Feliciano Hernández
La Secretaría de Hacienda (SCHP) perdió alrededor de 240 millones de dólares durante 2001, pues dentro del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros contrató cobertura de riesgo cambiando innecesarias en momentos que, según datos de la propia institución, la estabilidad de la moneda mexicana resistía todas las presiones financieras.
Hasta ahora nadie conoce qué compañía aseguradora es en la que Hacienda gastó, en el tercero y cuarto trimestres de 2001, los mil 106 millones de pesos que costó la adquisición de coberturas.
Hacienda tampoco ha querido rendir cuentas a la Cámara de Diputados sobre el manejo discrecional del Fondo, creado en noviembre de 2000. Y hasta en las aportaciones iniciales con que comenzó a funcionar hay discrepancias, pues en un principio se dijo que fueron 5 mil 839 millones de pesos, pero según el subsecretario Agustín Carstens, se constituyó con 9 mil 800 millones.
En su informe sobre la cuenta pública de 2001, que ya empezaron a analizar los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda reporta que “los recursos del Fondo al 30 de junio de 2001 se ubicaron en 9 mil 671 millones de pesos, de los cuales 539 millones correspondían a intereses generados”. Sin embargo, en lugar de aumentar ese fondo, como correspondía, el saldo al 31 de diciembre de 2001 fue de 8 mil 52 millones de pesos, luego de registrar gastos por mil 106 millones de pesos por la adquisición de coberturas de riesgo cambiario. En total, la pérdida es de casi 2 mill 213 millones: mil 106 por coberturas y mil 107 por los intereses dejados de percibir, equivalente a unos 240 millones de dólares.
La diputada perredista Miroslava García, economista e integrante de la Comisión de Presupuesto, recuerda que el Fondo se creó para las finanzas públicas no quedaran expuestas al vaivén de los precios del petróleo. “Si ya existe el Fondo, ¿para qué contratar un seguro? Era uno u otro. La contratación del seguro debió ser aprobada por la Cámara de Diputados”.
Según el artículo 35 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000, inciso e), “los ingresos excedentes que rebasen dicho monto se destinarán en 40% a la constitución de un Fondo de Estabilización de los ingresos petroleros, y el 60% restante a la amortización de la deuda pública.
Para la aplicación de dichos ingresos, la Secretaría, tomando en cuenta la estimación presentada en enero, deberá determinar en un apartado especial en los informes trimestrales a que hace referencia el artículo 79 de este decreto, los ingresos que resulten susceptibles de otorgarse”.
En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000, se informa que el Fondo tenía 9 mil 133.2 millones de pesos al final de dicho ejercicio. En el primer informe trimestral de 2001, que presentó Hacienda al Congreso, señaló que el Fondo había tenido rendimientos por 322 millones, dando un saldo al término de ese período de 9 mil 455.2 millones.
A mediados de ese año, tenía un salgo de 9 mil 671.2 millones, o sea, que en el semestre tuvo un rendimiento de 538 millones. De haberse mantenido la cantidad inicial del fondo hasta el final de ejercicio, sin hacer ninguna operación financiera, se hubiera contado con cerca de 10 mil 240 millones y hubiera generado rendimientos netos por mil 107 millones.
Sin embargo, para el tercer trimestre, se informó que los intereses fueron por 218 millones de pesos, y se hicieron erogaciones por la compra de coberturas de riesgo cambiario por 924 millones. Así, el Fondo terminó septiembre de 2001 con 8 mil 966 millones.
En el último trimestre, tuvo ingresos por 192 millones y erogaciones por mil 106 millones, quedando un remanente de 8 mil 52.2 millones.
La diputada Miroslava García señala que en actual gobierno, Hacienda ha recurrido deliberadamente a subestimar los precios del petróleo, como instrumento extralegal para lograr un salgo favorable en los ingresos petroleros, “con la clara intención de tener no una caja chica, sino varias grandes, que maneja con total discrecionalidad e ignorando al Congreso en sus exigencias de rendición de cuentas”.
Informa que presentará una iniciativa de ley para regular la fijación de los precios del petróleo, “de manera que se obligue al Ejecutivo a que estime los ingresos petroleros de cada año con base en la serie histórica y no condicionando a los mercados de futuro, con el objeto de no tener restricciones presupuestales”.
