Gilberto Guevara Niebla
De ocurrir la anunciada huelga del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) –el más poderoso de México—probablemente el corporativismo sindical tocará fondo. El riego es mayúsculo. Un desafío de esa índole, con sus lógicas secuelas catastróficas para el país, podría contribuir a cerrar el ciclo histórico que inauguró Lázaro Cárdenas en 1938, con la creación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y a abrir una nueva era para la clase trabajadora de México.
Desde su fundación, el “partido oficial” o “partido gobernante”, no fue un partido de ciudadanos, como lo subraya Arnaldo Córdova, sino una estructura política centralizada y subordinada al presidente en turno, cuyas células integrantes estaban constituidas por las organizaciones de trabajadores del campo y de la ciudad.
Estas entidades se dividían en “sectores” que, al inicio, fueron cinco: el obrero (CTM), el campesino (CNC), el popular (CNOP), el militar (SM) y el juvenil (CJM). En la reconstrucción que se hizo en 1945, el sector militar fue eliminado.
Cárdenas inventó, además, las cuotas de diputaciones y senadurías por sector, de modo que la política gradualmente se desplazó de las masas trabajadoras hacia los líderes de esas organizaciones, es decir, burócratas sindicales, que se alejaron progresivamente de los intereses de las masas para encerrase en una dinámica dominada por las ambiciones políticas personales, el deseo de enriquecimiento, los intereses de grupo o de partido.
Nació así una clase política cerrada, restringida y restrictiva, en donde el ascenso hacia los puestos de poder del Estado estaba asociado a intereses sectarios, a posiciones de los actores dentro de esta estructura piramidal, corporativa, y a su poder de control social.
El surgimiento de este sistema político significó una “revolución dentro de la revolución” y tuvo lugar al inicio de la Segunda Guerra Mundial: fue un viraje hacia la derecha, que implicó para los dirigentes de México abandonar el programa de reformas de la Revolución y adoptar una política que exaltaba valores conservadores como: orden, paz interior, institucionalización, control social. Los líderes sacrificaron todo (ética, libertad, justicia, prestigio de las instituciones) en aras de la estabilidad política, condición indispensable para el desarrollo de la industria y la creación de riqueza.
Un espejo incomparable de este tránsito lo encontramos en el sector educativo. En los años treinta, este sector era, seguramente, el sector social más inquieto políticamente de México: los maestros habían hecho suyo el programa social de la revolución y actuaban, sobre todo en el campo, como auténticos catalizadores del cambio social.
En su mayoría los docentes se inclinaban hacia posiciones de izquierda (decenas de miles de ellos militaban en el Partido Comunista Mexicano) y la educación socialista había contribuido a polarizar este sector, dando pié a enfrentamientos políticos e ideológicos, que creaban enorme confusión en la sociedad.
Sin embargo, la reconversión derechista de la Revolución Mexicana exigía una readecuación de la educación y de la cultura. Sin educación acorde a los nuevos fines modernos de la sociedad, no habría desarrollo. Pero tampoco lo habría mientras el magisterio estuviera convulsionado por luchas fratricidas y se mantuviera en su seno la influencia comunista. Era imperativo cambiar ese estado de cosas. Unir al magisterio y expulsar a los comunistas.
Así lo entendió el presidente Manuel Avila Camacho y tomó dos decisiones: 1) puso en la Secretaría de Educación Pública al licenciado Vejar Vázquez, quien realizó en el sistema escolar una auténtica “cacería de brujas” (1941), un macartismo avant la leerte, que limpió a las escuelas de comunistas; 2) promovió el Congreso Unificador del Magisterio (1943), de donde surgió Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), integrando a todas las corrientes sindicales anteriores.
En sus inicios, el SNTE tuvo una dirigencia bajo influencia comunista (PCM), más tarde “pepina” (del Partido Popular), pero gradualmente se fue transformando hasta convertirse en una dirigencia plenamente identificada con el partido oficial (el PRI).
La hegemonía del PRI sobre el sindicato fue sellada a fines de la década de los 50, con la conquista del control del sindicato por el grupo del ingeniero Jesús Robles Martínez, un hombre que acumuló riquezas prodigiosas al amparo de su carrera sindical.
En 1972, Carlos Jonguitud se hizo de la dirección sindical a punta de ametralladora e inauguró la “era dorada” del corporativismo sindical en la educación. Con Jonguitud triunfaron la corrupción y el gangsterismo. Este personaje utilizó el aparato sindical para perseguir a la disidencia que había nacido a fines de los años 70 (la Coordinadora Nacional de la Educación) e, incluso recurrió al asesinato para afirmarse sobre sus oponentes (como en el caso, recientemente revivido, del maestro Misael Acosta), pero la verdadera celebridad de Jonguitud se edificó por medrar impunemente con las cuotas sindicales, por intimidar a las autoridades federales y estatales y obtener por ese medio numerosas canonjías, entre ellas, puestos de dirección dentro de la SEP y en los gobiernos de los estados.
Jamás el SNTE fue más fuerte en puestos de gobierno. “La educación es de los maestros”, llegó a proclamar este cacique decimonónico en un momento de máxima exaltación corporativa.
Pero el país cambió y el sindicato hubo de hacerlo, so pena de quedar detrás de la historia.
Al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el cacique máximo del magisterio cayó estrepitosamente y su lugar fue ocupado por una dirigente sindical que previamente había acompañado a Jonguitud en su carrera, la maestra Elba Esther Gordillo, personaje singular que logró reorganizar el SNTE con el fin de que los opositores (la CNTE) participaran en forma proporcional dentro de la dirección.
Pero el sindicato no se democratizó por completo, no sólo por resistencias de los líderes del PRI, sino también por la política polarizante y desgastante que pusieron en práctica los dirigentes de la CNTE, desde hace por lo menos 10 años.
Una conclusión incuestionable es que la democracia es incompatible con el corporativismo sindical y, si queremos avanzar por esa ruta, necesitamos saldar cuentas con este pasado ominoso. México necesita un nuevo sindicalismo. No más borregos, no más caciques, no más “líderes iluminados”, lo que requerimos son masas ilustradas de trabajadores- ciudadanos, que asuman seriamente su responsabilidad con el país.
