Rodolfo Montes
En su más reciente revisión contable de Petróleos Mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que la empresa y su sindicato, antes de junio último, “habían encontrado puntos de acuerdo” en la renovación del Contrato Colectivo de Trabajo, los que “quedarían pactados en un convenio”, con lo que se conjuraba la huelga.
Para ello, indica, Pemex “propuso fechas de resolución y avances a la problemática planteada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM)”.
Pero cuando se estaba a punto de formalizar el convenio, a principios de junio, la intención del gobierno federal de actuar penalmente contra los líderes Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, los hizo que el sindicato se echara para atrás.
Y así, según la ASF, “en su más reciente pliego de peticiones con emplazamiento a huelga SG-079/02 del 26 de junio de 2002, el SNTPRM vuelve a exigir el cumplimiento de sus demandas”.
La ASF, dependiente de la Cámara de Diputados, también documentó que en los pliegos de peticiones del STPRM, con emplazamiento a huelga, de 1995 a 1998 y 2000, “no se mencionan exigencias de rezagos por incumplimiento a las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, ya que sólo se refieren, en términos generales, a incrementos salariales, nivelaciones de sueldos y revisión de desajustes de categorías, entre otros”.
Incluso, los 350 millones del convenio 9356, autorizado por Rogelio Montemayor el 8 de mayo de 2000, cuando era director de Pemex, el sindicato los utilizó para lo siguiente: ayuda de carácter cultural y fomento deportivo 50 millones; remodelación de edificios. 40 millones; reequipamiento de cooperativas, 35 millones; mantenimiento de instalaciones deportivas, 47 millones, y reparación de bibliotecas, 25 millones.
Para ayuda a sectores de bajos recursos, 50 millones; gastos de concentración de trabajadores para el desfile del primero de mayo, 20 millones; rehabilitación de vehículos del Comité Ejecutivo, 25 millones; gastos de previsión a empleados de dicho comité, 50 millones y renovación de equipo de cómputo y telecomunicaciones, 8 millones.
José Antonio Magallanes, secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, considera que lo revelado por la auditoría deja al descubierto que la amenaza de huelga del sindicato petrolero, que “tiene en jaque” al gobierno de Vicente Fox, no es más que “un instrumento de presión política” para dejar en la impunidad a Romero Deschamps y otros líderes sindicales implicados en el Pemexgate.
Y afirma que se debe llamar a rendir cuentas a los exsecretarios José Angel Gurría, Julia Carabias, Herminio Blanco, Luis Téllez, Rosario Green, Arsenio Farell, así como al actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, con el fin de que precisen “si en su calidad de integrantes del Consejo de Administración de Pemex, actuaron por omisión o premeditadamente en la transferencia de cientos de millones de pesos al sindicato, que presuntamente fueron a dar a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa”.
Argumenta: “Por principio de cuentas, un miembro del Consejo de Administración es una persona muy enterada. El de Pemex lo formaban los secretarios de Hacienda, José Angel Gurría; de Energía, Luis Téllez; de Medio Ambiente, Julia Carabias; de Comercio, Herminio Blanco; de Relaciones Exteriores, Rosario Green; además de Arsenio Farell Cubillas como comisario, y Elías Ayub, director de la CFE”.
Las cuentas turbias
Explica que de los 2 mil 90 millones de pesos que entregó Pemex al STPRM durante el 2000, en aproximadamente 700 millones está involucrado el Consejo de Administración.
En el convenio administrativo 9442, por mil 100 millones de pesos, 850 millones fueron para cubrir indemnizaciones por compromisos adquiridos en 1997, 1998 y 1999, y 250 millones para apoyar al sindicato para enfrentar demandas judiciales en su contra. “Ese tipo de apoyos no se encuentran contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que esos 250 millones debieron ser aprobados expresamente por el Consejo de Administración. No fue así, sólo tomó nota”.
Agrega: “En las aportaciones otorgadas mediante tres oficios de instrucción de pago por 49 millones 814 mil pesos; además del convenio administrativo 1-9356 por 540 mil pesos, y el Acuerdo CMRS-CE/002/2000, por 80 millones de pesos, conceptualizados como ayudas o pagos extraordinarios, que tampoco están contemplados en el Contrato Colectivo, también se necesitaba la autorización del Consejo”.
Finalmente, en el convenio administrativo 9356, por 350 millones de pesos, formalizado el 8 de mayo de 2000, arroja el siguiente resultado: “Fue formalizado de acuerdo con las facultades que en materia laboral le confieren al director general, sin requerir legalmente la participación de algún otro servidor público de Pemex; no obstante, participaron los directores corporativos de Finanzas y de Administración. Ambos, al formalizar dicho convenio, no se encontraban legitimados en el cargo público, en virtud de que carecían de los nombramientos respectivos aprobados por el Consejo de Administración”.
Considera que por ello “nos deben una explicación, una aclaración de su proceder como integrantes del Consejo de Administración de Pemex”.
