La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), convertida con el paso del tiempo en un órgano pasivo y medroso, refugio y trampolín político, cabeza del Poder Judicial de la Federación, otra vez fue sometida por el Ejecutivo, al grado de que sus actuales 25 ministros serán jubilados.
A pesar de lo anterior, su pleno, por medio de su presidente, Ulises Schmill Ordóñez, aceptó con resignación “cumplir con las atribuciones que le sean asignadas”, si es aprobada la iniciativa de reformas a la Constitución enviada por el presidente Ernesto Zedillo al Congreso.
Según la exposición de motivos respectiva, las reformas tienden a fortalecer a la SCJN y hacer más pronta y expedita la procuración e impartición de justicia.
Se propone una selección más estricta y rigurosa de los ministros, cuyo número se reduciría a once, los cuales se encargarían exclusivamente de la impartición de justicia, pues los asuntos administrativos quedarían a cargo del Consejo de la Judicatura.
Propone que los funcionarios públicos sólo podrán ser ministros seis meses después de haber dejado el cargo, y los ministros no podrán ser elegidos en puestos de elección popular o ser nombrados funcionarios durante los dos años siguientes a su retiro. Los 25 que serán jubilados quedan exentos de la prohibición anterior.
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Ante los ministros que integran la SCJN y en presencia del presidente Zedillo –abucheado por trabajadores y empleados del Poder Judicial– Schmill Ordóñez rindió el jueves 15 su informe anual de labores en medio de estrictas medidas de seguridad y rostros adustos.
El presidente de la SCJN, quien al tomar posesión de su cargo en enero de 1991 se comprometió a modernizar y fortalecer la institución, admitió que la iniciativa presidencial “es profunda”. Y señaló que la Suprema Corte “sabrá cumplir en el futuro con las atribuciones que le sean asignadas, pues sólo así el Estado Mexicano podrá seguir siendo un Estado de derecho”.
Triste es el final para los 25 ministros actuales –la mayoría de filiación priísta–, cuyo ascenso, en la mayoría de los casos, no fue producto de su carrera dentro de la judicatura, sino del favor del Ejecutivo en turno, que ahora los jubila anticipadamente y no a los 70 años de edad como establece su Ley Orgánica.
La designación de Schmill Ordóñez, de 57 años de edad, como presidente de la SCJN, refleja la situación en la que se desenvolvía este organismo.
Tan inesperada fue su llegada como su elección como presidente, por una sola razón: su nula trayectoria judicial.
Con apenas cinco años como ministro de la Corte y con una carrera pública más sobresaliente en el Poder Ejecutivo, aunque poco conocida en ambos casos y proveniente como su antecesor, Carlos del Río, del Tribunal Fiscal de la Federación, Schmill Ordóñez fue elegido presidente unánimemente en enero 1991.
Un breve período como secretario de Estudio y Cuenta dentro de la SCJN en los años sesenta, es el único registro de una presunta carrera judicial. Su carrera se forjó en la Secretaría de Hacienda; sus actividades más relevantes las realizó en el sexenio de Luis Echeverría, como embajador; Miguel de la Madrid lo propuso como Ministro Numerario de la Corte, adscrito a la Cuarta Sala, el 15 de abril de 1985.
Originario del Distrito Federal y militante del PRI, de acuerdo con el Diccionario Biográfico del Gobierno Mexicano, Schmill Ordóñez cursó y obtuvo la licenciatura y doctorado en derecho en la UNAM, entre 1954 y 1958. En 1959 fue secretario de Acuerdos del Tribunal Fiscal de la Federación, más tarde secretario general adjunto del Consejo Directivo de Vigilancia y Control Sanitario de la SSA; secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN en 1965 y en 1968 Magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación.
En su toma de posesión propuso “la modernización” del Poder Judicial “con objeto de reducir al mínimo el desfasamiento entre la actividad jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial y la actividad administrativa, esta última ejercida con métodos en alguna medida atrasados y tradicionales”.
Durante su presidencia, con silencio disciplinado aceptó la designación de nuevos ministros, impuesta por el Ejecutivo para salvar a funcionarios en desgracia. También calló ante la persecución contra jueces y magistrados encabezada por Jorge Carpizo –efímero miembro de la Corte–, que como procurador general de la República conoció las entrañas del Poder Judicial y no vaciló en “desempolvar” el caso del ministro Manuel Díaz Infante, acusado de haber aceptado un soborno, y en decir que varios jueces estaban relacionados con el narcotráfico, aunque después pidió disculpas por esa afirmación.
Tan inesperada como sorpresiva, igualmente, fue la llegada de Victoria Adato viuda de Ibarra a la SCJN, en donde era, hasta el jueves 15, presidenta de la Primera Sala en Materia Penal.
En medio de protestas, el 6 de enero de 1986 fue investida ministra numeraria, después de haber renunciado a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en medio de un escándalo policiaco cuando el terremoto de 1985 puso al descubierto casos de tortura en la dependencia a su cargo: bajo los escombros del edificio principal de la PGJDF, fueron descubiertos los cuerpos de presuntos delincuentes colombianos y mexicanos que habían sido torturados.
La ministra Adato, de 55 años de edad, originaria de Tuxpan, Veracruz, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, se afilió al PRI en 1970. A partir de ahí desempeño múltiples cargos dentro del gobierno; fue abogada en la Dirección General de Impuestos Sobre la Renta y auxiliar de la secretaria particular de la Secretaría de Hacienda.
Su primer contacto con la procuración de justicia fue como agente del Ministerio Público y posteriormente como subdirectora del Instituto Técnico de la Procuraduría capitalina; fue subdirectora del Centro de Adiestramiento del Personal de Reclusorios del Distrito Federal.
Su “carrera judicial”, no reconocida por la judicatura para que avalara su arribo la Suprema Corte, se centró en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, primero como secretaria proyectista; juez Décimo Penal en el Distrito Federal y magistrada numeraria, de donde saltó para llegar a ser la primera mujer que manejaba la Procuraduría capitalina. Tuvo en sus manos el caso del asesinato del periodista Manuel Buendía, que dejó como herencia a Renato Sales Gasque y éste a su vez a Ignacio Morales Lechuga.
El 27 de diciembre de 1985 fue relevada de su cargo y propuesta por Miguel de la Madrid como ministra. Entonces enfrentó una demanda de juicio político, presentada por el PRD, que la acusó, junto con Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett, Sergio García Ramírez y Renato Sales Gasque, de “actos y omisiones” relacionadas con las elecciones presidenciales del 6 de julio del 1988 y el asesinato de Buendía.
Otra ministra de la Corte es Irma Cué Sarquís, quien también a propuesta de Miguel de la Madrid, fue nombrada supernumeraria el 3 de noviembre de 1987.
De 56 años de edad, originaria de Tierra Blanca, Veracruz, Irma Cué fue definida como un ejemplo de la nueva clase política administrativa. En 1960 obtuvo la licenciatura en derecho. Aun antes de titularse, ya se desempeñaba en el servicio público, como pasante, en el Banco Nacional Hipotecario. Luego fue agente del Ministerio Público durante dos años. Después trabajó en la SHCP, como la mayoría de los funcionarios de los tres últimos sexenios. Pasó al Conacyt y de ahí a la Coordinación General de Estudios y Proyectos Administrativos de la Presidencia de la República, como directora de Estudios Jurídicos Administrativos, en el gobierno de José López Portillo.
Según su currículum oficial, ingresó en el PRI en 1967, donde fue auxiliar del IEPES y asesora de la subdirección del mismo instituto. En 1981, fue diputada federal por su tierra natal. En septiembre de 1983, presidió la Cámara de Diputados y le correspondió responder el primer informe de gobierno de De la Madrid. Y en 1984 alcanzó la secretaría general del CEN del PRI.
Así, nada había que justificara su nombramiento como ministra de la SCJN. La designó el presidente De la Madrid y ya.
En ese mismo período de la “modernización”, llegó otra mujer, Clementina Gil Guillén de Lester, de 57 años de edad.
A diferencia de sus compañeras ministras, con más merecimientos judiciales que políticos, su ascenso al máximo Tribunal Colegiado fue impugnado debido a su actuación anterior al frente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Originaria del Distrito Federal, Clementina Gil de Lester ingresó al PRI en 1958, el mismo año en que concluyó sus estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM. Durante ocho años fue abogada y asesora en la Dirección General de Telecomunicaciones.
Su carrera dentro de la judicatura la inició como oficial judicial de la Octava Sala Auxiliar de la Suprema Corte. Fue promovida como secretaria proyectista de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia, juez de lo familiar, magistrada supernumeraria, magistrada numeraria, para concluir como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, entre 1983 y 1988.
Regresó a la Corte como ministra supernumeraria por órdenes del presidente Miguel de la Madrid, en 1988. Dos años después, el presidente Carlos Salinas de Gortari la promovió a ministra numeraria de la Primera Sala, en donde está desde 1990.
Convertida la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en trampolín para llegar a la SCJN, a partir del nombramiento de Victoria Adato, la dependencia también sirvió de plataforma para los ahora ministros Miguel Angel García Domínguez y Miguel Montes García.
Miguel Angel García Domínguez, de 63 años de edad, originario de San Miguel Allende, Guanajuato, después de 20 años de abogado postulante y 15 años de docencia en la UNAM, la Universidad de Guanajuato y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, inició sus actividades públicas como primer subprocurador de la Procuraduría Fiscal de la Federación, posteriormente como procurador de su estado natal, más tarde como subprocurador de averiguaciones previas de la Procuraduría del Distrito Federal y asesor del Presidente de la República.
Diez meses antes de que concluyera la administración de Miguel de la Madrid, éste lo designó “fiscal especial en el caso Buendía”. Su carrera judicial se inicia propiamente cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari lo nombra ministro supernumerario del SCJN, el 16 de junio de 1990, adscrito a la Sala auxiliar.
Miguel Montes García, de larga carrera política, legislativa y administrativa, pasó de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Montes García fue procurador general de la Defensa del Trabajo, presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, director general de Educación Pública en Guanajuato, director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y oficial mayor de la Cámara de Senadores, diputado local y federal y aspirante a la gubernatura de Guanajuato. Fue quien encabezó la escandalosa sesión en la que Miguel de la Madrid rindió su sexto informe de gobierno y también en la que la Cámara de Diputados calificó la elección de Carlos Salinas de Gortari como Presidente de la República.
En mayo de 1991 fue nombrado procurador capitalino y 14 meses después fue investido como ministro numerario de la Suprema Corte, por designación de Carlos Salinas de Gortari.
El 28 de marzo de 1994 fue nombrado subprocurador especial para el Caso Colosio y cerca de tres meses y medio meses después regresó a la SCJN, sin haber resuelto el crimen del candidato priísta.
Ahí encontró ya a Diego Valadés, quien como procurador general de la República inició la investigación del asesinato de Colosio, y el 31 de mayo pasado ingresó a la SCJN. Valadés sostuvo en un principio de la tesis del asesino solitario, que fue rebatida públicamente por Montes García, quien finalmente presentó la misma conclusión.
Diego Valadés es otro de los ministros sin previa experiencia en el Poder Judicial.
Originario de Mazatlán, Sinaloa, de 49 años de edad, licenciado en derecho de la Universidad Clásica de Lisboa, Portugal, y de la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece al PRI desde 1965. Fue abogado general de la UNAM bajo el rectorado de Jorge Carpizo, a quien sustituyó en la PGR, y es otro de los ministros que también fue procurador de Justicia del Distrito Federal.
Samuel Alva Leyva, de 66 años de edad, también saltó de la Procuraduría General de la República –dependencia del Ejecutivo– a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Originario de Durango, Alva Leyva milita en el PRI desde 1958, donde fue asesor del Comité Central Ejecutivo del Distrito Federal tras de graduarse como abogado en la UNAM. Luego una carrera ascendente en la PGR.
Empezó primero como agente del Ministerio Público Federal hasta llegar a ser Subprocurador General, entre muchos otros cargos dentro de esa y otras dependencias. El 22 de julio de 1987, el presidente Miguel de la Madrid lo nombró ministro.
Mariano Azuela Güitrón, de 58 años de edad, es de los contados ministros que no pertenece al PRI. Llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de mayo de 1983, a propuesta del presidente De la Madrid, luego de una amplia trayectoria dentro de la judicatura y la docencia.
Realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM. En los primeros años de actividad profesional, fue inspector fiscal especial de la Secretaría de Hacienda y coordinador en el Departamento de Prestaciones Sociales del Seguro Social. Su carrera judicial la inició en 1960 como secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN, cargo que desempeñó durante 11 años. Fue magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación y electo presidente del mismo en 1981.
El ministro Luis Fernández Doblado, de 68 años de edad, es miembro de la Corte desde 1981, a propuesta del presidente José López Portillo, quien lo nombró ministro supernumerario.
Originario de Tuxpan, Veracruz, realizó sus estudios de abogado en la UNAM. Pertenece al PRI desde 1944.
Pocos fueron los cargos administrativos que realizó antes de su carrera judicial, que inició como secretario de acuerdos en el Tribunal Superior de Justicia, secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, agente del Ministerio Público Federal y del Fuero Común, juez de Distrito en el Estado de México y en Nuevo León; magistrado de Circuito en el Distrito Federal y ministro de la Suprema Corte de 1981 a la fecha.
Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, de 67 años de edad, es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Realizó sus estudios en la UNAM. Inició su carrera judicial como actuario en el juzgado Segundo de Distrito en Tuxtla, fue primer secretario del juzgado Segundo de Distrito en Tapachula, segundo secretario en el juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal, primer secretario de juzgado de Distrito en Acapulco, secretario de Estudio y Cuenta en la primera sala de la Suprema Corte, juez de Distrito en Tuxtla, Aguascalientes y Veracruz; magistrado de Circuito en Saltillo, Torreón y Veracruz y magistrado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Quinto Tribunal Colegiado en el Distrito Federal. En 1991 es nombrado ministro de la Tercera Sala de la SCJN.
Atanasio González Martínez, de 61 años de edad, originario de Piedras Negras, Coahuila, es el decano de los ministros de la Corte. Realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM. Experto en finanzas públicas, también estudió en el Kings College, University of Cambridge, Inglaterra; es diplomado en Derecho Internacional en The Hague Academy of International Law en Holanda y diplomado en Planeación Económica del Institute of Social Studies en el mismo país.
Pertenece al PRI desde 1956. Su carrera en la Corte la inició como ministro supernumerario de la Sala Auxiliar y ministro de la Segunda Sala de 1977 a la fecha.
José Manuel Villagordoa Lozano, de 64 años, nació en el Distrito Federal, donde se graduó como licenciado en derecho en la UNAM.
Miembro del PRI desde 1965, donde inició sus actividades políticas, figuró como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Estudios sobre el Federalismo y la Descentralización de la Vida Nacional, de la Comisión de Estudios Jurídicos, y presidente de la Comisión para el Estudio de la Competencia Tributaria Municipal del Consejo Consultivo de Estudios Municipales del IEPES.
Paralelamente a diversos cargos administrativos en las Secretarías de Hacienda y de Programación y Presupuesto, y en el Seguro Social, realizó actividades docentes en diversas universidades. Su incipiente carrera judicial se concretó a partir de su nombramiento como ministro de la Segunda Sala de la Corte en 1986.
Una de las mujeres que figura en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin ninguna filiación partidista, es Fausta Moreno Flores, de 62 años de edad.
Originaria del estado de Puebla, la ministra Moreno Flores realizó sus estudios en la UNAM. Durante nueve años ejerció la abogacía ajena a toda actividad pública. Posteriormente se desempeñó como secretaria de acuerdos del Tribunal Fiscal de la Federación y luego como secretaria de Estudios y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde fue promovida como juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, hasta llegar a ser Ministra de la Segunda Sala en 1983.
Carlos de Silva Nava, de 53 años de edad, aunque originario del Distrito Federal, realizó sus estudios profesionales en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Ajeno a actividades políticas, inició su carrera judicial como oficial judicial y secretario en el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en Guadalajara. En 1968 se trasladó a la Ciudad de México, y recibió el puesto de secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde lo promovieron como juez interino Tercero de Distrito en Nuevo Laredo; juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y magistrado interino en el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa.
En 1984 es nombrado ministro numerario en la Primera Sala y de 1985 a la fecha figura como ministro de la Segunda Sala.
Noé Castañón León, de 46 años de edad, es uno de los más jóvenes ministros de la Suprema Corte. Originario de Berriozábal, Chiapas, realizó sus estudios profesionales en la UNAM. Durante sus dos primeros años de actividad profesional fue asesor legal en materia de amparo en el Departamento de Turismo, para de inmediato abrazar la carrera judicial.
Se inició como oficial judicial, más tarde secretario en funciones de actuario, secretario proyectista, secretario de trámite y primer secretario en el juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, secretario de Estudio y Cuenta, secretario de Acuerdos y secretario general de acuerdos.
En 1985, Castañón León fue nombrado ministro numerario de la Tercera Sala, para pasar posteriormente a la Segunda Sala desde entonces a la fecha.
El ministro Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, de 53 años de edad, es originario del Distrito Federal y egresado de la UNAM. Además realizó una licenciatura en Administración Pública, en la Facultad de Ciencias Políticas de UNAM y dos especialidades en Finanzas Públicas y Derecho Administrativo en la Universidad Central de Quito y una especialidad en Administración Pública en la Escuela de Administración Pública de Alcalá de Henares, España.
Con su ingreso en 1958 al PRI, inició sus actividades políticas, para posteriormente desempeñarse como oficial administrativo, pasante de abogado y secretario de acuerdos del Tribunal Fiscal de la Federación. Su carrera judicial la inicia en 1967 como secretario de Estudios y Cuenta de la Corte, juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, magistrado en el Tribunal Colegiado de Circuito en Puebla y en el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa. En 1986 fue nombrado ministro supernumerario, y un año después ministro de la Tercera Sala.
Otro de los ministros jóvenes de la Suprema Corte es Carlos Sempé Miniville, de 46 años de edad.
Originario del estado de Veracruz, Sempé Miniville, después de graduarse en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1969, se doctoró en Administración y Economía de Empresas en la Université de Paris y en Finanzas Públicas en la Université de Droit de Economie et de Sciences Sociales de la misma ciudad.
Como pasante de derecho trabajó en los despachos Baker, Botts, Miranda, Santamarina y Steta hasta 1970. Posteriormente fue abogado de la Cervecería Moctezuma. Pertenece al PRI desde 1979. Básicamente su carrera pública la realizó al servicio de la Presidencia de la República, primero como subdirector jurídico de la Coordinación General de Estudios Administrativos, más tarde como subdirector Jurídico y como subdirector General A de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
El 14 de diciembre de 1993, el presidente Carlos Salinas de Gortari lo nombró Ministro de la Corte, adscrito a la Tercera Sala, en sustitución de Salvador Rocha Díaz.
Ignacio Magaña Cárdenas, presidente de la Cuarta Sala durante 1994, es originario del Distrito Federal, con estudios profesionales en la UNAM y en la Universidad Autónoma de Puebla, para obtener el títulos de abogado, notario y actuario.
De 52 años de edad, Magaña Cárdenas se integró al Poder Judicial de la Federación en 1966, como oficial del juzgado Segundo de Distrito en Puebla. De entonces a la fecha se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, secretario de la Sala auxiliar, cargo que también realiza en la Segunda Sala. Fue juez de Distrito en San Luis Potosí. En el Distrito Federal, juez Primero en Materia Penal y Juez Tercero en Materia Administrativa, además de magistrado de Circuito, adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito.
Por nombramiento del Presidente Salinas de Gortari, figuró en el pleno de la Corte como ministro numerario provisional adscrito a la Tercera Sala, y el 15 de enero de 1991, fue nombrado ministro numerario adscrito a la Cuarta Sala.
Felipe López Contreras, de 59 años de edad, originario de Pátzcuaro, Michoacán, es el único miembro de la Corte egresado de la Escuela Libre de Derecho.
Inició su carrera Judicial en 1965 como secretario de Estudio y Cuenta en Suprema Corte hasta 1971; fue magistrado en el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito y en el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, hasta antes de ser nombrado ministro supernumerario y numerario, de la Tercera Sala, de 1983 a 1985 y ministro de la Cuarta Sala en 1986.
Juan Díaz Romero, de 64 años de edad, originario de Putla, Oaxaca, realizó sus estudios profesionales en la UNAM. Desde 1955 pertenece al PRI. Fue secretario de la Segunda Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, magistrado de la Primera Sala y presidente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Inició su carrera judicial como secretario del Decimotercer Juzgado de la Sexta Corte Penal; secretario de Estudio y Cuenta del pleno y la Segunda Sala; magistrado y secretario de Estudio y Cuenta de Inconformidades Agrarias de la Corte; juez de Distrito Supernumerario en Materia Administrativa; juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa; magistrado y presidente en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal y Ministro de la Cuarta Sala de la SCJN desde 1986.
José Antonio Llanos Duarte, de 54 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa, realizó sus estudios profesionales y prácticamente toda su carrera judicial en Guadalajara.
Egresado de la Universidad de Guadalajara, se inició dentro de la judicatura como actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en Guadalajara; fue secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en Guadalajara, hasta que en 1968 pasó a ser secretario de Estudio y Cuenta de la Corte.
Más tarde se desempeñó como juez Segundo de Distrito en Nogales, en Tlaxcala y Guadalajara. Fue magistrado del Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito en Mazatlán; del Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en Guadalajara y del Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en Materia Civil de Guadalajara.
En 1989 fue nombrado ministro supernumerario, en 1990 ministro numerario interino de la Tercera Sala y, finalmente, en 1991 ministro de la Cuarta Sala de la Suprema Corte.
Carlos García Vázquez, de 65 años de edad, originario del Distrito Federal, es el único ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de extracción militar.
Egresado del Heroico Colegio Militar, obtuvo su título profesional en 1958 en la Facultad de Derecho de la UNAM. Entre cargos y comisiones, García Vázquez realizó su carrera judicial dentro del fuero militar. Fue secretario de investigaciones previas, jefe de investigaciones previas, jefe de Control Administrativo, y segundo y tercer agente del Ministerio Público dentro de la Procuraduría Militar.
Posteriormente, fue juez Tercero Militar, juez de la Novena Zona Militar de Sinaloa, juez Sexto Militar, juez de la Vigésima Zona Militar de Veracruz y se integró al Supremo Tribunal Militar como primer agente de la Procuraduría Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En 1986 fue nombrado ministro supernumerario y dos años después, ministro de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El presidente de la Sala Auxiliar durante 1994, Luis Gutiérrez Vidal, de 58 años de edad, es originario del Distrito Federal y realizó sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde se graduó en 1958 como licenciado en derecho y ciencias sociales.
En 1964 inició su carrera dentro de la judicatura como oficial judicial y actuario proyectista en el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito de Guadalajara. Posteriormente se desempeñó como juez de Distrito en Villahermosa y Guadalajara. Fue magistrado de Circuito en el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en Villahermosa; del Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito de Guadalajara y en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de esa ciudad.
En 1990 fue nombrado ministro de la Sala Auxiliar del máximo tribunal colegiado del país.
José de Jesús Duarte Cano, de 50 años de edad, es el novato de los ministros de la Corte. Apenas el 22 de septiembre pasado, luego de una larga carrera judicial, pasó de magistrado a ministro.
Originario de Uruapan, Michoacán, Duarte Cano realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Inició su ejercicio en el ámbito judicial en 1968, como segundo secretario en el juzgado de distrito en Zacatecas, donde posteriormente se desempeñó como primer secretario. De ahí pasa como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte.
A partir de 1977 se desempeñó como juez de Distrito en Querétaro y en Michoacán; magistrado de circuito en Puebla. Fue fundador del Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal y coordinador de los magistrados del Primer Circuito.
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Los ministros de la SCJN próximos a ser jubilados, por lo pronto se fueron de vacaciones 15 días.
De aprobarse su jubilación por el Congreso de la Unión, recibirán una pensión igual a la de los casos de retiro forzoso o voluntario. Esto, sin contar lo que recibieron por el bono sexenal.
