de fuerzas coyunturales y burocráticas de mayo pasado. Ni el cardenismo regional ni el descontento social ni la crítica intelectual al régimen se identifica con los diputados elegidos. Algunos son capaces, otros supremamente ineptos; unos han demostrado una honestidad a toda prueba durante años, mientras que otros no ocultan su disposición a ser seducidos, y el precio que piden. Pero pensar que el amplio, profundo, y en ocasiones intenso malestar de por lo menos 6 millones de mexicanos que votaron por Cárdenas el 21 de agosto, se reconoce en las huestes de Jesús Ortega en un espejismo que el gobierno no debe confundir con la tierra prometida del consenso nacional.
“Paraestatalizar” al PRD no es una tarea inconcebible ni absurda: los precedentes políticos y personales pertinentes abundan. Pero al igual que a finales de los 70 y a principios del decenio siguiente, la cooptación de oposiciones escasamente representativas reviste costos: dejar fuera de la política a “influyentes”, al descontento, a la ira, a la desesperación. Luego faltan los chiapanecos, los tabasqueños, los michoacanos y sepa Dios quiénes más. Córdoba y Salinas abusaron de la maniobra y de la trampa porque sólo les interesaban éstas; seguir por ese camino ahora, a control remoto desde Washington y Ginebra, o por iniciativa propia, sólo es compatible con el cinismo y el exceso. Las nuevas autoridades parecen poco proclives a estos pecados. Pero la soberbia puede inducirlas a ellos.
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