Apenas terminada la “fiesta de América”, el gobernador Emilio González Márquez se apresuró a presentar su proyecto de egresos para 2012 en el que, según los diputados, destinará menos de 8% a obra pública, carreteras e infraestructura. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, la priista Mariana Fernández, insiste en que el titular del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, Carlos Andrade Garín, comparezca en el Congreso para que explique cómo se aplicaron los gastos y aclare el destino de los millones de pesos que faltan.
Terminados los XVI Juegos Panamericanos tras 15 días de competencias deportivas que costaron entre 9 mil y 10 mil millones de pesos al erario, empieza la cruda.
La llamada “fiesta de América” dejó un déficit financiero millonario a las arcas estatales, lo que se refleja directamente en el proyecto de egresos para 2012, según el cual el gobierno de Jalisco destinará menos de 8% de sus fondos a obra pública, carreteras e infraestructura.
La presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso local, la diputada Mariana Fernández, afirma que el aporte federal para la justa deportiva fue de 2 mil 300 millones de pesos, aunque los organizadores sólo transparentan mil 700. Y se pregunta: ¿dónde están esos 600 millones de pesos que faltan?”
Fernández solicita a los legisladores que citen a comparecer a Carlos Andrade Garín, director del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (Copag), para que responda por lo menos a dos preguntas clave: “cuánto se gastó y dónde”. Dice que pese a sus intentos por obtener la información desconoce el monto del dinero invertido, toda vez que la página electrónica oficial no transparenta todas las cuentas.
La diputada de 23 años desgrana sus dudas: “Agarraron 500 millones de pesos de Iprovipe (Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público), ¿cómo lo van a reponer? ¿Quién va a pagar los intereses? ¿En qué términos? ¿De dónde se pagaron los muebles para la Villa, para oficinas?
“¿Y a dónde van a ir después de todo esto? Se recibieron 400 coches, ambulancias equipadas, laptops, I-pads. ¿De dónde salen y a dónde van después de los juegos? Dicen que para la beneficencia social. ¿Pero quien es la beneficencia? ¿Ni siquiera eso dicen claro!
“También nos preocupan las adjudicaciones directas. La ley solamente permite 2.7 millones de pesos en adjudicación directa, pero ellos asignaron 400 millones de pesos, sobre todo en equipamiento de estadios. No hubo licitaciones. Y no fue por urgencia –la sede la teníamos desde 2006, por ejemplo–; no pueden argumentar tal cosa.
“Se supone que todas esas cuentas deberían ser conocidas. Ni siquiera han dicho cuánto nos costaron los juegos. Y como no han dicho exactamente de qué partidas sacaron los recursos, nos preocupamos porque la ley no permite reprogramar más que 10% de las partidas presupuestales y con lo que vimos, podrían ser reorientaciones por más de 800%, todo por sacar el compromiso”.
La legisladora comenta que se desconoce el “hueco financiero” que dejaron los juegos. El monto original era de 5 mil millones de pesos, dice, pero se gastaron al menos 9 mil millones, según admitieron las autoridades estatales en agosto (Proceso 1822).
No obstante, cada funcionario proporciona una cifra distinta. El 11 de julio, Andrade Garín declaró en rueda de prensa que el déficit era de 800 millones de pesos, aunque la cifra original era de mil millones de pesos. “Pero logramos recaudar algo más con patrocinadores”, dijo el funcionario ese día.
Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuánto dinero obtuvieron las autoridades por “bautizar” algunos escenarios panamericanos con nombres de bancos, telefónicas y marcas automotrices.
Luego, el 17 de julio, el gobernador Emilio González Márquez admitió que había un déficit financiero, aunque no proporcionó el monto ni comentó la forma en que se solventará el problema. Sólo atinó a decir: “Vamos a jinetear el dinero”; incluso echó mano del fondo de pensiones de los burócratas sin pedirles autorización. Su propósito era sacar el compromiso panamericano.
Para el 20 de agosto, el mandatario dio otra cifra: el déficit económico derivado de la organización de los Panamericanos ascendía a mil 500 millones de pesos.
La diputada Fernández destaca las contradicciones del gobierno estatal: “Primero – dice– piden mil millones; les dan 550. Y en septiembre siguen pidiendo los mismos mil millones a pesar que uno piensa que sólo faltarían 450… ¡Es un descontrol!”.
Enredos
Otra de las dudas que tienen los diputados es sobre los montos que recibió el Copag por patrocinios y por ponerle nombres de empresas particulares a los estadios recién construidos con dinero público.
“Los estadios tienen nombres de empresas importantes. Los organizadores de los Panamericanos se han negado sistemáticamente a transparentar los contratos: ¿Cuánto pagaron?; ¿Por cuánto tiempo son los contratos para nombrar así a los estadios? Nada de eso quieren aclarar”, comenta la legisladora a Proceso Jalisco.
Y prosigue: “Nos preocupa mucho de dónde salió el dinero y cómo se reprogramó. Llegamos a ver cheques que salen del Code (Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud) y se destinan para gastos de operación de los Panamericanos, a pesar de que nada tienen que ver. La nómina del Copag, que también era muy gorda, nunca se transparentó”.
Recuerda los números de la Villa Panamericana, que costó mil 200 millones de pesos, de los cuales el gobierno estatal aportó 70% y se utilizaron recursos de diferentes dependencias; además, se invirtieron casi 900 millones de los fondos para la vivienda de interés público y del Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal).
“Jalaron dinero de todas las secretarías y lo usaron en las Villas que no son del estado, sino que se van a vender a particulares. Si los constructores no eran solventes, para qué los elegían; para qué les daban dinero”.
Peor aún: la villa puede ser demolida si así lo determinan los tribunales por atentar contra las normas ambientales y el entorno ecológico. En abril pasado, vecinos de Rancho Contento, un fraccionamiento aledaño a las villas, interpusieron ante el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) los juicios 67/2011 y 87/2011.
“Los juegos serían herramienta para impulsar desarrollo de la ZMG pero los intereses económicos de los políticos involucrados han querido sacar dinero para ellos. Por eso hemos encabezado lucha jurídica y ambiental, pero a los empresarios inmobiliarios les ganó la voracidad”, sostiene un video del Parlamento de Colonias que encabeza Alejandro Cárdenas.
Además, según la diputada, las reglas de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) mencionan claramente que los estadios debieron terminarse tres meses antes de los juegos, cosa que no sucedió.
Y agrega: “Les decíamos que no lo iban a terminar y no lo hacíamos por mal augurio, sino porque así se vislumbraba. El estadio lo achicaron un 30%, y ni certificado estaba cuando empezaron los juegos. Fue un calvario, y todo a pesar que tuvieron tiempo suficiente” [quién lo dice].
Laentrevistada insiste en que ellas y los demás legisladores exigirán a las autoridades información sobre los gastos por escrito y adelanta que la comparecencia de Andrade Garín será después de los Juegos Parapanamericanos.
Y critica al gobierno estatal que ahora pide ser sede de las olimpiadas:
“¡Eso es una locura! –expresa –. Una olimpiada cuesta 10 veces más que unos Panamericanos… Con estas autoridades, que gastan siempre 10 veces más de lo presupuestado… ¡No quiero ni siquiera imaginar! Está bien que los juegos hayan sido muy bonitos, pero ya es tiempo de resolver las dudas financieras y dedicarse a solucionar otras necesidades que tiene Jalisco”.
–¿Fue exagerado decir que estos fueron los mejores juegos de la historia?
–Los atletas y los voluntarios, sí cumplieron; fueron lo mejor. Para los deportistas, nuestros aplausos, ellos hicieron los mejores Panamericanos de la historia. En cambio, en el renglón de la transparencia (los organizadores de los juegos) fueron los peores.
Dispendio y presupuesto exiguo
En contraste con el derroche, el proyecto de presupuesto de egresos para 2012 que entregó el gobernador al Congreso local el 31 de octubre, un día después de que terminó la justa deportiva continental, presenta recortes en inversión y obra pública, al descender de 8 mil 731 millones de pesos, a 55 mil 797 millones, casi 34 % menos que el que se ejerció este año.
En 2010, Jalisco destinaba 9 mil 927 millones a inversión pública, es decir 13.9% del presupuesto total, pero en 2011 descendió a 10.59% y en 2012 será de sólo 7.97%.
En 2011, los ingresos fueron de 76 mil 701 millones; para 2012, los ingresos se calculan en 72 mil 702 millones de pesos; es decir, casi 4 mil millones menos que los recaudados este año. Curiosamente esa cifra coincide con el déficit que dejaron los Juegos Panamericanos.
Además, Jalisco seguirá pagando mil 735 millones de pesos por las deudas que arrastra, lo que significa casi 3% del total de lo que recaude.
En 2011 la deuda fue de mil 684 millones de pesos. Hoy, el gobierno de Jalisco le debe 7 mil millones de pesos a 10 bancos comerciales y otro tanto a la banca de desarrollo. Para 2012 tendrá que pagar 751 millones de capital y 944 millones sólo por concepto de intereses.
Además, se prevé que el proyecto de presupuesto de egresos 2012 sea rechazado y modificado por los diputados, ya que al Poder Legislativo, la Universidad de Guadalajara y los organismos autónomos, apenas les aumenta 3%. A los diputados locales se les programan 54 millones 752 mil pesos; a la Universidad de Guadalajara 6 mil 797 millones de pesos (de los cuales son 3 mil 560 federales) y a los organismos autónomos (Comisión de Derechos Humanos, Instituto de Transparencia, entre otros) 133 millones.
El año pasado, los diputados –sobre todo los priistas, perredistas y los miembros del Grupo Universidad que en 2010 se confrontaron con el gobernador para exigirle más recursos– modificaron el presupuesto de 2011 por los mismos motivos. Como no hubo acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo, el gobernador respondió vetando el presupuesto.
Además, por ser año electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana recibirá 692 millones de pesos en 2012, de los cuales 302 son para las prerrogativas de los partidos, 112 para gastos de operación y 278 para el proceso electoral. Para las polémicas urnas electrónicas –cuyo concurso curiosamente ganó Ponce Consulting, empresa de Lorenzo Ponce, el mismo que techó el Estadio de Atletismo–, el IEPC recibe dinero excedente de 2011 por 123 millones.
Desproporciones
Las críticas no se dejaron esperar. El martes 8 la diputada presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Retamoza Vega, señaló que el gobierno del estado plagió el presupuesto de egresos de Zacatecas de 2007 en el documento que envió al Congreso.
En rueda de prensa, el secretario de Finanzas, Martín Mendoza, señaló que el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado al Congreso estatal por el Ejecutivo el 31 de octubre, era “razonable, responsable y ordenado”. En él, dijo, no se consideran ni nuevos impuestos ni la creación de plazas; más bien se propone eliminar 312 plazas; además, los jefes, directores de área y secretarios no tendrán aumento.
El funcionario comentó también que se buscarán ahorros en gastos de operación. “En medio de una situación económica muy compleja a nivel nacional y estatal, con una caída de mil 500 millones en participaciones federales, le damos 3% de aumento a los organismos autónomos y los poderes, porque así se estima la inflación. Son afortunados de que por lo menos les aumentemos eso”, dijo Mendoza.
Sin embargo, el coordinador de los legisladores del PRI, Roberto Marrufo, anticipó el lunes 7 reasignaciones de por lo menos 3 mil millones de pesos porque, dijo, el presupuesto “no cumple las expectativas de los jaliscienses”. El perredista Raúl Vargas, en cambio, lo calificó de “insultante”, mientras que para el pevemista Enrique Aubry es “una vacilada”.
Las cifras de este proyecto, analizadas por este semanario, se detallan de la siguiente forma. En las participaciones y aportaciones a municipios se destinará 18.8%, es decir, 13 mil 667 millones de pesos; para el Legislativo, 819 mil 501 millones; para el Judicial, 902 mil millones, y para el Ejecutivo, 54 mil 752 millones.
En cuanto a las responsabilidades del Ejecutivo, se estima que 32.5% se destinará al pago de la nómina de educación, es decir, 23 mil 627 millones de pesos; para Salud, 11.1% (8 mil 118 millones); para Promoción y Desarrollo, 3 mil 366 millones, y 2 mil 222 millones para las demás dependencias.
Por lo que atañe a la inversión pública, que cada año desciende de manera dramática, entre las partidas incluidas en los 5 mil 797 millones, están mil 344 millones para la zona metropolitana (Fondo Metropolitano); 480 para las regiones (programa Fondereg), y apenas 448 millones para infraestructura rural; 397 para infraestructura rural; solamente 397 millones para infraestructura educativa, y 329 millones para infraestructura social.
Con relación a las paupérrimas carreteras jaliscienses, apenas se contemplan 150 millones de pesos. Además, hay 100 millones para terminar la Ciudad Judicial y 55 millones para comprar terrenos en la presa El Zapotillo.
Otros gastos son los siguientes. Para el equipo de transición del gobierno electo, se destinan 7 millones de pesos; 45 millones para erogaciones imprevistas, y a pesar de lo ocurrido con el huracán Jova, sólo contemplan 17 millones de pesos para siniestros agropecuarios.
Para los programas de la Secretaría de Promoción Económica hay 405 millones, entre éstos 10 millones para Fojal; 150 millones para e-Jalisco; 100 millones para promoción económica, y 75 millones para ciencia y tecnología.
Se contempla la adquisición de 375 mil 451 láminas para las nuevas placas vehiculares, que costarán 244 pesos por par, es decir, 82 millones de pesos. Para el programa de transvales –cupones para que los usuarios del transporte público, sobre todo estudiantes y personas de la tercera edad– se destinarán 25 millones de pesos para 1.5 millones de beneficiarios y 23 millones de pesos para la operación y modernización de los estacionamientos 3 Poderes, Degollado, Cabañas y Archivo Histórico.
Otros 207 millones de pesos se destinarán para el alimento en los centros penitenciarios; 9 millones para indemnizar a los familiares de policías que caigan en servicio.
Y aun cuando 2012 es un año electoral, se destinan 676 millones a los programas sociales que maneja la Secretaría de Desarrollo Humano, encabezada por Martín Hernández Balderas, coordinador de campaña del secretario de Gobierno y aspirante a la gubernatura, Fernando Guzmán Pérez Peláez.
