Por lo menos dos de las cinco personas propuestas por el Ejecutivo para formar el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública son ajenas a la materia, en contravención de lo que indica la ley recientemente aprobada. Nada impedirá una nueva confrontación con el Legislativo cuando el Senado discuta su ratificación.
La propuesta de Vicente Fox al Senado sobre los cinco comisionados que deben integrar el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAIP), vaticina una nueva confrontación con el Congreso.
Entre los propuestos –la lista fue elaborada en la Secretaría de Gobernación y luego modificada en la Presidencia– se encuentran dos personas cuya trayectoria no acredita conocimiento sobre el tema, tal como lo ordena la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, uno de los escasos logros en la relación Ejecutivo-Legislativo.
Se trata, además, de dos personajes más bien vinculados al PAN y a la Iglesia católica: Horacio Aguilar Alvarez de Alba, exapoderado legal de la Arquidiócesis de México y miembro de la mesa sobre asuntos religiosos en la campaña presidencial de Fox, y Guillermo Velasco Arzac, líder del ultraderechista Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO).
La inclusión de estos dos personajes se hizo en vísperas de que el presidente enviara la lista al Senado, la noche del jueves 12. El responsable fue Ramón Muñoz Gutiérrez, jefe de la Oficina de Innovación Gubernamental, estrechamente vinculado a Velasco Arzac.
La lista, que deberá ser ratificada por el Senado, a más tardar el 12 de octubre, incluye también a Alonso Gómez-Robledo Verduzco, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Juan Pablo Guerrero, miembro del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y José Octavio López Presa, director ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo México.
La propuesta del Ejecutivo preocupa a los expertos, no sólo por el perfil de quienes la integran, sino porque el gobierno no hizo una consulta, además de que la ley no prevé lo que se debe hacer en caso de que alguno sea rechazado.
“Si no existió cabildeo, estamos ante una situación delicada, pues el Senado puede decir no a las propuestas. Basta que le diga no a una para que el proceso entre en una dinámica inédita. Porque tampoco hay alternativa legal para solucionar el caso”, explica el constitucionalista Juan Francisco Escobedo, vicepresidente de Libertad de Información-México.
En efecto, la lista podrá ser objetada por la mayoría de los miembros del Senado si se juzga que los propuestos no cumplen con los requisitos. La ley establece que el IFAIP es el órgano encargado de promover y difundir el libre ejercicio del derecho de acceso a la información, resolver sobre la negativa a las solicitudes y proteger los datos personales de los ciudadanos.
“En todo caso, la instancia legislativa tendrá 30 días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento”, dice el artículo 34.
Sin embargo, la nueva ley no prevé ningún procedimiento en caso de que el Senado decida no ratificar a uno o varios de los comisionados.
Escobedo, quien participó en el proceso de negociación en el Congreso por parte de Libertad de Información, explica que la ley no previó el veto, porque se suponía que el gobierno integraría una fórmula de consenso y que en un mes podría consultar, si no a la sociedad, al menos a los legisladores: “Nosotros planteamos que si bien el Instituto no tenía autonomía, lo que debería prevalecer era el consenso. Pero si tampoco se ha hecho esa labor, el escenario que se prevé es de una confrontación adicional. Y esto es grave, porque se trata de una institución fundacional”.
La ley, en su artículo 35, dispone que para ser comisionado se requiere, entre otros requisitos, “haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta ley”.
El currículum de Aguilar Alvarez de Alba no registra ningún indicio en el conocimiento del tema, y ni el de Velasco Arzac, director de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Juan Carlos Ugalde, quien declinó la invitación para ser comisionado, considera aceptables los nombramientos de Guerrero y López Presa, pues “de los otros tres no tengo la menos idea de quiénes sean”.
Escobedo, catedrático de la Universidad Iberoamericana, dice: “Salvo a Guerrero, de quien tengo la referencia de que es experto en administración municipal, no conozco a ninguno de ellos, ni personal ni profesionalmente”.
Salvador Nava Gomar, coordinador de la maestría en derecho constitucional de la Universidad Anáhuac del Sur y redactor del proyecto de ley del Grupo Oaxaca, considera incorrecto que no haya sido nombrada ninguna mujer, pero clara: “Para mí todos tienen el beneficio de la duda”.
El senador perredista Jesús Ortega, adelanta: “No vamos a aprobar los nombramientos de Aguilar y Velasco Arzac. Ni creo que el PRI lo haga, así como están las cosas con el gobierno”.
La “eminencia gris” de la Coparmex
Velasco Arzac es padre de Guillermo Velasco Barrera, director de la fundación “Vamos México” de Marta Sahagún. Cobró notoriedad a raíz de que, en 1997, fundó “México Unido contra la Delincuencia”, patrocinado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la que ha hecho carrera y es considerado una suerte de “eminencia gris”.
Su único antecedente en el tema de la información es su participación en el movimiento “A favor de lo mejor en los medios”, integrado por organizaciones conservadoras que han exigido prohibir programas de televisión que, según ellas, atentan contra la moral y las buenas costumbres.
Fue uno de los principales líderes e ideólogos de la violenta organización MURO, en la que militaron otros miembros del gobierno de Fox, cuyo estado de origen, Guanajuato, fue controlado por Velasco Arzac en los años setenta.
La Dirección Federal de Seguridad (DFS), según documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, lo identifica en numerosos informes. Por ejemplo, en uno elaborado en Chihuahua, en junio de 1981, sobre las actividades del MURO, que se suponía disuelto, se establece:
Su estructura consiste en una jefatura nacional, jefaturas nacionales, jefaturas de medio y jefaturas de área. En la jefatura nacional están como dirigentes Federico Muggemburg, lic. Guillermo Velasco Arzac y doctor Eduardo Turati.
En la jefatura regional que comprende el estado de Durango, La Laguna, Chihuahua, Madera y Ciudad Juárez están el Lic. Gustavo Serrano Limón, Alberto Hernández Escobedo y Héctor Zepeda.
Muggemburg, arquitecto y militante panista, es uno de los ideólogos de la Coparmex mediante el Centro de Estudios Sociales de ese organismo, y Gustavo Serrano Limón – su hermano Jorge, exdirigente del comité Nacional Provida- es director general de Políticas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Explica el informe: Este movimiento es una agrupación de ultraderecha católica que se caracteriza por secreta, organizada en células independientes entre sí; se mueve en ámbitos católicos, sobre todo en escuelas particulares y secundarias oficiales, en primera instancia, luego en preparatorias y escuelas superiores.
Se precisa que los dirigentes usan “varios membretes para salir a la luz pública”, como el Consejo Nacional de Estudiantes, la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem) y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
Tienen una cerrada disciplina, mediante la cual pueden movilizarse y actuar bajo consigna. Se plantea la toma de estructuras de manera palatina para así desterrar el actual sistema…se infiltran en agrupaciones, ya sea para destruirlas o para controlarlas. Se dice que su mejor hazaña fue impedir que el PAN postulara candidato presidencial para 1976 y actualmente se están movilizando para que el mismo partido postule al ing. Pablo Emilio Madero Belden…
Esto, efectivamente, ocurrió en 1982. Una década después, Madero renunció al PAN denunciando, precisamente, que había sido infiltrado por la ultraderecha (Proceso 1349).
El reportero buscó telefónicamente a Velasco Arzac, el mediodía del miércoles 18. Su secretaria, Gloria Moreno, quedó en dar una respuesta más tarde. Hasta el viernes 20 no se había recibido.
Libertad religiosa
El otro caso que se prevé controvertido es el de Horacio Aguilar Alvarez de Alba quien, hasta mayo del 2000, fue apoderado legal de la Arquidiócesis de México, nombrado por el cardenal Norberto Rivera Carrera, y como tal elaboró la argumentación jurídica para defender el copyrigth de la imagen de Jesucristo.
Este abogado tuvo severas discrepancias en el equipo de transición de Fox, sobre todo con los sacerdotes Antonio Roqueñí, que fue también apoderado legal de la Arquidiócesis, y Alberto Athié, quien denunció las prácticas de pederastia del líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.
Durante la campaña de Fox, Aguilar Alvarez de Alba fue coordinador de la Mesa de Libertad Religiosa y Relaciones Estado-Iglesias, al lado de Alberto Ortega Venzor, y escribió en la Carta semanal de campaña –que se difundió mediante la página de Internet del candidato de la Alianza por el Cambio–, un editorial, en el que clamaba por más libertad religiosa:
En el elenco de los derechos humanos, en nuestro texto constitucional, está previsto el derecho a la libertad religiosa que constituye un derecho fundante y fundamental, con efectos multiplicadores en el espacio de las garantías individuales. Por ello la trascendencia e importancia de la propuesta formulada por Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, para dilatar los derechos de la libertad religiosa en nuestra nación; constituye una propuesta de calidad que hará que los mexicanos –con la posibilidad real de libertad—sean ciudadanos más comprometidos con nuestro proyecto y con nuestros grandes anhelos nacionales. ¡Fox Presidente!
En el currículum de Aguilar, abogado constitucionalista y autor de varios libros sobre temas jurídicos, como El amparo contra leyes, no se menciona ninguna relación con el ámbito de la información, tal como lo ordena la ley.
Aguilar Alvarez de Alba adquirió la titularidad de la notaría pública 39 del Estado de México, en 1985, a la que solicitó licencia el 22 de octubre del 2001, para ser consultor jurídico de los diputados del PAN en esa entidad, según publicó la Gaceta del Gobierno local, en noviembre.
La lista, un error
Los otros nombrados son Alonso de la Veracruz Gómez Robledo Verduzco, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en el tema de los tratados internacionales de México.
Juan Pablo Guerrero Amparán, miembros del CIDE, es experto en asuntos de administración pública, sobre los que ha escrito varios libros, y encabeza actualmente un proyecto de transparencia presupuestaria en América Latina.
Especialista también en la lucha contra la corrupción, Juan Octavio López Presa es secretario ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo México, y fue subsecretario de la Contraloría en el gobierno de Ernesto Zedillo, cargo al que renunció.
De ser ratificados por el Senado deberán asumir su cargo y su primera decisión será nombrar a su presidente, quien será el representante legal durante dos años, renovable por una ocasión.
La Presidencia de la República, en el comunicado difundido hacia las diez de la noche del jueves 12, en el que dio a conocer la designación de los comisionados, no precisó quién pagará su sueldo, dónde despacharán ni qué equipo y personal tendrán a su disposición…
Y es que el sigilo ha sido la característica del proceso de integración de la fórmula, coinciden los expertos.
Escobedo: “Si bien la ley no los obligaba, la Secretaría de Gobernación y el presidente Fox pudieron hacer consultas públicas. Hay un contraste evidente con las que se hicieron para integrar el Instituto de Evaluación Educativa”.
Aunque para Nava Gomar, de la Universidad Anáhuac, los cinco “son gente seria”, se cometió el error de que no haya habido la equidad de género a que se comprometió el gobierno. “Faltó, además, un experto en archivos”.
Ugalde, del CIDE, lamenta la ausencia de una mujer: “Eso me llama la atención. Había sido mencionada María del Carmen Pardo, pero desconozco por qué no la incluyeron”.
Los tres coinciden en que la ratificación en el Senado de los propuestos por Fox se complicará, además de que no envió los respectivos currículos que acrediten que, como la ordena la ley, sean expertos en el tema de la información ni los plazos que durarán en el cargo cada uno.
Escobedo advierte: “Debió realizarse un proceso de consulta abierta para legitimar su designación, sobre todo considerando que el Congreso no está muy receptivo a las propuestas gubernamentales. Estamos viviendo una de las coyunturas más críticas en la relación Ejecutivo-Legislativo”.
