Gilberto Guevara Niebla
La investigación sobre los hechos de 1968 no es intrascendente ni fácil de desahogar. México busca, a través de ella, saldar cuentas con hechos represivos que enlutaron o causaron sufrimientos a miles de familias mexicanas, dejaron un profundo agravio en la conciencia nacional y, además, dañaron la reputación de instituciones como el Ejército, que ha sido señalado en su totalidad, como corporación –tal vez injustamente–, como responsable directo de crímenes contra ciudadanos inocentes. Pero el problema es como restañar esa herida todavía viva en el cuerpo de la nación.
Hay quienes erróneamente piensan que el país ya olvidó 1968. Es verdad que la memoria se desvanece día con día, pero una encuesta reciente mostró que el 63% de la población adulta de México mantiene viva la memoria de los crímenes de Estado que se cometieron en 1968. El público sabe lo que está en juego con esta investigación, sobre todo los sectores medios ilustrados, particularmente los universitarios.
También se puede decir que la opinión pública ya dio su veredicto, en tanto que el ciudadano común opina que la masacre de Tlatelolco fue consumada por las autoridades y muy pocos ciudadanos niegan la inocencia de los estudiantes. En cierto sentido, pues, “la historia” hizo su juicio. Pero no creo que esta circunstancia sea suficiente para finiquitar el asunto. Así lo comprendió, creo, el presidente Vicente Fox al impulsar la investigación sobre los hechos de 1968: con ella se busca que una nación salde cuentas con su pasado y pueda avanzar en la construcción de una nueva unidad nacional.
No se trata de que el público abrigue sentimientos de venganza, sino de una actitud racional y comprensible en un pueblo educado como México por justicia. Ahora bien ¿cómo se hará justicia? ¿Se habrá hecho justicia con el solo hecho de que las autoridades señalen como posible culpable a un expresidente (como ocurrió ya con Luis Echeverría) y lo obliguen a declarar ante un fiscal? Cierto, que ocurra esto es saludable para la democracia, pero no creo que el mero show satisfaga al público. La gente pide más. Creo que para que el público acepte que se ha hecho justicia se necesita, primero, echar abajo el proceso judicial que se siguió contra los estudiantes y sus resoluciones condenatorias, que son una impostura consagrada en la institución judicial.
Ese proceso fue una monstruosidad semejante (valga la comparación) a lo que hizo Hitler con el incendio del Reistach, donde inocentes fueron acusadas del delito del cual habían sido víctimas.
En segundo lugar, lo que la sociedad demanda es la verdad sobre lo ocurrido. Detrás de los hechos de 1968 siempre ha existido un misterio, amplias franjas de oscuridad que impiden identificar con nitidez tanto la mecánica de los eventos criminales como a sus actores y sus cómplices. En otras palabras, lo que el público demanda es que se revele la cara oculta de 1968, que se ponga de manifiesto la acción soterrada, clandestina, de fuerzas que orientaron y dirigieron los acontecimientos hasta el punto donde desembocaron.
Pero pienso que aún cuando se cumplan estos dos puntos puede quedar insatisfecha al menos una parte del público, debido a que en las últimas semanas se han creado nuevas expectativas. Éstas han sido estimuladas por el camino legal-judicial que se escogió para saldar cuentas con ese hecho histórico; la gente espera ahora que se produzcan castigos penales y probablemente tal demanda no tendrá satisfacción cuando se informe que los delitos cometidos en 1968 ya prescribieron y que, por lo tanto, los culpables (aunque se condene a Echeverría y socios) no irán a la cárcel. Desde este punto de vista hubiera sido preferible, desde luego, integrar una comisión investigadora no judicial.
En este sentido cobran enorme relevancia las declaraciones del licenciado Salvador del Toro Rosales ante la Fiscalía Especial que investiga los crímenes políticos del pasado. A mi juicio, esas declaraciones son las más relevantes que se han hecho para descorrer la cortina que hasta hoy ha ocultado lo sucedido en 1968. Lo digo por varias razones. La principal es que Del Toro es el primer funcionario del “sistema” que con su testimonio pone en claro la dinámica de provocación que promovió la Secretaría de Gobernación en el seno del movimiento estudiantil para vulnerar la imagen pública del propio movimiento y, a la postre, destruirlo.
Del Toro es una persona informada, con un evidente acervo cultural, testigo privilegiado de los acontecimientos, que en un insólito acto de honestidad decidió revelar (al menos una parte) de la verdad sobre lo que ocurrió en 1968. El licenciado Del Toro fue, en su momento, uno de los ministerios públicos preferidos de la PGR para investigar y perseguir los delitos políticos y participó en la investigación de los conflictos políticos más relevantes entre 1965 y 1975.
Este abogado y exfuncionario confirma lo que hasta hoy había sido una sospecha no suficientemente demostrada: que la Dirección Federal de Seguridad infiltró entre los estudiantes, dentro del propio CNH, a agentes provocadores, cuya misión era “reventar” al movimiento. Sus declaraciones coinciden con lo que dice en su libro Testimonios, publicado en 1996 por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (528 pp.) y que seguramente se incorporó al acervo documental de la fiscalía. En dicho libro, Del Toro confirma el poder de control sobre las acciones que tuvieron los agentes de Gobernación, particularmente desde el 27 de agosto en que se realizó la más grande manifestación estudiantil: “Desde su fundación, dice, el Consejo Nacional de Huelga estuvo vigilado por agentes infiltrados de la policía política de Gobernación (lo extraño, digo yo, es que no lo hubiera estado. GGN). Por sus informes confidenciales se tenía conocimiento de cómo estaba integrado ese organismo… La Secretaría de Gobernación tuvo bajo su mando el poder judicial (donde él trabajaba), a la procuraduría general de la República, a todas las policías y al Ejército”. Y durante el mitin del día 27, agrega, “los agentes de la DFS infiltrados en el movimiento se apoderaron del micrófono instalado en el autobús insignia. Desde ahí, incitaron al pueblo a la rebelión, insultaron al presidente de la República llamándole ‘chango’ y le exigieron diálogo público… que debería realizarse en ese lugar”. Y termina diciendo algo así como: el acto era un éxito político, excepto por los insultos al presidente.
Las declaraciones de Del Toro, no hay duda, despejan una línea clara para la investigación que debe seguirse si se desea honestamente arribar a la verdad y saldar cuentas realmente con ese pasado ominoso.
