La incompetencia en la que se declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la controversia en torno a la reforma constitucional en materia indígena, plantea un serio problema no sólo al mundo indio, sino a todas las formas locales de vida que constituyen una parte fundamental del rostro de México.
Haber dicho una vez más no a las demandas indias es afirmar, primero, que no se dará un paso atrás al proyecto de expansión desarrollista planteado por el gobierno de Salinas y continuado por el de Fox: cueste lo que cueste en destrucción de culturas, de tradiciones, de memoria, de familias y personas, México deberá someterse a la privatización, a la apertura indiscriminada de cualquier tipo de inversión y al sacrificio de las localidades en aras del único dios verdadero: el mercado global.
En segundo lugar, es afirmar que no hay vía legal ni representación democrática que pueda dar cuenta de la justicia. El Estado de Derecho tan traído y llevado a lo largo del tiempo y las leyes han estado en los últimos sexenios al servicio de los grandes capitales y de los mandatos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, como antes de los años ochenta estuvieron al servicio de un Estado monolítico y autoritario. Cuando se ha tratado de proteger a los grandes inversionistas, se ha aplicado la ley, aunque en su substancia haya sido violentada (recordemos no sólo la constante traición que desde el régimen de Zedillo hasta la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha hecho a los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, sino el Fobaproa, la manera en que se intentó expropiar las tierras de Atenco y de defender ese acto expropiatorio, la forma en que se ha custodiado la instalación de Costco en el Casino de la Selva); por el contrario, cuando se ha esgrimido un criterio de justicia por parte de las localidades, se ha apelado a las instancias legales y se han utilizado métodos de presión sancionados por la Carta Magna -marchas, manifestaciones, plantones, huelgas- la respuesta ha sido el silencio, la dilatación en las resoluciones y, por último, la traición y la salida violenta (recordemos el levantamiento zapatista de 1994 frente a la sordera de las autoridades, la traición a los acuerdos de paz, la persecución, el hostigamiento y la formación de grupos paramilitares; recordemos la lucha de Tepoztlán contra la instalación de un club de golf en sus inmediaciones, lucha que costó la vida de varias personas; la de San Salvador Atenco que terminó no sólo en un enfrentamiento brutal, sino en arrestos, secuestros, varios heridos y un muerto; la del Casino de la Selva que derivó en una represión brutal de sus defensores y en la fabricación de cargos a quienes tuvieron el infortunio de ser apresados: asonada, motín, llamado a la violencia; recordemos también los hostigamientos militares a las zonas zapatistas semanas antes de la resolución de incompetencia de la Suprema Corte).
Lo que el gobierno de Fox, bajo una apariencia democrática y afable, está diciendo con todo esto es lo que alguna vez dijo Calles a los prelados de la Iglesia durante el conflicto que derivaría en la guerra cristera: “Señores, no tienen ustedes más que dos caminos: o acudir al Congreso o acudir a las armas. Y anuncio a ustedes que para los dos estoy preparado”.
Los indios no sólo han apelado al Congreso, sino también a la Suprema Corte de Justicia. ¿Les quedan entonces, como en 1994 y como en la guerra cristera, las armas? No lo sé, pero el mensaje del Ejecutivo, de las Cámaras y de la Suprema Corte de Justicia frente a los últimos movimientos de reivindicación local no parece ser otro.
Este camino de la violencia al que el gobierno está empujando a los grupos que buscan reivindicar sus derechos legítimos, no es una lucha de clases; tampoco es una lucha por el poder -ese terreno es el de los partidos políticos-, sino una lucha, como Juan Robert y yo lo hemos señalado en varias ocasiones, entre dos visiones de México.
Según la visión gubernamental y la de los partidos políticos que se disputan el poder, todos los indios y todas las reivindicaciones locales son un anacronismo, una tara en la marcha de México hacia el progreso y la modernidad global. Esas reivindicaciones son el ejemplo de lo que México debe superar. Si la política adoptara los símbolos del código de la circulación vehicular, el mundo indio y las reivindicaciones locales se inscribirían en un círculo rojo con una raya oblicua: el mundo indígena y las localidades son el sentido contrario a la ruta del progreso. Son un peso muerto cuyo predicamento se resume en la listas de faltas y rezagos por salvar. Debemos salvara a los indios, a los pueblos y a las localidades -rezan los argumentos del gobierno- de sus divisiones, de su pobreza y de su atraso, debemos salvarlos de sí mismos, aunque, como un cirujano que extirpa un cáncer, debamos hacerlo con violencia y malversando o prevaricando el Estado de Derecho que debe protegerlos. Para el Estado, ese paterfamilias, que custodia a la nación, que distingue el buen grano de la cizaña, las tendencias innatas y las malas influencias, los indios y las reivindicaciones locales están enfermos y por ello hay que tratarlos con energía y generando un ambiente sano para su recuperación: inversiones para abrir escuelas, caminos, hospitales y empleos, sobre todo empleos, no importa lo enajenante que sean y lo mal pagado que estén; no importa si están en acuerdo con las tradiciones y las culturas locales; se trata de empleos que los modernicen.
Según la segunda visión, la de los indios y las localidades, sucede exactamente lo contrario: desde 1994 las reivindicaciones indias y locales son una revelación de lo que realmente es y ha sido México: no un proyecto único, importado por las clases ilustradas del siglo XIX y continuada por los neoliberales de los siglos XX y XXI, un singular ficticio e impuesto, sino un plural con muchos rostros; un conjunto de localidades con muchas formas de ver y de vivir el mundo dentro de una unidad nacional. Amenaza o esperanza, esta pluralidad emerge e incomoda. De ahí el temor y la negativa del Estado a reconocerlos, a darles cabida y a preservarlos para que crezcan en función de lo que realmente son en sus particularidades.
¿Cómo conciliar estas dos visiones? ¿Cómo evitar que el gobierno, en nombre de una visión estrecha y acrítica sobre el Mercado y la globalización, empuje a los indígenas y a las localidades a la destrucción y a la violencia?
Creo que el gobierno, que se reputa de inspiración cristiana, debe volver a pensar su función en relación con el principio de subsidiaridad que formuló Pío XI en su encíclica Quadragesimo anno y retomó Juan XXIII en Mater et Magistra. Ese principio dice que “al igual que no se puede quitar a los particulares, para transferirlos a la comunidad, las atribuciones que son capaces de satisfacer por su sola iniciativa y por sus propios medios, también sería cometer una injusticia y, al mismo tiempo perturbar de manera muy perjudicial el orden social, retirar a las agrupaciones de orden inferior para confiarlas a una colectividad más vasta y de un rango más elevado, las funciones que están en condiciones de llenar por ellos mismos. El objeto natural de cualquier intervención en materia social es ayudar a los miembros del cuerpo social y no a destruirlos ni a absorberlos” (Quadragesimo anno, el subrayado es mío).
En otras palabras, un Estado sólo tiene legitimidad si hace más libres y autónomas a las personas que componen la sociedad. Para la subsidiaridad, un principio de filosofía social fundamental, la fuerza del Estado debe situarse en relación con los organismos más pequeños que componen la vida política de la sociedad para ayudarlos a crecer sin sustituirlos, para permitir que cada uno tome sus propias iniciativas.
Cuando el gobierno quiere imponer un único modelo sobre las diversas formas de vida, lo que hace es traicionar la subsidiaridad a la que se debe y, al destruir las formas locales de subsistencia, substituyéndolas por las del mercado global, reducir a las personas que forman los pueblos indios y las localidades a la miseria.
El Mercado global, sin límites precisos, es una carta abierta a la destrucción, a la violencia y a la miseria de pueblos y comunidades; es una traición a la vocación profunda del Estado. A su cuenta debemos cargarle los 40 millones de miserables que ahora tiene el país.
Cuando no hay subsidiaridad en el Estado y se destruyen las formas vernaculares de la autosubsistencia y del trabajo creador y limitado, lo que queda es un pueblo que se miserabiliza en el desempleo, en la pérdida de sus raíces, de su memoria y de su ser, y que, cuando el Mercado lo permite, se prostituye en el empleo y su esclavitud.
Si el gobierno no busca la subsidiaridad para proteger con leyes la autonomía de los pueblos indios y de las localidades de las que se compone México para reactivarlos, si no recupera la vocación del Estado y se empeña en continuar imponiendo el modelo que la globalización ordena, el mercado global reinará, pero su reinado se hará sobre un mundo lleno de cemento, de maquiladoras, de prevaricadores de la ley, de miserables y muertos bajo la violencia y la represión, y de un Alzheimer social sin posibilidades de retorno; entonces, la economía, entendida no como producción y consumo, sino como cuidado de la casa, habrá perdido por completo su dignidad y el hombre se habrá reducido para siempre a ser un recurso que alimente al impío Moloch del mercado, como antaño alimentó al Moloch de las ideología históricas.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos y evitar que Costco se construya en el Casino de la Selva.
