Edificada en la ilegalidad, con omisiones de los tres niveles de gobierno y de los constructores, la Villa Panamericana acabó por desbordar de suciedad. El derrame de sus aguas negras hacia la zona de recarga de mantos freáticos, supuestamente por el colapso de las plantas de tratamiento, demuestra una vez más que los gobiernos federal, estatal y municipal le dieron prioridad al negocio sobre las normas sanitarias y de construcción.
Bastó que todos los edificios de la Villa Panamericana fueran habitados para que se pusiera en evidencia el incumplimiento de las normas hidrológicas por parte de los constructores, así como la negligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que trajo como consecuencia que las plantas de tratamiento se saturaran desde el principio y arrojaran sus residuos a cielo abierto, contaminando gravemente la zona de El Bajío y poniendo en riesgo la salud pública.
Todo porque no se tomaron en cuenta las advertencias ni los argumentos de ecologistas y vecinos de Rancho Contento en el sentido de que el proyecto incumplía el marco legal sobre el medio ambiente y que las propuestas de mitigación del daño eran absurdas. El gobierno del estado no sólo avaló sino que impulsó el desastre al otorgar permisos apresurados y aportar dinero, incluidos los fondos de los burócratas a través del Instituto de Pensiones del Estado.
El ayuntamiento de Zapopan se enteró del derrame ocurrido el 23 de octubre cuando hizo una visita a la parte externa de la Villa Panamericana, misma que el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (Copag) trató de impedir con el auxilio de la Policía Federal.
Aunque la pestilencia provocada por el derrame de aguas negras fue obvia y generó quejas de delegaciones como la brasileña y la cubana, el ayuntamiento decidió no dar a conocer el problema hasta que pasara la competencia para evitar la interrupción de la fiesta deportiva.
Ahora la autoridad zapopana quiere limpiar su imagen al presentar dos denuncias ante la delegación de la Procuraduría General de la República en Jalisco, así como en las Procuradurías Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la procuraduría estatal (PGJE) y en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la descarga de aguas residuales y sanitarias a cielo abierto en los terrenos aledaños al conjunto habitacional.
La reacción del secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, fue minimizar públicamente el problema. Y los desarrolladores, en voz de Nick Van Der Kaaij, alcalde de la villa, simplemente negaron que existiera.
A su vez el director de Infraestructura Deportiva del Copag, Hugo Rodríguez, señaló que el ayuntamiento de Zapopan no clausuró las instalaciones. Dijo que sólo hubo un problema con la planta de tratamiento después de una lluvia con granizo, que la contaminación no fue considerable y que los funcionarios municipales se limitaron a realizar una “clausura simbólica”.
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que al principio se deslindó del desarreglo, reportó después que las plantas de tratamiento de aguas residuales de la villa “se encontraban funcionando solamente a un 20% de su capacidad y el excedente se vertió a un cauce natural y a la canaleta de agua pluvial”.
En un comunicado informó que se levantaron dos reportes de campo; “en uno de ellos se observó que la primera planta de tratamiento se encontró colapsada por tener un flujo demasiado alto y excedió a la capacidad de tratamiento, encontrándose escurrimientos y encharcamiento de agua contaminada con heces fecales y materia orgánica.”
En vista de ello, organizaciones de la sociedad civil presentaron en los últimos días una decena de demandas penales y administrativas a fin de que se castigue a los responsables de la derrama y se impida la venta y ocupación del inmueble construido por la empresa Corey Integra y que, pese a todo, continúa promoviéndose comercialmente con el nombre de Villa Bosque.
El miércoles 9, la organización Conciencia Cívica anunció que la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) otorgó una suspensión para impedir que se realice cualquier actividad dentro del complejo urbanístico, con lo que se pone en riesgo el hospedaje de los mil 500 atletas que comenzaron arribar a la ciudad desde el día 7 con el fin de participar en los Juegos Parapanamericanos. Para impedir que el ayuntamiento de Zapopan evite acatar la suspensión, Conciencia Cívica interpuso un amparo.
El plazo de 24 horas que acordó la magistrada se cumplió la mañana del jueves 10. Sin embargo, el ayuntamiento zapopano no mostró el permiso provisional de habitabilidad de la villa, por lo que se pidió “el inicio de un incidente de desacato y que se ejecute la suspensión”, señala Cosío Gaona.
Dice también que se le pedirá a la magistrada que siga con el procedimiento de presentación de pruebas documentales y que se anule el permiso en materia de impacto ambiental que otorgó la Semades. Cosío insiste en que no está en contra de los Juegos Parapanamericanos, pero sí se opone a que la descarga de aguas negras dañe los mantos freáticos.
Otra organización civil, el Parlamento de Colonias, indicó que el presidente municipal priista, Héctor Vielma Ordóñez, miente y se contradice al decir que está a favor de proteger la zona de El Bajío, cuando ellos tienen documentos en los que se manifiesta la intención de construir una plaza comercial en las 10 hectáreas y de legalizar la medida con la modificación de los planes parciales de desarrollo. En consecuencia, anuncian que presentarán una nueva demanda por la modificación al proyecto Villa Bosque una vez que concluya la competencia internacional.
Aguas negras
Este lunes 14 la Universidad de Guadalajara tenía programado difundir el resultado de las muestras de agua que le entregó el ayuntamiento de Zapopan para determinar los alcances del daño, tras la inspección que realizó justo a la mitad de los Juegos Panamericanos y en la cual descubrió que las plantas tratadoras de agua no funcionaban y que los desechos se descargaron sin apego a la norma.
La promotora inmobiliaria Corey Integra y los funcionarios de todos los niveles se lavan las manos y minimizan la contaminación producida por el colapso de las plantas de tratamiento.
En la pasada administración, el alcalde panista Juan Sánchez Aldana expidió la licencia de edificación (que le costó 35 millones de pesos a los promotores inmobiliarios) y el actual, Héctor Vielma, se negó a clausurar el complejo habitacional pese a que existía una orden judicial para ello e incluso concedió un extraño “permiso de alojamiento temporal” a fin de que la villa pudiera ser ocupada por los atletas durante los Panamericanos.
Carlos Aldana Ortiz, abogado de los vecinos de Rancho Contento que en marzo pasado promovieron dos juicios (expedientes VB-67/2011 y 82/2011) contra la Villa Panamericana por no respetar los lineamientos ambientales, considera que el caso sí avanzó:
“Toda vez que existen impedimentos legales para que se venda la Villa Panamericana y una suspensión para que no existan registros catastrales para el efecto de que siga en el debate la licencia y la construcción (…), en el caso de que se declare ilegal, vendría la fase de demolición”.
Añade: “El caso está en la cancha jurídica. Un juez federal está por determinar si la construcción se debió hacer o no, en función de una licencia mal otorgada. Y, desde luego, todas las evidencias están a su disposición, tan es así que existió una licencia condicionada a 56 requisitos medioambientales”.
Aldana Ortiz puntualiza que sus representados solicitaron al municipio de Zapopan que entregara todos los documentos relativos al caso de la obra, como dictámenes de trazos y destinos, licencias de construcción, la Manifestación de Impacto Ambiental y de Impacto Vial, entre otros, pero la administración local no respondió.
“Encontramos que la autoridad demandada de Zapopan incumplió en remitir el dictamen de usos de trazos y destinos específicos –explica Aldana Ortiz– porque resulta que el 5 de octubre de 2009, cuando era presidente municipal, Juan Sánchez Aldana emitió un dictamen ante la solicitud del grupo desarrollador (Corey Integra), que debía cumplir una serie de requisitos, y luego resulta que el 3 de diciembre de 2009, a días de concluir su administración, emite un nuevo dictamen pero ahora rasurado”.
Además, refiere, el ayuntamiento zapopano omitió entregar el proyecto definitivo de urbanización, el plan de centro de población –que demostraría que el municipio violó la ley de ordenamiento ecológico y la normatividad para el otorgamiento de licencias–, así como diversos oficios de las direcciones de Ecología y de Obras Públicas sobre la autorización, los trámites, la supervisión y el seguimiento de la obra de urbanización.
El abogado sostiene que el derrame de aguas negras es una prueba más que deberán considerar los juzgadores, en especial el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa federal, Fernando López Tovar, ya que los casos están a punto de obtener una resolución.
Todavía se recuerda que el juez López Tovar otorgó una inusitada “suspensión de la suspensión”. Contravino así la orden del magistrado de la Cuarta Sala del TAE, Armando García, quien acordó detener la venta de los departamentos, la expedición de certificados y los movimientos catastrales, lo mismo que el cese temporal de las obras, pero la suspensión de Tovar permitió a los desarrolladores culminar los trabajos.
Otro pequeño avance del proceso jurídico es que la Quinta Sala del TAE multó con 120 días de salario mínimo a Ricardo Huerta Hoyos, representante legal de la Inmobiliaria Cornejo Albarrán y Corey, por no informar al tribunal de los nombres y los domicilios de las personas con las que firmó promesas de venta o de compraventa ni las copias certificadas de los contratos. En caso de negarse otra vez, huerta Hoyos se hará acreedor a un arresto de 36 horas. El plazo venció el martes 8.
Fragilidad legal
Tras analizar el estudio dictamen de impacto ambiental para la Villa Panamericana emitido el 7 de diciembre de 2009 por Martha Ruth del Toro, entonces titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades), el profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara Miguel Magaña Virgen llegó a la conclusión de que se trata de un documento “hecho al vapor, a modo de las autoridades ambientales, estatales y municipales”.
El investigador señala que la funcionaria declaró públicamente que el estudio tenía que estar listo en 15 días –cuando normalmente se lleva meses– porque la obra iniciaba el 7 de diciembre. Para él, esto significa que “que el resultado de la evaluación no importaba, con tal de realizar el proyecto”.
Además, precisa, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) carece de valor jurídico, pues no la debió realizar la Semades sino el ayuntamiento de Zapopan. “El Bajío es un área urbana y el plan parcial de desarrollo lo confirma. En materia de evaluación ambiental, la Semades sólo debe atender desarrollos habitacionales cuando estén fuera de áreas urbanas”.
En ese documento, la autoridad autoridad admite que existe un riesgo importante: “Por la localización del sitio del proyecto, cercano a fallas activas localizadas en las inmediaciones del arroyo Boca La Arena y en Terrenos del Desarrollo Habitacional Ayamonte, se considera necesario que en el sitio del proyecto se implemente las medidas técnicas necesarias para prevenir y mitigar daños a la salud de la población, sus bienes e infraestructura localizada dentro y en las inmediaciones al sitio del proyecto, especialmente por la posterior ocurrencia de impactos ambientales colaterales”.
Sin embargo, indica que la Semades mintió al decir que “la recarga de aguas subterráneas que potencialmente ha tenido la zona, se ha transformado, ahora es limitada y principalmente el agua que puede llegar a contener El Bajío se pierde por evaporización”, cuando lo cierto es que la zona es un área de recarga para Los Colomos.
Magaña precisa que el proyecto privado de Villa Bosque se localiza en una microcuenca endorreica de mil 200 hectáreas con suelos de muy alta recarga hidráulica, en la que se infiltra la mayor parte de los escurrimientos de la subcuenca Boca de la Arena, la cual mide 27.9 kilómetros cuadrados y alimenta subterráneamente a la cuenca de Los Colomos y sus manantiales, así como al acuífero de Atemajac. Éstos, a su vez, abastecen al 30% de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.
El especialista recalca también que en la villa se construyeron 950 departamentos para 3 mil 800 habitantes, lo que implica una densidad de 420 habitantes por hectárea, contraviniendo el ordenamiento ecológico que establece un límite de 20 habitantes y cuatro viviendas por hectárea. A su juicio, el inmueble también viola los planes de centro de población para el ordenamiento del Valle de Tesistán y los planes parciales ZPN-9/15 y ZPN-9/16.
Por su parte, Alejandro Cárdenas Ochoa, vecino de Rancho Contento y presidente del Parlamento de Colonias, relata que cuando revisaron la documentación que recabó la Semades para autorizar la MIA se dieron cuenta “de que existía incapacidad en dos sentidos: en el tratamiento de las aguas residuales y en el abasto de agua. Sabemos también que han estado abasteciendo (al complejo) a través de pipas y que el proyecto tampoco cuenta con las fuentes de abastecimiento idóneas para operar. Cuando ellos (los constructores) hacen la propuesta, exhiben un título de concesión por 30 mil metros cúbicos anuales, que no les da para operar ni un mes. Ellos necesitarían por lo menos 500 mil metros cúbicos anuales para operar la villa”.
Asegura que, de las 56 condicionantes estipuladas en la MIA, “hasta hace un mes y medio no habían cumplido más de la mitad. Tenemos detectado que no cumplieron con los estudios geohidrológicos, sísmicos, de riesgos, el manejo de las aguas pluviales, de aguas residuales, y aparte ellos ya hicieron construcciones dentro del área natural protegida, que es otra violación”.
Agrega: “Ellos dicen que se hizo un pozo de absorción de 30 metros de profundidad –que es exagerada– por tres de diámetro, que ahí fue donde vertieron las aguas ¡y era un pozo de infiltración de aguas pluviales! Esto es una verdadera tragedia ecológica en materia hidrológica y una desafortunada omisión de las autoridades municipal, estatal y federal”.
Al respecto, Jaime Eloy Ruiz Barajas, integrante de Ciudadanos por el Medio Ambiente, anuncia que solicitarán una auditoría ambiental “porque estamos hablando de la violación de la norma Semarnat 07-007, que se refiere a límites máximos permisibles de contaminantes y de recarga de aguas residuales a acuíferos subterráneos”.
En resumen, dice, “da la impresión que la villa no tiene ni siquiera la constancia de no peligrosidad de residuos, que es un documento con demasiadas exigencias porque tiene que verse los residuos peligrosos, como lodos y biosólidos que se generan en cualquier planta de tratamiento y deben ser considerados como peligrosos hasta no tener esa constancia”.
