Interés Público
Si se tratara de un juego limpio, de una contienda de habilidades, de una disputa de ingenios, habría que aplaudir a la bancada priista en la Cámara de Diputados, que impidió integrar el jueves 19 la sección instructora, cuya clientela inmediata estaría compuesta por miembros de ese mismo partido. Pero está en cuestión algo mucho más importante como para alegrarse de la vistosidad del encuentro. Se trata de saber si la malversación de dinero público puede ser castigada o no.
Los diputados del tricolor desplegaron su talento con eficacia y reventaron la sesión. Vencieron así a sus rivales, que creyeron posible doblegarlos, como si ignoraran que en defenderse de la justicia, en postergar su eficacia al menos, los priistas les llevan inmensa ventaja.
Con una buena dosis de fariseísmo, el panista Sergio Vaca espetó a los legisladores antaño oficialistas que no había razón para sospechar de los panistas, que tendrían control sobre la sección instructora, y la usaran para mal. “Nosotros no somos como ustedes”, se ufanó. Y a los pocos minutos se comprobó que así es, que los priistas exceden con mucho a sus adversarios en las malas artes de la manipulación parlamentaria.
Todo comenzó el martes 10 de septiembre cuando la Procuraduría General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de tres legisladores, dos federales y uno local. Éste último es Jesús Olvera Méndez, diputado en Tamaulipas, secretario general de la Sección Uno, la de Ciudad Madero, la que fue el enclave del poder de Joaquín Hernández Galicia. Se trataba de desposeerlos de su inmunidad parlamentaria, a fin de poder enjuiciar a Olvera Méndez y a Carlos Romero Deschamps, diputado federal, y Ricardo Aldana, senador, ellos dos figurantes en los convenios firmados en 2000 con el director de Pemex, Rogelio Montemayor, al recibir sumas que pueden ascender a 1 mil 580 millones de pesos. Si se ha obtenido una orden de aprehensión contra quien entregó el dinero, ¿por qué no debería hacerse lo mismo con quienes lo recibieron?
Ante la amenaza de que acabará la impunidad que ha protegido por décadas todo abuso priista, comenzó a practicarse una estrategia que permitiera preservar aquel cerco. Todo género de armas se emplearía. En un ensayo general del número que, perfeccionado, practicarían el jueves 19, el miércoles 11 los diputados priistas abandonaron el salón de plenos de San Lázaro y rompieron el quórum, la mayoría ante la cual Santiago Creel explicaba la política interior del gobierno.
Luego, al mismo tiempo que en reuniones discretas los líderes del PRI ofrecen reconocer que de la cantidad en cuestión, 640 millones de pesos, puede ser devuelta, como si se tratara de un préstamo que por esa misma razón debe tornar a su origen, las presiones tomaron otro cauce. Decenas de miles de petroleros salieron a la calle, formando una muchedumbre reclamante, como jamás lo han hecho, de un incremento salarial por encima de la cota vigente en las revisiones anuales. De no pactarse una nueva paga, los petroleros irían a la huelga el 2 de octubre. Año con año, desde siempre, se formuló el emplazamiento respectivo, y nadie nunca consideró posible, y muchos menos inminente la suspensión de labores en Pemex. Con una mezcla de control y seducción, el gobierno hizo siempre lo que quiso con el sindicato. Pero ahora la cúpula que lo dirige estaría con su movilización callejera haciendo saber que le es posible contar con vida propia, y encauzarla hacia la defensa de sus líderes, de su impunidad.
Dentro de la Cámara la resistencia priista estorbó la instalación de la sección instructora. Ha comenzado ya el tercer año de esta legislatura y no se ha constituído ese comité de cuatro diputados, que examina la situación de los presuntos desaforados y propone al pleno declarar si es procedente (declaración de procedencia) el pedido para enjuiciar a un poseedor de fuero. Ahora era preciso integrarla a toda prisa. Acción Nacional y el PRD unieron sus antagónicas fuerzas para conseguirlo, y quedaron frente al resto de los partidos representados en San Lázaro.
Había que acreditar, primero, que era posible instalar la sección instructora, a pesar de las confusiones legales. El desfasamiento entre normas aplicables, vieja una de casi 30 años y novísima otra, pues apenas entró en vigor en 1999, fue argüido en contra del propósito de crear la sección. Y luego se alegaron derechos de las minorías, para evitar que ese pequeño equipo se compusiera como pretendieron panistas y perredistas. A fin de dar fluidez a los trabajos de instrucción, Felipe Calderón y Martí Batres decidieron que en la sección hubiera un priista, un perredista, que la presidiría, y dos panistas. La decisión excluía al Partido Verde, cuarta fuerza en la Cámara, que por esa condición numérica parecía tener derecho a un puesto en la instructora. Pero Batres y Calderón sabían que obsequiar de ese modo mecánico la proporcionalidad, ofrecería al PRI el instrumento más seguro para impedir el castigo de Romero Deschamps y Aldana. No es que sospecharan de los verdes. Es que sabían que, como hizo en 1998, el voto de ese partido sería vendible al mejor postor, es decir al PRI.
Con esa doble propuesta: integrar la sección instructora, y con esa composición, llegó al jueves la dupla justiciera. Sus líderes sabían que sus 256 diputados vencerían, aunque con mínima diferencia, a los 208 priistas y los que se le unieran, para sacar adelante aquellos designios. Pero no contaron con la astucia priísta. Como el miércoles 11, sus diputados salieron de la sesión, arrastrando consigo a sus nuevos aliados, y de inmediato se pidió verificar el quórum, es decir contar si estaba presente la mayoría necesaria para continuar la sesión. Hubo 250 legisladores presentes. Faltaba uno para configurar esa mayoría. Y aunque el perredista Miguel Barbosa alegó que la Cámara no tiene hoy los 500 miembros formales, sino 498 y por lo tanto estaba presente la mayoría, se declaró la falta de quórum y se suspendió la sesión.
Algunos panistas, urgidos a retornar de inmediato de la reunión interparlamentaria en La Habana, no pudieron aterrizar por un temporal abatido sobre la Ciudad de México ese jueves. Habrá que investigar si el PRI organizó la tempestad para preservar sus impunidades. Por lo pronto, no fue posible instalar la sección instructora. Ese pasmo podría continuar, congelando las iniciativas del PAN y el PRD para hacer justicia.
Los articulistas de hace medio siglo, Nemesio García Naranjo por ejemplo, solían adornar sus textos con citas y relatos de pasajes históricos que, además de mostrar su erudición, alumbraban como metáforas o ejemplos circunstancias presentes a la hora de escribir. Practico ese artificio y recuerdo a madame Rolland, sacrificada por la Revolución Francesa después de haber contribuido a ella. Al pie del cadalso clamó: “¡Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”. Si eso se dijo respecto de un valor tan eminente, deploremos los muchos más que han sido y serán engendrados por la impunidad.
