Junto a los destrozos que causó a su paso, el huracán Jova dejó al descubierto la evidencia de los límites naturales entre el municipio jalisciense de Cihuatlán y el colimense de Manzanillo, objeto de una añeja disputa que ha frenado el desarrollo de la región costera de Jalisco. Y aunque el jaloneo ha beneficiado al clan Leaño Álvarez del Castillo, dueño de tierras con enorme potencial de negocios y aliado con los gobiernos colimenses desde la época de Miguel de la Madrid, representantes de los campesinos jaliscienses confían en obtener pronto una resolución favorable en el litigio, que ya llegó a instancias internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, tiene en sus manos una denuncia sobre el conflicto de límites territoriales entre Jalisco y Colima, antiguo reclamo que en los últimos decenios se centra en la denuncia de campesinos y ejidatarios de Cihuatlán de que el municipio colimense de Manzanillo invade sus terrenos.
Los afectados enfatizan que una resolución presidencial de Lázaro Cárdenas fechada el 1 de noviembre de 1939 los dota de más de 900 hectáreas, y que en fechas recientes su lucha se apoya en una controversia constitucional impulsada por el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez en 1998, y en otra promovida por Cihuatlán en 2004 e impulsada por el abogado Isidro Saldaña Madrigal, ambas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este litigante asegura que el 23 de diciembre de 2008 envió ante la CIDH una denuncia por un acto que se puede considerar de justicia denegada. Está a la espera de conocer la resolución del organismo panamericano sobre uno de los mayores problemas de límites entre entidades de la República.
En entrevista, Saldaña manifiesta que la lucha por la recuperación de los territorios jaliscienses se sostiene pese al raquítico apoyo e incluso en contra de las autoridades. Como ejemplo menciona que desde hace más de seis años fue contratado por el ayuntamiento de Cihuatlán: “En ese tiempo estaba yo contra un grupo de 18 o 20 litigantes que tenía a su servicio el estado de Colima para atender ese asunto”.
Asegura que en diciembre próximo se espera una resolución de la Comisión Especial del Senado de la República sobre el conflicto, aunque él es poco optimista al respecto.
Para complicar más el caso, los ejidatarios de El Rebalse han señalado que el huracán Jova provocó el desbordamiento del río Marabasco (reconocido como el límite natural entre Jalisco y Colima) y que, aun cuando desviaron su cauce hacia la Laguna Barra de Navidad, el cauce desemboca en el mar. Como en otras ocasiones, durante el huracán y después de él, este río se dividió en cuatro brazos de agua que reconocieron la antigua salida directa al mar, sin rodear la laguna, como lo hace en la temporada seca.
De esa forma Jova, además de pérdidas económicas por mil millones de pesos y 50 mil damnificados, también dejó al descubierto una vieja herida no cicatrizada entre Jalisco y Colima por la posesión de mil 600 hectáreas, de las cuales 850 pertenecen a El Rebalse.
La zona del conflicto se clasifica como de alta plusvalía porque forma parte del corredor turístico entre Cihuatlán y Manzanillo, donde se encuentra Isla Navidad o Gran Bay, propiedad de la familia Leaño Álvarez del Castillo, dueña de la Universidad Autónoma de Guadalajara y del equipo de futbol de Tecos o Estudiantes, y que se ha beneficiado en el pleito.
Álvaro de la Cruz Quiles, dirigente del ejido El Rebalse, asegura que las inundaciones del 11 al 13 de octubre fueron de tal magnitud que la corriente del Marabasco se impuso a las alteraciones de salida que se construyeron ahí entre 1906 y 1908. Paradójicamente, indica, a un mes del paso destructor de Jova, sus aguas remanentes sobre la parte alta de la sierra y la creciente del Marabasco ofrecen una oportunidad “de oro” para demostrar cuál es el verdadero límite natural entre Jalisco y Colima.
“Usted me pregunta que cuál es el momento más importante dentro de la controversia por las tierras –dice De la Cruz Quiles–, y yo le respondo que sin lugar a dudas el momento más importante es ahora, porque Jova demuestra a peritos y especialistas por dónde el río hace su desembocadura al mar, independientemente de las alteraciones realizadas por la mano del hombre en décadas pasadas.”
Asegura que los testimonios de viejos campesinos coinciden en que, entre 1906 y 1908, el propietario de las tierras pegadas a la desembocadura, Heliodoro Trujillo, excavó el canal de El Tajo para evitar la constante inundación de sus tierras y sus cosechas, con lo que alteró el cauce con dirección a la laguna Barra de Navidad.
Isidro Saldaña comenta que ese brazo de río artificial le sirvió a Trujillo para bajar troncos de la sierra y también evitar que se anegaran sus cosechas de arroz.
De la Cruz Quiles destaca que, entre las décadas de los setenta y los ochenta, los Leaño Álvarez del Castillo hicieron excavar el canal para conectar la llamada Vena de Ixtapa con la laguna Barra de Navidad, con el fin de realizar el proyecto inmobiliario y turístico Isla Navidad. “Los Leaño aparecen en escena cuando se expropia el ejido La Culebra”, reconocido como parte del municipio de Manzanillo, pero que en realidad estaba en Cihuatlán.
Otros testimonios aseguran que en 1988, días antes de finalizar la administración del presidente Miguel de la Madrid, éste expropió 120 hectáreas de La Culebra a favor de los Leaño por un compromiso que contrajo con la poderosa familia durante su campaña electoral en Colima.
A diferencia del ejido El Rebalse, beneficiado con más de 900 hectáreas por el presidente Lázaro Cárdenas en 1939, La Culebra se creó en 1966 y los campesinos primero habían solicitado tierras con la idea de que ese predio se encontraba en territorio jalisciense; posteriormente se hizo el mismo planteamiento pero con el argumento de que la superficie afectada pertenecía a Colima.
Isidro Saldaña considera que los argumentos de Colima para reclamar esas tierras son aberrantes porque La Culebra colinda al sur con El Rebalse, que pertenece a Cihuatlán. “Es falso que el cerro de San Francisco o La Culebra, en donde están asentados los Leaño, represente una isla que pertenece a Colima; entre La Culebra y el Rebalse sólo hay tierra de por medio. También es falso que el río Marabasco dé vuelta en U y regrese sobre la sierra para entrar a la laguna de Navidad”. En cambio, asegura el abogado, el río entra en forma de delta sobre el mar, “tal como ahora se comprueba con la inundación que dejó el huracán”.
No obstante, en 1993 el entonces gobernador de Colima, Carlos de la Madrid Virgen, buscó ejecutar una expropiación similar a la que realizó Miguel de la Madrid para quitarle a El Rebalse 161 hectáreas ubicadas en Cihuatlán, pero los campesinos afectados de inmediato realizaron una serie de acciones de protesta.
El 10 de noviembre de ese año, De la Madrid Virgen le envió un oficio a Víctor Manuel Cervera Pacheco, entonces titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, y solicitó la expropiación de cientos de hectáreas a El Rebalse para entregárselas a los Leaño.
El objetivo de esa acción, según el documento, era promover el desarrollo económico de Colima y “optimizar” el aprovechamiento racional de los recursos naturales. También se declaró la intención de incorporar el área al desarrollo turístico de Isla Navidad (propiedad de los Leaño), según la descripción del expediente, cuya copia tiene este semanario.
Red de influencias
Álvaro de la Cruz Quiles dice que por librar esa lucha jurídica por la tierra cinco ejidatarios han sido encarcelados y varios más perseguidos y amenazados. Recuerda que hace 10 años se intensificaron las protestas por la “invasión” de Colima, y que en los últimos años se ha bloqueado tres veces el acceso carretero a Isla Navidad. Agrega que los ejidatarios reforzarán sus acciones ante la falta de solución al problema y el olvido de las autoridades.
En cuanto a Isidro Saldaña, señala que ha recibido amenazas de muerte para que abandonara el caso y que tan pronto se internaba en Colima para trabajar en el caso lo seguían policías estatales.
Con todo, informa que a principios de este año el presidente municipal de Cihuatlán, Roberto Gallardo Ruiz, lo despidió como asesor de los campesinos y como subdirector de Asuntos Jurídicos, lo que para él significa que “el alcalde se ha desentendido por completo de la lucha de los ejidatarios de El Rebalse y ha optado por el acuerdo y la negociación con la contraparte”.
Coincide con él Álvaro de la Cruz: “Desde el 1 de enero de 2010, por instrucciones del presidente municipal de Cihuatlán, Roberto Gallardo, se abandonó a su suerte al ejido de El Rebalse… La policía (de Cihuatlán) se retiró del lugar”. Y denuncia que a los vecinos se les niegan servicios públicos municipales como aseo, seguridad y otros a los que tienen derecho porque pagan sus impuestos, que por cierto en 2011 aumentaron en más de 70%.
El pasado 23 de octubre, sólo 10 días después del paso de Jova, los campesinos enviaron una carta al presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de Jalisco, Omar Hernández, para solicitar su intervención a fin de buscarle solución definitiva al pleito territorial.
“Desde el año de 1993, el estado de Colima ha intentado quitarnos las tierras a los ejidatarios. Tuvimos que defendernos con nuestros propios recursos para no ser despojados de nuestras tierras, causándonos un descalabro en nuestra economía”, dicen en la misiva, pero no han tenido respuesta del diputado Hernández.
Asimismo, le informan que el presidente municipal Roberto Gallardo y el gobernador Emilio González “permiten deliberadamente que policías de Colima realicen actos de gobierno” en Cihuatlán y que la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco está ausente en esa zona. Y en vista de que este conflicto detiene el desarrollo de la región mientras que otras partes de la costa crecen aceleradamente, manifiestan: “Pareciera que el alcalde y el gobernador se dejan ganar”…
Esta actitud, recuerdan, dista de la que adoptó en 1998 el primer gobernador panista, que promovió una controversia constitucional en la SCJN (expediente 3/98), mediante la cual se sustentaba el reclamo de más de 400 kilómetros cuadrados en disputa entre Colima y Jalisco. Y en 2000, en un acto encabezado por el presidente Vicente Fox Quesada, se les reconoció a los campesinos de El Rebalse sus plenos derechos a la posesión de la tierra.
Cuatro años más tarde, sin embargo, elementos de la procuraduría y de la policía estatal colimenses ingresaron al ejido para ejercer actos de gobierno en Cihuatlán, sin respetar la soberanía jalisciense: clausuraron las obras del fraccionamiento Música del Mar con el argumento de que los desarrolladores carecían de permisos de construcción expedidos en el ayuntamiento de Manzanillo. Estuvo a punto de estallar la violencia.
Posteriormente se promovió la segunda controversia constitucional ante la SCJN (expediente 51/2004) y fue cuando el entonces presidente municipal de Cihuatlán, Martín Ortiz Quintero, contrató los servicios del abogado Isidro Saldaña.
Sin embargo, a decir de Saldaña el actual alcalde, Roberto Gallardo, “mencionó en una ocasión a sus más allegados que él, lejos de enfrentar nuevos pleitos con Colima, prefería la negociación y los acuerdos con sus contrapartes”. Otros testimonios recogidos por Proceso Jalisco sugieren que a cambio de la pasividad del alcalde de Cihuatlán, el municipio recibió decenas de toneladas de cemento para realizar obras públicas.
A 13 años de la controversia promovida por Alberto Cárdenas y a siete de la que impulsó Cihuatlán con Isidro Saldaña, su soporte jurídico se ha mantenido por años en los archivos de la SCJN. Más recientemente el asunto fue turnado al Senado de la República, donde se conformó una comisión especial para el análisis y resolución de los límites territoriales, pero el tema se atoró debido a un conflicto de intereses.
Saldaña Madrigal recuerda que el senador por Colima Héctor Michel Camarena, a la postre secretario general de Gobierno en su entidad, se empeñó en detener los fallos adversos a Colima. Siempre según Saldaña, en la SCJN la ministra Olga María Sánchez Cordero de García, pariente de Paloma Cordero, esposa del expresidente Miguel de la Madrid, obstaculizó la realización de peritajes sobre la desembocadura del río Marabasco.
“Yo siempre pedí que esa prueba se hiciera en temporal de lluvias, porque el Marabasco es temporalero y sólo en esa época se podía ver la desembocadura natural del río. Pero la señora ordenaba que esa inspección se hiciera en secas y por ello promovimos una queja contra esa integrante de la Corte, misma que finalmente ganamos”, recuerda Saldaña.
El entrevistado dice que ahora sólo se espera que se realice uno de los últimos peritajes de inspección, pero de antemano se sabe que a Colima se le acabaron los argumentos legales para reclamar la superficie: “Sabemos que el pronunciamiento del Senado de la República forzosamente tendrá que beneficiar a Cihuatlán y a los campesinos de El Rebalse porque los hechos, el análisis histórico y geográfico no benefician a Colima. Eso me lo comentaron a mí los propios peritos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) que atendieron la controversia de 2004”.
El pasado 12 de octubre, en un recorrido por la zona afectada, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán, dijo al final de una rueda de prensa sobre los destrozos de Jova que el huracán dejó en evidencia dónde se encontraban los límites entre Jalisco y Colima, y de paso demostraba quién tenía la razón en el diferendo.
El dirigente de ejidatarios Álvaro de la Cruz está de acuerdo con la observación, pero demanda que las autoridades asuman en serio la defensa de los territorios de Jalisco, más allá del discurso.
A su vez, el abogado Isidro Saldaña considera que lo mejor que le puede pasar a los ejidatarios de El Rebalse es que el actual alcalde termine su mandato y la nueva administración se interese en defender sus derechos.
