El domingo próximo pasado, el pleno del Consejo Nacional del PRD resolvió proponer la instalación inmediata de “una mesa de negociación”, para tratar la situación en Chiapas, Tabasco y Veracruz y abordar “con una agenda precisa, la reforma democrática del Estado, como el inicio de una transición a la democracia, que ponga fin al sistema de Partido de Estado, que garantice la supremacía del sufragio popular y el respeto del mismo, la igualdad política de ciudadanos y partidos, el funcionamiento de un verdadero Estado de Derecho…”
El documento fue el resultado de tres días de tormentosos debates que sacudieron al partido y lo llevaron al borde de la fractura o la dispersión. Su aprobación representa un avance para la tendencia que apoya la participación del PRD en una transición democrática negociada y, puesto que nadie abandonó sus filas, una victoria para la consolidación de la unidad pluralista que parece ser una de las características distintivas de ese partido. En esta ocasión, el arquitecto de la difícil unidad, ha sido Porfirio Muñoz Ledo, quien supo conciliar entre los extremos, sin sacrificar la orientación clara de la organización.
El problema que enfrentó a los miembros del PRD ha estado sacudiendo a la izquierda mexicana desde su nacimiento. Es el problema de la relación con el Estado y con el gobierno en turno. Durante varias décadas, empujada por la represión y el ninguneo, la izquierda vivió al margen del sistema político oficial, en los pequeños condominios de las ciudades o las chozas ocultas del campo. Con la excepción de algunos contactos esporádicos, el gobierno sólo se dirigía a ella para hostigarla o satanizarla. Por su parte, la mayor parte de la izquierda era partidaria de una inminente revolución. El sistema político se le aparecía como irreformable y el Estado era visto como un enemigo con el cual se estaba trabado en lucha mortal. Para el gobierno, la negociación sólo tenía sentido como un paso en la cooptación y para la izquierda, era la antesala de la traición.
Cuando en 1977, el gobierno de López Portillo llegó a la conclusión que el sistema no podía preservar su legitimidad y su estabilidad sin integrar en él parte o toda la oposición de izquierda, sin legalizar su presencia y el negocio cotidiano con ella, encontró una gran resistencia de principio. ¿Negociar con el gobierno, no era legitimar un sistema que estaba a punto de derrumbarse? ¿Tratar con los representantes de la burguesía no equivalía a traicionar al pueblo? Además pesaban los rencores producidos por choques pasados. Entre 1977 y 1988, la cohabitación se fue consolidando lentamente, en una relación totalmente asimétrica. La izquierda era legal y como tal se le trataba, mientras aceptara su condición de participante menor en un sistema cuyos candados le impedían cualquier acceso serio al poder. Quién en sus filas quería participar de los dulces frutos de éste, no debía apelar al voto popular sino a la transa, la venta, la traición.
Los movimientos y los partidos de composición popular desconfiaban de los dirigentes que dialogaban o negociaban en secreto con los poderosos y sus aprehensiones eran alimentadas por un estilo de gobernar que descremaba cíclicamente a la oposición, corrompiendo o cooptando a sus dirigentes. En 1988 se produjo un cambio radical en la izquierda. La muy esperada y anhelada división del PRI llegó y representantes destacados de una posición de centro establecieron una alianza con ella. Una alianza que, pese a sus permanentes tensiones, ha ido adoptando visos de estabilidad. La fuerza de ese bloque social demostró ser muy superior a la de la izquierda aislada o la del centro encerrado en el partido de gobierno. La reacción del gobierno de Salinas a su formación, fue el enfrentamiento. Incapaz de regresar a sus oponentes a la ilegalidad, rompió el diálogo y los sometió a un tratamiento sistemático de exclusión, fraude electoral y confrontación, mientras iniciaba un compromiso histórico con el PAN.
El nuevo partido por su parte, centró todas sus energías en ganar las elecciones presidenciales y preparar la defensa del voto, excluyendo la colaboración negociada con los representantes de un sistema que estaba a punto de hundirse. Las posiciones se endurecieron. Hubo sin duda negociaciones y acuerdos, pero éstos fueron siempre locales y coyunturales. Durante seis años predominó en la relación entre gobierno y el PRD, la confrontación. Costosa como fue para el PRD, ésta le ayudó a cimentar la alianza entre centro e izquierda, definir su identidad opositora y fortalecer sus lazos con los sectores más radicalizados de la población.
En quince días, Zedillo cambió esta situación. Sólo necesitó cuatro encuentros públicos con representantes del PRD, para restablecer el diálogo interrumpido. Se consolidó la posibilidad de conversar y de discutir –que esto y nada más, es el famoso diálogo– los problemas del país directamente con el Presidente de la República.
En el PRD, esto produjo reflujos profundos. Mientras que un sector sigue convencido que perdió las elecciones sólo debido al fraude, que existe un gran movimiento popular latente que sólo necesita ser convocado, que como su predecesor, Zedillo no aceptará el camino de la transición democrática negociada; otro realiza una lectura diferente de las elecciones: existe un reflujo en el movimiento popular, es posible que Zedillo acepte por fin lo inevitable, vale la pena intentar la negociación.
Si bien hay militantes de reciente ingreso que pueden creerlo, dudo mucho que políticos de la talla de Cuauhtémoc Cárdenas o Mario Saucedo crean que es posible avanzar sin negociar, que el cambio dependa exclusivamente de la lucha frontal. Para quien sea capaz de leer entre líneas, lo que realmente se discutió en el CEN del PRD, es si existen ya condiciones para negociar con el gobierno. Como negociadores, los gobiernos del PRI tienen muy mala fama.
Durante décadas concibieron a sus contendientes como realidades pasajeras. La negociación era sólo un artificio para dividirlos, cooptarlos, desarmarlos, en una palabra, aniquilarlos. Su propósito era ganar tiempo que siempre trabajaba en favor de la fuerza más estable, el Estado. El problema es si las condiciones han cambiado. ¿Las insistentes declaraciones del nuevo presidente sobre su disposición a una “reforma electoral final”, son manifestaciones de un propósito genuino o una cortina de humo que será retirada tan pronto el enemigo se aquiete? ¿El indudable restablecimiento del diálogo con el PRD es un reconocimiento de su permanencia en el espectro político mexicano o una treta para preparar la separación de su base popular y su dispersión?
Estoy firmemente convencido que la mejor vía al tránsito democrático en México es la negociada, pero las dudas sobre las intenciones verdaderas del nuevo gobierno son legítimas. Ernesto Zedillo puede disiparlas yendo más allá de las palabras, demostrando con actos que he means business. En Chiapas ha habido actos de presión sobre el EZLN, pero ninguno que demuestre que las reformas económicas y políticas demandadas estén en marcha. En Tabasco se ha actuado como si las elecciones hubieran sido de una transparencia cristalina, cuando es obvio que su autenticidad exige al menos una investigación federal. La reforma judicial –sin duda un elemento fundamental de la transición a la democracia– se acelera, impidiendo su examen serio no sólo por parte de los miembros del poder legislativo, sino por el público en general, en un estilo que no corresponde al de la “transición negociada”.
La aceptación por parte del presidente de la propuesta para la instalación de una mesa de negociación en los términos propuestos por el PRD puede ser el principio de un gran cambio para el país. Puede también reducirse a una medida táctica de efectos sumamente limitados. La cuestión es si el PRI mantendrá su política de freno al cambio o está dispuesto –en términos naturalmente– a constituirse en fuerza motriz de éste.
Por su parte, el PRD, que ha dado con la resolución del día 11 un paso decisivo en el camino de la aceptación de la inevitabilidad de la negociación, debe mostrar que está dispuesto a conceder, que entiende que no son épocas para demandas maximalistas.
Debe definir con precisión las diferencias y la íntima relación que existe entre oposición, diálogo, lucha y negociación y demostrar que es capaz de llevarlas a la práctica con una flexibilidad y una inteligencia que hagan honor a la tozudez y la valentía que demostró en los seis años de ininterrumpida confrontación.
Y hablando de eso, está el caso de mi amigo, Laco. He compartido el pan y la sal con él en restaurantes de Moscú y la tortilla y el chile en el valle de Aguascalientes, Chiapas. Su posición es consecuente. El siempre ha estado con un pie en la izquierda y el otro en el gobierno y ha tenido una tendencia marcada a usar el capital obtenido en uno para abrirse espacio en el otro. Me parece que esa posición –que por cierto no es exclusiva de él– es, en ocasiones, útil para ambos. Pero en lo que respecta a la situación actual en Chiapas, me permito diferir. Mis simpatías están más bien con posiciones como las de Antonio García de León, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Armando Bartra, José Luis Calva y Juan Villoro.
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