Sandra Bibiana Flórez
En su lucha contra el crimen organizado, la guerrilla y los paramilitares, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, inició la construcción de Redes de Informantes: ciudadanos que –a cambio de una recompensa- entregarán a los organismos de seguridad datos para detener a “los violentos” y prevenir sus acciones. Sin embargo, la medida provoca reticencias, toda vez que estas redes pueden salirse del control gubernamental y convertirse en mercenarias: vender información al mejor postor, sean guerrilleros o paramilitares o mafias del narcotráfico.
BOGOTÁ.- El 16 de septiembre, William ingresó a la cuarta brigada del ejército en Medellín y se puso una capucha, que cubrió totalmente su cabeza. Una raja horizontal le permitía ver apenas lo necesario, sin que sus ojos pudieran ser reconocidos.
Cuando estuvo completamente seguro de que no podría ser identificado, entró a un salón, donde lo esperaban las cámaras de los periodistas y varios funcionarios. A pocos pasos se encontraba un general con un fajo de billetes en sus manos. William recibió un millón de pesos (400 dólares).
Días antes, William –nombre falso para salvaguardar la identidad del “informante”– había suministrado suficientes datos para que las autoridades rescataran a dos ciudadanos secuestrados por la guerrilla.
Esta escena, sin antecedentes en la historia del país, sorprendió a los colombianos. Para el gobierno de Alvaro Uribe Vélez fue una forma de mostrar las primeras señales de éxito de las denominadas Redes de Informantes y de estimular a los colombianos para que contribuyan con información. Sin embargo, para varios analistas y personajes de la vida nacional, la imagen no dejó de ser algo “grotesco”, que refleja desaciertos en la política de seguridad del nuevo mandatario de Colombia.
A raíz de las críticas, la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, prometió que nunca más se mostrarían esas imágenes. No obstante, el debate sobre la viabilidad de los informantes sigue abierto y un reciente acontecimiento puso en entredicho la iniciativa: El 19 de septiembre, la policía colombiana desarticuló una falsa red de informantes que logró estafar a 156 personas en el departamento de Caldas. La banda ofrecía un salario mensual de 608 mil pesos, arma de dotación y teléfono celular. Para ingresar, los aspirantes pagaron 25 mil pesos.
Igual incertidumbre ha generado en algunos sectores la idea de formar una red de soldados y policías campesinos que, sin necesidad de abandonar sus fincas o parcelas, contribuyan a la seguridad de la zona y suministren información a la fuerza pública.
Los informantes
Cinco meses antes de su elección como presidente, Alvaro Uribe Vélez lo había anunciado: en el punto 38 de su “Manifiesto Democrático” preveía crear una Red de Informantes. Un millón de hombres formarían parte de ese ambicioso proyecto de seguridad, mediante el cual la población civil colaboraría con información para los diferentes organismos de seguridad.
“Todos apoyaremos a la fuerza pública, básicamente con información. Empezaremos con un millón de ciudadanos. Sin paramilitarismo”, aseguró Uribe al presentar su propuesta.
También anunció que cada lunes sería el “Día de la Recompensa, que pagara el gobierno a los ciudadanos que en la semana anterior hubieran ayudado a evitar un acto terrorista y a capturar al responsable. A liberar un secuestrado y capturar al secuestrador”. Garantizó que se respetaría la reserva de la identidad y se exigiría el visto bueno de las autoridades competentes.
El 8 de agosto –un día después de que tomó posesión– Uribe viajó a Valledupar, en el departamento del Cesar, e inauguró la primera Red de Informantes. Hoy la región cuenta con 850 y el comandante del Ejército del Cesar, coronel Orlando Páez, dice a la corresponsal que los resultados son alentadores: “Ya no se presentan las acciones terroristas de antes, como atracos, quema de autobuses y secuestros en las carreteras. En un informe que presentamos al presidente Uribe Vélez el 9 de septiembre, mostramos que hay un descenso de la criminalidad. En agosto de 2001 hubo cuatro casos de terrorismo y en agosto de este año no hubo ninguno”.
Según el coronel Páez, para la integración de la red se seleccionan ciudadanos honorables, se realiza una visita a sus casas y se hace un estudio de confiabilidad. Son profesores, dueños de restaurantes, propietarios de fincas, conductores, trabajadores rurales, entre otros. Aclara que no se les proporcionan armas de fuego. Se comunican con las autoridades por teléfono y, para aquellos que tienen problemas de comunicación, se creó el apartado aéreo 0023, donde envían sus informes.
La información es sometida a un proceso de verificación. Páez asegura que los colaboradores no tienen una remuneración fija y que esta depende de la importancia y la veracidad de los datos suministrados. Por ejemplo: si conducen a la incautación de explosivos para acciones terroristas o armas largas, el informante puede recibir entre 1 y 2 millones de pesos.
Los informantes reciben capacitación para poder cumplir con eficacia sus funciones. Se les enseña a describir morfológicamente a un ciudadano y a un vehículo con todas sus características, a evaluar y comentar con rapidez y precisión las situaciones anormales que se presentan y a identificar claramente a miembros de la guerrilla o del paramilitarismo.
De acuerdo con información obtenida por Proceso, durante el primer mes de actividades este mecanismo permitió a las autoridades efectuar con éxito cerca de 30 operativos contra la delincuencia común, la guerrilla y los paramilitares. Hasta el momento se habrían pagado aproximadamente 100 millones de pesos (40 mil dólares) en recompensas.
En rueda de prensa, la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, dijo que con las redes de informantes el gobierno busca crear un tejido social sólido, que rompa con el individualismo y la indiferencia que ha caracterizado a la población colombiana: “La gente empieza a sentir mayor confianza y pierde el miedo a colaborar con la fuerza pública (…) Nosotros no tenemos ninguna duda, en todos los países civilizados la ciudadanía entiende que debe asumir una posición clara frente a la ley y a la democracia”.
Pese a ello, la estrategia de Uribe provoca suspicacias en importantes sectores de la sociedad. El analista Alejo Vargas dice que el ideal en una democracia es que los ciudadanos tengan tal confianza en sus autoridades, que cuando consideren que hay una situación sospechosa la informen de manera espontánea: “En sociedades en que no se da esto, se acude a mecanismos que tienen muchos riesgos. Hay personas que tienden a volverse profesionales en dar información, esto hace que suministre datos válidos o no, con tal de recibir el dinero”.
También –señala el especialista– estos grupos pueden salirse del control de las autoridades y terminar trabajando para quien mejor les pague la información. Además “se presta para que problemas personales u otro tipo de conflictos se resuelvan acusando al adversario como implicado en prácticas terroristas o subversivas, lo cual puede generar muchas injusticias”.
A diferencia de lo expuesto por la ministra de Defensa, Vargas cree que la creación de redes de informantes causa una ruptura del tejido social: “Todo el mundo empieza a desconfiar de todo el mundo, pues no sabe si el de al lado es un informante y estaría buscando cualquier comentario para denunciarlo como sospechoso y recibir el pago”.
Continúa: “En los ‘lunes de recompensa’ aparecen unas situaciones bastante grotescas de personas encapuchadas. Esto es de mal gusto y es discutible que un militar o un funcionario público entregue dinero en efectivo a un encapuchado. No es un buen mensaje para la sociedad. Creo que la línea más clara sería fortalecer a la fuerza pública, incrementar el número de sus efectivos y, si es el caso, pensar en crear una cuarta fuerza como la hay en muchos otros países: una guardia nacional, una guardia civil, una gendarmería. La situación de informalidad en Colombia es la que me preocupa”.
La denuncia
La senadora liberal, Piedad Córdoba, leyó una constancia dirigida al presidente Alvaro Uribe en la plenaria del Congreso del 10 de septiembre. En el documento, Córdoba señala algunas denuncias que, según ella, expresan el temor de varios ciudadanos de la ciudad de Medellín y ponen en entredicho la viabilidad de las redes de informantes.
Según la congresista, la población advierte la presencia de grupos armados, ajenos a la fuerza pública, dedicados a patrullar las calles, hacer requisas y pedir documentos de identidad a los transeúntes. En estas actividades estarían involucrados miembros de la red de informantes.
La parlamentaria considera que involucrar a la población civil en el conflicto mediante redes de informantes, conlleva demasiados riesgos. En primer lugar, porque generalmente se trata de personas que no poseen suficiente formación en materia de derechos humanos y el estatus de autoridad que les confiere una credencial las lleva a asumir su trabajo dentro de concepciones autoritarias, propias de estados policiacos. Así mismo –expuso–, conduce a la materialización de abusos y atropellos contra la intimidad y las libertades de los ciudadanos. Y afirmó que varios estudios han demostrado que las acciones de este tipo de redes derivan en actos delictivos a favor de grupos ilegales.
Trae a colación un mecanismo similar presentado por el presidente estadunidense George Bush, que se conoce como Terrorism, Information and Prevention Sistem (TIPS). Según la senadora, esta iniciativa acaba de ser derrotada por los demócratas en el Congreso y suspendida por un tribunal que encontró serios abusos por parte de grupos de informantes, en complicidad con autoridades de inteligencia.
“Se sabe que se va a contratar choferes de carga, carteros, medidores de agua y electricidad, mensajeros, instaladores del servicio de televisión por cable, entre otros, para que reporten lo que ven en sus recorridos. Es decir, se pretende la colaboración de personas que rutinariamente ingresan a los hogares, acceso que no se le permite tan fácilmente a un agente de la autoridad”, comentó.
Córdoba se pregunta cuántas personas caerán por información que sólo busca venganzas por conflictos entre familias, entre parejas o vecinos.
Un analista especializado en estos temas –quien prefirió no revelar su identidad—comenta: “Para combatir a la guerrilla colombiana se necesita una inteligencia especializada, bien dotada y gente preparada. El Estado colombiano ha sido muy débil para controlar redes sociales de apoyo. Esto puede quedar al servicio de cuanto grupo exista. Es un mecanismo sin control y me parece un esfuerzo sin sentido. Aquí en Colombia confunden a un opositor legítimo con un subversivo, entonces van a calificar de subversivos a los sindicalistas, a los maestros, etcétera. Lo que más me preocupa es que acaben al servicio de grupos paramilitares.
“Lamentablemente –añade– estos mecanismos se ven en sistemas totalitarios. En Cuba están los Comités de Defensa de la Revolución. Al igual que en las dictaduras, la gente empieza a tener miedo social, a no hablar nada que pueda ser malinterpretado. El efecto puede ser contrario: nadie oye, nadie ve, nadie dice, porque le da miedo que sea denunciado.”
Uribe Vélez también lanzó otra polémica iniciativa: crear una red de soldados y policías campesinos que, sin necesidad de abandonar sus fincas o parcelas, ayuden a mantener la seguridad de la zona y llevar a cabo labores de inteligencia.
Según la ministra de Defensa, estas personas estarían prestando su servicio militar obligatorio, responderían al código de conducta del ejército y de la policía, recibirían como pago menos del salario mínimo mensual y portarían un fusil que no podrá ser llevado a sus casas.
Comentó que el gobierno toma esta decisión debido a que los soldados profesionales implican un alto costo y ante la apremiante necesidad de controlar el territorio nacional. La red estaría formada en principio por 15 mil campesinos, y se espera que llegue a 100 mil.
Alejo Vargas sostiene: “Aún no se sabe de qué se trata: si es una modalidad particular de servicio militar, si es el germen de una nueva fuerza o es una especie de nuevas autodefensas, como las hubo en los decretos de los años 60. Hay incertidumbre, son muchachos inexpertos que no pueden ser un elemento disuasivo frente a grupos profesionales de guerrilleros o paramilitares. No se sabe si van a portar armas en su casa o en el cuartel. Ellos y sus familias podrían convertirse en objetivos militares y pondrían en riesgo a su comunidad”.
También asegura que “este es un intento de asimilar la experiencia peruana. El problema es que la estamos copiando mal. La diferencia radica en que no se trata de un tipo de autodefensa legal campesina como podría haber sido el caso peruano, sino que se trata de una situación ambigua. Hay improvisación. Es mejor que, si las estrategias no están decantadas, el gobierno se tome el tiempo necesario antes de enviar a la sociedad mensajes erráticos”.
