La intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial es el riesgo que más preocupa a los juristas respecto de la iniciativa del presidente Ernesto Zedillo para modificar la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia.
Elizur Arteaga Nava, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirma que, constitucionalmente, el Ejecutivo continuará nombrando a los ministros de la Corte, “con lo cual ese Poder continuará teniendo injerencia en el Judicial”.
A su vez, el jurista Emilio Krieger dice que la intención presidencial de jubilar de golpe a los 26 ministros actuales de la Corte “es políticamente equivalente al autogolpe del presidente peruano Alberto Fujimori, cuando desapareció el Poder Judicial de su país”. Y advierte un “riesgo nuevo, mayor”: que al ser designados por el actual Presidente, los nuevos once ministros constituyan “una Corte zedillista”.
El constitucionalista Arturo Zaldívar, más prudente, piensa que la iniciativa presidencial busca la independencia del Poder Judicial, aunque reconoce que la forma de integración que se plantea en ella para reestructurar el Poder Judicial “no es la más feliz” y que “debió hacerse una consulta amplia” sobre las reformas.
ARTEAGA: FORMULAS NO IDONEAS
La iniciativa enviada por el presidente Ernesto Zedillo al Senado de la República contiene errores tanto de “forma” como de “fondo”, que deben ser revisados y, en su caso, corregidos antes de que, como es inminente, se apruebe la propuesta presidencial, plantea Elizur Arteaga Nava.
Se pretende resolver los problemas, dice, “pero las fórmulas que aparecen en esa iniciativa no son las idóneas para resolver los problemas de constitucionalidad y de imparcialidad judicial, de excluir a la Corte de la política y de excluir a los políticos de la rama judicial”.
Investigador y maestro de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Arteaga Nava considera que la iniciativa confunde “lo que es una Constitución con lo que es un reglamento o una ley fiscal, al pretender regular todos los detalles; esto la hace una iniciativa casuística”.
De los principales puntos que cuestiona por la forma en que están planteados –aunque considera sana su inclusión– en la iniciativa son: la regulación para que los políticos no pasen –en forma inmediata– a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o viceversa, que miembros de la SCJN salgan de ésta para participar en política, y la formación del Consejo de la Judicatura Federal.
En estos puntos, Arteaga Nava plantea el nivel “casuístico” de la iniciativa, pues intenta excluir a los miembros de la rama judicial sólo de cierto sector de la política y sólo a ciertos políticos de la actividad judicial.
Analiza: Hasta ahora, la SCJN “ha sido un equipo de segunda división”, y es obvio que “ningún secretario de Estado estaría dispuesto a bajar de la primera división a la segunda”.
Quienes desean llegar a la SCJN son los diputados, los senadores, los oficiales mayores de alguna Secretaría, algún subsecretario, “pero no los secretarios de Estado”. De esta forma, la iniciativa “no excluye a quienes, como políticos, aspiran a llegar a la Corte, pero sí a quienes no les interesa llegar a ella”. Y advierte: “La norma no va ser operante en la realidad”.
La reforma que se propone para el inciso VI del artículo 94 establece claramente no ser “secretario de Estado, jefe de Departamento Administrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de su designación”.
Arteaga Nava considera que la redacción de esta modificación debía ser simplemente: “No ocupar algún cargo de elección popular o de designación, de la federación, estados o municipios, a menos que se separe seis meses antes de su nombramiento”.
Otro punto planteado por Arteaga Nava es la formación del Consejo de la Judicatura. Como está planteada la iniciativa –siete miembros–, da una mayor injerencia en este Consejo a los otros dos poderes y deja en desventaja al Poder Judicial.
El Ejecutivo Federal tendrá dos votos en el Consejo, el Senado otros dos, y “nosotros sabemos que los senadores no van a votar en contra de la opinión del Presidente de la República” –afirma Arteaga Nava– y los otros tres serán de la rama judicial, con lo cual “las designaciones –de jueces y magistrados, hasta ahora prerrogativa de la SCJN– serán siempre por voluntad del Presidente”.
Además, constitucionalmente, el Ejecutivo continuará nombrando a los ministros de la Corte, con lo cual, ese Poder continuará teniendo injerencia en el Judicial.
“Puede derivar que termine nombrando a todos. Esto es peligroso para el sistema”, dice, y advierte: “No podemos desconfiar del presidente Zedillo, porque no hemos visto su actuación; pero si nos atenemos a lo que han hecho otros presidentes, yo desconfiaría de la fórmula que se está proponiendo”.
De hecho, afirma, “en la práctica este Poder no existía”.
Por eso explica que la jubilación forzosa de todos los actuales miembros de la SCJN –de acuerdo con la iniciativa–, es decir, “el desaparecer la cabeza de un Poder, sí es un autogolpe de Estado, pero sólo formalmente, no en la práctica, porque ya no existía”.
Dice que esta decisión se tomó considerando que “los ministros en ejercicio no iban a responder a las expectativas de la reforma; que ya estaban viciados con el sistema anterior y que, de alguna forma, iban a neutralizar la reforma o pudieran ser adversarios de ella. Desde el punto de vista político, es explicable; pero desde el punto de vista formal, estamos asistiendo a un hecho en el cual dos poderes (el Ejecutivo y el Legislativo) se unen para quitar la cabeza de otro”.
Considera que los miembros de la rama judicial han tenido aspiraciones políticas y, por lo menos a lo largo de este siglo, no han tenido independencia del Ejecutivo: “Tratan de servir lo más posible al sistema para que los premien. Así se llega a un momento en que, por tanto querer servir, terminan por no servir, y nos encontramos conque la rama judicial ya no tenía credibilidad”.
Analizando la historia de la estructura del Poder Judicial, Arteaga Nava recuerda que “periódicamente se pone de moda reestructurarlo”. Así sucedió en 1960 con Adolfo López Mateos, después con Díaz Ordaz, incluso con De la Madrid y Salinas de Gortari se hicieron otras reformas.
En este siglo, solamente durante el sexenio de Manuel Avila Camacho –asegura– hubo una SCJN independiente, con Salvador Urbina, que “era un presidente con todos los tamaños, igual que Hilario Medina (en 1953, 1957 y 1958), señores que se enfrentaban al sistema. Eso ya pasó”.
Para el investigador de la UAM, “lo inédito ahora es que se les elimina por la sumisión al Ejecutivo cuando antes era por enfrentamientos con él. Parece que el Presidente llegó al convencimiento de que esos ministros ya no le eran útiles al sistema y ya no convencían a la sociedad”.
KRIEGER: “CORTE ZEDILLISTA”
Emilio Krieger, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, señala que la iniciativa del presidente Zedillo no respeta dos principios fundamentales: el que todos los órganos del poder público se sometan al derecho, y la división de poderes. Explica:
“Primero: Sigo sosteniendo la tesis –y cada vez soy más firme en ella– de que si nos atenemos a los textos constitucionales, el Presidente de la República no tiene facultades para proponer reformas a la Constitución, sino que tiene la clara obligación de cumplirla, de guardarla y hacerla guardar, como establece el artículo 87.
“Y segundo: El Presidente dice que se trata de ampliar la independencia del Poder Judicial. Eso es mentira. En el texto actual, el Presidente tiene la facultad de designar a los ministros y su aprobación llevarla al Senado. Y no sólo el nombramiento: las renuncias, las licencias, deben ser aprobadas por el Presidente, que luego se las comunica al Senado. O sea, el Ejecutivo tiene un control total de la Suprema Corte. ¿Qué está proponiendo ahora el Presidente? Actualmente, basta una mayoría simple en el Senado para aprobar los nombramientos, y ahora propone que se convierta en una mayoría de las dos terceras partes del Senado. Eso podría ser muy importante si en nuestro país existiera realmente una separación de poderes y de funciones. Pero en México, donde el Senado está mayoritariamente dominado por el Presidente, es tomarle el pelo a la gente decirle que va a haber mayor independencia.
“Y otra cosa que me parece gravísima: Por primera vez en la historia de México, que yo sepa, se da el caso de que un Presidente practique un cese colectivo, total, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente peruano Alberto Fujimori, una de las medidas que tomó para adueñarse del poder, fue prescindir de la Corte: fuera la Corte, fuera el Legislativo. Los desapareció. Esto que está haciendo Zedillo es algo equivalente desde el punto de vista político. Es muy grave.”
ZALDIVAR: NO EXCLUIR LO ELECTORAL
Aunque el Consejo de la Judicatura Federal existe en otros países y “ha dado resultados muy convenientes”, la forma de integración que se plantea en la iniciativa presidencial para reestructurar el Poder Judicial “no es la más feliz”, afirma Arturo Zaldívar, especialista en Derecho Constitucional.
Está de acuerdo con que se cree, pero sostiene que debe haber un equilibrio de representantes de los tres poderes, para que “unos cuiden a otros y se evite que un grupo de poder solo pueda disponer o recomendar asuntos y manejar el Poder Judicial a su antojo”.
Crear este Consejo de la Judicatura, explica, permitirá que la SCJN se dedique a cuestiones de carácter constitucional, y está bien que se le haya ampliado el panorama al darle atribuciones para conocer de conflictos entre poderes (Federación, estados, municipios), pero lamenta que no tenga injerencia en problemas electorales.
Zaldívar, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Libre de Derecho, dice que “es contradictorio que hablemos de hacer de la Corte un Tribunal constitucional y le quitemos lo electoral. La tendencia en el mundo es que los tribunales constitucionales analicen estos problemas sin importar la materia, incluyendo lo electoral”.
Este planteamiento no quiere decir que la Corte se convierta en un Tribunal Federal Electoral, “para eso existe uno, pero las leyes electorales deben estar sujetas a control de constitucionalidad”.
Por ejemplo, en el caso de que el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (COFIPE) fuera inconstitucional, “no se puede hacer nada. No hay manera de impugnarlo. ¿Qué estamos haciendo? Elevar al legislador ordinario al rango de Poder Constituyente, porque es impugnable esa ley. Tenemos que quitarnos el miedo de que la Corte conozca cuestiones electorales de carácter constitucional”.
Seguro de que esta iniciativa presidencial busca la independencia del Poder Judicial, porque “la sociedad no está convencida” de que la tenga, Zaldívar afirma que, “desde el punto de vista técnico y constitucional, no hay impedimento para que el Presidente presente una iniciativa” que jubile a todos los integrantes de la SCJN.
Argumenta que no se puede hablar de un autogolpe de Estado, porque esta iniciativa, desde “el punto de vista formal y técnico, va a ser aprobada por el Poder revisor de la Constitución, por el Constituyente Permanente”.
Desde un punto de vista político, acepta, “la decisión que se está tomando pesa de manera seria”.
Acerca de la idea de que el Presidente quería una SCJN “a su medida”, comenta:
“Sinceramente, no creo que sea ésa la intención, porque había maneras más sencillas, como haber dejado las cosas como estaban. Esta decisión presidencial es grave, trascendente, y seguramente se meditó mucho, pero debió hacerse a partir de una consulta y discusión amplia.”
