Optimista –y hasta entusiasta– frente a la iniciativa de reformas al sistema de justicia presentada por el presidente Ernesto Zedillo ante el Senado de la República, Mariano Azuela, ministro de la Suprema Corte de Justicia, advierte sin embargo que éste es apenas “el primer paso”, al que deben seguir otros para arribar a un auténtico Estado de Derecho en nuestro país.
“Digamos que por ahora tenemos ya una primera carta, que es un as”, dice. “Pero por sí solo ese as puede no servirnos de nada. En cambio, si se completa con otros ases, podemos tener un póker o un repóker, que signifique verdaderamente una transformación del sistema de administración de justicia.”
Azuela, de 58 años de edad, ministro desde 1983, explica que el nuevo sistema girará alrededor de dos organismos: el pleno de la Suprema Corte, con once miembros (en vez de los 26 actuales), y el Consejo de la Judicatura Federal, con siete integrantes, que asumirá las funciones administrativas. “Ahora lo importante será que haya una selección escrupulosa de quienes formarán ambos cuerpos, para que sean personas que incluso su imagen pública sea de independencia, de honestidad invulnerable, de capacidad profesional y de laboriosidad”.
Este cambio, si es auténtico, va a ser muy positivo, dice, “pero si simplemente se trata de congraciarse ahorita con la opinión pública, pues finalmente no va a ofrecer ningún resultado”.
Elogia el hecho de que, conforme el proyecto, el Presidente de la República “ya no podrá designar como ministro de la Suprema Corte a quien le da la gana, sino que se establecen marcos muy claros: Debe ser una persona que se ha desenvuelto con eficiencia y probidad en la administración de justicia, o una persona que, moviéndose en otros campos del derecho, goza de una honorabilidad y una capacidad que lo hacen merecedor del cargo”.
Además, dicha designación tendrá que ser aprobada por las dos terceras partes del Senado, “lo que resulta particularmente importante cuando en ese órgano legislativo hay ya una presencia de la oposición”.
Renuente a hacer un juicio crítico sobre la actuación de la Suprema Corte de Justicia –”la ropa sucia se lava en casa”, dice– Azuela señala en cambio los riesgos que a su juicio enfrentará la nueva reforma:
“El primer riesgo es que las personas que asuman la responsabilidad de la Corte y del Consejo de la Judicatura no tengan los atributos necesarios para constituir una Corte fuerte e independiente. El segundo, que teniendo esos atributos, luego no los manifiesten, no actúen en consecuencia. El otro gran riesgo que siempre estará latente es que, dándose los dos elementos anteriores –buena selección de ministros y consejeros, actuación valiente, independiente y capaz–, su actuación empiece a lastimar a funcionarios públicos que vean en ello una agresión a sus políticas. Puede ocurrir que esas personas presionen en busca de una Corte dócil que de algún modo tenga la sensibilidad para adivinar qué es lo que quieren en el Ejecutivo.”
Con todo, insiste:
“Yo veo con mucho optimismo estas reformas, porque siento que obedecen a lo que la comunidad mexicana está deseando. Para que México avance se necesitan transformaciones profundas. Y sobre todo, en este momento, no creo que remedios caseros puedan contribuir a un mejoramiento sensible en el desarrollo democrático, en la división de poderes, en fin, en los grandes valores que están en la Constitución.”
–¿Piensa entonces que la reforma va en serio, a fondo?
–Siento que esta reforma es un primer paso de lo que podría convertirse en una reforma en serio. Es el primer as del que hablaba, al que deben sumarse otros.
“Pienso que para que esto opere se necesita después establecer muchos cambios en la instrumentación de esta reforma. Cambiar para no cambiar es absurdo. El cambio en la ley, sin el cambio después en la instrumentación de la ley, no es posible.”
–¿Esta reforma puede incidir en un saneamiento del Poder Judicial?
–Pienso que si las cosas se realizan como parecen estar diseñadas en la reforma, esto indiscutiblemente provocará una transformación en cadena. No sólo a nivel de justicia federal, sino también de justicia local. El nuevo Consejo de la Judicatura deberá establecer mecanismos no de desconfianza –porque yo no veo con simpatía que le digamos al pueblo que en principio todos somos ineptos y todos somos corruptos–, sino que permitan detectar dónde existen irregularidades y en ese momento sí ir a fondo. En el momento en que nos sometemos al orden jurídico primero los funcionarios públicos, luego los gobernados, en ese momento tenemos reglas a qué atenernos.
–¿Resistiría el sistema político mexicano un Poder Judicial así, autónomo, verdadero, sano?
–Yo le diría que aquí va a ser un problema de ver cuántos son los pillos y cuántos son los honestos. Soy optimista: pienso que en México somos muchos más los que pretendemos hacer las cosas bien. Lo que pasa es que tenemos limitantes, no podemos utilizar todos los instrumentos, porque algunos tenemos que descalificarlos por indebidos y a veces lo que ocurre es que hay unos cuantos pillos sin limitaciones que dan la impresión que son la mayoría.
“Si la comunidad toma en serio que las cosas se quieren hacer bien y presiona y suma sus esfuerzos para que las cosas se hagan bien, vamos a poder ver grandes transformaciones. Pero si la comunidad sigue indolente y deja que sean los pillos los que se aprovechen y sigan haciendo de las suyas, pues naturalmente que no lo va a soportar y no soportarlo significa que se apoderen los pillos, que hagan ellos las reformas, manden a volar a los que están siendo independientes y volvamos a épocas antiguas.”
–Una crítica frecuente, común a la Corte, es el de actuar en acato de lineamientos que dicta el Ejecutivo. ¿Podrá terminarse con esto?
–Yo tengo como experiencia personal que nunca he recibido presiones. He actuado siempre con absoluta independencia. Tengo de alguna manera la sensación de que algo que siempre era una preocupación latente, el temor de que si en algunos temas de cierta importancia se asumía una actitud contraria (declarar la inconstitucionalidad de una ley, por ejemplo), esto podría enojar al Ejecutivo. Y en un sistema en que el Ejecutivo no quiere que nadie lo toque ni lo limite, lo más sencillo era reformar la Constitución, borrar la inamovilidad y mandar a la calle a todos los ministros. Por supuesto que con un Senado y una Cámara de Diputados independientes esto no podría suceder, pero lo cierto es que uno advertía que esto no sólo podía suceder, sino que fácilmente sucedería. A eso atribuyo yo el que había algunas decisiones influidas por ese temor, aunque no tengo elemento alguno para decir que había una consigna del Ejecutivo, sino que, más bien, como que se advertía que la mayoría veía como muy grave, riesgoso, el que se hiciera tal o cual pronunciamiento.
–¿Qué tanto llegó a contaminar la política a la Corte, el nombramiento de ministros por razones políticas?
–Concretamente, podría decir que en el sexenio que acaba de pasar hubo una sala de la Corte –la tercera– que la mayor parte del tiempo funcionó con cuatro miembros, en vez de cinco, porque no se designaba al ministro faltante. A mi me gustaría que se añadiera en la reforma que si el Presidente de la República en un término equis no hace la designación, pues por ejemplo el magistrado de mayor antigüedad funja como ministro interino. Y aun más allá: que si en equis tiempo no hay tal designación, ya quede como ministro. Porque yo sí siento que eso disminuye al Poder Judicial. Debo decirle en honor a la verdad que aunque sí ha habido designaciones que tienen un claro motivo político, la gente designada ha sido gente calificada, valiosa, incluso algunos de ellos no deberían estar en la política, sino desenvolverse en el campo de la judicatura.
Azuela –quien como los demás ministros actuales de la Corte será jubilado al entrar en vigor las reformas– apoya que en el proyecto presidencial se establezca como condición para ser designando ministro de la Corte el no haber ocupado algún cargo público en los seis meses anteriores. En cambio, sobre el precepto de que al salir del cargo de ministro tengan que pasar dos años para ocupar otro cargo público, opina que “ahí la reforma es tibia”. Explica: “Yo estoy por la inhabilitación de por vida de los ministros de la Corte para poder ocupar otro cargo en la administración pública y para litigar. De por vida, no por dos años. Esto garantizaría que quien va a la Corte tenga verdadera vocación jurídica, porque la verdad es que algunos lo piensan como una etapa transitoria, un trampolín, en espera de algún cargo en la política. Eso se acabaría”.
Enfatiza:
“Esos riesgos de vinculaciones políticas pueden llegar a disminuir –no digo que necesariamente– la independencia del funcionario.”
Por lo demás, piensa que la reforma propuesta puede fortalecer el federalismo “de manera extraordinaria” y que también tendrá una profunda repercusión política. “La acción de nulidad que se otorga a las minorías de los cuerpos legislativos de poder plantearle a la Corte la inconstitucionalidad de una ley, por ejemplo, es muy importante, muy hermoso. Porque la minoría en un momento dado puede ser mayoriteada y perder, pero ahora podrá acudir a la Corte y lograr la nulidad de esa ley. Y esto también tendrá efectos preventivos, porque ya no tan fácilmente se va a mayoritear sobre algo que la Corte puede echar para atrás. Y esa facultad de acudir ante la Corte va a ser también del procurador general de la República, algo sumamente importante. Claro, todo esto funciona en la medida en que la gente tiene conciencia de su independencia”.
 |
 |
 |
 |
 |
