Rafael Fernández de Castro*
Estados Unidos está experimentando un cambio de régimen migratorio. No es una reforma legal, sino una cerrazón en la práctica, que está alterando profundamente la vida de los migrantes y el futuro de su asimilación a la sociedad del vecino país. Sobra decir que los más afectados son los mexicanos, pues constituyen seis de cada diez inmigrantes que viven en Estados Unidos, y prácticamente uno de cada dos indocumentados.
La teoría económica ampliamente aceptada por los expertos en materia migratoria establece que el ciclo económico determina la actitud de la opinión pública estadunidense hacia la migración, lo cual influye sustancialmente en los cambios de política migratoria. Cuando Estados Unidos entraba en una recesión, como a finales de los años setenta o al principio de los noventa, la opinión publica se tornaba antiinmigrante y eventualmente influía para que la política migratoria se tornara restrictiva.
Al ser la seguridad y no la economía lo que está provocando el cambio de régimen migratorio, estamos ante un territorio desconocido.
La primera diferencia que salta a la vista entre este episodio de cerrazón migratoria y los anteriores, es la rapidez con que se están implementando medidas para restringir la entrada de personas. En un año tras el 11 de septiembre, ya existe otro régimen de facto y todo indica que esto es apenas el principio. En contraste, el impacto del ciclo económico en la política migratoria tenía un rezago de varios años. Por ejemplo, la recesión económica de finales de los años setenta llevó a la constitución de una comisión selecta de migración que recomendó en 1981 promover una legislación más restrictiva, la cual fue aprobada por el Congreso en 1986: la Ley para la Reforma y el Control de la Inmigración, que establecía por primera vez sanciones a empleadores de indocumentados. Igualmente, la recesión de 1990-91 afectó primero a California, que en 1994 aprobó la Propuesta 187 (que impedía el acceso a la educación y a los servicios de salud a los indocumentados, pero que nunca entró en vigor por anticonstitucional), y en 1996 el Congreso aprobó la última ley restrictiva migratoria, la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante. La otra gran diferencia entre esta cerrazón migratoria y las anteriores provocadas por recesiones económicas, es que en vez de realizarse mediante una nueva legislación federal, la actual se produce a través de un complejo entramado de medidas administrativas, leyes federales y estatales, y reestructuraciones burocráticas.
Para proporcionar un panorama de cómo este complejo entramado de medidas está transformando el régimen migratorio de Estados Unidos, se explican someramente seis iniciativas:
–La administración de la seguridad social (Social Security Administration) ha enviado más de 750 mil cartas a distintos empleadores indicándoles que el número de seguridad social de algunos de sus trabajadores no es válido. Se presume que ha detectado siete millones de casos con números falsos y que pondrá al tanto a los patrones. Esto explica que haya una enorme preocupación entre los inmigrantes y los sectores económicos que dependen de esta mano de obra. Según Frank Sharry, presidente del Foro Nacional de Migración, con sede en Washington, la medida puede afectar a cientos de miles de indocumentados, pues las sanciones a empleadores de indocumentados cada vez son más duras.
–De la noche a la mañana 10 millones de inmigrantes legales pueden ser sujetos de deportación, pues entró en vigor una provisión de una ley migratoria que no se había usado en 50 años, la cual obliga a los residentes legales aún no nacionalizados a notificar sus cambios de domicilio.
–Por una ley recientemente aprobada por el Congreso federal, se ha despedido a todos los residentes legales permanentes, pero aún no ciudadanos, que trabajaban en los aeropuertos revisando el equipaje de los pasajeros. Paradójicamente, hay 30 mil residentes legales permanentes, aún no ciudadanos, que trabajan en la Guardia Nacional. Es decir, que quien le revisa a usted la maleta en un aeropuerto de Estados Unidos tiene que ser ciudadano, pero el guardia que está detrás con un arma de gran calibre no necesita serlo.
–Cuarenta estados han endurecido su sistema de otorgamiento de licencias, ostensiblemente para hacer el documento más seguro. Estos estados están literalmente cambiando el propósito de las licencias, de un permiso para conducir a una especie de pasaporte interno. En California, estado con mayor número de mexicanos, el gobernador Davis tiene ante sí dos proyectos de ley aprobados por la asamblea local: uno que flexibiliza el otorgamiento de licencias y otro que lo vuelve más rígido. El primero, permite a nuestros paisanos identificarse con la matrícula consular y, el segundo, pretende limitar el período de validez de las licencias al de sus visas de no inmigrantes. Por más cabildeo que ha hecho el presidente Fox a Davis, éste aún no decide qué hacer.
–Aunque no compete directamente a los mexicanos, este año se ha reducido drásticamente el número de refugiados en Estados Unidos. Se dejaron de otorgar dos terceras partes de las visas para refugiados aprobadas para el año fiscal 2002.
–Finalmente, lo que más afectara al régimen migratorio, pero que aún está en discusión, es la absorción de la agencia que tradicionalmente ha regulado la migración, el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), por la nueva secretaría de Seguridad Interna (Homeland Security). Aprobada ya por la Cámara de Representantes, el Senado aún discute los pormenores de esta secretaría que acabará con la tradición estadunidense de no tener una oficina federal de control interno. Ha surgido una iniciativa promovida por el senador Joseph Lieberman (Connecticut) para que el SIN no se disuelva literalmente en la nueva secretaría, sino que se conserve en lo que se ha denominado una quinta columna del nuevo departamento. La intención de Lieberman es que, al conservar casi íntegro al SIN, podrá inmunizarse mejor ante el criterio que amenaza con prevalecer en la política migratoria: la seguridad a toda costa.
Este panorama evidencia que las aspiraciones mexicanas de obtener un acuerdo integral con Estados Unidos en materia migratoria se han ido desvaneciendo en la práctica, mediante las medidas que en los últimos meses se han cristalizado hasta convertirse en un cambio pronunciado y repentino de régimen migratorio: de complaciente y en camino hacia una reforma pro inmigración, a uno crecientemente restrictivo.
Es comprensible la desilusión y el enfado de la diplomacia de Vicente Fox, que aspiraba contar con el acuerdo migratorio para dar un salto cualitativo en la relación bilateral, de tanta importancia como lo fue el Tratado de Libre Comercio al inicio de la década pasada. Pero dado que el bienestar de tantos millones de mexicanos está en juego, hoy, más que antes del 11 de septiembre, es la hora de la diplomacia.
*Profesor del ITAM y director de la Revista Foreign Affairs en Español.
