Washington.- Expedición de documentación migratoria “biométrica”; máquinas “lectoras” de huellas dactilares o del iris de los ojos, conectadas a bancos de datos; tecnología de screening (pantalla) y rayos X en adunadas para detectar posibles explosivos colocados en contenedores y, en el caso de México, un pre-screening aplicado en territorio mexicano.
Tales son algunas modalidades tecnológicas de la llamada Frontera Inteligente, un sistema para “garantizar la seguridad fronteriza: prevenir el terrorismo y el tráfico ilegal de drogas, armas y de personas”, así como para “acelerar el flujo comercial y de individuos de manera legal y ordenada” entre México y Estados Unidos.
El 22 de marzo –después de concluir la Cumbre de Monterrey—los presidentes Vicente Fox y George Bush firmaron un acuerdo de 22 puntos con lineamientos generales para construir esa Frontera Inteligente.
Según el documento –del que Proceso tiene una copia—eso implicará, entre otras acciones, operativos conjuntos de inspección de mercancías y sistemas automatizados de control de visas y de personas.
Sin embargo, dicho proyecto es aún difuso. Y los legisladores estadunidenses –en receso por vacaciones de verano—no terminan por definir sus detalles.
Una cosa es segura: el proyecto no será coordinado por el Departamento de Estado, al que compete las relaciones con México. Quedará en manos del futuro Departamento de Seguridad Interior, una supersecretaría que absorberá al Servicio de Inmigración y Naturalización, entre otras agencias, y cuyo jefe será Tom Ridge, cercano al presidente Bush.
De acuerdo con la ley que lo creó, el nuevo Departamento de Seguridad Interior deberá “planear, coordinar e integrar todas las actividades del gobierno estadunidense relacionadas con la seguridad doméstica, incluyendo la seguridad fronteriza”.
Una de las tres direcciones en que se dividirá el nuevo Departamento, –la dedicada a la Prevención– deberá “desarrollar una política nacional de fronteras terrestres y marítimas” e “implementar los estándares internacionales para el refuerzo de la seguridad en los nudos de transportes”.
Menudo trabajo. De acuerdo con datos del gobierno estadunidense, por la frontera con México, –la más transitada del mundo— cruzan 300 millones de personas, 90 millones de autos y 4.3 millones de camiones de carga. Desde que se implemento el Tratado de Libre Comercio de Norte América, el número de vehículos comerciales que cruzan la frontera se incrementó en 41%; el comercio en ambos sentidos casi se triplicó y promedia más de 650 millones de dólares diarios, dos tercios de ellos sólo por las aduanas de Texas.
La militarización
De acuerdo con la Ley Posse Comitatus Act –que data de 1878—los soldados estadunidenses no pueden usar sus armas en territorio nacional ni pueden efectuar arrestos, salvo los pertenecientes a la Guardia Nacional bajo mandato de gobiernos estatales. Dicha ley prohibe, por tanto, la actuación de militares en la frontera.
Sin embargo, a mediados de julio, el general de la fuerza aérea Ralph Eberhart –considerado futuro líder de las fuerzas armadas destinado a proteger el territorio estadunidense–, declaró que esa ley “podría ser reformada”.
Y Gordon Johndroe, vocero de la oficina de Seguridad Interior de la Casa Blanca, dijo que sería conveniente “revisar desde ahora esta clase de asuntos (la participación de militares para la seguridad interna), cuando todavía tenemos tiempo. Así sí en el futuro llegamos a tener la necesidad de llamar a los militares, ya tendremos estas cuestiones resueltas”.
No obstante, durante una reciente visita a México, el propio Tom Ridge calmó los eventuales temores del gobierno mexicano: “Lo último que queremos hacer es militarizar la frontera entre amigos”.
Pero “el gobierno estadunidense está haciendo exactamente eso”, subraya Gene Healy, experto en asuntos fronterizos del conservador Cato Institute.
Explica: a mediados de este año “el Pentágono ordenó el despliegue temporal de unos mil 600 soldados de la Guardia Nacional en las fronteras con México y Canadá para ayudar al Servicio de Inmigración y a funcionarios de las aduanas. Los soldados inspeccionan vehículos, dirigen el tráfico de personas y vehículos en nuestras fronteras del norte y del sur”.
Recuerda que la militarización de las fronteras tuvo “desastrosas consecuencias en el pasado”. Por ejemplo, en 1997 una patrulla antidrogas de guardias marinos disparó y mató al estudiante Ezequiel Hernández, “quien disparaba un rifle calibre 22 mientras cuidaba a sus cabras en su propia granja en Texas, cerca de la frontera”. Por el “error”, el Departamento de Justicia debió pagar una indemnización de 1.9 millones de dólares a la familia Hernández.
La militarización de las fronteras, una idea que tanto tienta a algunos altos funcionarios de la Casa Blanca, “es peligrosa y no aumentaría nuestra seguridad ante ataques terroristas”, señaló Healy.
Mientras tanto, un puñado de empresas tecnológicas espera entrar al jugoso mundo de las contrataciones oficiales estadunidenses: quieren vender e instalar sus controladores “ergonométricos” para inmigrantes y turistas, así como “lectores” de iris oculares que ya funcionan en algunos puntos de entrada del país.
Al mismo tiempo existe un silencioso despliegue a lo largo de la frontera de agentes y equipos de la patrulla fronteriza, explica Jason Ackleson, uno de los expertos en este tema de la Universidad de Nuevo México.
Precisa: “A través de la Joint Task Force 6, los militares ayudan al desarrollo de infraestructura a lo largo de la frontera y con algunas operaciones de vigilancia e inteligencia”.
Señala que a pesar de que la Guardia Nacional abandonó ya la mayoría de los puntos de entrada donde fue desplegada, “existe todavía un apetito en Washington por revisar las leyes que prohiben a los militares patrullar territorio norteamericano”.
Y es que, asegura, “si otro ataque terrorista llegase a ocurrir, está claro que el uso de los militares en las fronteras no está en absoluto descartado”.
En una medida fuertemente simbólica, el Ministerio de Justicia anunció el 12 de agosto un nuevo programa, que prevé que agentes fronterizos deben tomar las huellas dactilares y fotografías a miles de personas que ingresen a territorio estadunidense. Después de un período de prueba de 20 días, el sistema se instrumentará en todos los puntos de entrada al país a partir del próximo 1 de octubre.
El programa tiene como objetivo identificar claramente a todos los ciudadanos iraquíes, iraníes, sirios, sudaneses y libios que entren al país, así como a aquellas personas que, según el Departamento de Estado, “representen un riesgo elevado” para la seguridad nacional.
“La vulnerabilidad de nuestros sistema de inmigración quedó bien clara después del 11 de setiembre”, explicó el ministro de Justicia, John Ashcroft, al presentar el nuevo programa.
El Congreso ya dio el visto bueno a todos estos puntos que definen gran parte de la nueva política fronteriza. Y ya lo dijo el propio presidente Bush a fines de julio, poco antes de salir de vacaciones a su rancho en Texas: “Tenemos que saber quién entra a nuestro país, y para qué viene, qué es lo que están trayendo y si se van a tiempo… por ello necesitamos reformar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”.
De esto se trata la nueva Frontera Inteligente de Bush.
