Los ofrecimientos para resolver los problemas de los indígenas, planteados en las únicas pláticas entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el entonces representante del gobierno, Manuel Camacho Solís, en marzo pasado, quedaron en eso, y peor todavía, lo que se llevó a cabo fue en sentido contrario a lo demandado.
Al final de las pláticas realizadas en la catedral de San Cristóbal de las Casas, se dio a conocer la respuesta gubernamental a los 34 puntos planteados por el EZLN, y se dijo que las acciones para satisfacer esas demandas iban a contar con el respaldo de los gobiernos federal y estatal. Sin embargo, poco es lo que en realidad se ha hecho.
Directa o indirectamente así lo reconocieron el presidente Ernesto Zedillo, el exgobernador Javier López Moreno, y el actual mandatario estatal, Eduardo Robledo.
Según explicó el presidente Zedillo, la comisión plural de legisladores por él propuesta, tiene la tarea de procurar el “contacto inmediato con el EZLN, establecer el diálogo, escuchar causas de inconformidad y promover los pasos necesarios para convertirse en una instancia activa y auténtica de mediación”.
En su único informe de gobierno, López Moreno reconoció el 18 de noviembre: “No fui capaz de encontrar solución a los propietarios que decidieron irse a la Ciudad de México; tampoco pude resolver siquiera la mitad de los reclamos de las organizaciones de indígenas y campesinos. En varios casos me faltó eficacia”.
Y como si el conflicto apenas hubiera estallado, Robledo, en su toma de posesión, dio a conocer un “programa” para atender la problemática del estado.
Desde el 1º de enero de 1994, los zapatistas, en su Declaración de la Selva Lacandona, expusieron sus carencias y demandas, mismas que detallaron en la ronda de pláticas en la catedral dos meses después.
En general, señalaron que los motivos que originaron el estallido armado son: el hambre, la miseria y la marginación; la carencia total de tierra donde trabajar para sobrevivir; la represión, desalojo, encarcelamiento, torturas y asesinatos como respuestas del gobierno; la injusticia y violación de los derechos humanos de los indígenas y campesinos; la “explotación brutal”; la falta de servicios indispensables; “las mentiras, engaños, promesas e imposiciones de los gobiernos desde hace más de 60 años”; y las leyes constitucionales que no son respetadas, pero que si son aplicadas en todo su peso a los indígenas y campesinos.
Pedían: “una elección verdaderamente libre y democrática”; el reconocimiento del EZLN “como fuerza beligerante y de sus tropas como auténticos combatientes”; que se distribuyera los beneficios de la riqueza generada por la comercialización de la energía eléctrica y el petróleo producidos en territorio chiapaneco; la construcción de hospitales; el derecho de los indígenas a la información; más viviendas; que se acabara el analfabetismo; la creación de empleos; autonomía propia para los pueblos indígenas; que las policías ya no entren en las zonas rurales; juicio político a Patrocinio González Garrido, Absalón Castellanos Domínguez y Elmar Setzer.
En marzo, Manuel Camacho ofreció a los zapatistas: reconocer a los indígenas el derecho de autogobernarse con autonomía política, económica y cultural; modificación del calendario electoral para que la elección de gobernador se celebrara al mismo tiempo que los comicios para elegir diputados locales y presidentes municipales; ampliación del programa de electrificación a las comunidades rurales; la Secofi, en un plazo de 90 días, haría “una evaluación de los impactos del TLC sobre las distintas actividades productivas en el estado”; y reconoció la necesidad de “generar una salida a los numerosos conflictos agrarios, dando garantía a la pequeña propiedad”.
Se prometió, también, capitalizar a las comunidades, hacer nuevas inversiones; rehabilitar hospitales; impulsar una red de atención de servicios médicos de primer y segundo niveles.
En materia de educación, “en lo inmediato”, lograr un acuerdo entre los maestros de las diversas dependencias oficiales y sus secciones sindicales para establecer un programa de elevación de la educación pública en la zona; respetar la cultura y tradición y los derechos indígenas; revisar la situación de las personas que estaban en prisión como resultado de conflictos sociales y de los indígenas cuyos casos legales permitieran su pronta libertad…
Según los zapatistas, el gobierno trató de manipular sus ofrecimientos, con el fin de dar la impresión de que la situación en Chiapas estaba controlada.
En uno de sus comunicados, el subcomandante Marcos señaló: “El gobierno federal, usurpador ayer de la voluntad popular, vuelve a mentir sobre lo ocurrido en el diálogo de San Cristóbal de las Casas. Dice el mal gobierno que hay `acuerdos’ donde sólo hubo diálogo. Los poderosos ahora usurpan la verdad y tratan de engañar al pueblo diciendo que la paz es cuestión de una firma.”
El presidente Carlos Salinas de Gortari, en su último informe de gobierno, expresó: “En cumplimiento de las legítimas demandas sociales planteadas en las negociaciones de San Cristóbal, se dio una inversión adicional extraordinaria para aminorar las presiones por la posesión de tierras de cultivo, para establecer servicios y resarcir a los miles de chiapanecos desplazados de los daños que la violencia les causó. A pesar de lo hecho hasta ahora, más se necesita y por eso el esfuerzo continúa”.
Sin embargo, Amado Avendaño, quien encabeza el “gobierno en rebeldía”, asegura que el panorama prácticamente no ha cambiado nada: “Estamos otra vez como el 1º de enero, cuando los zapatistas estaban pidiendo solución a once necesidades elementales y ya pasó un año y todavía no les resuelven ninguna”.
 |
 |
 |
 |
 |
