TUXTLA GUTIERREZ.- En Chiapas “imperan el crimen y la impunidad”, reconoce Jorge Enrique Hernández Aguilar, recién nombrado procurador de Justicia del gobierno de Eduardo Robledo Rincón.
Y detalla asesinatos “espeluznantes” –como el de 30 homosexuales, aún sin resolver–, ennumera más de 1,000 invasiones de tierras, recuerda alrededor de 25 secuestros, advierte sobre la existencia de una delincuencia organizada, dice que el panorama es muy desolador en materia de impartición de justicia y acepta que en algunas investigaciones “tendremos que partir de cero”.
“Eso es –expresa– el saldo de una tregua que ha resultado mucho más violenta que los combates de principios de año cuando se declaró la guerra. Eso es lo que heredé.”
Pero hay más. El nuevo funcionario se refiere a las violaciones de los derechos humanos que se han dado en la entidad desde antes de que estallara el conflicto y que fue una de sus causas: “Hasta 1993, la historia de Chiapas fue de una gran represión y cerrazón. Se postergó la solución de los problemas agrarios. Y por eso, cuando el 1º de enero se quitó el tapón que impedía la salida de todos estos males, se desbordaron las inconformidades”.
Hernández Aguilar sabe de lo que habla porque, cuenta, él mismo fue víctima de la violación de sus derechos al involucrársele en delitos de “asonada y motín”, durante el gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez.
Preso durante 22 meses en el penal de Cerro Hueco, de fines de 1984 a 1986, debido a que como periodista y abogado fue asesor del movimiento de los productores de maíz, que lucharon entonces por un aumento en el precio de garantía.
Con la experiencia de haber estado en la cárcel, Hernández Aguilar afirma con tono irónico: “Soy el único servidor público de carrera que hay en esta Procuraduría. Empecé desde abajo, desde los sótanos: pasé 22 meses en la cárcel. Sé lo que es un proceso penal sin garantías. En mayo de 1986 finalmente resulté absuelto. Soy cliente de la procuración de justicia. Es insólita mi presencia aquí”.
Entrevistado en sus oficinas de la Procuraduría de Justicia Estatal (PJE), habla sobre la impunidad de la policía chiapaneca:
“La Coordinación de Seguridad Estatal se convirtió en un gran coto de poder. El jefe policiaco, Ignacio Flores Montiel –en el gobierno de Patrocinio González Garrido–, era dueño de toda la seguridad ciudadana y el gran protector de la delincuencia. Se generaban impunidades terribles. Hoy estamos en un proyecto de reorganización para acabar con ese coto.”
Considera que en esos años fue un rotundo fracaso la Fuerza de Reacción Rápida, corporación policiaca –ya extinta– integrada por policías conocidos como “los panteras”. Recuerda que uno de los crímenes más sonados, el de su compañero abogado Raúl Castrejón García, fue cometido frente a un grupo de ellos que nunca reaccionó.
Señala otra anomalía que piensa remediar:
“La policía de Tuxtla no pertenece al ayuntamiento, sino a la estructura de seguridad estatal. Ahora entregaremos lo que es del municipio tuxtleño y daremos a cada corporación policiaca la función que le corresponde.”
Hernández Aguilar asegura que el levantamiento del Ejército Zapatista provocó que las organizaciones policiacas quedaran desorganizadas y sin apoyo: “Todo esto se volvió caótico. No hubo quien organizara a la policía, a la que se responsabiliza de muchos actos delictivos”.
El procurador de Justicia anuncia que se revisarán las averiguaciones previas y las denuncias de ciudadanos hechas contra Flores Montiel, que hasta hace menos de un año fue señalado como el principal violador de los derechos humanos en Chiapas.
Se recuerda, por ejemplo, la forma en que llegaba a arrasar poblaciones indígenas, el allanamiento de domicilios, secuestros, violaciones de mujeres, torturas y detenciones ilegales.
En esos tiempos, según versiones periodísticas, se involucró al exjefe policiaco en los crímenes de varios homosexuales, algunos de ellos ocurridos en pleno centro de Tuxtla y que, a nivel nacional, levantaron protestas de diversas organizaciones civiles, principalmente del Círculo Cultural Gay, que encabeza José María Covarrubias.
“Fueron tiempos terribles –dice Hernández Aguilar–, la cárcel de Cerro Hueco fue abarrotada de indígenas y dirigentes acusados de cargos falsos, hasta sacerdotes como Joel Padrón.
“Aquí la ciudadanía fue agredida, pero nunca lo pudo externar debido a las condiciones de represión. Tal vez podamos encontrar algo ahora que nos permita ejercer la acción penal.”
Se refiere también al problema histórico de la entidad y que ha sido motivo de la rebelión indígena: “Aún no he revisado los muchos expedientes, pero creo que ha habido más de mil invasiones de tierras de enero a la fecha, predios, pequeños y grandes, cafetaleros y ganaderos. La intensidad de cada problema fue muy diverso. Las invasiones se complican porque no son problemas sólo legales, sino que tienen matices políticos. Tenemos que ser prudentes para evitar enfrentamientos. Está también el complejo asunto de los secuestros”.
LOS PROYECTOS
Excolaborador de Amado Avendaño en el periódico Tiempo y del obispo Samuel Ruiz en el diócesis de San Cristóbal de las Casas, Hernández Aguilar afirma que realizará grandes cambios en la Procuraduría de Justicia de Chiapas:
“Lo primero que he empezado a cambiar es la premisa para procurar justicia: aquí todos son inocentes hasta que no se integre la averiguación completa y haya elementos para prescribir responsabilidad de culpa. Eso es esencial. He dado esa consigna a todos los agentes del Ministerio Público.
“Por otro lado, la prueba confesional, hasta hace poco la reina de las pruebas que permitía la fabricación de culpables, deja de tener valor. Pondremos en vigencia las garantías a que tiene derecho el inculpado en el proceso penal. Estoy muy atento de los separos, de las detenciones de las policías. Estoy tratando de evitar al máximo cualquier ruptura de la legalidad.”
Para mejorar la impartición de justicia, Hernández Aguilar indica que acaba de crear un Consejo Consultivo de ciudadanos, integrado por abogados, representantes de chavos banda, amas de casa, locatarios, comerciantes de la Canaco, empresarios de la Coparmex, personas secuestradas o víctimas de tentativas de secuestro y, muy pronto, por representantes de homosexuales.
Dice entusiasmado:
“Me convertiré en coordinador de la procuración de justicia. Distribuiré las cargas de trabajo. Seré el operativo. Este Consejo Consultivo repercutirá en todas las ciudades, de tal manera que los agentes del Ministerio Público y las policías tengan los más severos inspectores. La gente tendrá acceso a los separos. Daremos tarjetas de identificación a los miembros del Consejo, para que, sin agenda previa, concurran a las reuniones de la Procuraduría y puedan hacer valer cualquier derecho que se esté conculcando.
“Los ciudadanos elegirán a sus agentes del Ministerio Público, con la única condición de que éstos pertenezcan al lugar donde trabajen, para que así tengan mayor responsabilidad. También se fortalecerá el recurso humano, ya que el problema de la procuración de justicia no es meramente legislativo. En fin, será un estilo diferente.”
Para resolver el caso de los homosexuales asesinados, Hernández Aguilar revela que integró un grupo compuesto por homosexuales y elementos de la Procuraduría. Dice:
“Iremos a fondo en los asesinatos más sonados, en las irregularidades administrativas del gobierno, como otorgamiento de concesiones y permisos. Seguramente encontraremos personajes de las administraciones pasadas. Consignaremos los hechos. Suceda lo que suceda. Yo no tengo compromisos. Estoy preparado. Si mañana el gobernador Eduardo Robledo Rincón me dice que mi estilo está equivocado, me regreso a mi periódico, donde llevo 19 años de trabajo, y a la Facultad de Derecho, donde tengo cinco años de director. Por lo pronto voy a entrarle con fuerza.”
–¿Y qué opina de los patrullajes militares solicitados por el gobernador?
–Responden a medidas estrictamente preventivas. En esta temporada navideña hay mayor flujo de dinero en efectivo. Además, en términos de criminalidad, se degeneró mucho el ambiente social. Por eso estamos recurriendo a todo para mantener la seguridad ciudadana.
–¿Habrá problemas con el gobierno paralelo de Amado Avendaño en la aplicación de justicia?
–Don Amado y su esposa Conchita merecen mi respeto y mi afecto, aunque me han informado que para ellos he dejado de ser su amigo. No importa, los sigo respetando. Seré el mejor garante de su seguridad personal.
“Las instrucciones del gobernador Robledo fueron muy claras; en la Procuraduría no hay un plan para hostigar a nadie. Y todos esperamos llegar a un diálogo con el Ejército Zapatista. El nuevo esquema de relaciones políticas generó una mayor participación ciudadana, una mayor conciencia de la gravedad de nuestros problemas. Tenemos el compromiso de encontrar, todos juntos, una salida política, y no de otra naturaleza.”
