Ante la impotencia del IFE, el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio prácticamente el cerrojazo judicial a la investigación sobre los orígenes oscuros de por lo menos una parte del financiamiento de la precampaña y la campaña foxista. En la Cámara de Diputados, sin embargo, persiste un movimiento para evitar que el caso quede en la penumbra.
Paradojas del “gobierno del cambio”: la investigación sobre el Pemexgate entró en su fase final, mientras la correspondiente a los Amigos de Fox sufrió un nuevo revés que, muy probablemente, impedirá que antes de los comicios del 2003 se conozca si la campaña del ahora presidente de la república recibió financiamiento ilícito.
En pocas palabras, según el consejero electoral del IFE, Jaime
Cárdenas: “Cúmplase el estado de derecho en los bueyes de mi compadre”.
Y es que si se llega a la próxima elección sancionando al PRI por haber recibido fondos de Pemex para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, sin hacer otro tanto con el caso de Vicente Fox, “se estará cometiendo una gran iniquidad que, por supuesto, tendría un efecto electoral. Se estaría favoreciendo al partido del presidente, al PAN, en contra del PRI”, advirtió el consejero.
Por eso la Cámara de Diputados se apresurará por lo menos a buscar, en los próximos días, que la Auditoría Superior de la Federación solicite a la Secretaría de Hacienda que abra su padrón de personas físicas y morales, pues de acuerdo con información de la Comisión de Vigilancia, algunas empresas de Lino Korrodi y de Carlota Robinson “son fantasmas y otras evaden impuestos, toda vez que no están dadas de alta ante el fisco”, de acuerdo con declaraciones a Proceso del secretario de esa comisión, José Antonio Magallanes Rodríguez.
El antecedente inmediato es que, el miércoles 25, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se declaró impedido para pronunciarse sobre las suspensiones que siete jueces federales han otorgado al menos a 10 demandas de amparo promovidas por Lino Korrodi, Carlos Rojas y Carlota Robinson –los tres principales operadores de las finanzas de la campaña foxista–, lo que en la práctica deja “amarrados de las manos” a los consejeros electorales y paraliza indefinidamente las pesquisas.
Y conforme a los tiempos promedio en que se resuelve en definitiva sobre la procedencia de una solicitud de amparo, las resoluciones correspondientes estarían listas en unos 12 meses, es decir, después de la elección de julio del 2003 y a punto de concluir también el período de funciones de los actuales consejeros del IFE, el 31 de octubre del 2003.
Como sea, ante el fallo del TEPJF, campea el pesimismo en el Instituto Federal Electoral (IFE), cuyos consejeros, encabezados por José Woldenberg, se reunieron la mañana del viernes 27 para definir su posición ante el nuevo descalabro. Y este lunes 30 la darán a conocer en un comunicado de prensa y en desplegados en la prensa nacional.
Sin embargo, Proceso pudo saber que dicha postura, acordada por consenso, servirá para decir a la opinión pública que el freno a la investigación de los Amigos de Fox no es de su responsabilidad, al tiempo que el IFE hace un llamado al Poder Judicial para resolver de manera expedita la decena de peticiones de amparo. Deja de lado, no obstante, cualquier observación sobre el fallo del TEPJF.
Al respecto, el consejero Cárdenas declaró que el máximo órgano de justicia electoral dejó pasar la oportunidad de promover una disputa sobre la competencia que ellos y los jueces tienen sobre dicha querella.
En su resolución del miércoles, el TEPJF arguye que aun cuando es “la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, sus resoluciones son definitivas e inatacables, y tiene plena jurisdicción para proveer lo necesario a efecto de que sus fallos se cumplan, (pero) tal amplitud de facultades no incluye la permisión de pronunciarse sobre la validez o invalidez de lo acordado en procesos que se instruyan en jurisdicciones constitucionales distintas, como la del juicio de amparo”, y puntualiza que “aquéllas tampoco la tienen respecto a lo actuado por la jurisdicción electoral”.
El TEPJF señala así mismo que aunque no esté de acuerdo “con la concesión de las suspensiones otorgadas en los juicios de amparo, la Sala Superior no está en condiciones jurídicas de pronunciarse respecto del incidente de inejecución y sobre su ineficacia, por lo que hasta que se revoquen por los órganos competentes o concluyan su vigencia, que se sobresean o se niegue la protección constitucional, no se está en aptitud de impedir que sigan surtiendo efectos”.
El hecho es que los tropezones que ha tenido la investigación de Los Amigos de Fox datan de junio del 2000, cuando se presentó la primera denuncia sobre los presuntos dineros ilícitos en la campaña de Fox.
El IFE intervino y, en agosto del 2001, aprobó por mayoría dar por concluidas las pesquisas, ante la imposibilidad de tener acceso al secreto bancario. El PRI se inconformó ante el TEPJF y fundamentó lo que a su juicio fueron violaciones a la ley por parte del IFE. También el PRD se manifestó en contra de esa decisión.
En respuesta, el TEPJF concedió la razón al PRI y, en un dictamen difundido el 7 de mayo, reconoció al IFE como instancia autorizada para tener acceso a información resguardada bajo la figura del secreto bancario. Fue así como se reabrió la investigación sobre los Amigos de Fox.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo entonces la primera entrega de información restringida, en tanto que Korrodi, Rojas y Robinson interpusieron una decena de amparos, que han derivado en suspensiones provisionales y definitivas.
A su vez, el IFE interpuso ante el TEPJF un incidente de inejecución de sentencia y solicitó –y en su mayoría ha ganado— que se le considere como parte actuante en los mencionados juicios de amparo. Pero finalmente el TEPJF se declaró impedido para pronunciarse sobre el incumplimiento de la sentencia que otorgaba facultades al IFE para tener acceso a la información bancaria.
Al quite
Así pues, con el propósito de que la investigación de los Amigos de Fox no se quede en la penumbra, la Cámara de Diputados insistirá en llamar a cuentas a Lino Korrodi y a Carlota Robinson Kahuachi.
“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. En esta semana la Comisión de Vigilancia solicitará a la mesa directiva y a la Auditoría Superior de la Federación que se realice una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de su padrón de personas físicas y morales”, adelantó a este semanario el secretario de dicha comisión legislativa, José Antonio Magallanes Rodríguez.
Y es que, aseguró, algunas de las empresas de Korrodi y Robinson no están dadas de alta en Hacienda y evaden impuestos, además de que ellos poseen otras que son empresas fantasmas.
“Por ello es necesario que la Secretaría de Hacienda abra su padrón de personas físicas y morales a la Auditoría Superior de la Federación para precisar qué empresas de Lino Korrodi y de Carlota Robinson son fantasmas y, por tanto, evaden impuestos”, aseveró el diputado federal del PRD.
Entrevistado en sus oficinas del Palacio Legislativo de San Lázaro, Magallanes Rodríguez señaló que el fallo del TEPJF “deja prácticamente cerrada, bloqueada y empantanada la investigación del IFE en torno de los Amigos de Fox.
“Pero –agregó– aquí en la Cámara de Diputados estamos haciendo todo lo posible por que esta investigación no se vaya al archivo de los olvidos, que se abra y aclare qué empresas de esos dos personajes no existen”.
E insistió: “En la Cámara de Diputados no nos vamos a quedar sólo como actores pasivos. Me aboqué a buscar enlaces en otras instancias que se han dedicado a sustentar el origen de los recursos destinados la campaña presidencial de Vicente Fox. Ahora estamos en la etapa de fundamentar, de presentar pruebas y no quedarnos en meras presunciones, sino con argumentos que servirán como soporte para evitar que este caso quede impune”.
Incluso, el jueves 26, un día después de que el TEPJF se declaró impedido para continuar en el caso, el dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, manifestó en conferencia de prensa que, al igual que el Pemexgate, el caso de los Amigos de Fox debe ser juzgado.
Ahí se cuestionó a Bravo Mena por el hecho de que los panistas condenan el asunto de Pemex, pero no el de los Amigos de Fox. “¿Por qué esta diferencia si se habla de dos anomalías?”.
Y el dirigente de Acción Nacional respondió: “No hay ninguna diferencia, en primer lugar. Los principios, para cualquier caso, sea cual fuese, son los mismos: estado de derecho, legalidad, aplicación prudente y firme de la ley. Esos son los principios que hemos estado diciendo en cualquier caso, y en este que usted menciona”.
Aunque insistió en que ambos “son objetivamente asuntos de dimensiones muy diferentes, pero a los que se les debe dar un manejo estrictamente legal, dentro del marco de la ley”.
