Insólitamente, un grupo de trabajadores, de distinto rango, abucheó a Ernesto Zedillo a su llegada a la sede de la Suprema Corte de Justicia, para escuchar el informe de su presidente Ulises Schmill. El enojo de los empleados judiciales es grande, pues saben que muchos de ellos perderán empleo y beneficios al enmendarse la constitución del hasta ahora ficto poder judicial.
Es creencia que algunas de estas personas fueron azuzadas, para expresar así su indignación, por varios de los ministros a punto de emigrar, sin pena ni gloria, del tribunal supremo de México. No son conocidos los casos de jueces que merezcan exaltación y aprecio, no se sabe de personajes de la ley que se asemejen al juez italiano que trastocó la política de su país al enfrentar a la mafia y ahora al principal del neoliberalismo ítalo, el siniestro Berlusconi, primer ministro.
El artículo 94 de la Constitución Política de los mexicanos deposita el ejercicio de la judicatura última en casi una treintena de ciudadanos. Son ellos, han sido, quienes dictan lo que debe cumplirse, en última instancia, según su interpretación. Eso es lo que dice la Constitución.
Pero lo que se sabe y padece, desde hace décadas, es que se finca un contubernio y dependencia arraigados entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Estos son, han sido, nombrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Y habida cuenta de que el Poder Legislativo ha sido correspondiente y no menos dependiente de los presidentes, es tradición indigna que los presidentes de la Suprema Corte de Justicia sean delegados sumisos a los dictados presidenciales.
Ahora, con celeridad inusitada, se reforma el estatuto de la Suprema Corte y se altera en parte grande esta tontería política, en sesiones presurosas y desatildadas. La corrupción y la ineficacia jurisdiccionales, la presunta impartición de justicia, es lacra mexicana que propicia inseguridad, maldades sin cuenta en la vida nacional.
También con premura se han hecho modificaciones a la iniciativa presidencial. La oposición ha reclamado tiempo y escrúpulo; ha hecho propuestas cuyo destino es ignoto. El candidato Zedillo dijo en Guadalajara, el 14 de julio, que la independencia debe ser la cualidad más importante de los jueces. No lo es, se asocian, negocian, reciben peticiones, instrucción de los poderes ejecutivos, con frecuencia insoportable.
Esta rémora de la vida civil reclama corrección grande en toda la República. Por lo pronto, ya se alterará su atavismo conformista y estéril.
En vez de hacer saber, públicamente, el criterio de los miembros de la Judicatura Nacional, el ministro Schmill consintió en las reformas, a las cuales calificó de profundas. Hizo saber que habían omitido opinión y que acatarán lo que se determine legislativamente.
Las manifestaciones de los trabajadores de la Suprema Corte indicaron modalidad política en incremento en el país. Ya no se cuidan las formas ni inhiben las investiduras. Los ciudadanos se las arreglan de muchos modos para evidenciar sus inconformidades y sus reclamaciones. Sería bueno que se mantuviesen composturas y cuidados. Pero es mejor que se externen los reclamos abiertamente, sin atenerse del todo a lo que ventilen y negocien los sindicatos, los jefes políticos.
Según Aron, “la política es dialéctica cuando se desarrolla entre hombres que se reconocen recíprocamente”. Los abucheos no son expresiones de reconocimiento. Se acabaron los desdenes y los miedos.
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